STC4649-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4649-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 85001-22-08-000-2022-00040-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 7 de marzo de 2022, proferido por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Eunice Escobar Bernal contra los Juzgados Promiscuo del Circuito y Primero Promiscuo Municipal, ambos de Paz de Ariporo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando en nombre propio y en su calidad de alcaldesa del municipio de Paz de Ariporo, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de dignidad humana, igualdad, libertad y debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que una veedur\u00eda ciudadana present\u00f3 una petici\u00f3n ante la Oficina de Poblaci\u00f3n Vulnerable de la administraci\u00f3n local, en procura de obtener informaci\u00f3n sobre la ejecuci\u00f3n de un contrato que esa entidad territorial suscribi\u00f3 con el objetivo de garantizar la asistencia integral de los adultos mayores que se encuentran en un centro de bienestar geri\u00e1trico de esa ciudad, cuya duraci\u00f3n fue de un mes. <\/p>\n
En ese sentido, refiri\u00f3 que la solicitud se absolvi\u00f3 de forma clara, precisa y de fondo, remitiendo copia de toda la informaci\u00f3n que reposa en esa foliatura. Sin embargo, la all\u00ed interesada formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el municipio que dirige la libelista (rad. n.\u00ba 2021-00106), por la supuesta vulneraci\u00f3n de su prerrogativa, dada la \u00abfalta de respuesta\u00bb pertinente frente a lo requerido, espec\u00edficamente, en lo que concierne a \u00ablas copias de la \u00abentrada a almac\u00e9n\u00bb de los \u2018elementos de aseo y desinfecci\u00f3n\u2019\u00bb. <\/p>\n
Con decisi\u00f3n del 15 de julio de 2021, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de esa ciudad concedi\u00f3 el resguardo y, en tal virtud, orden\u00f3 la entrega de \u00ablas hojas de vida con soportes de las \u2018tres ec\u00f3nomas (sic) vinculadas mediante contrato de trabajo y de los respectivos contratos firmados\u00bb, \u00abcopia del cronograma de entrega de los elementos de aseo y desinfecci\u00f3n y de los elementos de la canasta familiar\u00bb, as\u00ed como \u00abcopias de la \u2018entrada al almac\u00e9n\u2019 de los elementos de aseo y desinfecci\u00f3n\u00bb. Esa resoluci\u00f3n fue recurrida en impugnaci\u00f3n y confirmada en segunda instancia, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la citada urbe. <\/p>\n
Seguidamente, con fundamento en la supuesta inobservancia del precitado mandato, se inici\u00f3 el tr\u00e1mite incidental de desacato, en el que se declar\u00f3 su incumplimiento y, en consecuencia, se sancion\u00f3 a la gestora, como representante legal del municipio, con arresto de tres (3) d\u00edas y multa de cinco (5) SMMLV. En sede de consulta, se ratific\u00f3 lo resuelto, el pasado 8 de febrero de 2022. <\/p>\n
Determinaciones que, en su criterio, son irregulares, comoquiera que ha explicado reiteradamente a lo largo de esa causa que \u00abes imposible que el municipio de Paz de Ariporo presente ante el juez constitucional y ante la accionante una serie de documentos que no existen dentro del expediente contractual, sin embargo, se puso en conocimiento de los despachos accionados las actas donde consta que la Almacenista General hizo presencia en cada una de las entregas de estos elementos de aseo y de la canasta familiar\u00bb Se subraya. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3, en compendio, \u00abDEJAR SIN EFECTO EN TODAS SUS PARTES la providencia de fecha ocho (8) de febrero del a\u00f1o 2022 proferida por el Juez Promiscuo del Circuito de Paz de Ariporo mediante la cual se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de fecha veintis\u00e9is (26) de enero del a\u00f1o 2022 proferida por el Juzgado Primero Promiscuo municipal de Paz de Ariporo 2021\u00bb; \u00abEXONERAR de responsabilidad a la Alcald\u00eda del municipio de Paz de Ariporo y a su representante legal por el presunto incumplimiento endilgado de los fallos de primera y de segunda instancia de la acci\u00f3n de tutela de radicado 852504089001-2021-00106-00\u00bb y \u00abDECLARAR que la Alcald\u00eda de Paz de Ariporo dio cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Ariporo se\u00f1al\u00f3 que \u00aba este estrado le correspondi\u00f3 en reparto, la consulta al incidente de desacato ante el no cumplimiento del fallo de tutela atr\u00e1s referido, el cual fuere resuelto en decisi\u00f3n del ocho (8) de febrero de 2022, confirmando la sanci\u00f3n impuesta por el A quo, pues se analiz\u00f3 el cumplimiento de lo ordenado en el fallo, deduciendo que a la fecha no se hab\u00eda dado cabal cumplimiento a lo peticionado por la VEEDURIA PZA0CORRUPCI\u00d3N, insistiendo que en ning\u00fan momento este servidor haya adquirido la funciones de juez administrativo para la emisi\u00f3n de una decisi\u00f3n de car\u00e1cter netamente constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. La veedur\u00eda ciudadana \u00abPZA 0 CORRUPCI\u00d3N\u00bb relat\u00f3 las actuaciones de ese asunto y se opuso a la prosperidad del petitum, porque \u00abla Administraci\u00f3n Municipal con estas actuaciones no permiti\u00f3 un efectivo control social de la Gesti\u00f3n P\u00fablica, cercenando as\u00ed los derechos de las veedur\u00edas ciudadanas y desconociendo flagrantemente la importancia de las veedur\u00edas ciudadanas para ejercer un correcto control social, pues conforme a lo estipulado en el art\u00edculo 15 de la ley 850 de 2003, se definen las funciones de estas, destacando las funciones de control, vigilancia y fiscalizaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n y calidad t\u00e9cnica de las obras, programas e inversiones a nivel territorial\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de la citada urbe reliev\u00f3 que \u00ablas normas de derecho adjetivo que reglamentan la interpretaci\u00f3n de los contratos \u201cest\u00e1n dirigidas al juez y no a las partes, porque no disponen que, produci\u00e9ndose ciertos hechos, haya de nacer o extinguirse un derecho subjetivo, sino que marcan la senda que aqu\u00e9l habr\u00e1 de seguir en sus juicios\u201d Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci\u00f3n Civil\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, destac\u00f3 que \u00abdesechados, justamente por injur\u00eddicos (sic), los planteamientos de la accionante, no queda duda de que el contrato estatal que dio origen a toda la controversia constitucional s\u00ed cobijaba, impl\u00edcitamente si se quiere, la obligaci\u00f3n de la Alcald\u00eda incidentada de suscribir las actas de entrada a almac\u00e9n, porque es a trav\u00e9s de ese documento oficial que se certifica que los bienes, cualquiera que \u00e9stos sean, ingresan, real y materialmente, al inventario del municipio, cuesti\u00f3n que adem\u00e1s sube de punto si en cuenta se tiene que es por virtud de ese documento, y ning\u00fan otro, que se posibilita la labor de fiscalizaci\u00f3n que corresponde, por ley y hasta por Constituci\u00f3n, a las veedur\u00edas ciudadanas (arts. 270 CP, 100 L. 134 de 1994 y 4 L. 850 de 2003)\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo concedi\u00f3 el amparo, porque \u00abla Alcald\u00eda Municipal de Paz de Ariporo ya dio cumplimiento al fallo de tutela de fecha 15 de julio de 2021, como quiera que respondi\u00f3 la petici\u00f3n entregando la documentaci\u00f3n con la que contaba e indicando la raz\u00f3n por la cual no pod\u00eda entregar las entradas a almac\u00e9n solicitadas, por ende, no hab\u00eda lugar a imponer sanci\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, destac\u00f3 que \u00abel Juez 1\u00b0 Promiscuo Municipal de Paz de Ariporo en la providencia de fecha 26 de enero de 2022, se sali\u00f3 del alcance de la orden de tutela al sustentar su decisi\u00f3n de sancionar a la accionante en una interpretaci\u00f3n del articulado del contrato suscrito y las normas que rigen la contrataci\u00f3n estatal, por cuanto no le corresponde al juez constitucional determinar si la Alcald\u00eda Municipal de Paz de Ariporo ejecut\u00f3 en debida forma el contrato conforme la normas que rigen la contrataci\u00f3n estatal o si incurri\u00f3 en una omisi\u00f3n de las mismas al no efectuar las entradas al almac\u00e9n del municipio y dejar el soporte de ello\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, dispuso \u00abDEJAR sin efecto las providencias judiciales de fecha 26 de enero y 8 de febrero de 2022, proferidas por el Juzgado 1\u00b0 Promiscuo Municipal de Paz de Ariporo y por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Ariporo, dentro del incidente de desacato con radicado No. 85250-40-89-001-2021-00106\u00bb y \u00abORDENAR al Juzgado 1\u00b0 Promiscuo Municipal de Paz de Ariporo, que dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo, proceda a efectuar el archivo del incidente de desacato con radicado No. 85250-40-89-001- 2021-00106, por cumplimiento de la orden de tutela de fecha 15 de julio de 2021\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La vinculada veedur\u00eda ciudadana recurri\u00f3 la precitada providencia, reiterando los argumentos expuestos en su intervenci\u00f3n y agregando que \u00abla presente acci\u00f3n de tutela no cumple con el primer requisito en esta establecido, toda vez que la decisi\u00f3n emitida por el juzgado promiscuo del circuito de Paz de Ariporo, al momento de interponer la acci\u00f3n de tutela que aqu\u00ed nos ocupa, no se encontraba ejecutoriada en grado jurisdiccional de consulta\u00bb, aunado a que \u00aben ning\u00fan momento el operador de justicia viol\u00f3 el debido proceso, ni el derecho de defensa y contradicci\u00f3n de la incidentada, ofreci\u00e9ndole todas las garant\u00edas para que diera cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela de fecha 15 de julio de 2021\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite incidental de desacato que se promovi\u00f3 contra la libelista, en su calidad de alcaldesa municipal de Paz de Ariporo (rad. n.\u00ba 2021-00106), por haber declarado el incumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los prove\u00eddos de 26 de enero y 8 de febrero de 2022, proferidos por los despachos convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el del ad quem, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
La reiterada jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que, en principio, la salvaguarda no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial, y que s\u00f3lo excepcionalmente puede acudirse a ella, en los casos en los que el funcionario profiera alguna decisi\u00f3n caprichosa o arbitraria, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y no disponga de otros medios efectivos de defensa judicial. <\/p>\n
A tono con lo anterior, cuando la tutela se enfila contra lo resuelto al interior de un incidente de desacato de fallo proferido en acci\u00f3n de similar rango constitucional, por regla general su abordaje se muestra impertinente, porque: <\/p>\n
\u00abla actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos enunciados y previstos, que frente a los prove\u00eddos que se profieran en el tr\u00e1mite de los incidentes de desacato, no se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, [ya que] es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones\u00bb (CSJ STC, 29 nov. 2006, exp. 01927-01, citada entre otras en STC4260-2019, 3 abr. 2019, rad. 00053-00). <\/p>\n
Sobre las excepciones para atacar la decisi\u00f3n de un incidente de desacato por la misma v\u00eda en el que se origin\u00f3, se ha expuesto que procede cuando se extraiga con solvencia la violaci\u00f3n de derechos tambi\u00e9n de orden superior, como cuando el juez de dicha tramitaci\u00f3n \u00abse extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb (CC T-1113\/05), y se ceder\u00eda al principio de la cosa juzgada si \u00abse encuentra plenamente probada la ilegalidad de una decisi\u00f3n por parte de las autoridades disciplinarias competentes, como el fraude a la ley o un fraude procesal\u00bb, precisando que en este caso, es el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n el llamado a remediarlo para evitar \u00abdecisiones contradictorias que terminen en un desconocimiento masivo de la cosa juzgada constitucional\u00bb (CC T-218\/12). <\/p>\n
<\/p>\n
Por su parte, esta Corte ha dispensado el auxilio en los eventos en que la providencia reviste caracter\u00edsticas vulneradoras del debido proceso, \u00abcomo cuando se omiten etapas de su tr\u00e1mite legal y en aquellos casos excepcionales, en que se invoca ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 8 feb. 2008 rad. 00344-01, citada en STC16838-2018, 19 dic. 2018, rad. 00048-01, entre otras). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Realizada la verificaci\u00f3n del escrito inicial, los elementos de convicci\u00f3n adosados al expediente, la normativa y precedentes aplicables, la Sala precisa que habr\u00e1 de refrendarse parcialmente la concesi\u00f3n del amparo, comoquiera que el juez ad quem del incidente de desacato, al expedir la decisi\u00f3n con la que confirm\u00f3, en sede de consulta, la atribuci\u00f3n de responsabilidad de la gestora, incurri\u00f3 en defecto de motivaci\u00f3n insuficiente, lo que hace necesaria la intervenci\u00f3n del fallador excepcional, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Ariporo ratific\u00f3, con resoluci\u00f3n del 8 de febrero de 2022, las sanciones impuestas por el hom\u00f3logo Primero Promiscuo Municipal de esa ciudad en contra de Escobar Bernal, en su condici\u00f3n de alcaldesa municipal, porque, en ejercicio del control judicial respectivo, encontr\u00f3 que \u00abcon todo y que la implicada acredit\u00f3 el acatamiento de algunas de las actividades que en ejercicio de sus funciones estaba obligada a asumir, indefectible aparece que se abre paso la sanci\u00f3n por su renuencia a satisfacer el tema central de la controversia suscitada, consistente en expedir las \u2018copias de la entrada al almac\u00e9n de los elementos de aseo y desinfecci\u00f3n\u2019\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, el estrado precis\u00f3 que se constat\u00f3 la garant\u00eda del debido proceso de la incidentada, en la medida en que no se observ\u00f3 controversia sobre la individualizaci\u00f3n de la responsable de cumplir las \u00f3rdenes impartidas, la realizaci\u00f3n de notificaciones o vinculaciones, ni sobre la concesi\u00f3n de la oportunidad para pronunciarse sobre lo pedido, al punto de que la interesada formul\u00f3 sus defensas en esa causa. <\/p>\n
Sin embargo, al adelantar la labor de contrastar lo ordenado y los argumentos expuestos por la demandada, coligi\u00f3 que, en la sentencia del 15 de julio de 2021, se orden\u00f3 a la entidad territorial que ella regenta que, en virtud de la petici\u00f3n formulada por la veedur\u00eda ciudadana respecto del mencionado contrato de asistencia integral de los adultos mayores de un centro de bienestar geri\u00e1trico, suministrara las \u00abcopias de la \u2018entrada al almac\u00e9n\u2019 de los \u2018elementos de aseo y desinfecci\u00f3n\u2019\u00bb. <\/p>\n
En ese labor\u00edo, arguy\u00f3 que la convocada adujo la \u00abimposibilidad jur\u00eddica\u00bb de acatar estrictamente lo dispuesto en la orden de amparo, pero desestim\u00f3 ese planteamiento porque, en s\u00edntesis, \u00abnada se dijo en las instancias respectivas [sobre ese aspecto], ni siquiera someramente se anunci\u00f3 en la impugnaci\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional que acogi\u00f3 parcialmente la s\u00faplica y que en \u00faltimas imput\u00f3 la carga de cumplir\u00bb, por lo que, \u00absi dicho mandato exced\u00eda el resorte de lo posible, debi\u00f3 en su momento refutarse por quien ten\u00eda la obligaci\u00f3n de cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
Con todo, se\u00f1al\u00f3 que, a m\u00e1s de lo anterior, las actas requeridas por la all\u00ed peticionaria deb\u00edan ser entregadas, pues ellas \u00absurgen con claridad de la cl[\u00e1]usula cuarta del contrato de prestaci\u00f3n de servicios 301.17.6.-159\u00bb, por lo que, \u00abescenario distinto es, que quien ejerci\u00f3 la supervisi\u00f3n del contrato haya inobservado sus obligaciones o en su defecto, pasado por alto los ingresos o entradas a[l] almac\u00e9n, que yac\u00edan como presupuesto necesario de procedencia para el pago del mismo, si es que aquellos se dieron o si por el contrario no se efectuaron, lo que no exim\u00eda del acta respectiva, elemento este \u00faltimo, que en esencia es el que conlleva al incumplimiento de la orden constitucional\u00bb. <\/p>\n
3.2. No obstante, como acaba de verse, la autoridad encartada omiti\u00f3 analizar las circunstancias esbozadas por la alcaldesa de Paz de Ariporo, que refer\u00edan la \u00abimposibilidad\u00bb de entregar las precitadas actas de entrada al almac\u00e9n de los elementos de aseo y desinfecci\u00f3n que har\u00edan parte de la ejecuci\u00f3n del contrato, cuyas copias se solicitaron a trav\u00e9s de la petici\u00f3n objeto de resguardo, dada \u00absu inexistencia\u00bb, frente a lo cual no hubo razonamiento alguno. <\/p>\n
Por el contrario, el ad quem de ese asunto se limit\u00f3 a reproducir las consideraciones expuestas en el primer grado del incidente, sin tener en cuenta que, incluso, la excusa ofrecida por la aqu\u00ed libelista hab\u00eda sido desarrollada, in extenso, en la contestaci\u00f3n presentada en el curso de esa actuaci\u00f3n, por lo que no son razonables las manifestaciones que el despacho hizo sobre el particular \u2013esto es, que en las \u00abinstancias\u00bb esa situaci\u00f3n no habr\u00eda sido aducida por la inconforme\u2013, cuando del expediente refulge que este tema s\u00ed fue objeto de pronunciamiento (v. gr., f. 9 \u00abcontestaci\u00f3n\u00bb, cd. 3 \u00abdesacato\u00bb), m\u00e1xime que, precisamente, el tr\u00e1mite incidental es el escenario id\u00f3neo para discutir y definir los aspectos que ata\u00f1en a la viabilidad o no de cumplir lo resuelto. <\/p>\n
3.3. En lo concerniente a esta causal de procedencia, la jurisprudencia ha sostenido que, uno de los eventos en los cuales se habilita el amparo para conjurar las afectaciones que pueden suscitar las actuaciones judiciales sobre los derechos fundamentales, es la expedici\u00f3n de una providencia que desconozca la obligaci\u00f3n de una \u00abdebida motivaci\u00f3n\u00bb. Sobre el tema, esta Sala ha recalcado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la motivaci\u00f3n de las sentencias constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir, \u2018(\u2026) la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. La sentencia, como acto procesal que es, [\u2026] debe ser motivada \u2018de manera breve y precisa\u2019 \u2013pero necesariamente fundamentada-, dicha evaluaci\u00f3n debe cobijar el \u2018examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales\u2019 que sean indispensables para fundamentarla [\u2026] la funci\u00f3n del juez radica en la definici\u00f3n del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias est\u00e9n clara y completamente motivadas. <\/p>\n
La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo\u00bb (Sentencia de 22 de mayo de 2003, exp. 00526-01, citada en STC, 3 nov. 2011, exp. 02274-00, ratificada y reiterada en STC7781-2016, 13 jun. rad. 00057-01, y STC6688-2018, 23 may. 2018, rad. 00074-01). <\/p>\n
Igualmente, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que, en estas circunstancias, \u00absufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb (CSJ STC 2 mar. 2008, rad. 00384-00, reiterada entre otras en STC 16 feb. 2011, rad. 2010-445-01, y STC9162-2015, 15 jul. 2015, rad. 00281-01). <\/p>\n
3.4. Conforme con ello, con la expedici\u00f3n de la providencia que desat\u00f3 el grado jurisdiccional de consulta del incidente de desacato, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Ariporo incurri\u00f3 en la referida causal de procedencia excepcional del amparo, en la medida en que no motiv\u00f3 adecuadamente la decisi\u00f3n de confirmar las amonestaciones que se profirieron por el a quo en esa causa, con lo que se dej\u00f3 al margen de la discusi\u00f3n la necesidad de establecer con claridad y precisi\u00f3n si exist\u00eda o no m\u00e9rito para proceder en tal sentido. <\/p>\n
En ese orden, ante la deficiencia avizorada, la Sala concluye que la autoridad convocada afect\u00f3 las prerrogativas derivadas del debido proceso de la actora, pues el prove\u00eddo atacado dej\u00f3 de lado el estudio de aspectos esenciales para definir la instancia a su cargo; y, por tanto, se justifica la concurrencia del sentenciador de tutela para restablecer los derechos fundamentales conculcados e impartir la orden para que dicha situaci\u00f3n vuelva a ser examinada a la luz de las pruebas y la normativa aplicable. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo discurrido, se impone modificar el fallo proferido por el tribunal a quo en esta sede excepcional, en lo que respecta a la disposici\u00f3n de tener por cumplida la orden de tutela y archivar las diligencias, para que, en su lugar, se reanude la actuaci\u00f3n y sea el Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Ariporo quien, en ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales, examine nuevamente el expediente y dicte la determinaci\u00f3n a que haya lugar, con observancia en las consideraciones desarrolladas en precedencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: MODIFICAR la decisi\u00f3n de primer grado constitucional, dictada el 7 de marzo de 2022 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, para , que dispuso el archivo del incidente de desacato con radicado n.\u00ba 85250-40-89-001-2021-00106-01. <\/p>\n
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el prove\u00eddo dictado el 8 de febrero de 2022, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Ariporo, mediante el cual confirm\u00f3, en el grado jurisdiccional de consulta, la sanci\u00f3n de desacato impuesta contra la aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR al precitado estrado judicial que, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda a dictar la decisi\u00f3n a que haya lugar en dicha causa, en atenci\u00f3n a las consideraciones plasmadas en parte motiva de esta sentencia. <\/p>\n
CUARTO: COMUNICAR lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC4649-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC4649-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 85001-22-08-000-2022-00040-01 (Aprobado en Sala de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 7 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62850","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62850","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62850"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62850\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62850"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62850"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62850"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}