STC4655-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4655-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-00241-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el pasado 10 de febrero, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jes\u00fas Fernando Noval Sandoval contra la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en los procesos de protecci\u00f3n al consumidor 20-37383 y 20-441937. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en su propio nombre, acude al presente mecanismo supralegal buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb que considera quebrantados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De los medios de convicci\u00f3n allegados se puede extractar que el ac\u00e1 gestor promovi\u00f3 dos demandas de protecci\u00f3n al consumidor contra Cencosud Colombia S.A. (20-37383) y Smartec S.A.S. (20-441937). <\/p>\n
Agotadas las etapas procesales respectivas, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio profiri\u00f3 sentencias el 20 de noviembre de 2020 y el 25 de enero de 2022, a trav\u00e9s de las cuales desestim\u00f3 las pretensiones en ambas actuaciones. <\/p>\n
Ante tales determinaciones el ac\u00e1 accionante formul\u00f3 \u00abqueja o denuncio por presuntos hechos de corrupci\u00f3n\u00bb en contra de las compa\u00f1\u00edas demandadas y los funcionarios jurisdiccionales encargados de resolver los referidos asuntos, dado que, en su sentir, \u00abde manera manifiesta desde el comienzo de las actuaciones de la SIC hasta el fallo final se encuentran actuaciones irregulares de los funcionarios que evidencian violaci\u00f3n de mis derechos fundamentales\u00bb frente a la cual, dice, no se ha emitido pronunciamiento alguno. <\/p>\n
3. Sin adecuar la situaci\u00f3n planteada a alguna de las causales especiales de procedencia del amparo constitucional frente a providencias judiciales y sin indicar cu\u00e1les son las irregularidades que considera, ocurrieron en las actuaciones cuestionadas, solicita \u00abrevocar el fallo irregular y arbitrario\u00bb y \u00abse tomen las decisiones que en derecho corresponden sobre ese caso en particular\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La coordinadora del Grupo de Trabajo de Gesti\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a la prosperidad del resguardo habida consideraci\u00f3n que el gestor pretende utilizar la acci\u00f3n de tutela a modo de instancia adicional, lo cual desnaturaliza la esencia de este instrumento de protecci\u00f3n, pues lo que se busca es reabrir el debate en torno a asuntos que ya fueron resueltos por la autoridad competente. <\/p>\n
Ahora bien, frente a las quejas formuladas por Noval Sandoval contra Smartec S.A.S. y Cencosud S.A. indic\u00f3 que a las mismas se les ha dado el tr\u00e1mite de rigor, requiriendo a las aludidas compa\u00f1\u00edas a efectos de brindar cierta informaci\u00f3n necesaria para emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda. <\/p>\n
2. Por su parte el apoderado de Smartec S.A.S. solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la salvaguarda dado que las actuaciones adelantadas por la autoridad jurisdiccional se enmarcaron en el respeto por las garant\u00edas fundamentales del demandante, al tiempo que la solicitud de protecci\u00f3n \u00abresulta difusa y ambigua, present\u00e1ndose descontextualizada\u2026 al identificar procesos, denuncias y reclamos cuyo nexo causal no responde a la parte resolutiva sobre el cual invoca el amparo constitucional\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
La colegiatura a qyo neg\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada respecto de las demandas de protecci\u00f3n al consumidor. <\/p>\n
Frente a la actuaci\u00f3n distinguida con radicaci\u00f3n 20-37383 dijo que el resguardo desatend\u00eda el presupuesto de la inmediatez en tanto que, entre la emisi\u00f3n del fallo desestimatorio (20 de noviembre de 2020) y la interposici\u00f3n de la salvaguarda transcurri\u00f3 \u00abun t\u00e9rmino superior a los seis meses que ha definido la honorable Corte Suprema de Justicia como prudencial para formulaci\u00f3n de este mecanismo excepcional\u00bb sin que sea admisible que \u00abso pretexto de haber formulado las actuaciones ulteriores se extienda el hito, para sortear la satisfacci\u00f3n de tal exigencia, pues una cosa es el desenvolvimiento jurisdiccional que se cuestiona y otro bien distinto las actuaciones de \u00edndole administrativo que se originaron por las quejas enarboladas por el tutelante\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, en torno al proceso 20-441937, dijo que en la sentencia de 25 de enero del cursante a\u00f1o \u00abla autoridad jurisdiccional esboz\u00f3 los argumentos apoyados en la normatividad aplicable al caso y en la situaci\u00f3n f\u00e1ctica probada en el litigio, frente a la cual consider\u00f3 la inviabilidad de la reclamaci\u00f3n, fundada en una causal objetiva de exoneraci\u00f3n de responsabilidad por parte del productor\u00bb, observ\u00e1ndose que lo pretendido por el accionante es \u00abanteponer su propio criterio frente a la interpretaci\u00f3n y juicio valorativo\u2026 sin embargo, ello no resulta loable en sede de tutela\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, ampar\u00f3 la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 29 Superior \u00aben lo atinente al tr\u00e1mite administrativo\u00bb, valga decir, las quejas formuladas por el querellante, por cuanto observ\u00f3 \u00abuna clara demora en la atenci\u00f3n de la averiguaci\u00f3n preliminar que distorsiona el debido proceso en el tr\u00e1mite sancionatorio -art\u00edculo 47 y siguientes del CPACA-, m\u00e1xime cuando no se evidencia ninguna justificaci\u00f3n por parte de la funcionaria encargada de llevar el caso\u00bb; en tal sentido otorg\u00f3 el lapso de 48 horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n de la sentencia, para que la Direcci\u00f3n de Investigaciones de Protecci\u00f3n al Consumidor de la SIC \u00abadopte la determinaci\u00f3n que legalmente corresponda, con miras a que la actuaci\u00f3n administrativa 20-442588 sea impulsada de manera adecuada\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El querellante disinti\u00f3 de la determinaci\u00f3n relatando en primer lugar lo que, en su sentir, son \u00abirregularidades\u00bb en el tr\u00e1mite del reparto de la presente acci\u00f3n constitucional e insistiendo en que \u00abel fallo judicial de la sic\u2026 de manera manifiesta es una canasta de actuaciones irregulares, arbitrarias y delictivas\u2026 [pues] se manipul\u00f3 los tr\u00e1mites, se manipul\u00f3 el video\u2026 se legaliz\u00f3 personer\u00eda al apoderado de la empresa Smartec una hora despu\u00e9s de citada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad querellada lesion\u00f3, dentro de los procesos de protecci\u00f3n al consumidor 20-37383 y 20-441937 incoados por Jes\u00fas Fernando Noval Sandoval, las garant\u00edas fundamentales por \u00e9l invocadas. <\/p>\n
La Sala no se detendr\u00e1 en las manifestaciones del quejoso en torno a lo que consider\u00f3 \u00abirregularidades\u00bb en el reparto de la presente tutela dado que la garant\u00eda al debido proceso fue salvaguardada por las autoridades cognoscentes, tanto as\u00ed que tuvo la oportunidad de impugnar el fallo constitucional en lo que le fue adverso. <\/p>\n
Ahora, tampoco se ocupar\u00e1 de aquello que fue objeto de amparo por parte de la corporaci\u00f3n de primer grado, principalmente porque las aspiraciones del convocante fueron acogidas al haberse ordenado a la Direcci\u00f3n de Investigaciones de Protecci\u00f3n al Consumidor dar impulso a las quejas formuladas por aquel. <\/p>\n
2. Del caso concreto <\/p>\n
2.1 El requisito de inmediatez respecto de las presuntas irregularidades acaecidas en el proceso 20-37383. <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos se concluye que, como lo cuestionado son las presuntas irregularidades acaecidas en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor 20-37383 por Jes\u00fas Fernando Noval Sandoval, debe entenderse que las mismas se consumaron con la emisi\u00f3n de la sentencia desestimatoria proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio por ser el \u00faltimo acto procesal que podr\u00eda considerarse por la parte como an\u00f3malo, de all\u00ed que sea a partir de aquel momento desde donde deba comenzar a contabilizarse el plazo prudencial referido precedentemente. <\/p>\n
En tal sentido, es claro que el accionante tard\u00f3 en acudir a este remedio constitucional comoquiera que el aludido fallo data del 20 de noviembre de 2020, mientras que el resguardo fue incoado el 1\u00ba de febrero de 2022; es decir, transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o desde su emisi\u00f3n. <\/p>\n
Y es que, visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presunto afectado con la decisi\u00f3n que considera vulneradora de sus derechos fundamentales, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones y actuaciones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una determinaci\u00f3n judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; sin embargo, en este caso, el actor nada dijo para tratar de justificar la tardanza en promover el resguardo, al tiempo que no se evidencian situaciones ajenas a su voluntad que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente a la acci\u00f3n de tutela, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026 no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
Entonces, frente a este t\u00f3pico, la censura no est\u00e1 llamada a prosperar. <\/p>\n
2.2. La razonabilidad de la decisi\u00f3n proferida dentro del proceso 20-441937 <\/p>\n
Ahora bien, analizada la presente queja, de cara al material probatorio adosado al expediente, la Sala establece que habr\u00e1 de confirmar el fallo de primer grado mediante el cual se deneg\u00f3 el resguardo, toda vez que la decisi\u00f3n adoptada por la autoridad convocada no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad que conlleve su revisi\u00f3n, sino que, por el contrario, obedece a un criterio jur\u00eddicamente fundamentado. <\/p>\n
En efecto, al revisar los argumentos esbozados por el funcionario adscrito a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, vertidos en el fallo adoptado en audiencia del pasado 25 de enero, de la cual se alleg\u00f3 copia digital, se advierte que la desestimaci\u00f3n de las s\u00faplicas obedeci\u00f3 a la configuraci\u00f3n de una causal eximente de responsabilidad del fabricante demandado, cual es la manipulaci\u00f3n o intervenci\u00f3n indebida del producto por parte de terceros ajenos a la compa\u00f1\u00eda, la que fue admitida por el propio demandante tanto en el libelo introductor, como en el interrogatorio de parte evacuado en dicha vista p\u00fablica. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, contrario a lo afirmado por el actor, la determinaci\u00f3n cuestionada se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que se pretende es anteponer la propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica por encima de la autoridad jurisdiccional, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela habida cuenta que no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En el presente asunto, Noval Sandoval ni siquiera atribuye a la providencia de la que disiente, defecto alguno que viabilice la procedencia del resguardo frente a determinaciones judiciales, sino que lo que en realidad busca es que a trav\u00e9s de este instrumento excepcional se retome una discusi\u00f3n zanjada por la autoridad competente al interior del respectivo proceso con apoyo de los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial, como si se tratara de una instancia adicional o paralela a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, respecto de lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 abr. 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 mar. 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
3. Conclusiones <\/p>\n
3.1. Frente al proceso 20-37383, el accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, adem\u00e1s no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha demora. <\/p>\n
3.2. Asimismo, el fallo adoptado en el asunto 20-441937 no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda, al tiempo que el demandante pretende utilizar esta herramienta de protecci\u00f3n a modo de instancia adicional o paralela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia en lo que fue objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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