STC4694-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4694-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-02506-01 <\/p>\n
(Aprobado en sala del veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 9 de noviembre de 20211, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Ricardo de Jes\u00fas y Leonor Zuluaga Aparicio y Alejandro Zuluaga \u00c1lvarez le instauraron a la Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial y el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado, ambos de Bogot\u00e1, extensiva a la Sociedad e Activos Especiales SAE, autoridades partes y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 2020-00016. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores pidieron se dejen si efectos las decisiones de instancia (29 sep. 2020 y 23 jul. 2021) y se profiera una que haga eco de sus pretensiones. <\/p>\n
Del compendio probatorio se extrae que el grupo delincuencial \u00abLos IP\u00bb usaban tres locales del centro Comercial Sucre en Girardot para la ejecuci\u00f3n de conductas delictuales como concierto para delinquir, manipulaci\u00f3n, alteraci\u00f3n y da\u00f1o inform\u00e1tico de equipos terminales m\u00f3viles y receptaci\u00f3n, raz\u00f3n por la que se profiri\u00f3 la resoluci\u00f3n de inicio del proceso de extinci\u00f3n de dominio (1\u00b0 abr. 2019) y el 10 de abril siguiente la Fiscal\u00eda Especializada present\u00f3 demanda respecto del inmueble identificado con la matr\u00edcula n\u00b0 307-27006, de propiedad de los accionantes, adem\u00e1s, se incluyeron los establecimiento de comercio Centro Comercial Sucre, Luchocell II, Tecno Comunicaciones Santi, Fidocell, Tecno mundo 1 A y Celunet la 11, pero que solo se encontraron involucrados en actividades il\u00edcitas los locales 1-09 Tecno Comunicaciones Santi, 1-07 Luchocell y el 1-15 la Cl\u00ednica del celular, sin embrago, se afect\u00f3 todo el inmueble donde funciona el centro comercial, incluido un apartamento. <\/p>\n
Agregaron que instaron ante el juez de conocimiento el control de legalidad de la medida cautelar fundado en las causales 1 y 2 del art\u00edculo 112 de la Ley 1708 de 2014, pero el estrado la declar\u00f3 acertada, porque al no estar desenglobado el bien era procedente la afectaci\u00f3n de todo el predio (29 sep. 2020), apelaron y el Tribunal lo confirm\u00f3 (23 jul. 2021). <\/p>\n
Se dolieron de que las cautelas impuestas afectan los derechos fundamentales de terceros que no se encuentran vinculados a la causa y se desconoci\u00f3 que los dem\u00e1s establecimientos nada tienen que ver con lo que se investiga, adem\u00e1s acusaron a los convocados de emitir unas providencias carentes de fundamento. <\/p>\n
2. El juzgado de conocimiento hizo el recuento de lo actuado y se opuso a las pretensiones; el Ministerio de Justicia y del Derecho dijo que lo alegado le resultaba ajeno. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia desestim\u00f3 el ruego tras inferir que \u00abaunque el il\u00edcito que motiva el proceso de extinci\u00f3n de dominio se habr\u00eda cometido en una parte espec\u00edfica del predio, el (sic) no existir una divisi\u00f3n jur\u00eddica del mismo, no permit\u00eda ejercer la acci\u00f3n contra ese preciso apartado, de modo que, inevitablemente la totalidad del inmueble resulta involucrado en el tr\u00e1mite judicial, as\u00ed como en riesgo de ser extinguido su dominio\u00bb y en esa senda hall\u00f3 la razonabilidad de los as\u00ed resuelto, que los argumentos aqu\u00ed expuestos fueron los mismos que se llevaron a la apelaci\u00f3n y, adem\u00e1s, que el pleito estaba en curso por lo que es all\u00e1 donde los interesados deben concurrir a ejercer todas las prerrogativas que la ley les otorga. <\/p>\n
4. Recurrieron los inconformes apoyados en los argumentos del libelo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Como aspecto preliminar es importante anunciar que el examen de la presunta lesi\u00f3n de las prerrogativas recaer\u00e1 de forma exclusiva en el pronunciamiento de la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 (23 jul. 2021), pues la determinaci\u00f3n de primera instancia fue sometida al escrutinio de la colegiatura antes aludida, a trav\u00e9s del recurso de alzada, de suerte que no resulta admisible una confrontaci\u00f3n similar, \u00abso pena de convertir este escenario [constitucional] en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC14012-2015, STC2377-2018, reiterada STC11805-2021, entre otras). <\/p>\n
Aclarado lo anterior, desde ya se anuncia que el desenlace objetado debe respaldarse, porque la providencia atacada resulta ser razonable, pues en el interlocutorio objeto de examen el juez plural al estudiar los reparos centrados en el control de legalidad, cimentados en la desproporci\u00f3n de las medidas cautelares, expres\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Para que la tesis del censor sea aceptable, se requiere el cumplimiento de la solemnidad del art\u00edculo 1760 del C\u00f3digo Civil2, es decir, que cada lugar se identifique individualmente con un n\u00famero de matr\u00edcula. Esa ausencia de registro de cada unidad inmobiliaria en donde se desarrollan todos y cada uno de los establecimientos, deja sin fundamento el referido planteamiento, que pretende desconocer a sus procurados como los titulares que son y ello no es viable, porque implicar\u00eda omitir las normas que regulan los bienes sujetos a registro. <\/p>\n
El en prove\u00eddo impugnado se estima que para el ente Fiscal existen elementos de juicio para concluir fundadamente que el predio objeto de esta acci\u00f3n fue utilizado indebidamente; la Sala complementa que el reconocimiento de la comunidad y las autoridades del Centro Comercial Sucre como lugar de receptaci\u00f3n, alteraci\u00f3n, manipulaci\u00f3n de equipos telef\u00f3nicos m\u00f3viles y da\u00f1o inform\u00e1tico, fue el motivo para que la Fiscal\u00eda cautelara el inmueble que es de propiedad de Alejandro Zuluaga \u00c1lvarez, Leonor y Ricardo Zuluaga Aparicio, el cual no est\u00e1 jur\u00eddicamente dividido, por eso, se insiste, ante la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos no aparece registro individual para cada local. <\/p>\n
Por ello, los propietarios de los establecimientos de comercio son arrendadores de los locales, que conforman el inmueble donde funciona el centro comercial, sin que esos contratos [de arrendamiento] transfieran la titularidad del derecho de dominio, ni extingan las obligaciones de Alejandro Zuluaga \u00c1lvarez, Cecilia Rodr\u00edguez, Leonor y Ricardo Zuluaga Aparicio sobre el bien con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0307-27006, quienes deben velar porque el uso sea conforme a la ley y las buenas costumbres. <\/p>\n
Las cautelas son consecuencia jur\u00eddica de los hallazgos advertidos en sendos allanamientos adelantados en seis establecimientos de comercio que desarrollan su objeto social en el pluricitado inmueble; ante la omisi\u00f3n de los titulares para dar al bien un uso acorde a la funci\u00f3n social de la propiedad, la Fiscal\u00eda, a trav\u00e9s de las medidas propende por finiquitar dichos actos il\u00edcitos y evitar que sea enajenado. Como se observa, la investigaci\u00f3n arroj\u00f3 elementos probatorios que fueron suficientes para que el ente Fiscal determinara que el inmueble tiene un probable v\u00ednculo con la causal 5\u00aa del art\u00edculo 16 de la Ley 1708 de 201426 y no es posible obtener los fines de las cautelas decretadas en este tr\u00e1mite con otras menos lesivas. <\/p>\n
Ahora, al ocuparse del fundamento de las medidas cautelares y luego de rese\u00f1ar la sentencia C-357 de 2019 se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Para el censor no puede considerarse proporcional y razonable el alcance de la medida cuando se encontraron elementos que probablemente permitan extinguir el derecho de dominio frente al establecimiento espec\u00edfico, m\u00e1s no respecto de todo el inmueble donde funciona del centro comercial; su afirmaci\u00f3n es desacertada, porque no hay norma alguna que faculte la ilegalidad en el local de un centro comercial, como tampoco previ\u00f3 el legislador que deben realizarse actos al margen de la ley en todo el inmueble, para poder iniciar esta acci\u00f3n e imponer medidas cautelares. <\/p>\n
Contrario sensu, si una parte es usada il\u00edcitamente la administraci\u00f3n de justicia debe iniciar las indagaciones correspondientes y al contar con una inferencia m\u00ednima proceder a proteger el bien sobre el que recae la acci\u00f3n, tal como sucede en este asunto. <\/p>\n
Para el apelante el secuestro no garantiza que el bien no sufra deterioro; naturalmente ese no es su \u00fanico objetivo, pero si genera que haya un secuestre encargado de su administraci\u00f3n y le corresponde conservarlo porque tiene la obligaci\u00f3n de restituirlo. <\/p>\n
El A quo precis\u00f3 que las medidas decretadas por la Fiscal\u00eda buscan evitar que sea vendido o gravado y la continuidad de las actividades que infiri\u00f3 m\u00ednimamente all\u00ed se realizaban. La Sala complementa que el embargo saca el bien del comercio, registrando la advertencia que est\u00e1 inmerso en esta acci\u00f3n, con el fin de desestimular el inter\u00e9s de terceros; el secuestro impide que contin\u00faen desarroll\u00e1ndose las conductas denunciadas por la Fiscal\u00eda y tanto el embargo como el secuestro son razonables, dado que el m\u00ednimo probatorio es indicativo de la comercializaci\u00f3n de celulares hurtados, manipulados, alterados con da\u00f1o inform\u00e1tico y receptaci\u00f3n en ese inmueble. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las cautelas no son exageradas, irrazonables ni desproporcionadas, el embargo y secuestro del inmueble se satisface en la medida que son la v\u00eda adecuada para evitar su comercializaci\u00f3n. <\/p>\n
Que la il\u00edcita destinaci\u00f3n sea parcial porque no se present\u00f3 en todos los locales que conforman el inmueble, no es \u00f3bice para que se decrete sobre todo el bien, porque como ya se indic\u00f3, no est\u00e1 jur\u00eddicamente dividido y si uno o todos los comerciantes infringen la ley sin que los propietarios lo impidan, o con su anuencia, la consecuencia es su protecci\u00f3n de dichas acciones, por medio de las prementadas medidas cautelares, m\u00e1xime cuando la Fiscal\u00eda determin\u00f3 el reconocimiento del centro comercial como lugar destinado al hurto, manipulaci\u00f3n, alteraci\u00f3n de celulares con da\u00f1o inform\u00e1tico y receptaci\u00f3n, por ello no son excesivas, ni desmedidas, como tampoco irrazonables y el censor no demostr\u00f3 ni argument\u00f3 esto \u00faltimo, limit\u00e1ndose a enunciarlo. <\/p>\n
Finalmente, al estudiar el test de proporcionalidad de las cautelas cimentado en las sentencias C- 379 de 2004 y C-357 de 2019 rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) los criterios de necesidad y proporcionalidad integrantes del test de proporcionalidad, persiguen un prop\u00f3sito constitucionalmente relevante, como es asegurar la efectividad de una eventual sentencia, sin que pueda aducirse, que los demandados podr\u00edan intentar sustraerse a las consecuencias de un fallo adverso. Corresponde a un instrumento hermen\u00e9utico, sin que ello permita alterar derechos de mayor entidad constitucional, en raz\u00f3n a que, en un Estado Social de Derecho, el ejercicio del poder est\u00e1 sometido a la supervisi\u00f3n judicial y material de las actuaciones y omisiones de las autoridades, para garantizar no solo el orden jur\u00eddico, sino tambi\u00e9n el goce efectivo de los derechos y las libertades de las personas. <\/p>\n
En el caso bajo estudio, prevalido que se trata de garantizar el cumplimiento de la sentencia en el evento que declare la p\u00e9rdida del derecho de domino ante su uso para fines il\u00edcitos, es posible inferir razonablemente que en el inmueble se han realizado actos contrarios al ordenamiento (\u2026). <\/p>\n
Que las medidas afecten a quienes no comercializaban il\u00edcitamente, es una proposici\u00f3n del apelante que carece de asidero jur\u00eddico, porque las medidas s\u00f3lo involucraron a los lugares allanados en los que incautaron celulares hurtados, manipulados, alterados con da\u00f1o inform\u00e1tico y receptaci\u00f3n, debido a que los comerciantes no demostraron su l\u00edcita tenencia y disfrutan el uso de los locales, en virtud de los contratos de arrendamiento que suscribieron. Los negocios que realizan l\u00edcitamente sus negocios, no fueron afectados con cautela alguna, por esa raz\u00f3n son ajenos a sus consecuencias. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda inform\u00f3 que el inmueble donde funciona el centro comercial goza de reputaci\u00f3n de ser un lugar fraudulento y no est\u00e1 desenglobado, esos aspectos generan las medidas, que son proporcionales, necesarias y razonables; que para el togado sean elementos insuficientes de convicci\u00f3n, se torna en su manifestaci\u00f3n personal e infundada, al no desvirtuar m\u00ednimamente las evidencias que conforman este tr\u00e1mite. <\/p>\n
Para concluir que, <\/p>\n
Al estar desvirtuada la falta de acreditaci\u00f3n de la propiedad del bien con matr\u00edcula N\u00b0 307-27006, que como se ha motivado en precedencia, recae en cabeza de Ricardo de Jes\u00fas, Leonor Zuluaga Aparicio, Alejandro Zuluaga \u00c1lvarez, debido a que ning\u00fan local cuenta con matr\u00edcula independiente, no hay aspectos que el ente investigador debiera aclarar para imponer las medidas, porque los que consider\u00f3 en su resoluci\u00f3n fueron m\u00ednimos y suficientes para decretarlas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, independientemente de que se acojan o no las anteriores conclusiones, lo cierto es que no se les puede atribuir defecto alguno y, menos, calificarlas de arbitrarias o caprichosas, toda vez que, como se dijo, fueron fruto de una ex\u00e9gesis respetable del marco normativo que regula el desenlace conocido; labor en la que no es viable interferir, en virtud de la autonom\u00eda propia de los funcionarios (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, rese\u00f1ada en STC4613-2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, aunque desde otra perspectiva hermen\u00e9utica como la que sugiere la censura pudiera sustituirse la determinaci\u00f3n objeto de an\u00e1lisis, se reitera que la tutela no es el instrumento para ese fin, pues no fue concebida a manera de instancia adicional o para imponer un criterio, sino para enmendar yerros may\u00fasculos de los falladores ordinarios, que por ninguna parte se observan en el caso analizado. <\/p>\n
En consecuencia, se respaldar\u00e1 la resoluci\u00f3n revisada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que, para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el 23 de febrero de 2022, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 16 de marzo pasado. <\/p>\n
<\/p>\n
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