STC4702-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4702-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01916-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n XXXX de esta Corporaci\u00f3n el 5 de octubre de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por M.E.M.G., actuando como guardadora de la menor A.S.A.R., contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n XXXX de XXXX de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Administradora Colombiana de Pensiones, as\u00ed como las partes e interviniente en el ordinario laboral n\u00b0 0000-000. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Esta Sala, ha decidido, como medida de protecci\u00f3n a la intimidad del menor involucrado en el asunto bajo estudio, suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes2. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando por medio de \u00abguardadora legitima\u00bb, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abseguridad social (\u2026) vida diga y m\u00ednimo vital y m\u00f3vil\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, indic\u00f3 que present\u00f3 demanda contra la Administradora Colombiana de pensiones \u2013Colpensiones- en procura del reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes con ocasi\u00f3n del deceso de su madre, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado X Laboral del Circuito de Y, que concedi\u00f3 la prestaci\u00f3n. <\/p>\n
Destac\u00f3 que posteriormente, en virtud de la apelaci\u00f3n interpuesta, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad, revoc\u00f3 lo resuelto por el a quo y en su lugar absolvi\u00f3 a la querellada. Inconforme, la gestora recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n XXXX de XXXX, dej\u00f3 inc\u00f3lume la decisi\u00f3n desfavorable del ad quem al colegir respecto del fallador de segundo grado que, \u00abno incurri\u00f3 en ninguno de los desaguisados que le achaca la recurrente, sino que, contrario a ello, se avino al precedente jurisprudencial que esta Sala de la Corte ha fijado sobre la materia\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio de la promotora, desconoci\u00f3 el inter\u00e9s superior del menor , \u00abel derecho a la igualdad (\u2026) al no darle un trato igualitario a su caso, tal como hist\u00f3ricamente lo ha hecho con otros litigios como se evidenci\u00f3 anteriormente, aun conociendo las situaciones excepcionales en las que vive (\u2026), someti\u00e9ndola a una penuria y desgaste en la b\u00fasqueda angustiante de un ingreso estable que le permita por lo menos mantener niveles b\u00e1sicos de vida digna\u00bb y el principio de favorabilidad, por cuanto, \u00abno se aplic\u00f3 la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb al caso concreto. <\/p>\n
3. Pretende, en consecuencia, se ordene a la Corporaci\u00f3n enjuiciada a \u00abemitir una nueva sentencia dentro del proceso (\u2026) y se acceda al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADA <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia confutada se remiti\u00f3 a las consideraciones de la misma y manifest\u00f3 que \u00aben el presente asunto no era posible la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa pues, tal como se explic\u00f3 en [la determinaci\u00f3n] de casaci\u00f3n, la afiliada fallecida apenas hizo su primera cotizaci\u00f3n al sistema en vigencia de la Ley 797 de 2003, es decir, que no efectu\u00f3 ning\u00fan aporte cuando estaba en pleno vigor el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993 en su redacci\u00f3n original, y por lo tanto, no ten\u00eda ninguna expectativa leg\u00edtima de dejar causada la prestaci\u00f3n por muerte\u00bb. <\/p>\n
2. La Directora de Acciones Constitucionales de Colpensiones, realiz\u00f3 un recuento del tr\u00e1mite administrativo surtido en dicha entidad con ocasi\u00f3n de las solicitudes elevadas a nombre de la menor e inform\u00f3 que \u00abuna vez realizado un an\u00e1lisis sobre la existencia de alguno de los 6 requisitos de procedibilidad de[l] [ruego tuitivo] contra [resoluciones] judiciales, se observa que el despacho [encartado] procedi\u00f3 conforme a la ley y la constituci\u00f3n.(\u2026) De otro lado, es evidente que la tutela frente al caso particular no es el mecanismo adecuado para conseguir la satisfacci\u00f3n del derecho reclamado por [la libelista], teniendo en cuenta que no puede constituirse en una tercera instancia para analizar el litigio objeto de debate\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al advertir que \u00abes incuestionable que la parte actora es sujeto de especial protecci\u00f3n, sin embargo, las razones en que se fundamenta su petici\u00f3n de amparo contra la Sala de Casaci\u00f3n [XXXX] de la Corte Suprema de Justicia, relacionadas con el alcance dado all\u00ed al principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y la aplicaci\u00f3n de la Ley 797 de 2003, no configuran un defecto en la (\u2026) SL [xxx-xxx] que imponga dejarla sin efectos por v\u00eda tutelar, dado que \u00e9sta se soporta en la normativa aplicable y los precedentes de la corporaci\u00f3n accionada en la materia\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la \u00abguardadora legitima\u00bb de la convocante para insistir en su pretensi\u00f3n, destacando respecto del fallo de tutela que \u00abno resulta proporcional ni ajustad[o] a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica planteada\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00abel criterio que expone la Sala de Casaci\u00f3n [XXXX] resulta ser REGRESIVO al imponer un l\u00edmite temporal al determinar que los efectos jur\u00eddicos de la ley 797 de 2003, solo pueden diferirse hasta el 29 de enero de 2006 \u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 la gestora (SL000-0000, rad. 00000), por mantener en firme la resoluci\u00f3n desestimatoria del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala XXX XXX querellada mantuvo inc\u00f3lume la sentencia desestimatoria del tribunal ad quem, en tanto consider\u00f3 que \u00abno incurri\u00f3 en ninguno de los desaguisados que le achaca la recurrente, sino que, contrario a ello, se avino al precedente jurisprudencial que esta Sala de la Corte ha fijado sobre la materia\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los dos cargos, encaminados por la v\u00eda directa, en la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida de los \u00abart\u00edculos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, en relaci\u00f3n con el 16 del CST y el 53 de la CN, \u00ab[\u2026] lo cual ocasion\u00f3 la INFRACCI\u00d3N DIRECTA del art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993, sin la reforma que le introdujera el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003\u00bb y la \u00abinterpretaci\u00f3n err\u00f3nea del 16 del CST y del 53 de la CN, en relaci\u00f3n con los preceptos 1, 2, 3, 4, 7, 11, 47, 48 y 141 de la Ley 100 de 1993, todo dentro del marco del art\u00edculo 48 constitucional, lo cual ocasion\u00f3 la infracci\u00f3n directa del 26 de la Ley 100 de 1993, sin la reforma que le introdujo el 12 de la Ley 797 de 2003\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00abLa Corte debe establecer si el Tribunal se equivoc\u00f3 al negar la pensi\u00f3n de sobrevivientes a la menor A.S.A.R. por la muerte de su madre, al considerar que no era aplicable el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, debido a que el fallecimiento de esta se produjo despu\u00e9s del 29 de enero de 2006, y a que la afiliada no efectu\u00f3 cotizaciones antes del a\u00f1o 2003\u00bb. <\/p>\n
Inicialmente, realiz\u00f3 un recuento de los supuestos que se mantienen inc\u00f3lumes, los cuales son: \u00ab (i) [xxx xxx] falleci\u00f3 el 29 de mayo de 2011; (ii) que estuvo afiliada a Colpensiones, y cotiz\u00f3 en esa entidad un total de 34,29 semanas desde el 1\u00b0 de septiembre de 2009 hasta el 30 de abril de 2011; y (iii) que su hija es A.S.A.R., representada legalmente por la demandante, como su guardadora\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, avizor\u00f3 que \u00abel fallador plural no incurri\u00f3 en ninguno de los desaguisados que le achaca la recurrente, sino que, contrario a ello, se avino al precedente jurisprudencial que esta Sala de la Corte ha fijado sobre la materia\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, reliev\u00f3 que \u00abpor regla general, la norma que regula la pensi\u00f3n de sobrevivientes es aquella que se encuentre vigente al momento del fallecimiento. Dada la calenda del deceso de la afiliada, se tiene que la norma aplicable no es otra que el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, conforme al cual, dicha asignaci\u00f3n se causa siempre que el aportante tenga en su haber, al menos, 50 semanas en sus \u00faltimos tres a\u00f1os de vida. Salta a la vista que dicha exigencia legal no estaba ni cerca de ser cumplida\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, respecto de la posible aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa al caso concreto, precis\u00f3 que, \u00abno se dan en el presente asunto las condiciones para su aplicaci\u00f3n. Ello es as\u00ed, en primer lugar, porque la afiliada apenas hizo su primera cotizaci\u00f3n al Sistema en vigencia de la Ley 797 de 2003, es decir, que no efectu\u00f3 ning\u00fan aporte cuando estaba en pleno vigor el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993 en su redacci\u00f3n original, y por lo tanto, no ten\u00eda ninguna expectativa leg\u00edtima de dejar causada la prestaci\u00f3n por muerte\u00bb. <\/p>\n
En ese aspecto, con apoyo de lo establecido en el fallo SL5114-2020, record\u00f3 que \u00abtal como reiteradamente lo ha adoctrinado esta Corporaci\u00f3n, el mentado postulado constitucional tiene la finalidad de proteger las expectativas leg\u00edtimas de los beneficiarios de un afiliado al sistema general de pensiones que fallece, siempre que haya cotizado la densidad de semanas establecidas en la ley anterior para cubrir tal contingencia, pero cuyo hecho generador -la muerte- ocurre en vigencia de la normativa posterior\u00bb. <\/p>\n
En lo atinente a las tutelas referenciadas por la censura, manifest\u00f3 que las mismas no son pertinentes, puesto que \u00ablas situaciones f\u00e1cticas que fueron analizadas eran dis\u00edmiles a las que pone de presente el asunto bajo estudio. En todas ellas, los accionantes hab\u00edan empezado a cotizar desde antes de la vigencia de la Ley 797 de 2003, a diferencia de lo que ocurri\u00f3 con [xxx xxx] en el sub lite\u00bb. <\/p>\n
Luego, en virtud de lo se\u00f1alado en la decisi\u00f3n SL2577-2020, adujo que \u00aben segundo t\u00e9rmino, [no es posible la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa] porque no se cumple ninguno de los supuestos ya decantados por la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n para que sea viable recurrir a dicho principio, fundamentalmente, debido a que el fallecimiento de la afiliada acaeci\u00f3 despu\u00e9s del 29 de enero de 2006, l\u00edmite m\u00e1ximo establecido en la jurisprudencia de este Tribunal, que corresponde al tercer a\u00f1o de vigencia de la Ley 797 de 2003\u00bb y a continuaci\u00f3n cit\u00f3 en lo pertinente: <\/p>\n
\u00abDe lo expuesto, se vislumbra que adem\u00e1s de cumplir con las exigencias determinadas por la Sala, para cada una de la hip\u00f3tesis se\u00f1aladas, se estableci\u00f3 un l\u00edmite m\u00e1ximo para aplicar el aludido principio, de tres a\u00f1os por ser este el tiempo que la Ley 797 de 2003 previ\u00f3 como necesario para que los afiliados al sistema de pensiones re\u00fanan la densidad de semanas de cotizaci\u00f3n y puedan acceder a la prestaci\u00f3n correspondiente; t\u00e9rmino con el que se logra un punto de equilibrio y se conservan razonablemente por un lapso determinado, los derechos en proceso de formaci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) Ahora bien, en el presente asunto, no se dan las circunstancias para la aplicaci\u00f3n de la norma legal anterior, art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993, bajo el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, seg\u00fan el criterio jurisprudencial rese\u00f1ado, puesto que no es motivo de controversia que el causante para la fecha del tr\u00e1nsito legislativo el 29 de enero de 2003, no se encontraba cotizando ni ten\u00eda el mismo n\u00famero de semanas en el a\u00f1o inmediatamente anterior a esa fecha, pero adem\u00e1s, la muerte ocurri\u00f3 con posterioridad al 29 de enero de 2006 (9 de marzo de 2013), esto es, por fuera de la temporalidad m\u00e1xima establecida en la jurisprudencia atr\u00e1s citada, para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes bajo el referido principio en el tr\u00e1nsito de la Ley 100 de 1993 a la Ley 797 de 2003\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, para desestimar los cargos formulados. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb enunciados en el libelo inicial, esta Sala colige que la diferencia de criterios, por s\u00ed misma, no tiene la entidad de enervar la juridicidad del veredicto de casaci\u00f3n, aunado a que en la misma se hizo alusi\u00f3n a los postulados jurisprudenciales del \u00f3rgano de cierre laboral en lo concerniente a la problem\u00e1tica estudiada \u2013entre otros, se apoy\u00f3 en los fallos SL5114-2020, 2 dic., rad. 85380 y SL2577-2020, 7 oct., rad. 73831\u2013, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
Con todo, se reitera que, mirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Colegiatura en relaci\u00f3n con asuntos de contornos similares al presente, se encuentra necesario adecuarla, puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral, pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener la providencia refutada, precisando que, para la Sala, es procedente el respeto por las resoluciones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 31 de marzo de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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STC4702-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC4702-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01916-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62881","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62881","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62881"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62881\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62881"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62881"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62881"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}