STC4696-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4696-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2022-00118-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 28 de febrero de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la tutela que Jorge Alfonso Saieh Jaar le instaur\u00f3 al Juzgado Quinto de Familia de esa ciudad, extensiva al Promiscuo Municipal de Puerto Colombia y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo censurado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, actuando en nombre propio, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y propiedad privada\u00bb, para que se ordenara, \u00abi) revocar el auto de 9 de diciembre de 2021, as\u00ed como las acciones provenientes de dicha providencia; ii) ordenar al Juez Promiscuo Municipal de Puerto Colombia se abstenga de auxiliar el despacho comisorio enviado por el accionado y que las acciones para la supuesta entrega las haga respetando las medidas y linderos de los folios de matr\u00edcula inmobiliaria\u00bb. <\/p>\n
En s\u00edntesis, se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Quinto de Familia de Barranquilla en la sucesi\u00f3n de Andr\u00e9s Leonidas Marim\u00f3n Garc\u00eda y Elizabeth Garc\u00eda de Marim\u00f3n (rad. 2013-00054), conforme dispuso en la sentencia de 8 de agosto de 2017, comision\u00f3 al Promiscuo Municipal de Puerto Colombia para la entrega del inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 040-210789 a los adjudicatarios Vilma del Carmen, Yasm\u00edn de Jes\u00fas e Iv\u00e1n Leonidas Marim\u00f3n L\u00f3pez (9 dic. 2021). <\/p>\n
Refiri\u00f3 que contra esa determinaci\u00f3n la Procuradur\u00eda Quinta Judicial II de Familia de esa urbe y otro, formularon recursos de reposici\u00f3n y, en subsidio apelaci\u00f3n; empero, se libr\u00f3 exhorto \u00abcomisorio para la diligencia de entrega\u00bb (16 dic. 2021), y el delegado fij\u00f3 fecha para el 16 de febrero de 2022; ello, sin solventarse los medios impugnativos. <\/p>\n
En su criterio, se lesionaron sus prerrogativas fundamentales, porque el comitente desconoci\u00f3 que \u00aben la sucesi\u00f3n de Blas Garc\u00eda Escalante\u00bb, quien dentro de sus bienes relictos ten\u00eda un lote de cinco hect\u00e1reas cuyos herederos eran Emir Santiago, Julio Escalante Garc\u00eda y Elizabeth Garc\u00eda de Marim\u00f3n, vendieron ese terreno a Julio Cesar Consuegra Anillo (23 nov.1950), quien posteriormente lo enajen\u00f3 y \u00abas\u00ed se realizaron ventas sucesivas que fueron dividiendo el predio original\u00bb, present\u00e1ndose un error de digitaci\u00f3n respecto del \u00e1rea total del predio, en que \u00abunos herederos solicitaron la apertura de otro folio de matr\u00edcula dentro del referido bien, abriendo otro 040-210789 y lo inscribieron err\u00f3neamente con una cabida de 95 hect\u00e1reas\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que lo anterior origin\u00f3 que se \u00abadelantaran tres procesos de sucesi\u00f3n cada uno por treinta hect\u00e1reas del lote\u00bb, correspondi\u00e9ndole a \u00e9l dos de ellos, \u00absiendo el objeto de controversia el de radicado 2013-00054\u00bb y \u00absi bien la sucesi\u00f3n se adelant\u00f3 con base en treinta hect\u00e1reas que hacen parte del folio de matr\u00edcula inmobiliaria 040-210789, lo cierto es que el predio nunca ha medido 95 hect\u00e1reas\u00bb, por lo que \u00abla diligencia encomendada no resulta procedente porque los linderos y medidas correspondientes dentro de la orden de entrega no se encuentran estrictamente delimitados ni corresponden a la realidad\u00bb, aunado a que \u00abno se tramit\u00f3 el recurso interpuesto dentro del t\u00e9rmino legal por la Procuradora y por el contrario de forma arbitraria dispuso la entrega del predio\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Quinto de Familia de Barranquilla, manifest\u00f3 que en el litigio criticado se \u00abdict\u00f3 sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n el 21 de abril de 2014 (\u2026) y el 8 de agosto de 2017 se aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n adicional y se orden\u00f3 la entrega material del bien constante de 15 hect\u00e1reas en indivisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Igualmente inform\u00f3 que el gestor no se encuentra relacionado en el \u00abproceso de sucesi\u00f3n como parte, tercero u otra figura procesal\u00bb, de lo que puede colegirse que \u00abno se encuentra legitimado para presentar el amparo que nos convoca\u00bb. <\/p>\n
La Procuradora Quinta Judicial II de Familia de la misma coadyuv\u00f3 \u00abla acci\u00f3n de tutela presentada por Jorge Alfonso Saieh Jaar\u00bb al advertir la vulneraci\u00f3n al \u00abdebido proceso\u00bb por el juzgado cuestionado, ya que \u00abno dio tr\u00e1mite al recurso oportunamente interpuesto contra lo resuelto el 9 de diciembre de 2021, ni tampoco lo decidi\u00f3, lo que habilita a [esa] agencia especial a cooperar, dado que el accionado, por el contrario, dio continuidad a otras actuaciones procesales que buscan materializar la orden de entrega, sin que previamente, se efectuara control de legalidad y se pronunciara sobre las irregularidades denunciadas con el predio objeto del asunto\u00bb; adicionalmente, tampoco \u00abse pronunci\u00f3 respecto a los otros recursos presentados por las partes interesadas\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia ratific\u00f3 la existencia del comisorio, admitido el 8 de febrero de 2022, pero \u00absuspendido producto del auto admisorio de esta tutela y la medida provisional concedida\u00bb. <\/p>\n
La Sociedad Inversiones y Construcciones Atique y Jenny Alexandra Calder\u00f3n Otero tambi\u00e9n \u00abcoadyuvan la solicitud de ordenar revocar el auto de 9 de diciembre de 2021, as\u00ed como las acciones provenientes de dicha providencia\u00bb porque \u00abcon la entrega ordenada se ven afectados por ser propietarios dentro de la franja en disputa judicial, por lo que es imposible la entrega debido a los yerros presentados en linderos y extensi\u00f3n del bien que se pretende\u00bb. <\/p>\n
Vilma del Carmen Marim\u00f3n L\u00f3pez se opuso al socorro, toda vez que \u00abvarios terceros han presentado sendas tutelas que han sido impr\u00f3speras contra el tr\u00e1mite judicial adelantado por el Juzgado, situaci\u00f3n que ha perjudicado a los herederos leg\u00edtimos\u00bb constituy\u00e9ndose, por tanto, un actuar temerario. <\/p>\n
Jos\u00e9 Miguel Garc\u00eda de Alba cont\u00f3 que el actor \u00abno se encuentra legitimado para que se le protejan los derechos reclamados\u00bb debido a que, \u00abla oportunidad para tal reconocimiento est\u00e1 expirada, art. 491 del C.G.P., as\u00ed tambi\u00e9n, la solicitud de exclusi\u00f3n art. 505 del C.G.P., que debe hacerse antes de que se decretara la partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El a quo concedi\u00f3 el auxilio, argumentando que aunque, \u00aben efecto el actor no cuenta con legitimaci\u00f3n dentro del tr\u00e1mite sucesoral, no es menos cierto que la solicitud planteada fue coadyuvada por la Procuradur\u00eda, por lo que hace que la Sala se pronuncie por la vulneraci\u00f3n al debido proceso, porque ante la presencia de tales recursos dentro del plenario, la providencia atacada no se encontraba ejecutoriada, evento procesal que imped\u00eda la materializaci\u00f3n de la orden de entrega, por lo que el juzgado estaba vedado de emitir pronunciamiento que conllevara a la ejecuci\u00f3n de la misma, sin antes emitir pronunciamiento objetivo frente a la decisi\u00f3n atacada\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, mand\u00f3 al estrado querellado \u00abdejar sin efecto el auto de 16 de diciembre de 2021 que envi\u00f3 el despacho comisorio ordenado en auto de 9 de diciembre de 2021 y en su lugar se proceda a resolver los memoriales contentivos de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n impetrados, adem\u00e1s de cumplir con la debida notificaci\u00f3n a las partes\u00bb. <\/p>\n
El Juez Quinto de Familia de Barranquilla replic\u00f3 el veredicto y reiter\u00f3 que \u00abel accionante carece de legitimidad para presentar acciones constitucionales por el juicio de sucesi\u00f3n por no estar vinculado dentro del proceso bajo ninguna categor\u00eda o figura jur\u00eddica, conforme lo indic\u00f3 la Corte Suprema en STC1078-2018 de 2 de febrero de 2018\u00bb, y \u00ablos recursos presentados entre ellos el de la Procuradora Judicial son improcedentes dentro del juicio de sucesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Vilma del Carmen Marim\u00f3n L\u00f3pez refut\u00f3 en los mismos t\u00e9rminos de su respuesta y, agreg\u00f3 que \u00abse han presentado varias tutelas con diferentes nombres, impidiendo en forma ostensible, injusta e ilegal el acceso a la administraci\u00f3n de justicia de los leg\u00edtimos adjudicatarios del inmueble constante de 95 hect\u00e1reas, protegiendo derechos que nunca han sido violados\u00bb, por lo que pidi\u00f3 \u00abcompulsar copias a las autoridades competentes para que se investigue a las Magistradas que admitieron la tutela para obstruir la diligencia de entrega material del bien ordenada en despacho comisorio adem\u00e1s que el expediente de esta tutela no est\u00e1 reflejado en la plataforma de TYBA\u00bb. <\/p>\n
Vilma Isabel Mendoza Pagano reproch\u00f3 lo resuelto y suplic\u00f3 la revocatoria para que se declare su improcedencia, toda vez que \u00abel fallo es infundado\u00bb; \u00abse presenta indebida acci\u00f3n de tutela con administraci\u00f3n de justicia paralela, por no existir ning\u00fan derecho sustancial de los accionantes frente al leg\u00edtimo derecho de propiedad de los herederos de Blas Garc\u00eda Escalante y menos vulneraci\u00f3n alguna, cuando el derecho vulnerado es de los herederos leg\u00edtimos\u00bb; \u00abfalacia procesal del accionante para inducir al error\u00bb; \u00abexiste el derecho sustancial de propiedad que representan los herederos leg\u00edtimos por su tradici\u00f3n y la existencia actual de las 95 hect\u00e1reas\u00bb; \u00abfalta de legitimaci\u00f3n para intervenir como tercero del ahora accionante, impidiendo siempre la entrega, la ejecuci\u00f3n de la sentencia, y en contra de quienes representamos la leg\u00edtima propiedad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Preliminarmente se aprecia que Jorge Alfonso Saieh Jaar no es parte ni tercero con \u00abinter\u00e9s\u00bb reconocido en la sucesi\u00f3n de los causantes Andr\u00e9s Leonidas Marim\u00f3n Garc\u00eda y Elizabeth Garc\u00eda de Marim\u00f3n (n\u00b0 2013-00054), lo que descarta su \u00ablegitimaci\u00f3n\u00bb para refutar, por esta excepcional v\u00eda, las determinaciones all\u00ed expedidas y las gestiones emprendidas, ya que tal y como lo ha esbozado esta Corporaci\u00f3n, de tiempo atr\u00e1s, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aquel tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal (Negrillas ajenas al texto), STC9841-2021 y STC1973-2022. <\/p>\n
Ello, si se tiene en cuenta que los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 contemplan como exigencias para su ejercicio, que quien as\u00ed obre tenga \u00abun inter\u00e9s que legitime\u00bb su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales derivadas de actuaciones o \u00abprovidencias judiciales\u00bb, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos de la Litis o son terceros a quienes afecta. <\/p>\n
S\u00famese a lo anterior, que el anhelo del precursor se circunscribe \u00aben dejar sin efecto la determinaci\u00f3n que orden\u00f3 la diligencia de entrega\u00bb del fundo que hizo parte de \u00ablos bienes relictos\u00bb, porque no se solventaron los recursos impetrados frente a esa resoluci\u00f3n, no obstante, no obra prueba en el plenario que haya debatido esa disposici\u00f3n (9 dic. 2021) \u00abcomo tercero afectado\u00bb y que el mismo se encontrara pendiente de pronunciamiento. <\/p>\n
2.- Ahora, tampoco es posible revisar de fondo las cuestiones que exponen la Procuradora Quinta Judicial II de Familia de Barranquilla, la Sociedad Inversiones y Construcciones Atique y Jenny Alexandra Calder\u00f3n Otero, dado que en este sendero especial sus manifestaciones se circunscriben a lo afirmado por el quejoso primigenio, porque la figura de la coadyuvancia no implica una oportunidad para proponer pretensiones propias, ni \u00abhabilitar\u00bb las ajenas. <\/p>\n
Esta Sala frente al particular tema, ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar, que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [F]rente a los reproches de la coadyuvante (\u2026) los mismos no pueden ser estudiados por la Corte, puesto que, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, su intervenci\u00f3n en esta especie de tr\u00e1mite excepcional bajo la figura procesal de la coadyuvancia, implica el respaldo de las razones que sustentan el reclamo, m\u00e1s no una oportunidad para promover sus propias pretensiones. As\u00ed lo precis\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia T-269 de 2012, al se\u00f1alar lo siguiente: (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Precisamente en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, reglamentado en el Decreto 2591 de 1991, se prev\u00e9 que los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo pueden intervenir en el proceso de tutela actuando como coadyuvantes. Tal como se se\u00f1al\u00f3 anteriormente, el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 dispone que \u201cquien tuviere un inter\u00e9s leg\u00edtimo en el resultado del proceso podr\u00e1 intervenir en \u00e9l como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiere hecho la solicitud (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Esto implica, en principio, que con independencia de la categor\u00eda particular dentro de la que pudieran ubicarse en raz\u00f3n de su inter\u00e9s en el proceso y del nombre que se les asigne dentro de los procesos ordinarios, en la acci\u00f3n de tutela los terceros se involucran en el proceso porque sus resultados pueden afectarlos, pero lo hacen apoyando las razones presentadas, bien por el actor o por la persona o autoridad demandadas, y no promoviendo sus propias pretensiones (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En el tr\u00e1mite de las acciones de tutela esta delimitaci\u00f3n del papel de los terceros debe armonizarse con el principio de informalidad y de prevalencia de lo sustancial que rigen el proceso. Es por esto que una persona que no solicit\u00f3 el amparo y que luego es vinculada a su tr\u00e1mite, bien por solicitud de las partes o por decisi\u00f3n oficiosa del juez, puede advertir que su inter\u00e9s no se reduce al resultado del proceso, sino que tambi\u00e9n es titular de los derechos que se ven vulnerados o amenazados en el caso concreto. Esto ocurre en virtud de los mismos hechos m\u00e1s o menos delimitados desde la instauraci\u00f3n de la tutela, y porque es la misma persona o autoridad p\u00fablica accionada quien con su conducta ha generado esta situaci\u00f3n presentada al juez de tutela (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
En estos casos, el juez de tutela est\u00e1 facultado para involucrar a esta persona, pero para que pueda actuar a favor de sus propias pretensiones, la convierte en una verdadera parte dentro del proceso, dejando as\u00ed de ser un tercero coadyuvante. Es por ello que en la sentencia puede pronunciarse sobre los derechos afectados de quien promovi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y de otros vinculados al mismo proceso en calidad de partes del mismo. A\u00fan m\u00e1s, como excepci\u00f3n al efecto inter partes de la tutela, en sede de revisi\u00f3n puede la Corte Constitucional establecer que el fallo tiene efectos inter comunis pues no solo se ven afectados quienes instauraron la acci\u00f3n, sino todos aquellos que se encuentren en condiciones objetivas similares de vulneraci\u00f3n de los derechos. Esto ocurre en las situaciones en las que adoptar un fallo solo respecto del accionante termina atentando contra el derecho a la igualdad de otras personas, y contra el goce efectivo de los derechos de la comunidad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, en la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales los par\u00e1metros para estudiar la intervenci\u00f3n de los terceros son mucho m\u00e1s estrictos. En primer lugar, siguiendo el concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un inter\u00e9s leg\u00edtimo en los resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiera hecho la solicitud, pero no est\u00e1n facultados para solicitar la protecci\u00f3n de sus propios derechos, mucho menos en detrimento de los derechos de quien solicit\u00f3 el amparo, pues es la solicitud de este \u00faltimo la que le da la unidad al proceso de tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que una providencia judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que promueva una acci\u00f3n de tutela diferente y no que presente en el tr\u00e1mite de amparo de los derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad\u00bb (Resalto de la Sala), ver en el mismo sentido, entre otras, C.C. T-1062\/10 y T-349\/12, (CSJ, STC15602-2018, 28 nov., rad. 2018-00545 (\u2026)\u00bb STC11096-2019, exp. 2019-02516-00, reiterada en STC2652-2021 y STC6149-2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si los coadyuvantes en el presente asunto consideraban afectados sus privilegios esenciales, nada imped\u00eda que acudieran directamente a este especial\u00edsimo sendero para la defensa de los mismos y no concurrir a este tr\u00e1mite supralegal de \u00abderechos fundamentales ajenos\u00bb a exponer sus desavenencias. <\/p>\n
4.- Basten estos motivos para revocar el fallo refutado y, en su lugar, negar el ruego. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, REVOCA el fallo impugnado para, en consecuencia, NEGAR la tutela impetrada por Jorge Alfonso Saieh Jaar. Por tanto, se deja sin efecto la actuaci\u00f3n que se hubiera desplegado en cumplimiento de la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4696-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC4696-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2022-00118-01 (Aprobado en Sala de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 28 de febrero de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62878","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62878","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62878"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62878\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62878"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62878"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62878"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}