STC4660-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4660-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01375-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 17 de agosto de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Mar\u00eda Loango N\u00fa\u00f1ez contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite en el cual se vincul\u00f3, a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esa ciudad y a las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2016-152. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abseguridad social [y] m\u00ednimo vital y m\u00f3vil\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad querellada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba recopilados se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Que la reclamante promovi\u00f3 ordinario laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- en procura de obtener la pensi\u00f3n de sobrevivientes con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su compa\u00f1ero permanente. <\/p>\n
El conocimiento del tr\u00e1mite correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali, que absolvi\u00f3 a la convocada. Posteriormente, en virtud del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia y en su lugar le concedi\u00f3 a la gestora la prestaci\u00f3n. <\/p>\n
Inconforme, la demandada recurri\u00f3 en sede extraordinaria, donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b0. 2, cas\u00f3 la resoluci\u00f3n favorable del ad quem, pues consider\u00f3 que \u00abel deceso ocurri\u00f3 el 1\u00b0 de octubre de 2015, [por lo tanto], el Juez de segundo grado debi\u00f3 verificar las 50 semanas dentro de los tres a\u00f1os anteriores a ese suceso, conforme lo previsto en el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, los cuales, no se acreditaron\u00bb. <\/p>\n
Veredicto que, a juicio de la promotora, desconoci\u00f3 el precedente establecido en el fallo SU 005 de 2018. <\/p>\n
3. Pretende, que se revoque la sentencia SL1910-2021 del 10 de mayo de 2021 y, en consecuencia, se ordene a Colpensiones a pagar \u00abla pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia confutada, realiz\u00f3 un recuento de la misma y expres\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n (\u2026) debe negarse, en la medida que la [disposici\u00f3n] se adopt\u00f3 en atenci\u00f3n a la jurisprudencia de esta Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
2. La Directora de Acciones Constitucionales de Colpensiones inform\u00f3 que \u00abuna vez realizado un an\u00e1lisis sobre la existencia de alguno de los 6 requisitos de procedibilidad de[l] [ruego tuitivo] contra [resoluciones] judiciales, se observa que el despacho [encartado] procedi\u00f3 conforme a la ley y la constituci\u00f3n.(\u2026) De otro lado, es evidente que la tutela frente al caso particular no es el mecanismo adecuado para conseguir la satisfacci\u00f3n del derecho reclamado por el actor, teniendo en cuenta que no puede constituirse en una tercera instancia para analizar el litigio objeto de debate\u00bb. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S. adujo que \u00aba ra\u00edz de la orden de supresi\u00f3n (\u2026) del extinto I.S.S. emanada del Gobierno Nacional con la expedici\u00f3n y entrada en vigencia del Decreto 2013 de 2012, la extinta entidad perdi\u00f3 la competencia para resolver peticiones relacionadas con la administraci\u00f3n del [R.P.M] toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2011 de 28 de septiembre de 2012, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013COLPENSIONES, es la entidad competente como nueva administradora del referido r\u00e9gimen pensional\u00bb. <\/p>\n
4. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cali, resalt\u00f3 que \u00abpara la \u00e9poca en la que el Tribunal emiti\u00f3 la [determinaci\u00f3n] que puso fin a la instancia, los argumentos en que basaron la misma, fue la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa \u2013 salto normativo\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al advertir que \u00abel hecho que la Sala accionada haya tomado una decisi\u00f3n con base en la jurisprudencia del \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, por considerarla m\u00e1s razonable, no vulnera derecho fundamental alguno, por ser expresi\u00f3n del ejercicio del principio de autonom\u00eda e independencia judicial, y de la funci\u00f3n de interpretar las normas jur\u00eddicas aplicables al caso puesto a su [conocimiento], dentro de los marcos de la racionalidad\u00bb. Seguidamente concluy\u00f3 que \u00ab[n]o se observa, entonces, configurado en este caso, el alegado defecto, porque la [resoluci\u00f3n] descansa en argumentos razonables, que descartan que sea producto de la arbitrariedad o el capricho, y que haya consecuentemente vulnerado o puesto en riesgo los derechos fundamentales invocados por la parte actora\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la apoderada de la reclamante para insistir en su pretensi\u00f3n y solicit\u00f3 que \u00abse d\u00e9 alcance a los fallos judiciales proferidos por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, la sentencia STC2262-2020 del 04 de marzo de 2020 y STC10214-2020 del 20 de noviembre de 2020, en las cuales se da aplicaci\u00f3n al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa desarrollada recientemente en la (\u2026) SU-005 de 2018, toda vez que la accionante cumple a cabalidad el test de procedencia realizado en sentencia T-136 del 28 de agosto de 2018, a trav\u00e9s de la cual se ampar\u00f3 transitoriamente sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 la gestora (SL1910-2021, rad. 80348), por cuanto cas\u00f3 la decisi\u00f3n estimatoria del tribunal y en su lugar neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada, declar\u00f3 la prosperidad del recurso, en tanto consider\u00f3 que \u00abel deceso ocurri\u00f3 el 1\u00b0 de octubre de 2015, [por lo cual], el Juez de segundo grado debi\u00f3 verificar las 50 semanas dentro de los tres a\u00f1os anteriores a ese suceso, conforme lo previsto en el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, los cuales, no se acreditaron\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al analizar conjuntamente los tres cargos formulados por Colpensiones, encaminados dos de ellos, por la v\u00eda directa, en la modalidad de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea \u00abdel art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 12 de la Ley 797 de 2003, configur\u00e1ndose violaci\u00f3n de medio en relaci\u00f3n con el 1\u00b0, 13, 48, 49 y 53 de la CP.\u00bb y aplicaci\u00f3n indebida de la ley sustancial \u00abpor la violaci\u00f3n al art\u00edculo 13 literal a) de la Ley 797 de 2003\u00bb y el \u00faltimo embate, fundado en la aplicaci\u00f3n indebida de las normas previamente enunciadas, el estrado enjuiciado expuso que: \u00abLas tres imputaciones, en esencia, buscan mostrar el error del Tribunal, al avalar estarse al Acuerdo 049 de 1990, en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb. <\/p>\n
Inicialmente, realiz\u00f3 un recuento de los supuestos que se mantienen inc\u00f3lumes, los cuales son: \u00ab(i) el causante falleci\u00f3 el 1\u00b0 de octubre de 2015 (f.\u00b0 11 del cuaderno principal); (ii) reuni\u00f3 un total de 697.48 semanas durante toda su vida laboral, siendo, el \u00faltimo per\u00edodo reportado, en el a\u00f1o 2000, sin que reuniera 50 semanas dentro de los tres a\u00f1os anteriores a la muerte, como tampoco 26 en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 46 original de la Ley 100 de 1993\u00bb. <\/p>\n
Luego, indic\u00f3 que \u00aben atenci\u00f3n a la fecha de deceso, la normativa aplicable es el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003 como con acierto lo dedujo el ad quem\u00bb, no obstante, \u00abincurri\u00f3 en error al decidir el litigio con el Acuerdo 049 de 1990, pues, esta Sala ha admitido la procedencia del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, siempre y cuando se acuda a la norma inmediatamente anterior, tal como se dijo, entre otras, en la sentencia de casaci\u00f3n CSJ SL855-2021\u00bb, providencia en la que se trat\u00f3 el tema de la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial, relacionado con el fallo CC SU055-2018 y se dispuso que: <\/p>\n
\u00ab[T]eniendo en cuenta que los principios constitucionales no son absolutos y su aplicaci\u00f3n debe ser proporcional -a fin de no quebrantar otros bienes jur\u00eddicos superiores valiosos para los individuos y la sociedad-, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, frente a los efectos inter partes y a la ratio decidendi de la (\u2026) SU-05-2018, se aparta de su contenido. <\/p>\n
(\u2026) En s\u00edntesis, es preciso indicar que no se trata de desconocer el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicaci\u00f3n y actualizarlo conceptualmente bajo la \u00e9gida del modelo constitucional de prevalencia del inter\u00e9s general sobre el particular, la solidaridad y la garant\u00eda de efectividad de los derechos fundamentales sociales. <\/p>\n
Por ello, de manera reiterada y pac\u00edfica esta Corporaci\u00f3n ha adoctrinado que, respecto de las exigencias para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, el Juez no puede realizar un examen hist\u00f3rico de las leyes anteriores a fin de determinar la que m\u00e1s convenga a cada caso en particular\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente y en virtud de lo se\u00f1alado en la decisi\u00f3n SL189-2020, precis\u00f3 la improcedencia de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 46 original de la Ley 100 de 1993, y manifest\u00f3 \u00abel car\u00e1cter excepcional de dicho principio, siendo restringido y temporal\u00bb y a continuaci\u00f3n cit\u00f3 en lo pertinente: <\/p>\n
\u00ab[E]l principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa emerge como un puente de amparo construido temporalmente para que transiten, entre la anterior y la nueva ley, aquellas personas que, it\u00e9rese, tienen una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta, con el \u00fanico objetivo de que, en la medida que lo recorren, paulatinamente vayan construyendo los \u00abniveles\u00bb de cotizaci\u00f3n que la normativa actual exige. <\/p>\n
Pero \u00bfcu\u00e1l es el tiempo de permanencia de esa \u00abzona de paso\u00bb entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003? Bueno, para la Corte lo es de tres a\u00f1os, tiempo este que la nueva normativa (Ley 797 de 2003) dispuso como necesario para que los afiliados al sistema de pensiones re\u00fanan la densidad de semanas de cotizaci\u00f3n-50- y una vez verificada la contingencia de la muerte los causahabientes puedan acceder a la prestaci\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
(\u2026) Entonces, algo debe quedar muy claro. Solo es posible que la Ley 797 de 2003 difiera sus efectos jur\u00eddicos hasta el 29 de enero de 2006, exclusivamente para las personas con una expectativa leg\u00edtima. <\/p>\n
(\u2026) Una reflexi\u00f3n insoslayable, el fallecimiento del afiliado es un supuesto ineludible de la causaci\u00f3n del derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, no es un requisito de exigibilidad. Ello explica que no basta satisfacer la densidad de cotizaciones en cualquier tiempo para entender consolidado el derecho, sino que los dos elementos deben acontecer dentro del \u00e1mbito temporal que establece la ley. Este planteamiento permite entender la justificaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y su permanencia ef\u00edmera\u00bb. Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, reliev\u00f3 que \u00abcomo el deceso ocurri\u00f3 el 1\u00b0 de octubre de 2015, el Juez de segundo grado debi\u00f3 verificar las 50 semanas dentro de los tres a\u00f1os anteriores a ese suceso, conforme lo previsto en el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, los cuales, no se acreditaron, ya que la \u00faltima cotizaci\u00f3n se efectu\u00f3 en el a\u00f1o 2000 (f.\u00b0 56 a 57 del cuaderno principal), sin que sea viable acudir al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, pues la muerte ocurri\u00f3 por fuera del lapso de protecci\u00f3n temporal que se agot\u00f3 el 29 de enero de 2006\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, destac\u00f3 que \u00ab[t]ampoco, asiste el derecho al reconocimiento de la prestaci\u00f3n, con el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, al reunir, en toda su vida laboral, 697.48 semanas, siendo necesarias 1.300 y aun cuando naci\u00f3 el 28 de junio de 1941, lo que en principio lo hac\u00eda beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n del 36 de la Ley 100 de 1993, no debe pasarse por alto, que a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, no acredit\u00f3 los 750 per\u00edodos para la continuidad de esa prerrogativa, conllevando a su p\u00e9rdida, el cual, en todo caso, desapareci\u00f3 en el 2014\u00bb. <\/p>\n
Todo ello, para concluir que \u00abel Tribunal, incurri\u00f3 en los dislates formulados en las acusaciones, al pasar por alto que no se reuni\u00f3 el m\u00ednimo de semanas para otorgar la pensi\u00f3n de sobrevivientes, lo que conlleva a la violaci\u00f3n de las normas denunciadas. Por lo previo, se Casar\u00e1 la sentencia [reprochada]\u00bb y en sede de instancia confirm\u00f3 el veredicto de primer grado. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se encuentra la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb enunciados en el libelo inicial, esta Sala colige que la diferencia de criterios, por s\u00ed misma, no tiene la entidad de enervar la juridicidad del veredicto de casaci\u00f3n, aunado a que en la misma se hizo alusi\u00f3n a los postulados jurisprudenciales del \u00f3rgano de cierre laboral en lo concerniente a la problem\u00e1tica estudiada \u2013entre otros, se apoy\u00f3 en los fallos SL855-2021, 17 feb., rad. 85613; SL4650-2017, 25 ene., rad. 45262; SL1673-2020, 10 jun., rad. 74610 y SL189-2020, 28 ene., rad. 68051\u2013, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
Con todo, se reitera que, mirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Colegiatura en relaci\u00f3n con asuntos de contornos similares al presente, se encuentra necesario adecuarla, puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral, pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener la providencia refutada, precisando que, para la Sala, es procedente el respeto por las resoluciones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 30 de marzo de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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STC4660-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC4660-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01375-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62856","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62856","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62856"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62856\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62856"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62856"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62856"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}