STC4714-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4714-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00189-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 14 de marzo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cS\u201d, en su calidad de Defensor de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, contra el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo de alimentos para menores n\u00ba 2020-00000. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad del menor involucrado en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en representaci\u00f3n judicial del menor \u201cJ\u201d, habida cuenta su condici\u00f3n de Defensor de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de la ni\u00f1ez, presuntamente vulnerados por el accionado al declarar la terminaci\u00f3n del proceso seguido a favor del mencionado menor. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que, en el proceso ejecutivo promovido a trav\u00e9s del ICBF por \u201cT\u201d, madre del alimentario, el 3 de febrero de 2020 el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d libr\u00f3 mandamiento de pago contra \u201cD\u201d \u00abpor valor de $5.526.501 [y] por las cuotas que se siguieran causando con posterioridad hasta el pago total de la obligaci\u00f3n\u00bb, indic\u00e1ndose en dicha providencia \u00abque la solicitante estar\u00eda representada por el defensor de familia\u00bb. <\/p>\n
Que mientras el juzgado correg\u00eda el \u00aberror\u00bb en que incurri\u00f3 para materializar la medida cautelar de embargo de un inmueble, el ejecutado \u00abbusca a la demandante (\u2026) y sin notificarse del auto que libra mandamiento de pago y sin haber hecho un pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones, hace un acuerdo de transacci\u00f3n (\u2026) donde indica un supuesto arreglo que allega al juzgado solicitando la terminaci\u00f3n del proceso\u00bb. Ante ello, con auto del 29 de octubre de 2021, el accionado \u00abtiene por notificado al demandado por conducta concluyente y ordena correr traslado a la demandante por 3 d\u00edas\u00bb, cuando \u00abdebi\u00f3 haberle corrido el t\u00e9rmino de traslado para que contestara la demanda\u00bb. <\/p>\n
Que como Defensor de Familia \u00abse opuso expresamente a ese acuerdo de transacci\u00f3n por no ser garantista de los derechos del ni\u00f1o (\u2026), concretamente porque ordenaba el levantamiento de la medida cautelar cuando el art\u00edculo 129 del C.I.A. claramente determina que la medida cautelar solamente se levantar\u00e1 si el obligado paga las cuotas atrasadas y presta cauci\u00f3n que garantice el pago de las cuotas correspondientes a los 2 a\u00f1os siguientes\u00bb. <\/p>\n
Que, a trav\u00e9s de auto del 17 de noviembre de 2021, el juzgado resolvi\u00f3 su oposici\u00f3n de manera desfavorable, procediendo enseguida a terminar el proceso y levantar las cautelas, con lo cual \u00abdesconoci\u00f3 la prevalencia de los derechos del ni\u00f1o, su inter\u00e9s superior\u00bb y el ejercicio de sus funciones en los procesos donde se discuten los derechos de los menores. Situaci\u00f3n que reiter\u00f3 al resolver negativamente el recurso de reposici\u00f3n por \u00e9l impetrado, puesto que, \u00abcasi 3 meses despu\u00e9s de interpuesto (\u2026), mediante providencia de fecha 23 de febrero de 2022, no revoca el auto\u00bb, ante lo cual \u00abla madre del alimentario menor de edad de manera desesperada acude ante este servidor y solicita mediante de correos que se anexan que se haga algo, que no se termine el proceso y que se garanticen los alimentos de su hijo\u00bb. <\/p>\n
3. Se infiere que lo pretendido es que se invalide la providencia que decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo de alimentos y levantamiento de medidas cautelares, y en su lugar resuelva lo que en derecho corresponda. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. El Juez \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, manifest\u00f3 que \u00abse ratifica en las razones de hecho y de derecho en que se fundament\u00f3 para proferir los autos del 17 de noviembre de 2021 y del 23 de febrero de 2022, debi\u00f3 a que las providencias fueron emitidas respetando la voluntad de las partes conforme lo dispone el art. 312 del C.G.P. y atendiendo la presunci\u00f3n de buena fe consagrada en el art. 83 de la Constituci\u00f3n Nacional\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00abla madre del menor no hab\u00eda presentado ninguna inconformidad con la actuaci\u00f3n surtida, a pesar de hab\u00e9rsele dado traslado del escrito de transacci\u00f3n suscrito por ella, mediante auto del 29 de octubre de 2021, ni tampoco hizo pronunciamiento alguno cuando se emiti\u00f3 el escrito de terminaci\u00f3n y menos a\u00fan present\u00f3 ratificaci\u00f3n o apoyo al escrito de reposici\u00f3n presentado por el Defensor de Familia\u00bb. <\/p>\n
2. \u201cT\u201d, coadyuv\u00f3 la salvaguarda al afirmar que \u00abestoy totalmente de acuerdo con la tutela presentada por el defensor de familia en defensa de los derechos de mi hijo \u201cJ\u201d porque yo tambi\u00e9n as\u00ed se lo solicit\u00e9 el d\u00eda 1 de marzo de [2022]. Tambi\u00e9n pido que no se levanten las medidas cautelares en el expediente, salida del pa\u00eds, embargo del bien de (\u2026) y del reporte en centrales de riesgo, como tampoco terminar el proceso cuando no hay garant\u00eda para cumplir con la cuota alimentaria de mi hijo, tanto que el demandado no ha pagado la cuota correspondiente al mes de febrero, ni a las anteriores cuotas por las cuales se hizo el proceso ejecutivo de alimentos\u00bb. Por tanto, \u00absolicito urgentemente se resuelva en favor de mi hijo menor de edad, todo lo solicitado por el defensor de familia en esta tutela\u00bb, puesto que \u00abfui enga\u00f1ada por el estudiante de derecho en el cual yo confi\u00e9 para que asesora en este proceso y quien no obr\u00f3 a favor de los derechos de mi hijo (\u2026), haciendo que tomara una decisi\u00f3n que no era la adecuada\u00bb. <\/p>\n
3. El Procurador (\u2026) Judicial I del Trabajo y Seguridad Social de (\u2026), con funciones en la delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y Familia de \u201cX\u201d, tras darse por notificado de esta acci\u00f3n, se abstuvo de rendir concepto. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el auxilio aduciendo que, para emitir los autos del 17 de noviembre de 2021 y 23 de febrero de 2022, mediante los cuales se dispuso y ratific\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso, el accionado expuso los argumentos, \u00ablos cuales no resultan torticeros o carentes de fundamento o que ri\u00f1an con la l\u00f3gica\u00bb. Adicionalmente, porque \u00abel art\u00edculo 426 del C\u00f3digo Civil se establece que las pensiones alimenticias atrasadas podr\u00e1n renunciarse o compensarse (\u2026), y por lo dem\u00e1s, se transaron dentro del acuerdo de 11 de octubre de 2021, luego la decisi\u00f3n de finiquitar el asunto (\u2026), no resulta ilegal o defectuosa, pues fueron las partes quienes voluntariamente llegaron a dicho arreglo (\u2026). Igual ocurre por el levantamiento de las medidas cautelares decretadas\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACIONES <\/p>\n
1. En primer lugar, la interpuso la vinculada \u201cT\u201d, quien funge como ejecutante en el pleito cuya actuaci\u00f3n se critica, quej\u00e1ndose de que, para resolver, \u00abno tuvieron en cuenta mi manifestaci\u00f3n que allegu\u00e9 al tribunal (\u2026), mediante el correo del 3 de marzo de 2022, a las 10:54 AM\u00bb, donde ratificaba los argumentos esbozados por el Defensor de Familia y solicitaba suspender la ejecuci\u00f3n de la determinaci\u00f3n de terminar el proceso y levantar las cautelas. <\/p>\n
Asever\u00f3 que \u00abno se est\u00e1n garantizando los derechos de mi menor hijo (\u2026), en la forma y t\u00e9rminos que establece el art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia (\u2026). Considero que hay una v\u00eda de hecho del juez 28 de familia, quien de manera arbitraria desconoci\u00f3 lo que ordena la ley de que las medidas cautelares o embargos, solo se quitan o levanta si el demandado paga la totalidad de la obligaci\u00f3n y se garantiza los alimentos del menor de edad por el t\u00e9rmino de 2 a\u00f1os siguientes. El se\u00f1or \u201cD\u201d ha incumplido con la cuota alimentaria, por lo que he tenido que solicitarle, de manera insiste el pago\u00bb. Por \u00faltimo, adjuntando pantallazos de comunicaciones v\u00eda WhatsApp sostenidas con el demandado, dijo que se evidenciaba su incumplimiento y la falta de garant\u00edas para cubrir los alimentos de su hijo, aunado a que \u00e9l \u00abha manifestado en repetidas ocasiones su intenci\u00f3n de salir del pa\u00eds (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. Tambi\u00e9n impugn\u00f3 el promotor del amparo, razonando que \u00abolvid\u00f3 el juez de tutela que el objeto de haber establecido normas sustantivas y procesales en el C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia (\u2026), fue para la protecci\u00f3n integral de los ni\u00f1os y que dicha garant\u00eda y protecci\u00f3n ser\u00e1n obligaci\u00f3n de la familia, la sociedad y el Estado, y que seg\u00fan el art\u00edculo 9\u00b0 ibidem en todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa o judicial, prevalecer\u00e1n los derechos de los ni\u00f1os [y que] era un deber legal del juez de tutela hacer una manifestaci\u00f3n expresa a todos y cada uno de los derechos invocados (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Sala establecer si el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el accionante, al disponer la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo de alimentos n\u00b0 2020-00000, y tras ello haber procedido a la cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que la Corte realiza a la queja constitucional y con observancia en los informes y piezas procesales adosados al expediente, se establece que el fallo denegatorio del auxilio ser\u00e1 revocado y en su lugar se conceder\u00e1 el amparo, toda vez que la autoridad judicial convocada infringi\u00f3 los derechos fundamentales invocados, al incurrir en yerros espec\u00edficos de procedibilidad que ameritan la injerencia del fallador constitucional para quebrantar la resoluci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
3.1. En efecto, contrario a lo observado por la colegiatura de primer grado, la actuaci\u00f3n surtida por el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d dentro del proceso ejecutivo de alimentos n\u00b0 2020-00000, se torna defectuosa desde el momento en que tuvo por notificado al ejecutado por conducta concluyente, pues el accionado, en lugar de contabilizar el t\u00e9rmino de traslado para que el notificado procediera a ejercer su defensa o para renunciar a ella, dio curso a una \u00abtransacci\u00f3n\u00bb que, adem\u00e1s de no haberse presentado a trav\u00e9s de los representantes judiciales de las partes ni del Defensor de Familia, adolec\u00eda de claridad y concreci\u00f3n sobre la obligaci\u00f3n objeto de cobranza, como en efecto lo avizor\u00f3 el referido funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. <\/p>\n
La actuaci\u00f3n del querellado se torn\u00f3 vulneradora de los derechos fundamentales del menor alimentario, al cercenar la posibilidad de que el Defensor de Familia, de cara al acuerdo presentado directamente por los contendientes, ejerciera las funciones asignadas legalmente, en particular las se\u00f1aladas en los numerales 11 y 12 del art\u00edculo 82 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, consistentes en \u00abintervenir en los procesos en que se discutan derechos de [ni\u00f1os y adolescentes], sin perjuicio de la actuaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico y de la representaci\u00f3n judicial a que haya lugar\u00bb, y \u00abrepresentar a los ni\u00f1os, las ni\u00f1as o los adolescentes en las actuaciones judiciales o administrativas, cuando carezcan de representantes, o este se halle ausente o incapacitado, o sea el agente de la amenaza o vulneraci\u00f3n de derechos\u00bb. Se subraya. <\/p>\n
N\u00f3tese que adem\u00e1s de promover y adelantar las acciones que sean necesarias para \u00abproteger, garantizar y restablecer los derechos\u00bb de los ni\u00f1os y adolescentes, en los juicios en los que tales intereses superiores est\u00e9n involucrados, el funcionario del ICBF est\u00e1 legitimado para concurrir independientemente de que los ni\u00f1os cuenten con representante legal (padre, madre o guardador) y de que estos hayan constituido representante judicial, pues no obstante tal participaci\u00f3n, es posible que en algunos casos los derechos de los menores est\u00e9n desprovistos de una adecuada protecci\u00f3n jur\u00eddica. <\/p>\n
Precisamente, al observar las irregularidades del acuerdo transaccional, el hoy tutelante expres\u00f3 dentro del t\u00e9rmino de traslado que \u00abme opongo expresamente a dicho acuerdo de transacci\u00f3n (\u2026), como servidor p\u00fablico que garantiza, protege y tutela los derechos del menor de edad no puedo concebir que se realice una transacci\u00f3n sobre los alimentos del ni\u00f1o, cuando la madre como representante legal no tiene la facultad para renunciar a los alimentos de su hijo pasando de una suma casi de diez millones de pesos a escasamente cuatro millones de pesos, ya que el inciso final del art\u00edculo 133 del CIA exige autorizaci\u00f3n judicial para tales eventos\u00bb, por ello, \u00abno avalo, ni coadyuvo, ni acepto\u00bb. Y advirti\u00f3 que \u00abel inciso 4\u00b0 del art\u00edculo 129 del CIA claramente dice que las medidas cautelares solamente se levantar\u00e1n si el obligado paga las cuotas atrasadas y presta cauci\u00f3n que garantice el pago de las cuotas correspondientes a los 2 a\u00f1os siguientes\u00bb, y que como el obligado \u00abno es asalariado y que el \u00fanico bien que tiene y que podr\u00eda servir para garantizar los alimentos del ni\u00f1o se encuentra bajo medida cautelar, no ser\u00eda viable su desembargo\u00bb. <\/p>\n
Frente a lo anterior, era menester que el juez adoptara los correctivos pertinentes en relaci\u00f3n con la confusa redacci\u00f3n del documento, concretamente exigir se precisara por qu\u00e9 si \u00aba la fecha\u00bb del contrato -11 de octubre de 2011-, la parte motiva del acuerdo mostraba que \u00abla obligaci\u00f3n total es $9.281.457\u00bb, en la resolutiva se\u00f1alaba que el demandado \u00abadeuda por concepto de cuotas alimentarias la suma de $8.842.556, desde octubre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2021\u00bb, y pese a ello, a rengl\u00f3n seguido se establec\u00eda el pago de \u00abla obligaci\u00f3n total por valor de $4.000.000\u00bb. <\/p>\n
Empero, el juzgador de instancia, no s\u00f3lo dej\u00f3 de lado avizorar el enorme detrimento a los derechos de una persona de especial protecci\u00f3n constitucional, sino que repuls\u00f3 la cr\u00edtica y solicitudes realizadas por el ac\u00e1 querellante en su calidad de Defensor de Familia, pues en el prove\u00eddo del 17 de noviembre de 2021 se\u00f1al\u00f3 que la ejecutante era \u00abplenamente capaz y adem\u00e1s representada por apoderado\u00bb, y que el cuestionamiento de la Defensor\u00eda del ICBF, \u00abes desde de todo punto de vista carente de todo asidero y consideraci\u00f3n\u00bb; en esas condiciones, dispuso \u00abdeclarar terminado el proceso por transacci\u00f3n [y] levantar las medidas cautelares ordenadas en este asunto\u00bb. <\/p>\n
La reprochable postura la mantuvo al desatar el recurso de reposici\u00f3n que impetr\u00f3 el Defensor de Familia, pues con auto del 23 de febrero de 2022, asegur\u00f3 que es la demandante \u00abquien puede disponer y decidir respecto de los acuerdos que puede suscribir para solucionar o continuar con el litigio\u00bb, y que ella \u00abestuvo debidamente asesorada por su defensor de confianza quien debi\u00f3 explicarle los alcances del acuerdo que suscribi\u00f3\u00bb. De igual forma sostuvo someramente que el levantamiento de las medidas cautelares, aduciendo que \u00aben el presente asunto no se est\u00e1 renunciando al derecho asignado al menor, sino solo se hizo un arreglo de las sumas adeudadas hasta la fecha, disponiendo la demandante del derecho de iniciar un nuevo proceso ejecutivo en caso de no continuarse con el cumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria\u00bb. <\/p>\n
Como acaba de verse, el funcionario judicial cometi\u00f3 sendos yerros, principalmente de orden sustantivo, procedimental y por violaci\u00f3n directa a la Constituci\u00f3n, porque en lugar de velar por la protecci\u00f3n de los derechos prevalentes del menor por quien se act\u00faa en el proceso, opt\u00f3 por desconocerlos, so pretexto de que la madre de este hab\u00eda suscrito un documento de transacci\u00f3n que \u00e9l como director del proceso omiti\u00f3 analizar. <\/p>\n
En la actuaci\u00f3n judicial objeto de revisi\u00f3n, la Corte echa de menos un adecuado estudio al caso concreto pese a las inconsistencias que oportunamente le advirti\u00f3 el Defensor de Familia ac\u00e1 accionante, pues m\u00e1s all\u00e1 de emitir un pronunciamiento y tener por cumplida su labor con resolver un caso con apego a una descontextualizada norma procesal, la misi\u00f3n del juez consiste en realizar un entendimiento integral del asunto y en el marco del debido proceso, solucionar el conflicto mediante una pronta, eficiente y eficaz administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
En casos como el sub j\u00fadice, el juez no puede limitarse a aprobar la transacci\u00f3n bajo el \u00fanico supuesto de que es la manifestaci\u00f3n de voluntad de las partes, sino que deb\u00eda verificar si la misma se ajustaba a derecho, y en caso negativo, controlar y evitar que se causara un da\u00f1o o perjuicio, corrigiendo oportunamente los desfases que pudieran atisbarse, proceder que debe efectuarse con mayor rigor cuando la afectaci\u00f3n se ocasiona a un menor de edad, donde la ley permite hacer usos de sus facultades oficiosas para establecer con claridad la situaci\u00f3n puesta de manifiesto e inclusive definir ultra y extra petita. <\/p>\n
Efectivamente, sobre esta tem\u00e1tica el inciso 4\u00b0 del art\u00edculo 129 de la Ley 1098 de 2006 \u2013 C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia -, contempla que \u00ab[e]l embargo se levantar\u00e1 si el obligado paga las cuotas atrasadas y presta cauci\u00f3n que garantice el pago de las cuotas correspondientes a los dos a\u00f1os siguientes\u00bb, disposici\u00f3n que est\u00e1 redactada en similares t\u00e9rminos en el precepto 397 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Lo anterior debe evaluarse con cualquier otra medida que se estime necesaria para evitar menoscabo a los intereses del alimentario, y de ah\u00ed la importancia de articular tal disposici\u00f3n con la contenida en el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 598 ibidem, seg\u00fan la cual, \u00abse dar\u00e1 aviso a las autoridades de emigraci\u00f3n para que el demandado no pueda ausentarse del pa\u00eds sin prestar cauci\u00f3n suficiente que respalde el cumplimiento de la obligaci\u00f3n hasta por dos (2) a\u00f1os\u00bb; el precepto 4\u00b0 de la Ley 311 de 1996, que estatuy\u00f3 el \u00abRegistro Nacional de Protecci\u00f3n Familiar\u00bb, para \u00abla identidad de quienes siendo demandados, se hayan sustra\u00eddo sin justa causa al cumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria decretada mediante auto que orden alimentos provisional o como ejecutado cuando se libre mandamiento de pago en dichos procesos\u00bb; el inciso 6\u00ba del art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, y el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), estatuido con la Ley 2097 de 2021. Se destaca. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese respecto a la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds en los procesos alimentarios donde se involucran menores de edad, que la medida se deriva del derogado canon 148 del Decreto 2737 de 1989, en cuyo estudio de constitucionalidad se dijo que \u00abno tiene un fin sancionatorio sino cautelar\u00bb (C-1064\/00), y con ello evitar que el obligado evada su responsabilidad, pues en caso de intentarlo, le resultar\u00eda m\u00e1s dif\u00edcil por encontrarse bajo los directos efectos judiciales existentes en el \u00e1mbito nacional. <\/p>\n
Sobre dicha medida, de vieja data la Corte sostuvo que \u00abcontiene una restricci\u00f3n justificada al derecho de locomoci\u00f3n de los obligados a suministrar alimentos, desde la perspectiva de la prevalencia del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os consagrada en el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, implica, en todo caso, un estudio racional de las circunstancias de cada caso, y debe imponerse como producto de un an\u00e1lisis conjunto de los medios probatorios existentes en el proceso\u201d\u00bb (STC 8 may. 2014, rad. 00113-01, citada en STC7646-2015, 18 jun., rad. 00176-01). Subraya la Sala. <\/p>\n
3.3. Esta Sala ha venido sosteniendo que cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez de conocimiento de los distintos juicios, debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de sus intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio. <\/p>\n
Esto, porque se tienen como principios b\u00e1sicos que orientan la Doctrina de la Protecci\u00f3n Integral a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, consolidada a partir de la Convenci\u00f3n sobre Derechos del Ni\u00f1o: (i) la igualdad y no discriminaci\u00f3n; (ii) el inter\u00e9s superior de las y los ni\u00f1os; (iii) la efectividad y prioridad absoluta; y (iv) la participaci\u00f3n solidaria. <\/p>\n
A tono con ello, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, en su art\u00edculo 44, establece que \u00abLos derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u00bb, y frente a ello, la misma disposici\u00f3n superior se\u00f1ala que \u00abla familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores\u00bb. <\/p>\n
Aunado a los postulados internacionales, el legislador de 1989, a trav\u00e9s del Decreto 2737, previno a las personas y las entidades, tanto p\u00fablicas como privadas para que al desarrollar programas y al asumir responsabilidades en asuntos de menores, tuvieran en cuenta sobre toda otra consideraci\u00f3n, el inter\u00e9s superior de \u00e9stos, lo cual fue armonizado con la Carta de 1991, y posteriormente con el C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia – Ley 1098 de 2006, que en su art\u00edculo 8\u00ba prev\u00e9 que \u00abse entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb. <\/p>\n
Haciendo precisi\u00f3n sobre el punto, el art\u00edculo 9\u00ba del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia \u2013 Ley 1098 de 2006, se\u00f1ala que \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona\u00bb, y concluye indicando que \u00ab[e]n caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb. <\/p>\n
Cabe recordar, adem\u00e1s, que frente a la interpretaci\u00f3n de la ley procesal, el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
En este orden, procede la concesi\u00f3n del amparo, comoquiera que con la actuaci\u00f3n censurada, el accionado incurri\u00f3 en \u00abv\u00eda de hecho\u00bb por defectos sustantivo, procedimental, desconocimiento del precedente y por violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, en tanto: (i) se rigi\u00f3 bajo un contenido normativo que est\u00e1 en discordancia con los presupuestos del caso, al no aplicar adecuadamente las normas que regulan la obligaci\u00f3n alimentaria para menores de edad; (ii) actu\u00f3 al margen del procedimiento al no revisar la procedibilidad de la transacci\u00f3n, en terminar el proceso y levantar cautelas sin exigir garant\u00eda al cumplimiento de los alimentos que se segu\u00edan causando; (iii) para la motivaci\u00f3n del fallo no tuvo en cuenta los pronunciamientos constitucional y de esta Corte acerca de la prevalencia del inter\u00e9s superior del menor; y (iv), ciertamente, como acaba de verse, afect\u00f3 las prerrogativas superiores de la ni\u00f1ez contenidos en los c\u00e1nones 29 y 44 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n de primer grado que aval\u00f3 la actuaci\u00f3n del accionado, y en su lugar se conceder\u00e1 el auxilio implorado. Por tanto, se invalidar\u00e1n los autos del 17 de noviembre de 2021 y 23 de febrero de 2022, que resolvieron acerca de la transacci\u00f3n presentada por las partes, y se ordenar\u00e1 al juez cognoscente que vuelva a pronunciarse, pero esta vez sin desconocer la intervenci\u00f3n del Defensor de Familia y con observancia en los razonamientos planteados en esta providencia, de manera que corrija los desafueros explicados en esta instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada. <\/p>\n
En su lugar, conforme a lo explicado en precedencia, CONCEDE la tutela a los derechos fundamentales al debido proceso y dem\u00e1s fundamentales de los ni\u00f1os, invocados por el Defensor de Familia del ICBF. <\/p>\n
En consecuencia, SE DEJA sin valor ni efecto los proferidos dentro del ejecutivo de alimentos n\u00b0 2020-00000 el 17 de noviembre de 2021 y 23 de febrero de 2022, y SE ORDENA al titular del Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, que en un t\u00e9rmino no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, proceda a renovar la actuaci\u00f3n invalidada mediante un pronunciamiento que atienda lo observado en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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STC4714-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC4714-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00189-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62885","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62885","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62885"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62885\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62885"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62885"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62885"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}