STC4633-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4633-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-01254-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Gonzalo Guill\u00e9n Jim\u00e9nez frente al fallo proferido el 14 de enero de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados todos los intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb, \u00abprevalencia del derecho sustancial\u00bb, \u00ablibertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones\u00bb, presuntamente vulneradas por la autoridad encausada al confirmar la negativa del reconocimiento de la condici\u00f3n de v\u00edctima por el demandado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar parcialmente sin efectos la\u2026 decisi\u00f3n\u2026 del\u2026 Tribunal [encausado]\u2026, en cuanto confirm\u00f3 el auto del 9 de abril de 2021[,] proferido\u2026 por el Juzgado 28 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1\u00bb; ordenar a aquella Corporaci\u00f3n proferir \u00abuna nueva decisi\u00f3n en remplazo\u2026, reconociendo el derecho que tiene\u2026 como periodista a constituirse en v\u00edctima\u00bb; subsidiariamente pidi\u00f3 \u00abdecretar la nulidad del auto del 9 de abril de 2021\u2026, al no conceder recurso de reposici\u00f3n, por ende, declarar la nulidad de la audiencia de preclusi\u00f3n surtida los d\u00edas 6 y 9 de abril de 2021, ordenando al mencionado despacho\u2026 que rehaga la actuaci\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
2. La siguiente es la situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver el presente caso: <\/p>\n
2.1. En la actuaci\u00f3n penal que por soborno a testigos y fraude procesal se adelanta contra \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez, con prove\u00eddo del 9 de abril de 2021 el Juzgado Veintiocho Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 \u00abneg\u00f3 el reconocimiento de la calidad de v\u00edctima a Gonzalo Guillen Jim\u00e9nez\u00bb -aqu\u00ed accionante-, determinaci\u00f3n que el 28 de mayo siguiente confirm\u00f3 el Tribunal convocado. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela aleg\u00f3 el inconforme, en concreto, que con esa decisi\u00f3n el ad-quem conculc\u00f3 sus derechos fundamentales porque: i) dej\u00f3 de anular la actuaci\u00f3n, como se impon\u00eda, debido a que el Juzgado no resolvi\u00f3 su recurso de reposici\u00f3n frente al prove\u00eddo de 9 de abril de 2021; ii) que contrario a lo sostenido por el Tribunal, incorpor\u00f3 en audiencia \u00abtodos los motivos\u00bb justificantes de su condici\u00f3n de v\u00edctima, destacando entre ellas las referencias a la columna period\u00edstica que se public\u00f3 en el portal \u00abLa Nueva Prensa\u00bb, de su autor\u00eda, relacionada con los hechos en que se soport\u00f3 la referida investigaci\u00f3n contra Uribe V\u00e9lez, lo cual le trajo multiplicidad de se\u00f1alamientos difamatorios injustos; y a pesar de ello, sin fundamento v\u00e1lido, la colegiatura convocada opt\u00f3 por abstenerse de sopesar esos medios suasorios y, en especial, el contenido del oficio, junto con sus anexos, mediante el cual la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de esta Corte dio traslado de su \u00abdemanda de parte civil y constituci\u00f3n de v\u00edctima\u00bb; y iii) se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico al valorar deficientemente los medios suasorios, cardinalmente la versi\u00f3n de Jaime Lombana, por dem\u00e1s filtrada a algunos medios de comunicaci\u00f3n y de cuyas manifestaciones, buscando desviar la investigaci\u00f3n en favor del procesado, se desprend\u00edan expresiones denigrantes en su contra, las cuales daban cuenta de la afectaci\u00f3n de sus derechos al buen nombre, honra, cr\u00e9dito y prestigio, configurando su pluricitada condici\u00f3n de v\u00edctima; sin que fuera cierto, adem\u00e1s, que inici\u00f3 acciones penales en contra de tal declarante. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El abogado Jaime Enrique Granados Pe\u00f1a, quien dijo intervenir \u00aben [su] condici\u00f3n de apoderado del doctor \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin arrimar el poder especial conferido por \u00e9ste para actuar en su representaci\u00f3n, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
2. El Procurador Cuarto Delegado para la Investigaci\u00f3n y Juzgamiento Penal deprec\u00f3 el despacho adverso de la salvaguarda porque \u00abcon las decisiones expedidas[,] relacionadas con el reconocimiento de v\u00edctimas dentro de la actuaci\u00f3n penal\u2026[,] no se han vulnerado los derechos fundamentales [invocados]\u00bb, sumado a que con ellas tampoco se incurri\u00f3 \u00aben alguna de las causales especiales de procedibilidad contra decisiones judiciales\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de su veredicto. <\/p>\n
Destac\u00f3 que dista de la realidad que el quejoso hubiese interpuesto recurso de reposici\u00f3n contra la determinaci\u00f3n del Juzgado que le neg\u00f3 el reconocimiento como v\u00edctima y que \u00ablos argumentos frente a la inconformidad que hoy plantea el actor a trav\u00e9s de su apoderado judicial, est\u00e1n contenidos en la mencionada providencia [se refiere a aquella en que se desat\u00f3 la apelaci\u00f3n], concretamente en el numeral 8.1.4, y la respuesta a ellos se emiti\u00f3 a partir de la consideraci\u00f3n No. 14.2 del auto fustigado, [sin que] ning\u00fan pronunciamiento adicional pudiera realizar, toda vez que del an\u00e1lisis de dicho prove\u00eddo, salvo superior opini\u00f3n, puede concluirse que no se incurri\u00f3 en ninguno de los defectos se\u00f1alados por la parte actora\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional, tras renovar la actuaci\u00f3n vinculando a Deyanira G\u00f3mez Sarmiento, de acuerdo a lo ordenado por esta Sala en auto del pasado 29 de noviembre (ATC1792-2021), desestim\u00f3 la protecci\u00f3n al concluir que la decisi\u00f3n criticada al Tribunal era contentiva de un criterio razonable, porque, en lo medular: i) era falso que el quejoso interpusiera el recurso de reposici\u00f3n que adujo irresoluto, pues s\u00f3lo plante\u00f3 la apelaci\u00f3n que all\u00ed mismo se resolvi\u00f3; ii) el oficio de la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de esta Corte que refiri\u00f3 el accionante se circunscribi\u00f3 a remitir a la autoridad ahora competente, un memorial -junto con sus anexos- que present\u00f3 \u00e9l ante dicha Sala cuando el asunto ya no estaba a cargo de \u00e9sta, sin que de all\u00ed se derivara orden alguna en torno a su aducido reconocimiento como v\u00edctima; y iii) contrario a lo expuesto por el tutelante, el juzgador ad-quem atacado s\u00ed valor\u00f3 todas las pruebas recaudadas, destacando que, frente a las manifestaciones de Lombana Villalba, en concreto, hall\u00f3 que eran insuficientes para considerar a aqu\u00e9l v\u00edctima de las conductas investigadas frente a Uribe V\u00e9lez, en tanto que las manifestaciones reprochadas no proven\u00edan de \u00e9ste y, frente a las mismas, el quejoso deb\u00eda acudir a las instancias respectivas y contra Lombana. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor insistiendo en sus planteamientos iniciales, por los cuales destac\u00f3 que lo calificado como razonable por el a-quo supralegal ciertamente no lo era, y agreg\u00f3 que los se\u00f1alamientos del abogado Lombana que cuestion\u00f3 se produjeron al interior de la causa fustigada, lo que no s\u00f3lo impon\u00eda su reconocimiento como v\u00edctima sino la vinculaci\u00f3n de este profesional del derecho como investigado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y prove\u00eddos judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
2. Acorde con esas premisas, descendiendo al caso concreto, de entrada advierte la Sala la confirmaci\u00f3n del fallo del a-quo constitucional, comoquiera que el amparo deprecado estaba llamado al fracaso, en la medida en que no lucen arbitrarios ni caprichosos los razonamientos expuestos el 28 de mayo de 2021 por el Tribunal acusado para confirmar la negativa del Juzgado respecto al pretendido reconocimiento de v\u00edctima del censor. <\/p>\n
2.1. En efecto, al auscultar la providencia a trav\u00e9s de la que la Corporaci\u00f3n atacada confirm\u00f3 aquella mediante la cual, el 9 de abril de 2021, el Juzgado a-quo neg\u00f3 reconocer la calidad de v\u00edctima al accionante, en lo que tiene que ver con la que queja relativa a que se dej\u00f3 de resolver el recurso horizontal supuestamente propuesto por \u00e9l, se observa que el Tribunal a pesar de reconocer que la autoridad judicial de primer grado \u00abse equivoc\u00f3 al indicar\u2026 que contra su decisi\u00f3n \u00fanicamente proced\u00eda el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, lo cierto es que \u00ablas partes convalidaron su irregularidad, al aceptar que as\u00ed deb\u00eda ser, y sin oposici\u00f3n alguna, se dispusieron a sustentar los recursos de apelaci\u00f3n\u00bb, de donde, \u00abla actitud pasiva, asumida por los apelantes[,] evidencia que convalidaron el yerro, pues en lugar de insistir en la procedencia del recurso de reposici\u00f3n, guardaron silencio y limitaron su intervenci\u00f3n a expresar su intenci\u00f3n de acudir ante el superior jer\u00e1rquico a fin de que revisara la decisi\u00f3n en sede apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En todo caso, lo cierto es que el reclamo constitucional en cuanto a ese aspecto concreto carece de trascendencia constitucional si en cuenta se tiene que, sumado a que la decisi\u00f3n del Juzgado estaba llamada a ser ratificada, conforme se ver\u00e1, lo cierto es que el apoderado judicial del aqu\u00ed quejoso, cuando se le corri\u00f3 traslado de la mentada decisi\u00f3n del 9 de abril, de forma clara y expresa simplemente indic\u00f3: \u00absu se\u00f1or\u00eda\u2026, con base\u2026 y sustento en su decisi\u00f3n, apel\u00f3\u00bb1, sin que para resolver en contrario pueda darse prelaci\u00f3n, como inviablemente lo pretende, a la manifestaci\u00f3n final y tard\u00eda que hizo luego2, cuando la juzgadora dio traslado a los recurrentes para sustentar las censuras, para entonces, oportunamente propuestas y que, en su caso, se itera, solamente fue la vertical que no la reposici\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, all\u00ed tambi\u00e9n se enfatiz\u00f3 que \u00abcon la revisi\u00f3n de las diligencias, se descartan vulneraciones del debido proceso o del derecho a la defensa que, eventualmente, autorizaran la intervenci\u00f3n oficiosa de la Sala para enmendarlas\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, con apoyo en la jurisprudencia (CC C-516\/07; CSJ AP, 7 dic. 2011, rad. 37596; CSJ AP, 12 may. 2015, rad. 42527; CSJ AP, 3 jul. 2019, rad. 52760; y CSJ AP, 22 abr. 2020, rad. AEO032-2020) y la normatividad sobre la materia (art\u00edculos 250 \u2013numeral 6\u00ba- de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 132 de la Ley 906 de 2004), explicit\u00f3 diferentes generalidades en torno al concepto de v\u00edctima, sus modalidades y los supuestos necesarios para la viabilidad de su reconocimiento, destacando que para ello era necesario que la persona que busca beneficiarse con tal figura \u00abre\u00fana las siguientes caracter\u00edsticas: (i) sufrir un da\u00f1o; (ii) de forma individual o colectiva; (iii) de car\u00e1cter real y concreto y; (iv) como consecuencia de un delito\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s, para ocuparse del fondo de los reparos planteados en su alzada por el accionante, previamente rese\u00f1\u00f3 que de lo expuesto por su apoderado judicial extra\u00eda que \u00e9ste \u00abno adujo ni incorpor\u00f3 todos los motivos que justifican la participaci\u00f3n de su poderdante en calidad de v\u00edctima dentro de la presente actuaci\u00f3n, al haber \u201centendido\u201d que la demanda de constituci\u00f3n de parte civil que fuera presentada ante la Sala de Instrucci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, hab\u00eda sido remitida a las partes e intervinientes\u00bb; ello, \u00abteniendo en cuenta que mediante oficio 1975 del 10 de marzo de 2021, la Sala de Instrucci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, remiti\u00f3 al Fiscal delegado 331 folios y un CD, entre los que se encontraba la demanda de constituci\u00f3n de parte civil, por lo que solicit\u00f3 que lo all\u00ed indicado fuera tenido en cuenta como fundamento de su pretensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, de cara a desechar tal planteamiento, exterioriz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Revisada cuidadosamente la postulaci\u00f3n del impugnante, encuentra la Sala, que ninguna referencia hizo el apoderado de Gonzalo Guill\u00e9n Jim\u00e9nez -periodista-, a la funcionaria de conocimiento respecto a la demanda de constituci\u00f3n de parte civil ni a los fundamentos de hecho y de derecho all\u00ed planteados como fundamento de su pretensi\u00f3n, siquiera le sugiri\u00f3 tener en cuenta lo all\u00ed planteado a efectos del reconocimiento o como sustento de lo pretendido. <\/p>\n
En tales condiciones, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 no tiene competencia para emitir un pronunciamiento sobre un tema incluido en la agenda de la apelaci\u00f3n, el cual, no obstante, no fue sometido a consideraci\u00f3n de la Juez de primera instancia, como lo era la posibilidad de \u201ctrasladar\u201d la demanda de constituci\u00f3n de parte civil al procedimiento que en la actualidad gobierna el tr\u00e1mite. <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n es una especie del derecho de impugnar, voz latina que significa combatir o atacar. Por ello, no puede extenderse el recurso de apelaci\u00f3n hacia t\u00f3picos que la Juez de primera instancia no estudi\u00f3, porque no le fueron planteados cuando era oportuno. <\/p>\n
En otras palabras, no es factible, desde la perspectiva l\u00f3gica impugnar, atacar, combatir, confrontar, refutar ni contradecir, en sede de apelaci\u00f3n, aspectos que el A-quo no resolvi\u00f3, porque no deb\u00eda hacerlo, ya que ni siquiera fueron puestos en su conocimiento. <\/p>\n
A trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n se solicita al superior funcional corregir o enmendar alg\u00fan aspecto de la decisi\u00f3n de primer grado, que el impugnante considera equivocado. Si ese mismo t\u00f3pico no existe en la providencia que se revisa, debido a que no fue discutido, el Tribunal no puede abordarlo, porque la competencia del superior funcional viene determinada por el contenido leg\u00edtimo de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En s\u00edntesis: i) en ning\u00fan momento procesal, en primera instancia, el apoderado de Gonzalo Guill\u00e9n \u2013periodista-, solicit\u00f3 a la Juez analizar la posibilidad de que la demanda de constituci\u00f3n de parte civil presentada ante la Sala de Instrucci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia deb\u00eda estudiarse o tenerse en cuenta como parte del fundamento; ii) por ello, dicha funcionaria judicial no se ocup\u00f3 de analizar esa posibilidad; iii) as\u00ed las cosas, carece de legitimidad para introducir esa materia en los motivos de la apelaci\u00f3n; y iv) por ende, la competencia del Tribunal Superior no se habilita para decidir esa concreta petici\u00f3n elevada por primera vez en la audiencia de debate realizada el 9 de abril de la presente anualidad, esto es, de manera posterior, a la solicitud de reconocimiento llevada a cabo el 6 de abril del a\u00f1o avante. <\/p>\n
Por ese sendero, agreg\u00f3 que aunque el \u00ab6 de noviembre de 2020 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, resolvi\u00f3 mantener inc\u00f3lume lo actuado ante la Sala de Instrucci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia a excepci\u00f3n de los fundamentos que dieron origen a la imposici\u00f3n de medida de aseguramiento3 impuesta a \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez\u00bb; lo cierto era que \u00abla calidad de v\u00edctima de Gonzalo Guill\u00e9n no forma parte de lo surtido ante [esa] Sala\u2026, como lo pretende hacer entender su apoderado, pues aun cuando sostiene que ante dicha autoridad se present\u00f3 demanda de constituci\u00f3n en parte civil, tal pretensi\u00f3n all\u00ed no fue resuelta por cuanto, deb\u00eda postularse sin lugar a dudas, bajo la egida de la Ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n
De all\u00ed que \u00ab[p]ara el efecto y con ese prop\u00f3sito, se adelantaron las audiencias del 6 y 9 de abril de la presente anualidad [se refiere al a\u00f1o 2021], en donde deb\u00eda postular ante la funcionaria de conocimiento, los motivos y elementos materiales probatorios que sustentaban su pretensi\u00f3n\u00bb, lo que no hizo, sin que fuera viable que adujera \u00aba su favor su propia incuria o dolo\u00bb en la actuaci\u00f3n examinada, \u00abdonde el apoderado de Gonzalo Guill\u00e9n -periodista- pretende adicionar su solicitud en sede de apelaci\u00f3n, advirti\u00e9ndose por esta Colegiatura que se \u201cconfi\u00f3\u201d en el hecho de que las partes e incluso la funcionaria de conocimiento conoc\u00edan los fundamentos de su pretensi\u00f3n expuestos presuntamente en el documento varias veces referido y omiti\u00f3 fundamentar correctamente su pretensi\u00f3n\u00bb, resultando desatinada su alegaci\u00f3n en torno a que \u00abla responsabilidad era del Fiscal delegado a quien le correspond\u00eda remitir la demanda de constituci\u00f3n de parte civil a partes e intervinientes de conformidad con lo indicado en oficio 1975 del 10 de marzo de 2021 proferido por la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Corte\u2026, pasando por alto que para el efecto le fue concedido el uso de la palabra en diligencia del 6 de abril, en aras de que expusiera todos y cada uno de los fundamentos de hecho y de derecho por los que consideraba que su representado deb\u00eda ser tenido como v\u00edctima dentro del tr\u00e1mite, carga procesal que sin duda, le era inherente\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, reliev\u00f3 que la aludida \u00abSala Especial de Instrucci\u00f3n, remiti\u00f3 al Fiscal Sexto Delegado, el oficio 1975 del 10 de marzo de 2021, en el que en modo alguno orden\u00f3 tener en cuenta o estudiar la postulaci\u00f3n all\u00ed hecha por el apoderado, por el contrario, el mismo de manera clara, refiere: \u201cLo anterior, para los fines que estime pertinentes, dado que dentro de los anexos que allega a su solicitud se aprecia que la constituci\u00f3n de parte civil la dirige como v\u00edctima por la afectaci\u00f3n de su patrimonio moral\u201d\u00bb; y tales manifestaciones, seg\u00fan lo indic\u00f3 el mentado Fiscal, \u00abfueron tenidas en cuenta para adelantar una investigaci\u00f3n respecto de los hechos all\u00ed referenciados\u00bb. <\/p>\n
Y aun cuando ello era suficiente para mantener la decisi\u00f3n del a-quo, el Tribunal tambi\u00e9n encontr\u00f3 exiguos los reparos restantes del accionante, bajo las siguientes consideraciones: <\/p>\n
\u2026dentro de la fundamentaci\u00f3n del recurso de alzada, encuentra la Sala que el abogado insisti\u00f3 o reiter\u00f3 manifestaciones hechas en la postulaci\u00f3n, en las que menciona entrevistas concedidas por el abogado suplente del implicado que estima da\u00f1an el buen nombre y reputaci\u00f3n de su poderdante. <\/p>\n
As\u00ed mismo, hizo alusi\u00f3n a lo que indic\u00f3 el abogado\u2026 Lombana ante la Sala de Instrucci\u00f3n de la Corte\u2026, en la que menciona a dicho periodista y lo desacredita. Lo que, al parecer surgi\u00f3 como consecuencia de una columna de opini\u00f3n en la que Gonzalo Guill\u00e9n -periodista- puso en conocimiento la posible comisi\u00f3n de las conductas delictuales de soborno a testigo y concierto para delinquir en actuaci\u00f3n penal, columna que se dice fue atacada por el abogado Lombana a trav\u00e9s de manifestaciones con las que afect\u00f3 su honra y buen nombre. <\/p>\n
\u2026Al respecto, considera la Sala, que la censura a la que alude el impugnante, tal como lo indic\u00f3 la falladora de primera instancia, no demuestra la calidad de v\u00edctima de Gonzalo Guill\u00e9n -periodista-, pues los hechos en que finca su pretensi\u00f3n, no guardan relaci\u00f3n con los hechos por los que se investiga a\u2026 Uribe V\u00e9lez, y el da\u00f1o que se reclama (patrimonio moral), no se avizora devenir de tal situaci\u00f3n f\u00e1ctica, pues realmente no se observa de qu\u00e9 manera pudo verse afectado con ocasi\u00f3n de los delitos objeto de imputaci\u00f3n fraude procesal y soborno a testigo en actuaci\u00f3n penal. <\/p>\n
Menos aun cuando, las afecciones que reclama y las manifestaciones deshonrosas hechas en su contra, fueron proferidas por persona diferente a\u2026 Uribe V\u00e9lez, m\u00e1xime cuando, por las mismas ya se han iniciado acciones penales que est\u00e1n en conocimiento de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
Con fundamento en todas esas disquisiciones, no hall\u00f3 \u00abmotivo alguno para modificar la decisi\u00f3n, por medio de la cual se neg\u00f3 el reconocimiento de la calidad de v\u00edctima a Gonzalo Guill\u00e9n Jim\u00e9nez -periodista-\u00bb, por lo cual resolvi\u00f3 confirmarla. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, la Sala observa que tal determinaci\u00f3n no se muestra antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3, muy a pesar de sus alegaciones, no es m\u00e1s que una diferencia de criterio en cuanto a la forma en la cual el Tribunal acusado interpret\u00f3 las normas aplicables al caso concreto en punto a la oportunidad para postular y acreditar los supuestos necesarios para obtener el reconocimiento de v\u00edctima en la causa penal en cuesti\u00f3n y, contrario a lo aducido por aqu\u00e9l, bajo el an\u00e1lisis de las pruebas recaudadas, los encontr\u00f3 insatisfechos respecto del quejoso; de donde tales inferencias no pueden desaprobarse de plano o calificarse de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juez constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al [fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio…, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Rango 01:30:26 a 01:30:35 del archivo contentivo del video de la respectiva audiencia. <\/p>\n
2\u0002 Rango 02:50:10 a 02:5020 ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 \u201cen consecuencia, la validez de lo actuado bajo los presupuestos de la Ley 600 de 2000 a excepci\u00f3n, se reitera, de la medida de aseguramiento impuesta al procesado\u201d p\u00e1gina 68 del auto de segunda instancia del 6 de noviembre de 2020. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4633-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC4633-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-01254-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Gonzalo Guill\u00e9n Jim\u00e9nez frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62841","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62841","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62841"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62841\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62841"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62841"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62841"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}