STC4721-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4721-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 15001-22-13-000-2022-00040-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 7 de marzo de 2022, dictado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja en la acci\u00f3n de tutela promovida por la Organizaci\u00f3n Popular de Vivienda de Inter\u00e9s Social O.P.V. Villa de Los Endrinos contra los Juzgados Primero Promiscuo Municipal y Civil del Circuito, ambos de Ramiriqu\u00ed, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el litigio n\u00b0 155994089001-2020-00038-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad actora pidi\u00f3 dejar sin efecto los prove\u00eddos que negaron la nulidad formulada por indebida notificaci\u00f3n y, en su lugar, \u00abpracticar en legal forma la demanda (sic)\u00bb. A las peticiones, sirven de sustento los hechos que a continuaci\u00f3n se compendian: Ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Ramiriqu\u00ed, Alirio Mendoza L\u00f3pez promovi\u00f3 litigio reivindicatorio en contra de la aqu\u00ed gestora; admitido el escrito inicial, se facult\u00f3 al demandante para que realizara la notificaci\u00f3n a su contraparte conforme lo dispone el Estatuto Adjetivo o con base en el Decreto 806 de 2020, optando por esta \u00faltima normativa; en consecuencia, envi\u00f3 copia del auto admisorio, de la demanda y sus anexos al correo electr\u00f3nico de la convocada, quien guard\u00f3 silencio. Luego, la entidad aqu\u00ed accionante formul\u00f3 nulidad por indebida notificaci\u00f3n, argumentando, entre otros aspectos, que Mendoza L\u00f3pez conoc\u00eda su direcci\u00f3n f\u00edsica, no obstante, opt\u00f3 por notificarla por correo electr\u00f3nico; asimismo, que de los archivos que le fueron enviados, ninguno conten\u00eda el auto admisorio y que las notificaciones personales de las providencias judiciales, por medios electr\u00f3nicos, debe hacerlas obligatoriamente el Juzgado. El estrado municipal resolvi\u00f3 \u00abno decretar la nulidad de la notificaci\u00f3n personal efectuada a la demandada\u00bb. Decisi\u00f3n confirmada en sede de apelaci\u00f3n. A juicio de la actora, \u00ab[s]i [se] hubiesen analizado las pruebas (\u2026) de seguro se hubiera decretado la nulidad (\u2026) ordenando la notificaci\u00f3n personal\u00bb. <\/p>\n
2. El estrado municipal defendi\u00f3 la legalidad de lo actuado. El apoderado de la actora solicit\u00f3 negar el amparo. <\/p>\n
3. El a quo desestim\u00f3 el resguardo al estimar que las decisiones cuestionadas eran razonables. <\/p>\n
4. La libelista se alz\u00f3 fincada en alegaciones semejantes a las planteadas en el escrito inaugural, am\u00e9n de referir que nunca ha \u00abmanifestado que no recibi\u00f3 los correos, pues como lo manifest\u00f3 en su interrogatorio lo que dijo que era su hija la que ten\u00eda acceso a ellos (sic)\u00bb. <\/p>\n
Al confrontar los reproches puntuales de la entidad promotora con lo sucedido en el expediente, se advierte que el desenlace opugnado debe respaldarse comoquiera que los raciocinios de las autoridades judiciales accionadas no lucen arbitrarios o caprichosos. <\/p>\n
Para dirimir el ruego, la Sala circunscribir\u00e1 su atenci\u00f3n en la providencia del juzgado del circuito enjuiciado, toda vez que al confirmar la negativa de \u00abdecretar la nulidad de la notificaci\u00f3n personal de la demandada\u00bb, defini\u00f3 la suerte de las aspiraciones de la recurrente. <\/p>\n
Una vez confrontada dicha determinaci\u00f3n, se descarta la existencia de un yerro que amerite ser conjurado en esta senda, pues al confirmar el prove\u00eddo de primer grado, esa sede judicial, esgrimi\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) el an\u00e1lisis del a quo, sobre la nulidad planteada, se trata de un estudio jur\u00eddico (norma y jurisprudencia) correcto, ajustado a derecho, preciso, razonable e irrefutable. El decreto y la pr\u00e1ctica de pruebas fue conducente, pertinente y \u00fatil y fueron \u00e9stas las que le permitieron llegar a la conclusi\u00f3n que hoy se ataca por esta v\u00eda. <\/p>\n
As\u00ed, de cara a los elementos de convicci\u00f3n recaudados en el decurso, se refiri\u00f3 preliminarmente al interrogatorio de la representante legal de la entidad demandada, respecto del cual destac\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) ante la c\u00e1mara de comercio se registr\u00f3 las direcci\u00f3n f\u00edsica y electr\u00f3nica de notificaci\u00f3n de la [demandada], indicando como correo de notificaciones la cuenta luzmajimo@hotmail.com, aclarando que \u00e9ste era adem\u00e1s el correo electr\u00f3nico personal de la representante, encontr\u00f3 acreditado que la representante revisaba y abr\u00eda el correo y que adem\u00e1s lo revisaba a trav\u00e9s de su menor hija, quien le informaba de mensajes de correo electr\u00f3nico que llegaban y que pod\u00edan interesarle. Por si lo anterior fuese poco, la representante legal acept\u00f3 que se enter\u00f3 que en noviembre de 2020, lleg\u00f3 un correo de Servientrega1, que su hija se lo inform\u00f3 pero que no le prest\u00f3 mayor atenci\u00f3n porque consideraba que si se trataba de algo judicial deb\u00eda llegarle de manera f\u00edsica. [Tambi\u00e9n] evidenci[\u00f3] a trav\u00e9s del interrogatorio de la representante legal de la demandada, que sab\u00eda del conflicto entre el demandante y la organizaci\u00f3n por el lote que se pretende reivindicar, y que al correo registrado en la c\u00e1mara de comercio (\u2026) se le inform\u00f3 sobre los canales de contacto con el Juzgado, sin que hiciera uso de ninguno de ellos. <\/p>\n
Seguidamente, valor\u00f3 la inspecci\u00f3n judicial realizada a los correos electr\u00f3nicos de las partes, y de all\u00ed extrajo que <\/p>\n
(\u2026) se pudo establecer en grado de certeza que, al correo de la demandada, registrado en la c\u00e1mara de comercio, se hab\u00eda remitido la demanda y los anexos (21 jul. 2020) (\u2026) y que el (18 nov. 2020) se le remiti\u00f3 el auto admisorio de esta demanda y otro archivo, cumpliendo as\u00ed lo establecido por el Inc. 5\u00b0, art. 6, del Dcto 806 de 2020. En este orden de ideas, para este Juzgado es claro que la demandada fue notificada en debida forma. Ahora bien, pese a aceptar que a la cuenta registrada en la c\u00e1mara de comercio se le enviaron los mensajes de datos, se afirm\u00f3 que es un correo poco utilizado por la representante legal, que quien lo revisa y utiliza es la menor hija de \u00e9sta. Sobre estas apreciaciones basta se\u00f1alar que rayan con lo absurdo, pues no se comprende c\u00f3mo la representante legal de una organizaci\u00f3n registra una cuenta de correo que \u201cno usa\u201d ante la c\u00e1mara de comercio y menos a\u00fan, como es que la cuenta de una entidad privada est\u00e1 siendo utilizada y manejada por una menor para fines escolares, eso la verdad no tiene ninguna presentaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En torno al reparo esgrimido por la censora, seg\u00fan el cual, la fecha a partir de la cual deben contabilizarse los t\u00e9rminos es aquella en la que se haya le\u00eddo el mensaje y no aquella en la cual haya sido recibido, puntualiz\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) coincide con la tesis del a quo, seg\u00fan la cual la fecha que se debe tener en cuenta es la fecha de recibido, una interpretaci\u00f3n contraria har\u00eda eternos los procesos pues se estar\u00eda a la merced de que el demandado leyera el correo, circunstancia que como bien lo dijo el se\u00f1or juez de primera instancia en nuestra cultura no ocurre, pues lo que predomina como estrategia de defensa es el silencio. En lo que respecta a la descarga de los archivos adjuntos es una obligaci\u00f3n del demandado, no hacerlo es solo una muestra de total desinter\u00e9s y desidia frente a las actuaciones y decisiones judiciales, pensar lo contrario, es decir, que es una obligaci\u00f3n del demandante acreditar que efectivamente los archivos fueron descargados, atentar\u00eda flagrantemente contra los principios de lealtad y celeridad\u00bb. <\/p>\n
Por lo expuesto concluy\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) a pesar del esfuerzo de la (\u2026) incidentante, debe decirse con absoluta claridad que m\u00e1s que una tesis jur\u00eddica lo que intent\u00f3 validar fue un acto de descuido y negligencia de la representante legal de la entidad demandada, pues salta a la vista que la notificaci\u00f3n se hizo en debida forma. <\/p>\n
N\u00f3tese, entonces, que la decisi\u00f3n fustigada se encuentra soportada en la interpretaci\u00f3n razonable que el encartado desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n de cara a las pruebas que le adosaron, concretamente del interrogatorio de parte de la representante legal de la organizaci\u00f3n convocada y la inspecci\u00f3n judicial realizada a los correos electr\u00f3nicos, lo que lo llev\u00f3 a concluir que, para el caso concreto, la demanda y sus anexos estuvieron bien notificados. <\/p>\n
Lo expuesto, pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, contrario a lo afirmado por el precursor, en el presente caso no logra advertirse la existencia de alg\u00fan yerro que amerite la injerencia supralegal, por tanto, no queda opci\u00f3n distinta que la de respaldar el desenlace rebatido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Del infolio, se advierte que, la parte demandante contrat\u00f3 al servicio de correo electr\u00f3nico certificado de la empresa Servientrega, denominado E-Entrega. <\/p>\n
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STC4721-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC4721-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 15001-22-13-000-2022-00040-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 7 de marzo de 2022, dictado […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62890","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62890","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62890"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62890\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62890"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62890"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62890"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}