STC4651-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4651-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02343-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 23 de noviembre de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Zoraida S\u00e1nchez Oliveros contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 3 de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, y el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e interviniente en el ordinario laboral n\u00b0 2014-338. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando por medio de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y \u00abseguridad social\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, indic\u00f3 que present\u00f3 demanda contra la Empresa Colombiana de Petr\u00f3leos \u2013 ECOPETROL S.A.- y Francelina Rojas Ni\u00f1o, esposa del causante, en procura del reconocimiento de \u00abla pensi\u00f3n de sobrevivientes o sustituci\u00f3n pensional\u00bb, en \u00abcalidad de compa\u00f1era (\u2026) por el fallecimiento de LUIS EDUARDO NI\u00d1O, a partir del 10 de febrero de 1998\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de C\u00facuta, quien neg\u00f3 las pretensiones y en consecuencia absolvi\u00f3 a las querelladas. <\/p>\n
Destac\u00f3 que posteriormente, en virtud de la apelaci\u00f3n interpuesta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta localidad confirm\u00f3 lo resuelto por el a quo. Inconforme, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 3, dej\u00f3 inc\u00f3lume la decisi\u00f3n desfavorable del ad quem al considerar que \u00abel criterio acogido por el juzgador, en el que se le da prioridad a la c\u00f3nyuge, resulta aplicable en esta oportunidad (\u2026) sin que ello signifique un trato discriminatorio como lo sugiere la censura\u00bb. <\/p>\n
Resoluciones que, a juicio de la promotora, desconocieron el precedente constitucional \u00aben el cual se ha indicado de manera clara que, es permitida la vigencia de reg\u00edmenes especiales, que tengan una protecci\u00f3n igual o superior que favorezcan a los trabajadores, pero en el evento de configurarse un trato inequitativo y menos favorable, se viola el principio de igualdad y no discriminaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que, se deje sin efectos el fallo SL1844 del 12 de mayo de 2021 y en consecuencia, se \u00abcase la totalidad de la Sentencia de Segunda Instancia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADO <\/p>\n
1. La hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 3, se remiti\u00f3 a las consideraciones de la providencia confutada y solicit\u00f3 que \u00abse nieguen las pretensiones de la [gestora] dada su improcedencia, en la medida que no se ha incurrido en la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales aludidos, y la [disposici\u00f3n] no fue caprichosa ni arbitraria, sino el resultado de la aplicaci\u00f3n normativa y jurisprudencial vigente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. La apoderada general de ECOPETROL S.A., inform\u00f3 que en el juicio \u00abse respetaron y garantizaron los derechos fundamentales de las partes (\u2026), profiri\u00e9ndose la [determinaci\u00f3n] a lugar conforme al an\u00e1lisis y la evaluaci\u00f3n de las pruebas allegadas, decretadas y practicadas dentro del mismo; ahora, diferente es, que la parte solicitante no se encuentre conforme con [el veredicto] (\u2026) en raz\u00f3n a que no acogi\u00f3 sus argumentos y pretensiones, por lo que, hoy busca se acceda al reconocimiento de las mismas v\u00eda constitucional, que como ya se ha dicho, no cumple los requisitos esenciales de procedencia. Reiteramos que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno a la accionante\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al advertir que la decisi\u00f3n cuestionada fue \u00abdebidamente fundamentada, sustentada en normas jur\u00eddicas vigentes para la \u00e9poca y en la interpretaci\u00f3n que de ellas ha venido realizando la Sala Especializada, pues es criterio de esa Corporaci\u00f3n que la norma aplicable para la definici\u00f3n del derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes es aquella que est\u00e1 vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00ab[e]sta l\u00ednea interpretativa implicaba que la Sala especializada aplicara el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto Reglamentario 1160 de 1989, sin la exclusi\u00f3n de la expresi\u00f3n \u201ca falta de este\u201d, es decir, en su contenido original que exclu\u00eda a la compa\u00f1era permanente del causante, cuando concurr\u00eda la c\u00f3nyuge sobreviviente, porque era la disposici\u00f3n vigente al 10 de febrero de 1998, fecha del fallecimiento del causante en este caso\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado de la convocante para insistir en su pretensi\u00f3n, destacando que \u00abla Sala Penal de la Corte no realiz\u00f3 un an\u00e1lisis detenido de los yerros protuberantes que se le reprochan la providencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (\u2026), pues como claramente se observa en la [resoluci\u00f3n] impugnada, pr\u00e1cticamente se hace una remembranza de los argumentos de esta \u00faltima Corporaci\u00f3n, para luego acotar que sus consideraciones resultan ajustadas a la l\u00ednea jurisprudencial de la Corporaci\u00f3n (\u2026), as\u00ed como a los preceptos Constitucionales, pese a que evidentemente se incurri\u00f3 en una conducta discriminatoria\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 la gestora (SL1844-2021, rad. 77261), por mantener en firme la resoluci\u00f3n desestimatoria del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los fallos del 15 de diciembre de 2014, 21 de octubre de 2016 y 12 de mayo de 2021, proferidos por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 3, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume la sentencia desestimatoria del tribunal ad quem, en tanto consider\u00f3 que \u00abel criterio acogido por el juzgador, en el que se le da prioridad a la c\u00f3nyuge, resulta aplicable en esta oportunidad (\u2026) sin que ello signifique un trato discriminatorio como lo sugiere la censura\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los dos cargos, encaminados por la v\u00eda directa, en la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida de los \u00abart\u00edculos 279 de la Ley 100 de 1993, 3-1 Ley 71 de 1988, 6-1 del Decreto 1160 de 1989, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 1 Ley 22 de 1967, 8, 17 y 48 de la Ley 153 de 1887, 1, 6-1, 10, 46, 47 y 141 de la Ley 100 de 1993, 7 de la Ley 1285 de 2009, que modific\u00f3 el art\u00edculo 16 de la Ley 270 de 1996, 145 del CPTSS y 4 del CPC\u00bb y la \u00abinfracci\u00f3n directa del art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Nacional y por aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 279 de la Ley 100 de 1993, 3-1 Ley 71 de 1988, 6-1 del Decreto 1160 de 1989 en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 1 Ley 22 de 1967, 8, 17 y 48 de la Ley 153 de 1887, 5, 42, 48, 53, 93 y 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; 145 del CPTSS y 4 del CPC\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00abEl Tribunal indic\u00f3 que en el sub lite, no era aplicable la Ley 100 de 1993, como se consign\u00f3 expresamente en su art\u00edculo 279; adem\u00e1s que, dada la fecha de [deceso] de Luis Eduardo Ni\u00f1o, 10 de febrero de 1998, las normas que reg\u00edan el reconocimiento pensional deprecado, eran los art\u00edculos 3 de la Ley 71 de 1988 y 5 y 6 del Decreto 1160 de 1989, es decir, que, ante la existencia de c\u00f3nyuge, se desplazaba a la compa\u00f1era permanente por expresa disposici\u00f3n legal y en consecuencia no le asist\u00eda el derecho deprecado a la accionante Zoraida S\u00e1nchez Oliveros\u00bb. <\/p>\n
En este sentido recalc\u00f3 que le corresponde \u00aba la Sala determinar, si err\u00f3 el [fallador] al dar aplicaci\u00f3n a Ley 71 de 1988 y a los art\u00edculos 5 y 6 del Decreto 1160 de 1989, para disponer del derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, causada por Luis Eduardo Ni\u00f1o, quien [muri\u00f3] en 1998 y se encontraba al servicio de la empresa demandada\u00bb. <\/p>\n
Inicialmente, se\u00f1al\u00f3 que \u00aba partir de la sentencia del Consejo de Estado, que declar\u00f3 la nulidad de la expresi\u00f3n \u00aba falta de este\u00bb contenida en el art. 6\u00ba del Decreto Reglamentario 1160 de 1989 (CE-SEC2-EXP2006-N803-99), la c\u00f3nyuge del causante no excluye a la compa\u00f1era permanente como beneficiaria de la sustituci\u00f3n pensional prevista en el art\u00edculo 3 de la Ley 71 de 1988\u00bb. <\/p>\n
En ese aspecto, destac\u00f3 que \u00abde conformidad con el art\u00edculo 189 de la Ley 1437 de 2011 CPCA, las [providencias] de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2 del art\u00edculo 237 de la Constituci\u00f3n Nacional, tienen efectos hacia el futuro, salvo que el juez disponga otra cosa, lo que en este caso no ocurri\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Conforme lo anterior, concluy\u00f3 que el criterio acogido por el tribunal, en el que se le da prioridad a la c\u00f3nyuge, resulta aplicable en este caso y agreg\u00f3 que tal situaci\u00f3n se ratifica \u00abtrat\u00e1ndose de una prestaci\u00f3n causada en 1998, con anterioridad a la declaratoria de nulidad parcial del art\u00edculo 6 del Decreto 1160 de 1989, que ocurri\u00f3 en el 2006, sin que ello signifique un trato discriminatorio como lo sugiere la censura\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, precis\u00f3 que \u00ablos fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos del presente proceso se acomodan a las directrices doctrinales referidas, resulta imperioso se\u00f1alar que en ning\u00fan yerro pudo incurrir el Tribunal, por lo que los cargos no prosperan\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los fallos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 30 de marzo de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC4651-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC4651-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02343-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62851","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62851","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62851"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62851\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62851"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62851"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62851"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}