STC4677-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4677-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01035-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Aristides Marimon de la Rosa le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad Atl\u00e1ntico, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble dado en comodato con radicado n\u00b0 087583112001-2020-00074-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante pidi\u00f3 que se decrete la nulidad de la inspecci\u00f3n judicial practicada el 1\u00b0 de junio de 2021 en la primera instancia del pleito objeto de revisi\u00f3n donde figura como demandado, as\u00ed como la invalidez de lo actuado desde esa fecha. Tambi\u00e9n solicit\u00f3 que se ordene ejercer un control de legalidad al pleito y la suspensi\u00f3n de la orden de entrega que en ambas instancias se predic\u00f3. <\/p>\n
En sustento, critic\u00f3 que el juzgado accionado practicara de forma virtual la inspecci\u00f3n judicial de su caso (1 jun. 2021). Tambi\u00e9n, reproch\u00f3 la forma en que las autoridades accionadas valoraron las pruebas del juicio (sentencias de 29 jun. 2021 y 3 mar. 2022), pues, en su sentir, no se daban las circunstancias necesarias para el \u00e9xito de las pretensiones que soport\u00f3. <\/p>\n
2. A la fecha de elaboraci\u00f3n de esta providencia no se presentaron manifestaciones adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En lo que respecta a la queja contra la inspecci\u00f3n judicial practicada por el juzgado encartado (1 jun. 2021), pronto se advierte la denegaci\u00f3n del resguardo como quiera que entre la \u00e9poca de esa actuaci\u00f3n y la radicaci\u00f3n de este auxilio (30 mar. 2022) se super\u00f3 el t\u00e9rmino de seis meses que la jurisprudencia constitucional ha establecido como razonable para la interposici\u00f3n de este mecanismo excepcional1, situaci\u00f3n que evidencia la ausencia de inmediatez y la improcedencia de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Con todo, si se superara el requisito aludido tampoco prospera el amparo dado que al revisar el sistema web de consulta de procesos de la Rama Judicial, contra la determinaci\u00f3n cuestionada ninguna impugnaci\u00f3n tempestiva se interpuso. Tampoco en el escrito de sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, presentado por el accionante contra la sentencia de primera instancia, se observa que se haya expuesto ante la magistratura encartada el reproche que por esta senda se ventila, relativo a la celebraci\u00f3n virtual del medio de prueba en comento. As\u00ed las cosas, es ostensible que el gestor cont\u00f3 con la oportunidad de exponer su censura ante los jueces naturales de su asunto y la desaprovech\u00f3, motivo suficiente para relevar la injerencia constitucional por la desidia del actor. <\/p>\n
2. Ahora, tampoco tiene \u00e9xito la censura contra la forma en la que se apreciaron las pruebas del juicio, porque la valoraci\u00f3n criticada, al margen de que se comparta, no luce antojadiza o irracional. Ciertamente, para tomar la decisi\u00f3n de confirmar el veredicto de primer grado la magistratura accionada hizo un compendio de las normas que regulan el contrato de comodato y del precedente que sobre la materia ha predicado esta Sala. Luego, sobre las probanzas que el accionante consider\u00f3 indebidamente apreciadas, el Tribunal expuso que: <\/p>\n
Debe dejarse claro que lo sucedido en el interrogatorio de parte fue que el vocero judicial de la parte pasiva formul\u00f3 una pregunta asertiva al representante legal de S&B SAS acerca de si inscribi\u00f3 o no el contrato de comodato precario en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, a lo que el interrogado respondi\u00f3 que no, explicando adem\u00e1s que no lo hizo porque esta clase de negocios no requiere esa formalidad. <\/p>\n
En seguida, descart\u00f3 que esa circunstancia fuese desconocida por el juez de primer grado quien consider\u00f3 que la falta de inscripci\u00f3n del contrato de comodato, objeto de la litis, no imped\u00eda la restituci\u00f3n pretendida dados los preceptos que reg\u00edan la disputa, raciocinios por los que se confirm\u00f3 el fallo objetado. <\/p>\n
Por \u00faltimo, el Tribunal se refiri\u00f3 a las documentales aportadas y dem\u00e1s pruebas practicadas -contrato, croquis, inspecci\u00f3n judicial- y de ellas coligi\u00f3 que el predio cuya restituci\u00f3n se pretendi\u00f3 correspond\u00eda al fundo cuya entrega se dispuso. <\/p>\n
Lo expuesto, pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
3. De otra parte, en lo que ata\u00f1e a la solicitud consistente en que se ordene realizar un control de legalidad en el juicio, se advierte que el gestor no ha acudido ante los jueces naturales de su asunto a exponer tal pedimento, de lo que se colige con facilidad el desconocimiento del car\u00e1cter excepcional y subsidiario de esta senda constitucional. <\/p>\n
4. Finalmente, sobre la pretensi\u00f3n de suspensi\u00f3n de la orden de entrega derivada del litigio materia de revisi\u00f3n, basta con recordar lo dicho por esta Sala en oportunidades de similares contornos al se\u00f1alar que: <\/p>\n
(\u2026) no es viable acudir a este auxilio como medio para suspender, retrotraer o invalidar el desarrollo y cumplimiento de diligencias que tienen origen en providencias en firme, como la de entrega, ya que \u00e9sta tendr\u00eda respaldo en el procedimiento surtido por el juez competente. Sin perjuicio de que la actuaci\u00f3n deba desarrollarse con respeto a la dignidad humana y con plenas garant\u00edas para las personas que merezcan un trato diferencial positivo. Sobre el punto, esta Corte ha esbozado que: <\/p>\n
(\u2026) la entrega dispuesta en un proceso judicial no entra\u00f1a en s\u00ed misma, un perjuicio irremediable (\u2026) pues ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (CSJ STC 6442-2019 reiterada en CSJ STC5684-2020 y STC3231-2022, entre otras) <\/p>\n
5. En definitiva, i). como quiera que el gestor no expuso oportunamente, y ante los jueces naturales de su pleito, la queja por la forma en que se practic\u00f3 la inspecci\u00f3n judicial de su litigio, ii). dado que la valoraci\u00f3n probatoria cuestionada en esta queja descansa en un discernimiento razonable conforme a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, probatoria y normativa conocida por la autoridad accionada y, iii). debido a que este mecanismo subsidiario no comporta el dispositivo para pedir el control de legalidad perseguido, ni la suspensi\u00f3n de las \u00f3rdenes de entrega dispuestas por los jueces de la causa, no queda alternativa distinta a denegar el resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve: NEGAR la tutela instada por Aristides Marimon de la Rosa. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00, STC2015, 29 en. rad. 00014- 00, STC2015, 19 feb. rad. 00278-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015, 26 mar, rad. 0590-00, STC10258-2015, 6 ago. Rad. 2015-01691-00. Reiterada en STC7721-2020, 24 dic. Rad. 2020- 00030-01 y STC3236-2021). <\/p>\n
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