STC4646-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4646-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02607-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 18 de enero1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juli\u00e1n Daniel Acevedo Casta\u00f1o contra el Tribunal Superior de Florencia y el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma poblaci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira, el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Florencia, \u00abEl Conduy\u00bb, el gobernador del Resguardo Ind\u00edgena Nassa Uss y las partes e intervinientes en el proceso penal 2019-00025. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en su propio nombre, el gestor acude a este instrumento buscando la protecci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n recopilados en la primera instancia se puede extractar que contra Acevedo Casta\u00f1o curs\u00f3 un proceso penal por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego en el que el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira, mediante sentencia de 21 de febrero de 2019, lo conden\u00f3 a purgar 224 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
La vigilancia de la sanci\u00f3n la ejerce actualmente el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, despacho ante el cual el ac\u00e1 accionante formul\u00f3 solicitudes de \u00abtraslado a resguardo ind\u00edgena\u00bb y \u00abredosificaci\u00f3n de la pena impuesta\u00bb las cuales fueron resueltas desfavorablemente mediante autos de 6 de febrero de 2020 y 20 de mayo de 2021. <\/p>\n
Tales determinaciones fueron apeladas por el interesado, siendo remitida la actuaci\u00f3n a la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Florencia el 24 de septiembre de 2020 (lo relativo al traslado de centro penitenciario) y el 18 de junio de 2021 (frente a la readecuaci\u00f3n de la sanci\u00f3n). <\/p>\n
3. La queja constitucional estriba, esencialmente en que, a la fecha de formulaci\u00f3n del presente resguardo la colegiatura acusada no ha emitido pronunciamiento alguno en torno a los recursos interpuestos, raz\u00f3n por la cual solicita \u00abse me traslade a mi resguardo ind\u00edgena Nassa Uss de Florencia\u2026 para continuar la purga efectiva de mi pena, pero dentro de mis leyes, usos y costumbres como lo exige la Constituci\u00f3n y la ley colombiana [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado al que le correspondi\u00f3 elaborar la ponencia de las impugnaciones indicadas precedentemente, asegur\u00f3 que la demora en resolver el asunto obedece a la carga laboral que soporta, representada en el elevado n\u00famero de asuntos penales y acciones constitucionales que diariamente le son asignados, los cuales evac\u00faa respetando el sistema de turnos que eventualmente es alterado en raz\u00f3n a ciertas particularidades como la aproximaci\u00f3n de la fecha de prescripci\u00f3n, tratarse de procesos con personas privadas de la libertad o \u00aba los dem\u00e1s asuntos de las distintas especialidades los cuales tienen una antig\u00fcedad significativa desde su reparto\u00bb. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, indic\u00f3 que \u00aben relaci\u00f3n con el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n\u2026 ya tiene proyecto de decisi\u00f3n el cual se encuentra pendiente de estudio por el suscrito para el registro ante la sala y as\u00ed proferir la providencia que en derecho corresponda lo m\u00e1s pronto posible\u00bb. <\/p>\n
Pidi\u00f3, en consecuencia, la desestimaci\u00f3n del amparo habida consideraci\u00f3n que \u00abno existe acci\u00f3n u omisi\u00f3n que se traduzca en la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas\u2026 pues nen sentido alguno se avizora demora judicial injustificada\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, luego de confirmar que mediante autos de 6 de febrero de 2020 y 20 de mayo de 2021 resolvi\u00f3 las solicitudes formuladas por el quejoso y remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n a su superior funcional para desatar los recursos de apelaci\u00f3n interpuestos, solicit\u00f3 declarar la improcedencia del resguardo en lo que a ese despacho ata\u00f1e por cuanto \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno\u2026 por el contrario le ha garantizado los derechos y garant\u00edas que le asisten\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Deneg\u00f3 el amparo implorado toda vez que si bien se ha presentado una inobservancia por parte del tribunal querellado de los t\u00e9rminos para resolver el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, \u00abla tardanza\u2026 no es imputable a la omisi\u00f3n en el cumplimiento de las funciones\u00bb pues obedece a la alta carga laboral que soporta, al tiempo que \u00abest\u00e1 llevando a cabo las acciones que tiene a su disposici\u00f3n para discutir el proyecto de manera colegiada y darle celeridad al tr\u00e1mite\u00bb, situaci\u00f3n que impide al juez constitucional \u00abpronunciarse de fondo sobre los reclamos del accionante ni para conceder el traslado requerido, pues el demandante debe someterse al sistema de turnos, en t\u00e9rminos de igualdad\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el quejoso, insistiendo en que se encuentra \u00abexpuesto ante la mora injustificada\u00bb por parte del a colegiatura ad quem, por lo que reiter\u00f3 su solicitud inicial de que se ordene su traslado al resguardo ind\u00edgena al que dice pertenecer \u00aby que se defina [su] situaci\u00f3n en cuanto a la redosificaci\u00f3n de la pena\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Tribunal Superior de Florencia lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales denunciadas por el accionante, dentro del proceso penal distinguido con la radicaci\u00f3n 2019-00025, al no resolver los recursos de apelaci\u00f3n interpuestos por aquel frente a los autos de 6 de febrero de 2020 y 20 de mayo de 2021 por medio de los cuales el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia neg\u00f3 las solicitudes de traslado de establecimiento penitenciario y readecuaci\u00f3n punitiva, respectivamente. <\/p>\n
2. De la mora judicial <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica la jurisprudencia de esta Colegiatura ha sido abundante en referirse al incumplimiento del juez en sus deberes de proferir oportunamente las providencias a su cargo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u201cinjustificadas\u201d, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC 15 feb. 1995, rad. 1937, reiterada entre otras en STC598-2015, 3, feb. 2015, rad. 02398-01, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed entonces, resultar\u00eda viable la protecci\u00f3n si logra verificarse que la dilaci\u00f3n denunciada carece de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, esto es, \u00ab(\u2026) que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u201d (\u2026)\u00bb (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Bajo las anteriores premisas, de la revisi\u00f3n que esta Corporaci\u00f3n realiz\u00f3 del reproche que formula Acevedo Casta\u00f1o y atendiendo los elementos de convicci\u00f3n allegados a este tr\u00e1mite, prontamente se advierte que no existe la transgresi\u00f3n por \u00e9l denunciada, y en tal sentido habr\u00e1 de refrendarse el fallo objeto de impugnaci\u00f3n, pues el despacho accionado no ha incurrido en el comportamiento de mora judicial injustificada atribuido que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional con el prop\u00f3sito de remediarla. <\/p>\n
En efecto, de las explicaciones brindadas por el magistrado sustanciador, se colige con suficiencia que, si bien en el asunto objeto de escrutinio las decisiones impugnadas datan de 6 de febrero de 2020 y 20 de mayo de 2021 y que la actuaci\u00f3n fue remitida al Tribunal de Florencia el 24 de septiembre de 2020 (lo relativo al traslado de centro penitenciario) y el 18 de junio de 2021 (frente a la readecuaci\u00f3n de la sanci\u00f3n), no se advierte que la tardanza en proferir las decisiones reclamadas luzca inexcusable como para predicar vulneraci\u00f3n de las prerrogativas superiores del actor, si se tiene en cuenta la elevada carga laboral que soporta aquella corporaci\u00f3n, representada en el significativo n\u00famero de ingresos de procesos de las diferentes especialidades, incluyendo acciones constitucionales, de los que dio cuenta el titular del despacho accionado. <\/p>\n
Debe recordarse, que este instrumento excepcional se viabiliza ante una queja de esta naturaleza siempre y cuando se acredite que la falta de resoluci\u00f3n que se denuncia ha tenido su origen en la negligencia de la autoridad enjuiciada, pues el simple paso del tiempo analizado en forma aislada, no se erige, objetivamente, en raz\u00f3n suficiente para que se estructure la morosidad se\u00f1alada. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha puntualizado que, en este tipo de situaciones de \u00abmora judicial\u00bb, solo podr\u00e1n considerarse aquellas que carezcan de defensa, es decir, que resulte indudable la existencia de un comportamiento flagrantemente omisivo. Al respecto se anot\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (\u2026)\u00bb (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, reiterada entre muchas otras en STC1863-2017, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01). <\/p>\n
En suma, se itera, no todo \u00abretraso\u00bb dentro de un proceso judicial es vulnerador de derechos fundamentales, por lo que la tutela no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del funcionario atacado, m\u00e1xime cuando, de un lado, ya existe un proyecto de providencia que se encuentra en estudio de los dem\u00e1s integrantes de la sala de decisi\u00f3n y, de otro, la demora presentada en la resoluci\u00f3n de los recursos formulados por el ac\u00e1 gestor frente a los autos que le fueron desfavorables, no son producto de una evidente desidia de la judicatura, sino que obedecen -como ya se indic\u00f3- a la alta carga laboral asignada al Tribunal Superior de Florencia el cual, al contar con una sala \u00fanica de decisi\u00f3n, debe atender procesos de todas las especialidades judiciales, adem\u00e1s de las acciones constitucionales que, por as\u00ed disponerlo el ordenamiento jur\u00eddico, tienen prelaci\u00f3n sobre los dem\u00e1s asuntos de su competencia. <\/p>\n
En todo caso, la Corte ha indicado que el juez constitucional carece de facultades para inmiscuirse en asuntos que son de exclusiva competencia de otros funcionarios judiciales, esto es, que no le es posible invadir el \u00e1mbito que la propia Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les ha reservado, so pena de violar los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el operador judicial a cuyo cargo est\u00e1 la direcci\u00f3n del proceso, es el encargado de organizar sus labores, tales como la de dictar las providencias, de tal suerte que resultar\u00eda extra\u00f1o a su tr\u00e1mite que el juez de tutela dispusiera la expedici\u00f3n de una determinada decisi\u00f3n o realizaci\u00f3n de alguna diligencia, sin advertir previamente la cantidad de expedientes o su orden de llegada, y menos a\u00fan, orientar el sentido de la providencia que le corresponde adoptar. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, es necesario que se verifique que con la mora se genere un perjuicio irremediable que haga necesaria la protecci\u00f3n, aspecto que ni siquiera fue alegado por el querellante, aunque de hallarse probada fehacientemente la actitud omisiva por el tutelado, se impondr\u00eda revisar la posibilidad de darle una prioridad especial al caso, pero como no se ha constatado, no es urgente la intervenci\u00f3n constitucional; al respecto, se recuerda que la simple afirmaci\u00f3n del hipot\u00e9tico acaecimiento de un perjuicio irremediable es insuficiente para justificar la procedencia del amparo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se colige de lo expuesto, que no hay lugar a otorgar salvaguarda, bajo el supuesto de una tardanza injustificada del Tribunal Superior de Florencia, teniendo en cuenta que el accionante no acredit\u00f3 los componentes que fueron previamente indicados y que, en forma excepcional, permiten al juez constitucional interferir en la \u00f3rbita de competencia de los ordinarios cuando \u00e9stos dilatan sin raz\u00f3n alguna la definici\u00f3n de los juicios. <\/p>\n
4. Cuesti\u00f3n final <\/p>\n
Ahora bien, frente a la solicitud del Acevedo Casta\u00f1o de que, se disponga su traslado al resguardo ind\u00edgena Nassa Uss, al que dice pertenecer, es preciso indicar que la misma resulta inviable pues, por medio de este tr\u00e1mite constitucional, no se puede proveer soluci\u00f3n a cuestiones que corresponde dirimir al juez ordinario en las instancias oportunas dado que la acci\u00f3n tuitiva no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo o alterno de los medios de defensa establecidos por la ley y menos para anticiparse a las decisiones que compete proferir al accionado, de all\u00ed que acudir al auxilio constitucional resulte improcedente mientras existan herramientas procesales para obtener la satisfacci\u00f3n de las pretensiones o las mismos est\u00e9n surti\u00e9ndose, como en el presente caso. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se impone confirmar la denegaci\u00f3n del resguardo porque, no es posible atribuir a la colegiatura querellada una actitud negligente u omisiva a partir de la cual resulte evidente la vulneraci\u00f3n al debido proceso por mora judicial, adem\u00e1s que el traslado del gestor al resguardo ind\u00edgena es un tema que debe ser dirimido por el juez competente y no a trav\u00e9s de esta instrumento excepcional\u00edsimo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por un medio expedito y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La actuaci\u00f3n arrib\u00f3 a esta Sala para desatar la impugnaci\u00f3n el 28 de marzo del corriente a\u00f1o <\/p>\n
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