STC4657-2022_2<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4657-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-00388-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 de marzo de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan David G\u00f3mez P\u00e9rez, contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del juicio objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de la prerrogativa fundamental de petici\u00f3n, que dice vulnerada por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene al estrado acusado \u00abdar respuesta clara, completa y de fondo al derecho de petici\u00f3n presentado el d\u00eda 17 de enero de 2022\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 el accionante que era abogado dentro de la parte demandada dentro de un juicio verbal que se adelantaba en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogot\u00e1; y que dicho expediente se encontraba digitalizado, pero que el demandante hab\u00eda agendado m\u00e1s de 7 citas para acudir al estrado judicial, tal como se pod\u00eda verificar en la p\u00e1gina web. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1al\u00f3 que el 17 de enero de 2022 present\u00f3 petici\u00f3n con miras a que se le informaran las fechas en las que la parte demandante o su apoderado hab\u00edan acudido al despacho, la duraci\u00f3n de las visitas, la identificaci\u00f3n de las personas y de los funcionarios que las hab\u00edan atendido. <\/p>\n
2.3. Sostuvo que el estrado acusado le contest\u00f3 su petici\u00f3n el 7 de febrero de 2022 aduciendo que el derecho de petici\u00f3n no se encontraba previsto en los procesos judiciales, lo que transgred\u00eda dicha prerrogativa, en tanto no buscaba informaci\u00f3n sustancial sino ajena al proceso. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que contrario a lo indicado por el accionante el proceso no se encontraba digitalizado, pues fue radicado antes del 1\u00ba de julio de 2020; que atendi\u00f3 la petici\u00f3n elevada con auto de 7 de febrero de 2022, en donde le inform\u00f3 que del 1\u00ba de julio del 2020 a septiembre del 2021, los apoderados y partes deb\u00edan agendar cita para la revisi\u00f3n del expediente f\u00edsico, y a partir de octubre del 2021 el acceso al despacho no estaba restringido, prest\u00e1ndose la atenci\u00f3n en baranda de manera normal; que los derechos de petici\u00f3n no proced\u00edan en los procesos judiciales; que el gestor pretend\u00eda obtener datos que los estrados judiciales no estaban obligados a llevar -registro o control de quienes revisan los procesos y las veces que lo hac\u00edan-; que la actuaci\u00f3n desplegada hab\u00eda sido conforme al C\u00f3digo General del Proceso; y que no transgredi\u00f3 la prerrogativa invocada. <\/p>\n
2. Ruth Celina Rodr\u00edguez Erazo, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderada de la demandante Olitocompu Ltda., alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que la habilite para representar a dicha vinculada. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que la solicitud elevada por el gestor no concern\u00eda a un acto jurisdiccional propiamente dicho, pues no ten\u00eda como prop\u00f3sito impulsar la actuaci\u00f3n procesal para que se definiera el proceso, sino que se limitaba a pedir una certificaci\u00f3n sobre las personas que hab\u00edan acudido a la secretar\u00eda a revisar el expediente, las fechas, duraci\u00f3n, finalidad de visitas e identificaci\u00f3n de empleados; que s\u00ed era procedente aplicar las reglas del derecho de petici\u00f3n, pues lo solicitado apuntaba a temas de administraci\u00f3n secretarial; que lo contestado en el auto de 7 de febrero no daba respuesta de fondo a la petici\u00f3n, pues se limit\u00f3 a indicar que como el expediente no estaba escaneado del 1\u00ba de julio de 2020 a septiembre de 2021 los apoderados deb\u00edan agendar cita para su revisi\u00f3n y que desde octubre de ese a\u00f1o, el acceso al despacho no se encontraba restringido, por lo que la atenci\u00f3n en baranda se presentaba de forma normal; que con todo la tutela no pod\u00eda prosperar por prematura, en tanto que a la fecha de su presentaci\u00f3n no hab\u00edan transcurrido los 30 d\u00edas con los que se contaba para responder el requerimiento conforme con el art\u00edculo 5 del Decreto 491 de 2020. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida aduciendo que carec\u00eda de sentido que se le hubiese denegado el resguardo; que el fallador criticado expresamente hab\u00eda indicado que no dar\u00eda respuesta de fondo; y que a\u00fan no contaba con una contestaci\u00f3n, pese a que el t\u00e9rmino expir\u00f3 el 28 de febrero de 2022. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la solicitud presentada por el promotor ante el estrado acusado, no constituye el ejercicio del derecho fundamental de petici\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, se advierte que acorde con la consistente jurisprudencia de esta Sala, en los tr\u00e1mites de naturaleza judicial deviene inviable el derecho de petici\u00f3n, comoquiera que dichos asuntos est\u00e1n sujetos a sus propias reglas de procedimiento. <\/p>\n
Al respecto, se ha precisado: <\/p>\n
\u2026si bien el se\u00f1or\u2026 reclama la protecci\u00f3n de su derecho de petici\u00f3n frente a la\u2026 accionada, la jurisprudencia constitucional tiene establecido que en la \u00f3rbita de los procesos judiciales no tiene cabida esa prerrogativa fundamental, salvo lo concerniente a actuaciones de linaje administrativo, y ello tiene su explicaci\u00f3n en que las normas procesales son las llamadas a ser aplicadas para efectos de dar respuesta a las solicitudes de las partes. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que \u2018\u2026las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (Sentencias de 20 y 31 de marzo de 2000. Expedientes T-4822 y T-4867, respectivamente)\u201d (CSJ STC, 3 oct. 2012, rad. 2012-01784-01). <\/p>\n
3. Ahora bien, tampoco se advierte vulneraci\u00f3n al debido proceso del promotor, pues auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, se vislumbra que con auto de 7 de febrero de 2022 el estrado acusado se pronunci\u00f3 frente a la solicitud elevada, decisi\u00f3n que no fue cuestionada, desperdiciando as\u00ed el escenario id\u00f3neo para exponer sus reclamos. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n ha mencionado en varias oportunidades que: <\/p>\n
\u2026no basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (CSJ STC, 25 ag. 2008, rad. 01343-00; reiterada en STC5331-2014; STC14062-2015; STC612-2016; y STC12335-2017, 16 ag. 2017, rad. 2017-00338-01). <\/p>\n
Sabido es que el cuestionamiento constitucional no se abre paso cuando la parte interesada no hizo uso de los medios de regular procedencia que ten\u00eda a su alcance para controvertir las determinaciones que dice le afectan; de suerte que si omiti\u00f3 activarlos, no puede ahora revivir esa posibilidad a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n excepcional, la cual \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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