STC4638-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4638-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01040-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Elba Quintero Bedoya, contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad y las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo hipotecario 2001-00161. <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, acude al presente mecanismo buscando la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Dice que en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sincelejo se adelanta el proceso compulsivo con garant\u00eda real n\u00b0. 2001-00161 promovido en su contra por el Banco Ganadero (hoy BBVA Colombia) en el cual, el 28 de febrero de 2002, se profiri\u00f3 auto que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1ala que \u00abla \u00faltima actuaci\u00f3n del proceso es una providencia del 30 de enero de 2018\u00bb a trav\u00e9s de la cual la c\u00e9lula judicial cognoscente orden\u00f3 \u00aboficiar al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi para la expedici\u00f3n de un certificado de aval\u00fao catastral\u00bb, para lo cual se expidi\u00f3 la comunicaci\u00f3n 194-2001-00161-00 de 9 de febrero de aquel a\u00f1o, que se encuentra \u00abtodav\u00eda legajado en el expediente porque la apoderada del banco\u2026 nunca lo fue a retirar\u00bb. <\/p>\n
Afirma que el 3 de febrero de 2020, a trav\u00e9s de su apoderado, solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso \u00abpor la figura jur\u00eddica de desistimiento t\u00e1cito consagrada en el art\u00edculo 317 numeral 2 literal B del CGP toda vez porque [sic] el negocio estuvo paralizado m\u00e1s de 2 a\u00f1os con 4 d\u00edas\u00bb, la que fue atendida favorablemente mediante providencia de 22 de enero de 2021, orden\u00e1ndose, como consecuencia de la finalizaci\u00f3n anormal, el levantamiento de las medidas cautelares y el archivo del expediente. <\/p>\n
Refiere que contra la anterior providencia la entidad financiera demandante interpuso recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n; el primero resuelto el 18 de marzo del mismo a\u00f1o por el despacho de conocimiento, en el sentido de mantener inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Indica que la alzada fue desatada el 10 de noviembre siguiente por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo, revocando la decisi\u00f3n confutada y disponiendo, por esa v\u00eda, la continuaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La gestora estima que la colegiatura ad quem incurri\u00f3 en \u00abdefectos probatorio procedimental al quebrantar las reglas procedimentales establecidas en el art\u00edculo 317 numeral 2 literal B del CGP\u00bb habida cuenta que \u00ablos dos a\u00f1os que habla la citada norma se contabilizan a partir del d\u00eda siguiente de la notificaci\u00f3n de la correspondiente providencia que en el caso concreto fue notificada el 31 de enero de 2018, t\u00e9rmino que se cumpli\u00f3 el 31 de enero de 2020 [SIC]\u00bb. <\/p>\n
En su concepto, \u00absi bien el auto de fecha 30 de enero de 2018 que es la \u00faltima actuaci\u00f3n proferida por el juzgado\u2026 los dos a\u00f1os iban hasta el 30 de enero de 2020 y el tribunal accionado a revocar la providencia objeto de alzada porque exist\u00eda un oficio de fecha 9 de febrero de 2018 que supuestamente interrumpi\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito\u2026 quebrant\u00f3 las garant\u00edas procesales de mis derechos porque en todo caso la terminaci\u00f3n del proceso por la figura del desistimiento t\u00e1cito estaba configurada [SIC]\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicit\u00f3 \u00abanul[ar] o dej[a] sin efecto la providencia de 10 de noviembre de 2021\u00bb y, como consecuencia de ello, ordenar al tribunal querellado \u00abproferir un nuevo fallo [sic] de acuerdo a las pruebas obrantes en el proceso\u2026 para que\u2026 se declare la figura del desistimiento t\u00e1cito\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la decisi\u00f3n objeto de escrtinio se limit\u00f3 a informar \u00abque\u2026 se encuentra atenta a la resoluci\u00f3n de la presente acci\u00f3n\u00bb y que \u00abel expediente digital\u2026 fue devuelto al juzgado de origen mediante providencia de fecha 10 de noviembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. Una abogada que manifest\u00f3 ser \u00abapoderada judicial de la parte demandante dentro del proceso ejecutivo hipotecario\u00bb1, se opuso a la prosperidad del resguardo por cuanto la providencia censurada se encuentra debidamente fundamentada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si el Tribunal Superior de Sincelejo vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por Elba Quintero Bedoya con la expedici\u00f3n de la providencia de 10 de noviembre de 2021 a trav\u00e9s de la cual revoc\u00f3 el auto en el que el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma poblaci\u00f3n dio por terminado, por v\u00eda de desistimiento t\u00e1cito, el proceso ejecutivo hipotecario 2001-00161, supuestamente porque aplic\u00f3 de forma equivocada \u00ablas reglas procedimentales establecidas en el art\u00edculo 317 numeral 2 literal B del CGP\u00bb y no valor\u00f3 adecuadamente el material probatorio obrante en el expediente. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 de la razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Auscultados los argumentos en que se sustenta la presente queja, observa la Corte que ninguna irregularidad se deriva del auto emitido el 10 de noviembre de 2021 por el Tribunal Superior de Sincelejo, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo, comoquiera que tal determinaci\u00f3n, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable tanto del contexto f\u00e1ctico y de las disposiciones legales y jurisprudenciales aplicables, as\u00ed como de las pruebas v\u00e1lidamente aportadas en el tr\u00e1mite ejecutivo. <\/p>\n
En efecto, en la aludida providencia la corporaci\u00f3n accionada, luego de identificar los reparos formulados por la impugnante y de recordar la regulaci\u00f3n de la figura del desistimiento t\u00e1cito, abord\u00f3 el estudio del caso concreto, no sin antes referirse a los precedentes jurisprudenciales sentados por la Corte Constitucional en la sentencia C-868 de 2010 y esta Corporaci\u00f3n en la STC 11191-2020. <\/p>\n
As\u00ed, detall\u00f3 las actuaciones surtidas con posterioridad a la emisi\u00f3n de la providencia en que se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, pues de conformidad con el literal B del numeral 2 del art\u00edculo 317 del Estatuto Procedimental General, dicho hito ampl\u00eda a dos a\u00f1os el lapso de inactividad requerido para la viabilidad de la figura del desistimiento t\u00e1cito. En tal sentido, indic\u00f3: <\/p>\n
Subsiguiente, la ejecutante el 5 de marzo de esa misma anualidad, impetra nueva exhortaci\u00f3n para lograr el certificado catastral pretendido, y ulterior, el 13 de enero de 20201, la accionada insiste en la clausura anormal, luego entonces, vislumbra el expediente entrar al despacho el 22 de enero de 2021, para resolver solo el memorial anexado por la accionada tal como consta en el informe secretarial y en providencia de la mima fecha que decreta la terminaci\u00f3n referenciada. <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas, es dable entrar a escudri\u00f1ar qu\u00e9 tipo de actuaci\u00f3n interrumpe o no el t\u00e9rmino para el decreto del desistimiento t\u00e1cito (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) per se el expediente tener providencia de 28 de febrero de 2002, que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u2026 caso en el que solo puede ordenarse su desistimiento t\u00e1cito en virtud de que haya permanecido dos (2) a\u00f1os en la secretar\u00eda del respectivo despacho, sin registrar actividad procesal alguna de oficio o a petici\u00f3n de parte. <\/p>\n
En procura de determinar si la \u00faltima aludida postulatoria de la mandataria apelante, encuadra en el ordenamiento procedimental impositivo atinente a impulsar la ejecuci\u00f3n, se tiene que el art\u00edculo 444 ibidem, contempla (\u2026). <\/p>\n
Si bien sobresale la incuria de la parte accionante, no es menos cierto que para satisfacer la acreencia del bien hipotecario, objeto de la litis que se encuentra embargado y secuestrado, lo subsiguiente a tenor de derecho, bajo la cuerda de las cautelas es el tr\u00e1mite del aval\u00fao del feudo, previo al remate, significa lo anterior, en contrav\u00eda con el juez de conocimiento, que la petici\u00f3n de 5 de marzo de 2020, que pide oficiar al IGAC, para que expida el aval\u00fao catastral del predio denominado \u201cLos Reto\u00f1os\u201d, es concordante con el procedimiento de la garant\u00eda real del numeral 4 del art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso, y la misma interrumpe el plazo de 2 a\u00f1os dispuesto en la ley (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, resalt\u00f3 que, si bien la petici\u00f3n de la ejecutante fue posterior a la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso, ello \u00abno es \u00f3bice para que la oficina judicial enjuiciada [sic], no profiriera pronunciamiento de esta\u2026 m\u00e1s a\u00fan cuando la providencia que resolvi\u00f3\u2026 es del 22 de enero de 2021; resulta imperativo de ley que sendos rogatorios, debieron se\u00f1alarse en el informe secretarial de la misma fecha al entrar al despacho del a quo, para consecutiva disposici\u00f3n\u00bb, teniendo como norte que la deprecaci\u00f3n de la entidad bancaria s\u00ed ten\u00eda la virtualidad de impulsar el proceso y, por efecto de ello, interrumpir el lapso de los 2 a\u00f1os consagrado en la respectiva disposici\u00f3n legal. <\/p>\n
Ciertamente, dijo, \u00abla actuaci\u00f3n tendiente a materializar la medida cautelar y satisfacer la obligaci\u00f3n ejecutada, tiene el car\u00e1cter de tal, pues su pedimento legal conduce a un impulso procesal, para evitar la sanci\u00f3n apelada\u00bb, para concluir que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no deja de advertirse el abandono en que estuvo sumido el proceso desde la fecha 9 de febrero del 2018 al 2 de febrero del 2020, sin que medie causa v\u00e1lida que justifique el incumplimiento de la carga procesal, lo cierto es que el expediente tuvo propulsi\u00f3n de orden legal por parte de la demandante, precedente a la declaratoria del desistimiento, motivo por el cual no existe razonamiento probatorio que configura el supuesto previsto en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026)\u00bb <\/p>\n
De acuerdo con lo que acaba de verse, es claro que la determinaci\u00f3n cuestionada se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad por la accionante son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que pretende es anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica por encima de la autoridad jurisdiccional, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela habida cuenta que no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En el presente asunto, aun cuando se se\u00f1alan lo que, en sentir de la querellante, son defectos en la aplicaci\u00f3n de la norma llamada a gobernar el asunto y en la valoraci\u00f3n de las probanzas, lo que en realidad se hace es insistir en puntos que fueron estudiados y resueltos al interior del proceso con apoyo de los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 abr. 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 mar. 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se negar\u00e1 el amparo porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda y la demandante pretende desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar imponer su particular interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y de las pruebas allegadas a la actuaci\u00f3n, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 No aport\u00f3 poder especial conferido por la persona jur\u00eddica que dice representar que la habilite para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
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