STC4730-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4730-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2022-00100-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena el pasado 23 de marzo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Francisco Rey Caraballo, Erlin Vicente Rey Caraballo, Alejandra Mar\u00eda Rey Quiroz y Candelaria del Carmen Bravo R\u00f3belo contra el Juzgado Primero Civil del Circuito y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos ambos de la misma ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Superintendencia de Notariado y Registro y las partes e intervinientes en el radicado 2016-0260. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando a trav\u00e9s de apoderado judicial, los accionantes acuden al presente instrumento para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la \u00abtutela judicial efectiva sin dilaciones injustificadas\u00bb, supuestamente vulnerados por las querelladas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expusieron que, incoaron un proceso verbal de simulaci\u00f3n en contra de Rosa Mar\u00eda Rey Caraballo y Laura Sof\u00eda Rey Encinales, asunto que le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena (radicado n\u00b0 2016-0260), autoridad que lo finaliz\u00f3 por transacci\u00f3n. <\/p>\n
Refirieron que, ante el incumplimiento de Rosa Mar\u00eda Rey Caraballo, solicitaron ante el fallador convocado, el inici\u00f3 de un ejecutivo, y que mediante auto del 27 de noviembre de 2018, previo al auto que libra mandamiento de pago, decret\u00f3 la medida cautelar de embargo sobre el inmueble con matr\u00edcula n\u00b0. 060-171135, y por tanto, lo comunic\u00f3 a la oficina de Instrumentos P\u00fablicos de esa ciudad; sin embargo, el 17 de diciembre de 2018 neg\u00f3 materializarla porque \u00absobre el predio se encuentra vigente embargo\u00bb. <\/p>\n
Luego, en prove\u00eddo del 17 de marzo de 2020, el juzgado cognoscente requiri\u00f3 de nuevo a efectos de registrar el embargo de la propiedad y al no recibir respuesta, los quejosos reiteraron la petici\u00f3n ante el estrado judicial, por lo que el despacho en auto del 3 de marzo de 2021 requiri\u00f3 a la oficina de registro, empero, contest\u00f3 el 26 de julio y 8 de septiembre de 2021, respectivamente, precisando que se absten\u00eda de inscribir la cautela. <\/p>\n
Posteriormente, elevaron varias peticiones al despacho accionado, sin que a la fecha de la presentaci\u00f3n de la salvaguarda se haya obtenido respuesta. <\/p>\n
3. En raz\u00f3n de lo anterior, solicitan que se \u00abordene a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena proceder con el registro de la medida cautelar de embargo decretada por el Juzgado Primero Civil del Circuito\u2026 sobre el inmueble identificado con F.M.I. 060-171135…\u00bb; adicionalmente pidieron que se ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad \u00abque adopte las medidas pertinentes a efectos de que se produzca las actuaciones correspondientes a este proceso sin dilaciones injustificadas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Primero Civil del Circuito de Cartagena alleg\u00f3 enlace del expediente electr\u00f3nico y solicit\u00f3 negar el amparo al considerar que: (i) en auto del 27 de noviembre de 2018 se orden\u00f3 decretar el embargo del inmueble involucrado en la conciliaci\u00f3n de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del art\u00edculo 434 del C\u00f3digo General del Proceso; (ii) el 17 de marzo de 2020 se ofici\u00f3 al registrador de instrumentos p\u00fablicos de la misma ciudad, para proceder a registrar la cautela; y (iii) aclar\u00f3 que \u00abpese a ello, el ente en menci\u00f3n contin\u00faa desatacando la orden impartida\u00bb por lo que, \u00abmediante auto de 10 de marzo de 2022, se accede a la solicitud del interesado de requerir nuevamente a la Oficina de Registro, haciendo \u00e9nfasis en los poderes correccionales del Juez, en especial el consagrado en el numeral 3 del Art\u00edculo 44 del C.G.P.\u201d\u00bb. <\/p>\n
2. El Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Superintendencia de Notariado y Registro, explic\u00f3 que las respuestas del 26 de julio y 8 de septiembre de 2021 emitidas por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena, donde \u00abno registra la medida de embargo decretadas por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena\u00bb, proceden los recursos de ley y \u00abhabilitar\u00eda por v\u00eda impugnaci\u00f3n el conocimiento\u00bb; que a la fecha no se han agotado los recursos ordinarios sobre los reclamos de los accionantes, por lo que se opuso a la prosperidad del resguardo y manifest\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. Rosa Mar\u00eda Rey Caraballo, solicit\u00f3 denegar las s\u00faplicas habida consideraci\u00f3n que \u00aben el presente asunto se est\u00e1 acatando un acto administrativo que es dictado por la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos\u2026 pero se puede verificar que se cuenta con varios recursos como son los de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n\u2026 por lo que la acci\u00f3n de tutela no cumple con los requisitos formales para poder interponerse\u2026 se debe declarar improcedente\u00bb y precis\u00f3 que \u00abindependientemente de que la tutela\u2026 se hubieran agotado todos los recursos\u2026 consider\u00f3 que no deber\u00eda tutelar\u2026 porque no procede el embargo [cuando existe otro] embargo previo que impide que se pueda realizar cualquier tipo de acto dispositivo del inmueble\u00bb. <\/p>\n
4. La Registradora Principal de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena, se opuso a la prosperidad del resguardo y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, toda vez que \u00abno le consta lo expuesto en la narraci\u00f3n de los hechos\u2026 en la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el resguardo presentado contra el Juzgado Primero Civil del Circuito y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos ambos de Cartagena, por cuanto no se satisface el requisito de la subsidiariedad en la modalidad de prematuro, frente al primero adujo que, \u00ablos requerimientos del accionante\u2026 fueron concretados mediante auto de 10 de marzo de 2022, ocasi\u00f3n en la que el estrado judicial requiri\u00f3 a la Oficina para que atendiera las \u00f3rdenes judiciales, so pena de ser sancionado conforme lo autoriza el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 44 del CGP\u00bb, entorno al segundo, dijo que, \u00abel requerimiento sancionatorio se efectu\u00f3 hace menos de 8 d\u00edas\u2026, lo que traduce que las actuaciones a\u00fan se encuentran en tr\u00e1mite\u00bb, y reliev\u00f3 que, \u00abel accionante\u2026 se encuentra legitimado para intervenir a trav\u00e9s de los recursos que proceden, ello conforme lo establece el art\u00edculo 60 de la Ley 1579 inciso inicial\u2026 para desatar el nudo que dice afectarle, consistente en la negativa de la oficina en cuesti\u00f3n a la inscripci\u00f3n ordenada\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, respecto a los dem\u00e1s interesados referidos en el escrito de tutela, Erlin Vicente Rey Caraballo, Alejandra Mar\u00eda Rey Quiroz y Candelaria del Carmen Bravo R\u00f3belo, se declar\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, porque solamente fue \u00abanexado para intervenir en esta causa el poder especial concedido por Luis Francisco Rey Caraballo a favor del [apoderado judicial]\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El apoderado judicial recurri\u00f3, pero no agreg\u00f3 argumentos adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer, inicialmente, si los promotores est\u00e1n legitimados para interponer el presente resguardo; en caso de superar lo anterior, si los convocados vulneraron las prerrogativas invocadas, porque: (i) el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena no ha resuelto las peticiones planteadas dentro del radicado n\u00b0 2016-0260; (ii) la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de la misma ciudad, omiti\u00f3 disponer la inscripci\u00f3n de la medida cautelar en el folio de matr\u00edcula correspondiente. <\/p>\n
2. Caso concreto <\/p>\n
2.1. Sobre la falta de poder especial <\/p>\n
Realizada la revisi\u00f3n de las piezas procesales allegadas al expediente, se ratifica lo resuelto por el tribunal a quo respecto a la falta de poder especial frente a Erlin Vicente Rey Caraballo, Alejandra Mar\u00eda Rey Quiroz y Candelaria del Carmen Bravo R\u00f3belo, por cuanto se advierte que quien formul\u00f3 la salvaguarda, solamente tiene el mandato que lo legitima para actuar a favor de Luis Francisco Rey Caraballo. <\/p>\n
Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional y de esta Corte que se destac\u00f3 en precedencia, la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
(\u2026) El principio de la informalidad que impera en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, no llega hasta el aspecto proclamado por el impugnante, sin fundamento alguno, de pretender que puede actuar directamente en una tutela originada en supuestas v\u00edas de hecho cometidas en un proceso tramitado por los jueces ordinarios, como si a \u00e9l se le violaran los derechos fundamentales y no a su poderdante\u00bb (CSJ STC, 29 sep. 2003, exp. 00245-01, citada en STC10476-2021, 19 ago. 2021, rad. 00267-01, entre otras). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
As\u00ed, el hecho de que el abogado act\u00fae como apoderado judicial de las personas interesadas en reclamar derechos patrimoniales dentro del ejecutivo en cuesti\u00f3n, no lo faculta para obrar en su nombre frente al resguardo por presunta omisi\u00f3n o yerros atribuidos al juez de la causa o a otra entidad vinculada, pues siendo sus clientes los directamente afectados con el cuestionado proceder, para su refutaci\u00f3n en sede constitucional requer\u00eda demostrar el poder especial conferido por cada uno de ellos, o en su defecto, invocar -con los requisitos de ley- su calidad de agente oficioso, pero nada de eso acredit\u00f3. <\/p>\n
2.2. El principio de subsidiariedad <\/p>\n
De acuerdo con el problema jur\u00eddico planteado por el quejoso, el presente amparo se advierte improcedente por incumplimiento del referido requisito, puesto que, efectivamente, el auto del 10 de marzo de 2022 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena orden\u00f3 requerir a la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de esa ciudad, a fin de que proceda con la anotaci\u00f3n de la medida cautelar de embargo so pena de aplicar lo dispuesto en el numeral 3 del art\u00edculo 44 del C\u00f3digo General del Proceso y orden\u00f3 librar los oficios correspondientes, adjuntando copia de la providencia. <\/p>\n
De lo expuesto, se puede concluir que no existe un pronunciamiento definitivo sobre la cuesti\u00f3n planteada por el querellante a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo, y ante ello, el auxilio, resulta prematuro pues se desconocen las determinaciones que puedan adoptarse al interior del proceso objeto de censura, siendo imperioso destacar que el juez constitucional no puede atribuirse facultades propias del juez de conocimiento, pues es a este \u00faltimo funcionario a quien le corresponde pronunciarse al respecto. <\/p>\n
En cuanto a la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, ha sentado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial u debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (subrayado en texto, ver entre otras STC6172-2015, 21 may 2015, 2015-00163-01 y STC7886-2016, 16 jun 2016, 2016-01544-00). <\/p>\n
Por lo tanto, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de decisiones sobre aspectos que le corresponden resolver al juzgador competente, pues no puede arrogarse facultades ajenas, de manera que el auxilio resulta prematuro. <\/p>\n
2.3. En segundo lugar, la subsidiariedad tambi\u00e9n es evidente en relaci\u00f3n con la omisi\u00f3n que se le pretende endilgar a la Registradora de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena en lo que tiene que ver con la inscripci\u00f3n de la medida cautelar en el folio de matr\u00edcula n\u00b0. 060-171135, porque el 4 de abril de 2022, el juzgado encartado comunic\u00f3 el auto del 10 de marzo de 2022 y est\u00e1 pendiente de que se adopte una determinaci\u00f3n definitiva sobre el asunto, en tal sentido, el interesado deber\u00e1 esperar a que se d\u00e9 una respuesta, bien sea inscribiendo el embargo o, neg\u00e1ndose a ello. En este \u00faltimo evento podr\u00e1 ejercer los recursos que procedan en la v\u00eda gubernativa o, acudir a un medio judicial de control ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa. <\/p>\n
En consecuencia, se reitera que mientras est\u00e9n pendientes de definirse otros instrumentos encaminados a corregir los defectos endilgados a los acusados, este mecanismo supralegal resulta impertinente, toda vez que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC, 18 mar. 2011, rad. 00171-00, citada en STC12818-2021, 29 sep. 2021, rad. 01824-01, entre otras). <\/p>\n
Ahora, tampoco procede la acci\u00f3n como mecanismo transitorio, porque aunado a la ausencia de reparo sobre la aptitud del medio ordinario de defensa que a\u00fan est\u00e1 disponible, el actor no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01 citada en STC 14461 de 2021, rad. 00222-02). <\/p>\n
3. Conclusiones <\/p>\n
De lo discurrido se impone confirmar el fallo desestimatorio del amparo, porque: (i) existe falta de poder especial frente a Erlin Vicente Rey Caraballo, Alejandra Mar\u00eda Rey Quiroz y Candelaria del Carmen Bravo R\u00f3belo, dado que el solicitante no justific\u00f3 la imposibilidad de las partes afectadas para interponerla por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de mandatario \u2013 otorgando el poder especial-, y tampoco invoc\u00f3 que actuaba como agente oficioso; y (ii) resulta prematuro, ya que su pertinencia pierde vigor cuando existen v\u00edas jur\u00eddicas a emplear al interior del proceso cuestionado y a\u00fan m\u00e1s cuando las mismas est\u00e1n cursando. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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