STC4653-2022_1<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4653-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-00169-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 de febrero de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Daniel Victaliano Barrero contra la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca y el Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquir\u00e1, as\u00ed como los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, salud, m\u00ednimo vital, vida digna, igualdad, trabajo, dignidad humana, \u00abestabilidad laboral reforzada\u00bb, \u00abfavorabilidad\u00bb, \u00abestabilidad en el empleo\u00bb, \u00absolidaridad\u00bb, \u00abintegraci\u00f3n social\u00bb, \u00abno discriminaci\u00f3n\u00bb, \u00abrespeto de la cosa juzgada constitucional\u00bb y \u00abde la interpretaci\u00f3n aut\u00e9ntica que hace la Corte Constitucional con fuerza de autoridad\u00bb, presuntamente vulneradas por la autoridad acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se \u00abdeje sin efectos y valor jur\u00eddico alguno la sentencia SL4432-2021\u2026 y\u2026 se deje plenamente vigente la sentencia proferida el d\u00eda 26 de septiembre de 2018 por la Sala de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Daniel Victaliano Barrero promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra Gehema Energy and Pumping SAS, hoy Global Energy & Production Company SAS, con miras a que se declarara que exist\u00eda un contrato de trabajo por obra o labor, el cual finaliz\u00f3 de forma unilateral, sin autorizaci\u00f3n del Ministerio de Trabajo, pese a su discapacidad; y que se condenara a su reintegro, al pago de los salarios dejados de percibir, prestaciones sociales, cotizaciones al sistema de seguridad social y la respectiva indemnizaci\u00f3n y costas. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquir\u00e1, el que dict\u00f3 sentencia el 14 de agosto de 2018, en la que absolvi\u00f3 a la demandada, determinaci\u00f3n que fue objeto de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. El 26 de septiembre de 2018 la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca revoc\u00f3 esa decisi\u00f3n, declar\u00f3 que el demandante ten\u00eda el estatus de aforado por estabilidad ocupacional reforzada y efectu\u00f3 las condenas respectivas. Tras ser recurrida en casaci\u00f3n dicha providencia, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, el 20 de septiembre de 2021 la cas\u00f3 y confirm\u00f3 el fallo del Juzgado. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 el accionante que labor\u00f3 en la empresa accionada de noviembre de 2015 a julio de 2016, fecha en la que se produjo su despido; que el 2 de febrero de 2016 sufri\u00f3 un accidente de trabajo, por lo que se le diagnostic\u00f3 dolor lumbar, hernias, espasmo muscular, entre otras; y que hab\u00eda sufrido distintas secuelas, por lo que le dieron algunas incapacidades. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que ten\u00eda estatus de aforado por estabilidad ocupacional reforzada, pero le fue terminado su contrato sin autorizaci\u00f3n del Ministerio de Trabajo; y que la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez realiz\u00f3 el dictamen de p\u00e9rdida de capacidad el 13 de julio de 2018, esto es, 25 meses despu\u00e9s de su despido. <\/p>\n
2.6. Adujo que instaur\u00f3 el respectivo juicio laboral; que la Sala de Casaci\u00f3n acusada se apart\u00f3 de las consideraciones del Tribunal que eran fundamentadas; que se le dio prevalencia a un dictamen realizado 25 meses despu\u00e9s y se concluy\u00f3 que los destinatarios del fuero eran los que tuvieran una limitaci\u00f3n igual o superior al 15% de la p\u00e9rdida de capacidad laboral -\u00e9l ten\u00eda 12,7-. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que se desconoci\u00f3 la jurisprudencia de la Corte Constitucional; que no se desvirtuaron los planteamientos en los que se fund\u00f3 la sentencia de segundo grado, menos el de no dar por cierto que su despido fue consecuencia de la culminaci\u00f3n de la obra contratada; y que se presentaba una inseguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
2.8. Asever\u00f3 que se configur\u00f3 una v\u00eda de hecho por defecto sustantivo al desconocer su estatus de aforado por estabilidad ocupacional reforzada, el que se encontraba garantizado sin la necesidad que existiera un dictamen de perdida de capacidad laboral; y que se present\u00f3 un defecto procedimental por la extralimitaci\u00f3n de las funciones de la Sala demandada. <\/p>\n
2.9. Agreg\u00f3 que se hicieron consideraciones que no fueron expresamente se\u00f1aladas por el ad-quem; que la empresa demandada sali\u00f3 favorecida; que el fallo criticado era arbitrario y demostraba la desconexi\u00f3n con el ordenamiento jur\u00eddico constitucional; y que se configur\u00f3 un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n Laboral No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura indic\u00f3 que mal pod\u00eda indicarse que hab\u00eda proferido una decisi\u00f3n sin fundamentos suficientes, sino que por el contrario, lo hizo con apego a la Constituci\u00f3n, la ley laboral y el precedente jurisprudencial de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1781 de 2016; que se pretend\u00eda revivir un debate ya decidido dentro de la actuaci\u00f3n, lo que lesionaba la seguridad jur\u00eddica; y que no se transgredi\u00f3 derecho fundamental alguno. <\/p>\n
2. Global Energy & Production Company SAS se pronunci\u00f3 frente a los hechos de la demanda inicial y refiri\u00f3 que se opon\u00eda a las pretensiones invocadas; que no evidenciaba situaci\u00f3n o circunstancia que derivara en la vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales; que el contrato de trabajo finaliz\u00f3 en virtud de una causal objetiva, esta es, el cumplimiento de la labor contratada; que siempre hab\u00eda actuado dentro del marco legal; que no conculc\u00f3 el derecho a la estabilidad laboral reforzada del actor y acat\u00f3 las recomendaciones laborales, las que perdieron vigencia antes de la terminaci\u00f3n del contrato; que no exist\u00eda un perjuicio irremediable; y que no se cumpl\u00edan los requisitos de procedebilidad del resguardo impetrado. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que no se verificaba la extralimitaci\u00f3n alegada, pues al resolver el asunto la accionada cumpli\u00f3 con su deber y examin\u00f3 de fondo los motivos de disenso frente a la apreciaci\u00f3n probatoria efectuada por el Tribunal, adem\u00e1s efectu\u00f3 un estudio del caso y lo ajust\u00f3 a la jurisprudencia emitida por el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la materia; que los razonamientos no se percib\u00edan ileg\u00edtimos o caprichosos; que sobre la estabilidad reforzada, se concluy\u00f3 que si bien el ad-quem acogi\u00f3 la jurisprudencia que indicaba que era una garant\u00eda de la que gozaban todos los trabajadores en estado de debilidad manifiesta, lo cierto es que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral se hab\u00eda pronunciado frente a los requisitos que deb\u00edan acreditarse para que operara la salvaguarda del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997; que frente al desconocimiento del precedente se le advirti\u00f3 que ya se hab\u00eda pronunciado sobre la fuerza vinculante de los fallos de tutela con efectos inter partes; que no se demostraron los defectos alegados; y que la tutela no era una instancia adicional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que no compart\u00eda las argumentaciones expuestas; que de haberse efectuado un estudio adecuado de la tutela se habr\u00eda determinado que s\u00ed se probaron los desaciertos que se le enrostraban a la sentencia acusada; que no se aplic\u00f3 el precedente de la Corte Constitucional; y que se contradec\u00eda la propia jurisprudencia y t\u00e9cnica de casaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la sentencia definitoria del asunto criticado no luce arbitraria, pues consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026el segundo fallador, desde el punto de vista jur\u00eddico, acogi\u00f3 la jurisprudencia constitucional para colegir que el fuero de estabilidad laboral reforzada por salud, era una garant\u00eda de la que gozaban todos los trabajadores en estado de debilidad manifiesta, que fueran despedidos sin mediar una justa causa legal o autorizaci\u00f3n del Ministerio del Trabajo, con independencia de que para el momento de la terminaci\u00f3n del contrato se contara con una p\u00e9rdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda. <\/p>\n
Igualmente razon\u00f3 que en el particular la patolog\u00eda lumbar que padec\u00eda el actor, aunada a las incapacidades y recomendaciones m\u00e9dicas que le fueron otorgadas durante la vigencia del contrato y posterior a su terminaci\u00f3n, eran suficientes para activar la protecci\u00f3n en comento, en tanto estaba demostrado su estado de debilidad manifiesta. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con los requisitos que deben acreditarse para que opere la salvaguarda del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en sentido contrario al planteado por la segunda instancia, como se constata en la reciente sentencia CSJ SL711-2021, que explica que para aquel efecto, \u201c[\u2026] es necesario que se cumplan tres requisitos: (i) que el trabajador se encuentre en una de las siguientes hip\u00f3tesis: a) con una discapacidad moderada, que corresponde a la p\u00e9rdida de la capacidad laboral entre el 15 % y el 25 %; b) severa, mayor al 25 %, pero inferior al 50 % de la p\u00e9rdida de la capacidad laboral o; c) profunda cuando el grado de discapacidad supera el 50 %; (ii) que el empleador conozca dicho estado de salud del trabajador y, (iii) que la relaci\u00f3n laboral termine por raz\u00f3n de su discapacidad \u2013lo cual se presume salvo que medie una causa objetiva- y sin previa autorizaci\u00f3n del Ministerio de Trabajo. <\/p>\n
Aunado a ello en las providencias CSJ SL571-2021 y CSJ SL711-2021, se precis\u00f3, en relaci\u00f3n con el primer requisito, que aunque la legislaci\u00f3n nacional e internacional no se\u00f1al\u00f3 expresamente una regla num\u00e9rica para identificar la discapacidad, esta fue incorporada al art\u00edculo 7\u00b0 del Decreto 2463 de 2001, cuya aplicaci\u00f3n era imperativa en los casos en los cuales el despido aconteciera dentro de su vigencia. <\/p>\n
De tal manera, que la menci\u00f3n en esa parte de la norma sobre el grado de discapacidad moderada a severa o profunda, ha sido el patr\u00f3n que ha orientado la jurisprudencia de esta Corte, con el objetivo de identificar a los beneficiaros del principio protector, ya que no puede existir una ampliaci\u00f3n indeterminada del grupo poblacional para el cual el legislador cre\u00f3 la medida. <\/p>\n
Ahora, si bien el Decreto 2463 de 2001 estuvo vigente hasta el a\u00f1o 2013, en la providencia CSJ SL711-2021 se record\u00f3 que el instrumento establecido para la calificaci\u00f3n, previsto en el Decreto 917 de 1999, mantuvo su aplicabilidad hasta la expedici\u00f3n del nuevo Manual de Calificaci\u00f3n de Invalidez, expedido mediante el Decreto 1507 de 2014; que la Ley 1346 de 2009 incorpor\u00f3 al orden interno la Convenci\u00f3n sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, de manera que ante estos instrumentos y lo acu\u00f1ado jurisprudencialmente, se mantuvo indemne la condici\u00f3n de que la clase de limitaci\u00f3n que activaba el resguardo legal en comento, no era cualquiera, como lo dedujo con error de comprensi\u00f3n la segunda instancia, \u00absino aquella que fuera significativa\u00bb, la cual, a partir de lo establecido por legislador, se concibe como la correspondiente a, por lo menos, un grado moderado, es decir, igual o superior al 15 % de PCL. <\/p>\n
Razonamiento que encontr\u00f3 mayor soporte a partir de la integraci\u00f3n de diferentes instrumentos del ordenamiento jur\u00eddico interno en la materia, pues como se indic\u00f3 en la providencia en cita\u2026 <\/p>\n
En ese sentido, constata la Corte que el Juez de apelaci\u00f3n incurri\u00f3 en el error de intelecci\u00f3n que se le increpa, al indicar que la protecci\u00f3n laboral sobre la que se discierne, no estaba sometida a la acreditaci\u00f3n de un grado de discapacidad espec\u00edfico, pues como se explic\u00f3, conforme los instrumentos jur\u00eddicos que mantuvieron su rigor, aunado a la jurisprudencia como criterio interpretativo, los destinatarios del fuero de conservaci\u00f3n del empleo sobre el que se reflexiona, son \u00fanicamente aquellos trabajadores que tienen una limitaci\u00f3n igual o superior al 15 % de su p\u00e9rdida de la capacidad laboral, independientemente del origen que tenga. <\/p>\n
Lo dicho teniendo en cuenta que, al tenor de los art\u00edculos 2\u00b0 de la Ley 1618 de 2013 y 3\u00b0 del Decreto 1507 de 2014\u2026 <\/p>\n
Y aunque la Corte admite libertad probatoria para determinar el grado de discapacidad relevante y ha reconocido que una calificaci\u00f3n t\u00e9cnica descriptiva de la PCL no es el \u00fanico medio probatorio id\u00f3neo para probar esa condici\u00f3n, ha aceptado que por excepci\u00f3n, \u00ab[…] en el evento de que no exista una calificaci\u00f3n y, por lo tanto, se desconozca el grado de la limitaci\u00f3n que pone al trabajador en situaci\u00f3n de discapacidad, […] esta puede inferirse de su estado de salud\u00bb, siempre y cuando, se resalta y enfatiza, \u00absea notorio, evidente y perceptible, precedido de elementos que constaten la necesidad de la protecci\u00f3n\u00bb y corresponda a ese par\u00e1metro de grado moderado fijado por el legislador y la jurisprudencia, en ning\u00fan caso respecto de cualquier afectaci\u00f3n de salud, como err\u00f3neamente lo consider\u00f3 el Juez colectivo. <\/p>\n
No sobra advertir que en lo que ata\u00f1e a la fuerza vinculante de las decisiones de la Corte Constitucional, esta Sala, en la sentencia CSJ SL184-2021, ya tuvo oportunidad de referirse, precisando que en trat\u00e1ndose de las proferidas como resultado de acciones de tutela, al tener efectos inter partes, era posible su distanciamiento, como ocurre en este caso, siempre que se cumpla con el deber de trasparencia y argumentaci\u00f3n suficiente, en armon\u00eda con los derechos y los principios constitucionales. <\/p>\n
Al respecto, la sentencia CSJ SL184-2021, al apartarse en otro caso de los preceptos establecidos por una sentencia de unificaci\u00f3n de la Corte Constitucional, explic\u00f3\u2026 <\/p>\n
Por lo anterior, el cargo sale avante y habr\u00e1 de casarse la decisi\u00f3n impugnada. La Sala se abstiene de estudiar los dem\u00e1s cargos, comoquiera que la prosperidad del primero resulta suficiente para derruir los cimientos de la segunda decisi\u00f3n. <\/p>\n
Y en la sentencia de instancia, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026basta con reiterar las consideraciones expuestas en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, para dar contestaci\u00f3n a los reparos del apelante, preciso es destacar que, pese a que esta Corte admite libertad probatoria para determinar el grado de discapacidad relevante, en direcci\u00f3n de obtener la protecci\u00f3n del fuero origen del debate, en esta oportunidad la historia cl\u00ednica y las incapacidades otorgadas a \u00e9l\u2026, no son conclusivas del grado de limitaci\u00f3n de capacidad laboral que el padec\u00eda para la fecha del despido. <\/p>\n
Se dice lo previo, porque aunque en ellas se anot\u00f3 como diagn\u00f3stico \u00ablumbago con ci\u00e1tica\u00bb, \u00abotras degeneraciones especificadas de discos intervertebrales\u00bb y \u00ablumbosacra dolorosa con irradiaci\u00f3n del dolor hac\u00eda el miembro inferior derecho\u00bb y se emitieron unas recomendaciones m\u00e9dicas laborales y extra laborales por su trastorno de columna\u2026, que dan cuenta que para la fecha de vigencia del contrato el recurrente presentaba una restricci\u00f3n para ciertas actividades, que no se discute conoci\u00f3 el empleador, lo cierto es que dichas anotaciones no permiten determinar una p\u00e9rdida de su capacidad laboral por lo menos en grado moderado. <\/p>\n
En contraposici\u00f3n, para esta Sala s\u00ed resulta concluyente el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Zipaquir\u00e1\u2026, que, aunque se practic\u00f3 el 13 de julio de 2018, es decir, con posterioridad a la intervenci\u00f3n por neurocirug\u00eda, tuvo en cuenta ex\u00e1menes m\u00e9dicos practicados durante la vigencia del contrato, para tasarla en un 12,70 %, con fecha de estructuraci\u00f3n el 4 de octubre de 2016, es decir, posterior a la culminaci\u00f3n del contrato de trabajo. <\/p>\n
Puntualiza la Sala, en relaci\u00f3n con lo \u00faltimo, que aunque, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL1039-2021, reiterada en la CSJ SL, 18 may. 2021, rad. 83020, indic\u00f3 que la calificaci\u00f3n de la estructuraci\u00f3n de la discapacidad posterior al despido, no impide el otorgamiento de la garant\u00eda sobre la que se reflexiona, siempre que, como en aquel caso, est\u00e9 \u00abfundamentada en los ex\u00e1menes y diagn\u00f3sticos realizados en \u00e9pocas donde estuvo vigente la relaci\u00f3n laboral\u00bb, esa regla no es extensible al asunto decidido, toda vez que en ese proceso exist\u00edan medios de prueba indicativos de la evidente y significativa mengua de la capacidad laboral del trabajador, lo que como ya se indic\u00f3 no ocurre en este caso. <\/p>\n
Bajo ese panorama, no se le pod\u00eda exigir a la demandada que acudiera a la autoridad administrativa para solicitar el permiso de finiquitar el v\u00ednculo contractual del promotor de la alzada, por cuanto se estaba ante una afectaci\u00f3n a la salud no prevista por el ordenamiento jur\u00eddico para que opere la protecci\u00f3n reforzada y, por ende, el empleador pod\u00eda acudir v\u00e1lidamente al modo de terminaci\u00f3n legal del v\u00ednculo, previamente pactado con el trabajador. <\/p>\n
Lo \u00faltimo porque, atendiendo la finalidad constitucional y legal de la garant\u00eda reclamada, que no es otra que proteger al trabajador de una situaci\u00f3n de discriminaci\u00f3n laboral, se exige que el subordinado se encuentre en una situaci\u00f3n de verdadera vulnerabilidad, que \u00abimplique soportar un nivel de limitaci\u00f3n en el desempe\u00f1o laboral, necesario para establecer la relaci\u00f3n directa con el acto discriminatorio que origin\u00f3 [la terminaci\u00f3n injustificada y unilateral del contrato de trabajo]\u00bb, presupuesto que no se constata satisfecho en el caso. <\/p>\n
Por consiguiente, habr\u00e1 de confirmarse la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio frente a la valoraci\u00f3n efectuada en la determinaci\u00f3n con la que se cas\u00f3 la sentencia de segundo grado, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, se advierte que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
5. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC4653-2022_1 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC4653-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-00169-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62853","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62853","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62853"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62853\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62853"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62853"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62853"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}