STC4644-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4644-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01219-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 29 de junio de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Fernando Ignacio Rosero Melo contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b01 de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de esta misma ciudad y la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e interviniente en el ordinario laboral n\u00b0 2016-712. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso \u00ablibertad para decidir (\u2026), principio de favorabilidad en materia laboral, (\u2026) seguridad social (\u2026), la supremac\u00eda constitucional o respeto de la interpretaci\u00f3n autentica (sic) que hace la Corte Constitucional o el Consejo de Estado con fuerza de autoridad (\u2026) [y] el derecho adquirido\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, indic\u00f3 que present\u00f3 demanda contra Colpensiones en procura del reajuste de la \u00abpensi\u00f3n por aportes\u00bb, en tanto consider\u00f3 que, \u00abpor ley se (\u2026) permit\u00eda sumar [cotizaciones] en los diversos sectores en consideraci\u00f3n a ser beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n; lo propio era aplicar el Art. 7\u00ba de la Ley 71 de 1988, y su liquidaci\u00f3n deb\u00eda efectuarse por los art\u00edculos 6\u00b0 y 8\u00ba del Decreto 2709 de 1994\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado s\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien neg\u00f3 las pretensiones y en consecuencia absolvi\u00f3 a la querellada. <\/p>\n
Destac\u00f3 que posteriormente, en virtud de la apelaci\u00f3n interpuesta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta localidad confirm\u00f3 lo resuelto por el a quo. Inconforme, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 1, dej\u00f3 inc\u00f3lume la decisi\u00f3n desfavorable del ad quem al considerar respecto de la misma que \u00abno se equivoc\u00f3 al concluir que, en este caso, para establecer el IBL de la [prestaci\u00f3n] deb\u00edan seguirse las reglas del art\u00edculo 21 de la ley 100 de 1993\u00bb. <\/p>\n
Resoluciones que, a juicio del promotor, \u00abincurrieron en un defecto material o sustantivo, puesto que desconocieron el Art. 7\u00ba de la Ley 71 de 1988, y los art\u00edculos 6\u00b0 y 8\u00ba del Decreto 2709 de 1994, junto con el mandato constitucional contenido en en el art\u00edculo 237 numeral 2\u00ba de la CONSTITUCI\u00d3N POL\u00cdTICA, respecto del contenido de la sentencia del 15 de mayo de 2014 del H. CONSEJO DE ESTADO (\u2026) [y] se desconoci\u00f3 el derecho adquirido sobre [el beneficio] para que se (\u2026) liquide la \u201cpensi\u00f3n por aportes\u201d en la forma establecida en la ley, adem\u00e1s, se viol\u00f3 el principio constitucional de favorabilidad al trabajador de conceder la norma m\u00e1s favorable cuando exista duda en la aplicaci\u00f3n de la norma\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que, se dejen sin efectos: el fallo SL627 del 16 de febrero de 2021, la determinaci\u00f3n de segunda instancia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 7 de junio de 2018 y la del 1 de noviembre de 2017 proferida por el Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de esta ciudad y en su lugar se \u00abordene reliquidar y pagar [la] pensi\u00f3n \u201cpor aportes\u201d por valor de $9.750.000 para la primera mesada\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADO <\/p>\n
1. La hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 1, realiz\u00f3 un recuento de la providencia confutada y expuso que \u00abactualmente las tres Altas corporaciones coinciden en se\u00f1alar que el IBL para calcular la [prestaci\u00f3n] otorgada en virtud del r\u00e9gimen de transici\u00f3n es el previsto en los art\u00edculos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 seg\u00fan si al afiliado le faltaban m\u00e1s de 10 a\u00f1os para pensionarse o menos de este tiempo. Por esta raz\u00f3n, no es posible considerar que se hubiese desconocido precedente jurisprudencial alguno, o que esta Sala hubiese infringido el Acuerdo 048 de 2016 de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00aben sede extraordinaria el ahora accionante no cuestion\u00f3 la conclusi\u00f3n del Tribunal en cuanto a que no fue solicitado un cambio del r\u00e9gimen pensional previsto en el Acuerdo 049 de 1990, conforme al cual en verdad cumple los requisitos para pensionarse, al contemplado en la Ley 71 de 1988 que habilitara la aplicaci\u00f3n del mencionado art\u00edculo 6 del Decreto 2709 de 1994; argumento que, en raz\u00f3n al car\u00e1cter rogado del recurso de casaci\u00f3n, imped\u00eda efectuar alg\u00fan pronunciamiento oficioso sobre ese puntual aspecto\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, estableci\u00f3 que \u00ab[e]s claro que lo que pretende el [demandante] es reabrir el debate en relaci\u00f3n con los temas discutidos y decididos en las instancias ordinarias, y que no fueron cuestionados de manera eficiente en casaci\u00f3n, lo cual no puede ser avalado por el juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, present\u00f3 un recuento de lo sucedido y destac\u00f3 \u00abque las partes en cada una de las etapas procesales, tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
3. La Directora de Acciones Constitucionales de Colpensiones inform\u00f3 que, \u00abuna vez realizado un an\u00e1lisis sobre la existencia de alguno de los 6 requisitos de procedibilidad de[l] [ruego tuitivo] contra [resoluciones] judiciales, se observa que el despacho [encartado] procedi\u00f3 conforme a la ley y la constituci\u00f3n.(\u2026) De otro lado, es evidente que la tutela frente al caso particular no es el mecanismo adecuado para conseguir la satisfacci\u00f3n del derecho reclamado por el actor, teniendo en cuenta que no puede constituirse en una tercera instancia para analizar el litigio objeto de debate\u00bb. <\/p>\n
4. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S. adujo que \u00aba ra\u00edz de la orden de supresi\u00f3n (\u2026) del extinto I.S.S. emanada del Gobierno Nacional con la expedici\u00f3n y entrada en vigencia del Decreto 2013 de 2012, la extinta entidad perdi\u00f3 la competencia para resolver peticiones relacionadas con la administraci\u00f3n del [R.P.M] toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2011 de 28 de septiembre de 2012, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 COLPENSIONES, es la entidad competente como nueva administradora del referido r\u00e9gimen pensional\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al advertir que \u00abel aqu\u00ed accionante no demostr\u00f3 que se configure alguno de los defectos espec\u00edficos, que estructure la denominada v\u00eda de hecho, es decir, no se acredit\u00f3 que la [determinaci\u00f3n] reprobada est\u00e9 fundada en conceptos irrazonables o arbitrarios de tal trascendencia, que corresponda al juez constitucional conjurarlos mediante este excepcional instrumento de amparo para los derechos fundamentales invocados\u00bb. Respecto del reajuste pretendido, coligi\u00f3 que \u00abresulta necesario aclararle al [solicitante] que ser beneficiado con el r\u00e9gimen de transici\u00f3n implica que le son aplicables \u00fanicamente las reglas previstas en las normas anteriores a la Ley 100 de 1993 sobre: (i) edad para consolidar el derecho; (ii) tiempo de servicios o semanas cotizadas; y (iii) monto de la pensi\u00f3n \u2013 porcentaje que se aplica al [calcularla]. Por tanto, contrario a su sentir, el ingreso base de liquidaci\u00f3n de la mesada, para este caso, est\u00e1 sujeto a las previsiones contenidas en el art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el convocante para insistir en su pretensi\u00f3n, destacando que \u00abse viol\u00f3 el derecho fundamental a la Seguridad Social, por la no aplicaci\u00f3n del precedente constitucional contenido en la [jurisprudencia] del Consejo de Estado [referencia: 11001032500020110062000], siendo aplicable [al] caso el Art\u00edculo 6 del Decreto 2709 de 1994 para [la] \u201cpensi\u00f3n por aportes\u201d\u00bb. Adicional a ello, resalt\u00f3 que se encuentra con un \u00abdeteriorado estado de salud\u00bb y alleg\u00f3 distintos soportes que pretenden dar cuenta de ello. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 el gestor (SL627-2021, rad. 83198), por mantener en firme la resoluci\u00f3n desestimatoria del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los fallos del 1 de noviembre de 2017, 7 de junio de 2018 y 16 de febrero de 2021, proferidos por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 1, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume la sentencia desestimatoria del tribunal ad quem, en tanto consider\u00f3 respecto del juzgador de segundo grado que \u00abno se equivoc\u00f3 al concluir que, en este caso, para establecer el IBL de la pensi\u00f3n deb\u00edan seguirse las reglas del art\u00edculo 21 de la ley 100 de 1993\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el primer cargo, encaminado por la v\u00eda directa, en la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida de \u00ablos art\u00edculos 4 de la Ley 169 de 1896 y 21 de la Ley 100 de 1993. Como consecuencia de ello, (\u2026 se \u00abdesconoci\u00f3\u00bb el numeral 2 del art\u00edculo 237 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 10 de la Ley 1437 de 2001 y se \u00abdej\u00f3 de aplicar\u00bb los art\u00edculos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994, norma que reglament\u00f3 el art\u00edculo 7 de la Ley 71 de 1988; 141 de la Ley 100 de 1993, 53, 58, 230 y 237 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00abLa parte recurrente sostiene que el Tribunal prefiri\u00f3 aplicar la jurisprudencia sobre la ley, para determinar el IBL de la mesada pensional; de ah\u00ed que hubiese aplicado una norma desfavorable al [libelista] como es el art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993, sin advertir que en este caso el IBL de la pensi\u00f3n corresponde al promedio de lo devengado en el \u00faltimo a\u00f1o de servicios, con base en el art\u00edculo 6 del Decreto\u00bb. <\/p>\n
En este sentido recalc\u00f3 que, \u00aba la Sala le corresponde establecer si el Tribunal incurri\u00f3 en error al concluir que, en este caso, el IBL de la mesada pensional deb\u00eda definirse conforme las reglas se\u00f1aladas en el art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993\u00bb. <\/p>\n
Inicialmente, indic\u00f3 que el censor omiti\u00f3 discutir el argumento principal de la sentencia objetada, y en tal aspecto record\u00f3 que \u00abel colegiado resalt\u00f3 que, a pesar de reclamar el c\u00e1lculo de dicho ingreso con el promedio de lo devengado en el \u00faltimo a\u00f1o como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 6 del Decreto 2709 de 1994 reglamentario de la Ley 71 de 1988, lo cierto es que la parte actora no solicit\u00f3 el cambio del r\u00e9gimen pensional para que fuese aplicado el previsto en esta \u00faltima disposici\u00f3n legal\u00bb, ello para establecer que \u00ab[t]al fundamento no es objeto de reparo en casaci\u00f3n, pues nada se afirma al respecto, limit\u00e1ndose en su acusaci\u00f3n a criticar la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993 pese a que el art\u00edculo 6 del Decreto 2709 de 2994 estaba vigente, nada m\u00e1s, sin rebatir si en verdad hab\u00eda solicitado o no la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen pensional contenido en la Ley 71 de 1988 y no el se\u00f1alado en el Acuerdo 049 de 1990 conforme al cual se le otorg\u00f3 [el beneficio] por parte de Colpensiones\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente refiri\u00f3 que \u00abel Tribunal no se equivoc\u00f3 al concluir que, en este caso, para establecer el IBL de la [prestaci\u00f3n] deb\u00edan seguirse las reglas previstas en el art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993. Esto, como quiera que no se cuestiona que el demandante obtuvo el derecho pensional en virtud del r\u00e9gimen de transici\u00f3n y que para el momento en que entr\u00f3 a regir la Ley 100 de 1993 le hac\u00edan falta m\u00e1s de 10 a\u00f1os para obtener [el beneficio], supuestos f\u00e1cticos admitidos por las partes y fijados por el Tribunal, que no se pueden debatir por la senda jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, con apoyo en lo determinado en providencia SL121-2020, precis\u00f3 que, \u00abel r\u00e9gimen de transici\u00f3n pensional previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, conserv\u00f3 para sus beneficiarios las disposiciones anteriores en lo concerniente a tres aspectos fundamentales, a saber: (i) la edad para acceder al derecho prestacional, (ii) el tiempo de servicios o semanas de cotizaci\u00f3n y (iii) el monto (\u2026), entendido este \u00faltimo como la tasa de reemplazo; empero el IBL, como lo ha dejado precisado la Corte en m\u00faltiples oportunidades, se regula por lo previsto en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 cuando a la entrada en vigencia de esta legislaci\u00f3n le faltaban menos de 10 a\u00f1os para obtener la pensi\u00f3n o por el art\u00edculo 21 ib\u00eddem en caso de que para ese mismo momento, le faltaren m\u00e1s de 10 a\u00f1os para acceder a la prestaci\u00f3n\u00bb. Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
Respecto de las diferentes posturas de otras corporaciones frente a la definici\u00f3n del ingreso base de liquidaci\u00f3n de las pensiones en el r\u00e9gimen de transici\u00f3n, estim\u00f3 que \u00abtal controversia lleg\u00f3 a su fin con posterioridad a la expedici\u00f3n de las [decisiones] CC C-258-2013 y CC SU-230-2015, \u00e9sta \u00faltima reiterada tanto en sentencias de unificaci\u00f3n, como en Salas de Revisi\u00f3n, (\u2026) al establecer que el IBL para los beneficiarios de la transici\u00f3n deb\u00eda definirse conforme a los art\u00edculos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abes criterio actual y vigente que para la determinaci\u00f3n del IBL de una pensi\u00f3n otorgada en virtud del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, deben seguirse las reglas se\u00f1aladas en la Ley 100 de 1993, incluso cuando la prestaci\u00f3n corresponde a la (\u2026) de jubilaci\u00f3n por aportes contemplada en la Ley 71 de 1988 a la que hace alusi\u00f3n el recurrente\u00bb. <\/p>\n
En consonancia con lo previamente expuesto y con base en los fallos SL8337-2016, SL1632-2018, SL4738-2019 y SL3810-2019, desestim\u00f3 el cargo. <\/p>\n
Posteriormente, en el an\u00e1lisis del segundo embate fundado en la \u00abviolaci\u00f3n de la ley sustancial por la v\u00eda indirecta en la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 4 de la Ley 169 de 1896 y 21 de la Ley 100 de 1993 respecto del numeral 2 del art\u00edculo 237 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 10 de la Ley 1437 de 2001 y los art\u00edculos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994, norma que reglament\u00f3 el art\u00edculo 7 de la Ley 71 de 1988; 141 de la Ley 100 de 1993, 48, 53, 58 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb, la autoridad enjuiciada advirti\u00f3 el desconocimiento de aspectos t\u00e9cnicos, por parte del censor en la formulaci\u00f3n del reproche, los cuales pasan a detallarse: <\/p>\n
En un principio, encontr\u00f3 que el promotor realiz\u00f3 \u00abuna mixtura inapropiada, pues mezcla la senda indirecta con la jur\u00eddica, ya que, pese a que dirige el ataque por la v\u00eda de los hechos, en la demostraci\u00f3n (\u2026) incluye aspectos de puro derecho\u00bb, lo cual constituy\u00f3 \u00abuna impropiedad, puesto que la sustentaci\u00f3n (\u2026) amalgama ambos g\u00e9neros de violaci\u00f3n de la ley que son excluyentes, pues, en la senda indirecta los razonamientos deben dirigirse a criticar solamente la valoraci\u00f3n probatoria, y no las conclusiones jur\u00eddicas de la sentencia impugnada, ya que, en este evento, el ataque debe dirigirse por la v\u00eda directa\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, en relaci\u00f3n con el \u00abdefecto valorativo\u00bb alegado, coligi\u00f3 que \u00abel censor se limita a enlistar los medios de prueba que, considera, fueron dejados de valorar por el colegiado, pero omite realizar una correcta sustentaci\u00f3n para demostrar la equivocaci\u00f3n endilgada frente a lo decidido por el Tribunal. (\u2026) [el solicitante] tan solo refiere que el juez plural \u00abno analiz\u00f3 las diferentes pruebas\u00bb y que si hubiese \u00abanalizado todas las pruebas enlistadas en el cargo\u00bb habr\u00eda advertido la procedencia de la reliquidaci\u00f3n pretendida, acusaci\u00f3n gen\u00e9rica que omite la carga argumentativa que le correspond\u00eda asumir al censor al dirigir su ataque por la senda probatoria\u00bb. <\/p>\n
No obstante lo anterior, la Corporaci\u00f3n querellada procedi\u00f3 a estudiar el reparo, entendi\u00e9ndolo como \u00abun cuestionamiento puntual respecto del defecto valorativo del Tribunal en relaci\u00f3n con la historia laboral o \u00abEstado de cuenta de semanas cotizadas\u00bb al se\u00f1alar que no se advirti\u00f3 que conforme a tal documento, el demandante no re\u00fane las cotizaciones requeridas para obtener la pensi\u00f3n como \u00abtrabajador particular\u00bb, pues a juicio del [convocante], solamente acredit\u00f3 961 semanas de las cuales 495 fueron pagadas en los 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad m\u00ednima\u00bb y en tal sentido se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[R]esulta desacertado cuestionar que en la decisi\u00f3n impugnada no se hubiese advertido que la \u00fanica prestaci\u00f3n a la que pod\u00eda acceder el actor era la de jubilaci\u00f3n por aportes y no la otorgada por Colpensiones con fundamento en los reglamentos del extinto ISS. Esto, como quiera que, desde el punto de vista f\u00e1ctico, de la misma historia laboral denunciada por el censor se deriva el cumplimiento de las cotizaciones exigidas en el mencionado Acuerdo 049 de 1990\u00bb. <\/p>\n
En tercer lugar, destac\u00f3 que \u00abel recurrente parte de un supuesto equivocado al reprocharle al colegiado que no se percat\u00f3 de que Colpensiones no hab\u00eda solicitado la cuota parte pensional a cargo del Banco Popular y de la UGPP para efectos de financiar la pensi\u00f3n que le fue otorgada. Se afirma lo anterior, porque lo que se puede advertir de tal reparo es que, para la censura, la prestaci\u00f3n otorgada en sede administrativa por la demandada fue la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por aportes, que s\u00ed requiere del pago de las referidas cuotas; sin embargo, de la Resoluci\u00f3n 116056 de 2012 es evidente que la entidad le reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de vejez en los t\u00e9rminos del Acuerdo 049 de 1990, conforme al cual se hace innecesario el requerimiento que echa de menos. De ah\u00ed que, al no haber reclamado en sede judicial el cambio de r\u00e9gimen pensional, como lo [especific\u00f3] el ad quem y no se controvierte en casaci\u00f3n, su cuestionamiento resulta impertinente y desenfocado\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, reliev\u00f3 que, \u00abresulta inane el cuestionamiento del recurrente en cuanto a que en el tr\u00e1mite administrativo solicit\u00f3 insistentemente la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994 para efectos de establecer el IBL y calcular la mesada pensional. Lo anterior, como quiera que el colegiado no desconoci\u00f3 dicho fundamento normativo de la reliquidaci\u00f3n pretendida, solo que encontr\u00f3 que resultaba improcedente en atenci\u00f3n a que el mencionado Decreto reglament\u00f3 la Ley 71 de 1988, norma que no fue la que regul\u00f3 el reconocimiento pensional del [memorialista], sin que \u00e9ste hubiese solicitado la modificaci\u00f3n del r\u00e9gimen pensional en la demanda inicial\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del gestor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb enunciados en el libelo inicial, esta Sala colige que la diferencia de criterios, por s\u00ed misma, no tiene la entidad de enervar la juridicidad de la resoluci\u00f3n de casaci\u00f3n, aunado a que en la misma se hizo alusi\u00f3n a los postulados jurisprudenciales de los \u00f3rganos de cierre laboral y constitucional en lo concerniente a la problem\u00e1tica estudiada \u2013entre otros, se apoy\u00f3 en los fallos SL 17 may. 2011, rad. 42037; SL, 22 feb. 2011, rad. 36684; SL12298-2017, 16 ago., rad. 50844; SL121-2020, 22 ene., rad. 78698; CC SU-427-2016 11 ago.; CC SU-114-2018 8 nov. y SL3810-2019 11 sep., rad. 73229\u2013, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 17 de marzo de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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STC4644-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC4644-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01219-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62848","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62848","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62848"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62848\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62848"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62848"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62848"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}