STC4637-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4637-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-00368-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 4 de marzo de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Erly Calder\u00f3n Mu\u00f1oz contra el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esta ciudad, la Alcald\u00eda Local y la Inspecci\u00f3n Distrital de Polic\u00eda, ambas de la Localidad de Usaqu\u00e9n, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Once Civil Municipal del mismo lugar y los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa, propiedad privada, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abbuena fe\u00bb, que dice vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene al estrado acusado \u00absuspender de manera inmediata la diligencia de entrega del inmueble objeto de la inconformidad\u00ab; que se \u00abacepte la tercer\u00eda a la que t[iene] el pleno derecho por ser victima de una venta fraudulenta, que se fraguo en contra de la compradora de buena fe, y persona a quien\u2026 recomend\u00f3 para la compra de este apartamento objeto de esta litis enfrentatius\u00bb, o en su defecto, se respete \u00abel derecho al debido proceso y\u2026 defensa el cual pretend[e] iniciar el respectivo proceso de pertenencia por la venta que realizo la vendedora quien afirm\u00f3 que ced\u00eda la posesi\u00f3n de mas de tres a\u00f1os y [\u00e9]l\u2026 recibe esta sumatoria de derechos de posesi\u00f3n hace m\u00e1s de dos a\u00f1os para dar cumplimiento al tiempo requerido para la respectiva demanda de pertenencia\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Jos\u00e9 David Pe\u00f1a Blanco promovi\u00f3 proceso hipotecario contra William Javier Blanco, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite en el que fue secuestrado el bien el 17 de octubre de 2019 y el 16 de octubre de 2020 se dict\u00f3 sentencia orden\u00e1ndose seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el gestor que por intermedio de Evelio Villamor P\u00e9rez, conoci\u00f3 a Yenny Alexandra Mar\u00edn Torres, quien buscaba un apartamento, por lo que la relacion\u00f3 con Cindy Johana Torres Rey, la que negociaba su finca ra\u00edz; y que entre Cindy Johana Torres Rey y Yenny Alexandra Mar\u00edn Torres celebraron un contrato de venta sobre el apartamento ubicado en la calle 150 No 10-22 de Bogot\u00e1, el que se encontraba cautelado en el juicio ejecutivo 2018-00231. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que se negoci\u00f3 como precio del apartamento la suma de $180.000.000; que la vendedora solicit\u00f3 que se le entregaran $40.000.000 en efectivo o no realizar\u00eda el negocio, acordando que el saldo se consignar\u00eda a \u00f3rdenes del despacho donde cursaba el juicio hipotecario. <\/p>\n
2.4. Adujo que la se\u00f1ora Torres Rey, de manera malintencionada y con enga\u00f1os para asaltar la buena fe de la compradora, se present\u00f3 con el secuestre del apartamento, pretendiendo dar m\u00e1s credibilidad al negocio; que le exigieron la firma de un contrato de comodato para luego suscribir el de compraventa; y que le entregaron las llaves y copia del comodato gratuito, indic\u00e1ndole que no se hab\u00eda terminado el borrador del convenio de compraventa. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que la vendedora le dio vueltas al asunto y asalto su buena fe; y que Mar\u00edn Torres tom\u00f3 posesi\u00f3n del bien, afirmando que no entregar\u00eda el apartamento hasta que \u00e9l le respondiera por el dinero, pues lo consideraban responsable de la estafa de Cindy Johana Torres Rey. <\/p>\n
2.7. Asever\u00f3 que tuvo que acudir a un apoderado para solicitar su reconocimiento como tercero en el ejecutivo o instaurar un juicio de pertenencia, pues era el \u00fanico poseedor hace m\u00e1s de 5 a\u00f1os; que los accionados deb\u00edan respetarlo como afectado y notificarlo en debida forma, como persona que hab\u00eda ocupado el bien. <\/p>\n
2.8. Refiri\u00f3 que dentro del juicio hipotecario se orden\u00f3 la entrega del inmueble, por lo que se deb\u00eda declarar la nulidad de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Octavo Civil del Circuito indic\u00f3 que no hab\u00eda transgredido ninguna prerrogativa esencial; que el tr\u00e1mite criticado se adelant\u00f3 conforme a las normas procesales y sustanciales aplicables, sin que se evidenciara v\u00eda de hecho alguna; que revisado el expediente no encontraba memorial del accionante o su apoderado con miras a que fuera vinculado como tercero; y que remit\u00eda copia del asunto. <\/p>\n
2. La Secretar\u00eda Distrital de Gobierno de la Alcald\u00eda de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 que no hab\u00eda conculcado prerrogativa esencial alguna; que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues el que deb\u00eda pronunciarse frente a las pretensiones del promotor era el estrado del circuito acusado; que no exist\u00eda relaci\u00f3n causal entre los hechos planteados por el accionante y las atribuciones de esa entidad, por lo que solicitaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
3. El Juzgado Once Civil Municipal del mismo lugar adujo que adelant\u00f3 la comisi\u00f3n ordenada el 17 de octubre de 2019 y dispuso la devoluci\u00f3n del expediente; y que se aten\u00eda a las decisiones que se emitieran. <\/p>\n
4. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que el accionante no acudi\u00f3 a los mecanismos ordinarios para hacer valer los derechos que aduce haber ejercido durante m\u00e1s de cinco a\u00f1os, esto es, mediante la formulaci\u00f3n de la oposici\u00f3n al secuestro de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 596 del C\u00f3digo General del Proceso, en armon\u00eda con el 309 \u00eddem, o a trav\u00e9s del incidente de levantamiento de la medida cautelar dispuesto en el numeral 8 del canon 597 de esa Codificaci\u00f3n; que la tutela no pod\u00eda ser empleada para revivir t\u00e9rminos u oportunidades fenecidas; que el accionante no hab\u00eda presentado pedimento alguno sobre su falta de citaci\u00f3n al tr\u00e1mite criticado, ni se ha llevado a cabo la entrega del bien, sino que hasta el 25 de febrero de los corrientes, la secuestre pidi\u00f3 que adelantara dicha diligencia, por lo que la petici\u00f3n de resguardo era prematura; que ning\u00fan reproche constitucional merec\u00eda la Alcald\u00eda e Inspecci\u00f3n Distrital de Polic\u00eda de Usaqu\u00e9n, pues no hab\u00edan realizado la diligencia, ni conoc\u00edan de tr\u00e1mite policivo promovido por el actor respecto del predio; y que no era viable la petici\u00f3n de compulsa de copias, pues el gestor pod\u00eda formular las denuncias que considerara convenientes, asumiendo las consecuencias de su proceder. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que no se tuvo en cuenta que era una persona en condiciones de inferioridad por las condiciones en las que se dio el negocio, que prevalec\u00eda el derecho sustancial sobre el procesal y que la inmediatez era doctrinal o jurisprudencial pero no legal; que se present\u00f3 una estafa en su contra, dej\u00e1ndolo insolvente; y que se deb\u00eda hacer un estudio de fondo del asunto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, se concluye la improcedencia del resguardo, como quiera que no se observa que el promotor le hubiere elevado solicitud a la autoridad criticada con miras a que fuese reconocido como tercero dentro del proceso cuestionado, exponiendo los argumentos que ahora plantea, sin que sea procedente atender dichas aspiraciones a trav\u00e9s de esta tutela., debido a su car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como insistentemente lo ha dicho la Corte, la anterior situaci\u00f3n enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC4196, 7 abr. 2016, rad. 2015-02843-02; y STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01). <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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