STC4735-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4735-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-00288-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de febrero de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Henry Hebert Tabera Villaquir\u00e1n contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esa ciudad, as\u00ed como los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
En consecuencia, solicita se disponga \u00abdejar sin efectos la sentencia de instancia SL5551-2021\u2026 proferida por la\u2026 Sala de Casaci\u00f3n Laboral\u00bb; y que se \u00abprofiera un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta los lineamientos que considere\u2026 en la\u2026 tutela\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Henry Hebert Tabera Villaquir\u00e1n promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra Empresa de Servicio P\u00fablico de Aseo de Cali EMSIRVA ESP en liquidaci\u00f3n, con miras a que se reconociera y pagara la pensi\u00f3n convencional de jubilaci\u00f3n al cumplir con los requisitos establecidos por el art\u00edculo 87 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo celebrada entre la empresa y Sintraemsirva 2004\/2007, esto es, 20 a\u00f1os de servicio y 53 a\u00f1os de edad. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cali, el que dict\u00f3 sentencia el 17 de noviembre de 2010, en la que conden\u00f3 a la demandada al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n reclamada, decisi\u00f3n que fue objeto de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. El 31 de agosto de 2012 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad revoc\u00f3 dicha determinaci\u00f3n y absolvi\u00f3 a la empresa convocada. Tras ser recurrida en casaci\u00f3n dicha providencia, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, el 15 de julio de 2020 la cas\u00f3 y en fallo de 3 de noviembre de 2021, en sentencia de instancia, modific\u00f3 el numeral primero del fallo de primer grado y conden\u00f3 el reconocimiento de su pensi\u00f3n del 25 de mayo de 2008 hasta el 22 de mayo de 2010, cuando se subrog\u00f3 el derecho por el ISS. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 el accionante que el fallo reconoc\u00eda la pensi\u00f3n y liquidaba la mesada pero hac\u00eda una interpretaci\u00f3n errada y no favorable de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo, en detrimento de su prerrogativa a la seguridad social y los derechos adquiridos. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que se incurri\u00f3 en defecto sustantivo y violaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n por interpretar de manera equivocada la norma convencional, al considerar que no contemplaba la forma de definir el IBL ni los factores salariales de la pensi\u00f3n convencional, por lo que equivocadamente se acudi\u00f3 a llenar el supuesto vac\u00edo con la Ley 100 de 193 y sus decretos reglamentarios. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que la Convenci\u00f3n s\u00ed era clara al respecto, pues indicaba en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 87 que los trabajadores que ingresaran a partir del 1\u00ba de enero de 1995 se regir\u00edan por la Ley 100, es decir, como \u00e9l ingres\u00f3 en 1979 le era aplicable y m\u00e1s favorable el porcentaje del 75% conforme a la Ley 33 de 1985. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que se desconoci\u00f3 el precedente de la Corte Constitucional en donde se reiter\u00f3 que las convenciones eran aut\u00e9nticas fuentes de derecho y sus disposiciones deb\u00edan ser interpretadas conforme a las reglas y principios constitucionales, entre estos, la favorabilidad; y que no tuvo un juicio justo e imparcial que se sujetara a los principios constitucionales. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura indic\u00f3 que dict\u00f3 la sentencia de instancia con estricto apego a la ley, en su condici\u00f3n de m\u00e1ximo tribunal de la jurisdicci\u00f3n ordinaria y \u00f3rgano de cierre de la misma, por lo que aunque fuera contraria a los intereses del gestor, no pod\u00eda ser objeto de confrontaci\u00f3n en esta sede excepcional. <\/p>\n
2. Empresa de Servicio P\u00fablico de Aseo de Cali EMSIRVA ESP en liquidaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que se allanaba a lo dispuesto en la sentencia criticada; que no exist\u00eda vicio por el no reconocimiento de los intereses moratorios establecidos en el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993; que cualquier asunto relacionado con la liquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n y de la interpretaci\u00f3n de los art\u00edculos convencionales debi\u00f3 argumentarse y atenderse a trav\u00e9s de los recursos que proced\u00edan contra las providencias que definieron las instancias; y que no se advert\u00eda alguna transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que para establecer el valor de la prestaci\u00f3n se examin\u00f3 el art\u00edculo 87 de la Convenci\u00f3n y se concluy\u00f3 la necesaria remisi\u00f3n a las normas que regulaban el r\u00e9gimen de la prima media vigente al momento en el que se configur\u00f3 el derecho pensional, por no precisar lo referente a los factores salariales; que la autoridad criticada no hab\u00eda actuado de forma negligente, ni advert\u00eda que la decisi\u00f3n no cumpliera con el an\u00e1lisis de las realidades f\u00e1cticas y jur\u00eddicas sometidas al criterio; que el fallo se adopt\u00f3 tras la valoraci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n allegados al expediente; que los argumentos contenidos en la sentencia no pod\u00edan controvertirse en tutela cuando no eran caprichosos; que esta acci\u00f3n no era una tercera instancia; y que no se incurri\u00f3 en desconocimiento del precedente jurisprudencial, pues no se acredit\u00f3 el mismo, mas cuando se explic\u00f3 que ante el vac\u00edo de la Convenci\u00f3n para la liquidaci\u00f3n del IBL y los factores salariales era necesario remitirse a la ley laboral vigente. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que no se hizo un estudio detallado de los defectos o vicios de fondo en los que incurri\u00f3 la demandada; que la determinaci\u00f3n emitida no se ajustaba a los hechos y derechos invocados; y que se ignor\u00f3 el lineamiento constitucional sobre la naturaleza de las convenciones colectivas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la sentencia definitoria del asunto criticado no luce arbitraria, pues consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026En estricto sentido, lo que el recurrente estima desacertado es el ejercicio hermen\u00e9utico desplegado por el ad quem, el cual, considera, lo condujo a concluir que el convenio colectivo que pretende utilizar como fuente inmediata de su derecho feneci\u00f3 el 31 de julio de 2007, como consecuencia del enunciado normativo introducido por el par\u00e1grafo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2005\u2026 <\/p>\n
Debe partir la Sala por desglosar diversos conceptos y, a su vez, referirse a criterios expuestos tanto por esta Sala de la Corte como por el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional a efecto de edificar de manera l\u00f3gica y coherente un estudio del presente asunto\u2026 En desarrollo del precitado ejercicio, la H. Corte Constitucional emiti\u00f3 los siguientes argumentos\u2026 <\/p>\n
Aqu\u00ed se llega al quid o meollo del presente asunto, pues, al encontrarse admitida constitucionalmente la existencia de una expectativa leg\u00edtima en favor de aquellos trabajadores beneficiarios de pactos o convenciones vigentes a la entrada en vigor del Acto Legislativo y poder, en virtud de ella, accederse a los derechos pensionales consagrados colectivamente, lo que sigue es preguntarse cu\u00e1l es el alcance de la citada expectativa y, si la misma comporta l\u00edmites temporales diferentes, tal y como hasta la fecha lo ha venido entendiendo la jurisprudencia cuando ha distinguido que la aplicaci\u00f3n de los beneficios pensionales convencionales est\u00e1 sujeto a: i) la fecha de t\u00e9rmino de vigencia de la convenci\u00f3n inicialmente pactada entre empleador y sindicato por estar cursando este t\u00e9rmino a la fecha de entrada en vigor la enmienda constitucional y, ii) la fecha del 31 de julio de 2010, en caso de estarse cursando una pr\u00f3rroga de la convenci\u00f3n que se encontraba vigente a la fecha de entrada en vigor del acto reformatorio constitucional. <\/p>\n
Al respecto, importa tener en cuenta que la segunda parte del par\u00e1grafo transitorio 3\u00b0, al estipular que\u2026, de alguna manera est\u00e1 imponiendo, constitucionalmente, la protecci\u00f3n de las expectativas de aquellos que cumplieron los requisitos para acceder a la prestaci\u00f3n convencional entre el 29 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2010, como consecuencia de las pr\u00f3rrogas de aquellas convenciones que se encontraban vigentes antes de la entrada en rigor del Acto Legislativo. Pr\u00f3rrogas que conservar\u00e1n los mismos beneficios pensionales que ven\u00edan rigiendo, teniendo en cuenta la prohibici\u00f3n de pactar condiciones m\u00e1s favorables\u2026 <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, indic\u00f3: <\/p>\n
Teniendo en cuenta todo lo expuesto en l\u00edneas precedentes, la Sala considera necesario precisar aqu\u00ed y ahora su postura, en el sentido de se\u00f1alar que en aplicaci\u00f3n del par\u00e1grafo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2005, cuando la convenci\u00f3n colectiva se encuentre surtiendo efectos a la fecha de entrada en vigor la enmienda constitucional -29 de julio de 2005-, cualquiera sea el motivo para ello -en curso de la vigencia inicial pactada por las partes, en curso de alguna de las pr\u00f3rrogas prevista en la ley o en tr\u00e1mite de resoluci\u00f3n de conflicto suscitado por denuncia de la convenci\u00f3n-, la extinci\u00f3n de las reglas pensionales all\u00ed convenidas, solo se producir\u00e1 al vencimiento de los plazos o de las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas producidas por mandato del art\u00edculo 478 del CST o por la firma de una nueva convenci\u00f3n; que en todo caso perder\u00e1n vigencia el 31 de julio de 2010. El nuevo criterio jurisprudencial encuentra soporte, tambi\u00e9n, en el derecho a la seguridad social en relaci\u00f3n con el acceso a las pensiones, como garant\u00eda fundamental de los ciudadanos, derecho reconocido en diferentes instrumentos internacionales, tales como la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos de 1948 -ratificado en 1948-, el Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales de 1966 -aprobado por la Ley 74 de 1968- y, el Protocolo de San Salvador de 1988 -aprobado por la Ley 319 de 1996-. <\/p>\n
De lo que viene de decirse, el cargo deviene prospero, por lo cual se casar\u00e1 la sentencia acusada, sin costas en el recurso extraordinario\u2026 <\/p>\n
Y en la sentencia de instancia, puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026en la demanda el accionante requiri\u00f3 el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 87 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo vigente para el periodo 2004-2007 y que se liquide teniendo en cuenta los factores salariales previstos en la cl\u00e1usula 98 ib\u00eddem; junto con el retroactivo causado, los intereses moratorios y las costas procesales\u2026 <\/p>\n
Posteriormente, explic\u00f3 (i) la estructuraci\u00f3n del derecho pensional convencional de jubilaci\u00f3n, por el demandante, en el plazo m\u00e1ximo de vigencia del acuerdo colectivo, esto es, hasta el 31 de julio de 2010. En caso afirmativo; (ii) la cuant\u00eda de la prestaci\u00f3n; (iii) si la pensi\u00f3n es compartible con la de vejez a cargo de Colpensiones; (iv) el valor del retroactivo pensional; y (v) la procedencia de los intereses moratorios o la indexaci\u00f3n, se\u00f1alando sobre el primero que: <\/p>\n
\u2026al estudiar la norma colectiva que se invoca como fuente de la pretensi\u00f3n, se observa que como se precis\u00f3 en la sentencia de casaci\u00f3n tuvo vigencia hasta el 31 de julio de 2010, en virtud de las pr\u00f3rrogas sucesivas previstas en el art\u00edculo 478 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y porque ninguna de las partes present\u00f3 denuncia de la convenci\u00f3n. El art\u00edculo 87 de la convenci\u00f3n exige para causar el derecho \u00abveinte (20) a\u00f1os de servicios continuos o discontinuos en el sector oficial y que hayan cumplido 53 a\u00f1os de edad\u00bb. As\u00ed, se evidencia que el actor estructur\u00f3 el derecho pensional cuando cumpli\u00f3 los cincuenta y tres (53) a\u00f1os de edad, esto es, el 23 de mayo de 2008, es decir, en vigencia de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo y dado que para esta calenda superaba el tiempo de servicios exigido convencionalmente, pues, acumulaba un tiempo de servicios de 28 a\u00f1os, 8 meses y 26 d\u00edas, As\u00ed se explica en el siguiente cuadro: <\/p>\n
De lo que viene de decirse, es dable concluir que, en efecto, el demandante Sr. Henry H\u00e9bert Tabera Villaquir\u00e1n es beneficiario de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional pretendida, derecho que se itera no se encuentra afectado por el Acto Legislativo 01\/2005 y cuyo disfrute debe considerarse a partir del retiro del servicio oficial, esto es, desde el 26 de marzo de 2009, debido a la prohibici\u00f3n prevista en el art\u00edculo 128 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de recibir m\u00e1s de una asignaci\u00f3n que provenga del tesoro p\u00fablico (CSJ SL2170-2019 y CSJ SL3226-2020). <\/p>\n
En cuanto a la cuant\u00eda de la prestaci\u00f3n, adujo que: <\/p>\n
A efecto de establecer el valor o cuant\u00eda primigenia de la mesada pensional, debe tenerse en cuenta que el art\u00edculo 87 convencional prev\u00e9 que \u00abel valor de la mesada corresponder\u00e1 al porcentaje igual al estipulado por la ley\u00bb, de modo que es necesaria la remisi\u00f3n a las normas que regulan el tema en el r\u00e9gimen de prima media, vigentes al momento en el que se configur\u00f3 el derecho pensional para determinar tal porcentaje. Ahora, sobre los factores salariales para dicho c\u00e1lculo el texto extralegal no precis\u00f3 lo pertinente. <\/p>\n
Con referencia al \u00faltimo aspecto se\u00f1alado, es importante destacar que el accionante no tiene raz\u00f3n en cuanto afirma que la prestaci\u00f3n se debe calcular con base en los factores salariales que consagra el art\u00edculo 98 de la convenci\u00f3n colectiva, aludiendo a que debe concordarse esta disposici\u00f3n con el art\u00edculo 27 del Decreto 3135\/68, donde se se\u00f1ala que la pensi\u00f3n ser\u00e1 equivalente al \u00ab75% del promedio de los salarios devengados durante el \u00faltimo a\u00f1o de servicios\u00bb, pues, la citada cl\u00e1usula convencional est\u00e1 en un cap\u00edtulo distinto al de las pensiones de jubilaci\u00f3n y en realidad hace referencia es a la definici\u00f3n de salario para efectos laborales y no pensionales; y su redacci\u00f3n corresponde al concepto de salario que el art\u00edculo 127 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo ten\u00eda antes de ser modificado por el art\u00edculo 14 de la Ley 50\/90. Por tanto, si las partes hubieran querido extender los efectos de esta disposici\u00f3n a los derechos pensionales del art\u00edculo 87 convencional, as\u00ed lo hubieran consignado expresamente y en tal perspectiva la norma tendr\u00eda el sentido perseguido por el actor, sin embargo, as\u00ed no ocurri\u00f3 y por tanto no se puede dar ese alcance. <\/p>\n
De igual manera debe destacarse que los suscriptores del contrato colectivo tampoco contemplaron el periodo temporal que debe ser considerado a efecto de calcular el ingreso base de liquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n, circunstancia que al haber sido objeto de estudio por esta corporaci\u00f3n, sent\u00f3 jurisprudencia en torno a considerar que en los eventos en que los acuerdos extralegales no contemplen la forma de definir el ingreso base de liquidaci\u00f3n ni los factores salariales de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, se deber llenar ese vac\u00edo y acudir a la norma vigente que regula el tema en la ley (CSJ SL4086-2017 y CSJ SL3138-2018). Precisamente, en la primera sentencia referida la Sala se\u00f1al\u00f3\u2026 <\/p>\n
En el sub lite procede entonces determinar las normas legales que regulan este caso, tanto para el ingreso base de liquidaci\u00f3n como para los factores salariales puesto que esos aspectos no se previeron por las partes, y en relaci\u00f3n con el porcentaje pensional, como se explic\u00f3 la cl\u00e1usula convencional remiti\u00f3 expresamente a la ley. Por tanto, al analizar la situaci\u00f3n personal del accionante se advierte que es beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n del art\u00edculo 36 de la Ley 100\/93, toda vez que, a la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones, que en su caso es el 30 de junio de 1995 por ser un servidor p\u00fablico del orden territorial (art\u00edculo 151 de la Ley 100 de 1993), ten\u00eda 40 a\u00f1os de edad, pues naci\u00f3 el 23 de mayo de 1955. Por tanto, la normativa que ampara la transici\u00f3n como trabador oficial, calidad ostentada por el demandante, es la Ley 33\/85, pues ingres\u00f3 a laborar por primera vez en Emsirva, en virtud del contrato de trabajo a t\u00e9rmino fijo del 4 de julio de 1974. Por esa raz\u00f3n, no se le aplica el par\u00e1grafo del art\u00edculo 87 convencional que prescribe la aplicaci\u00f3n plena de la Ley 100\/93 y sus decretos reglamentarios s\u00f3lo a quienes ingresaran a prestar sus servicios a la entidad a partir del 1\u00b0 de enero de 1995. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, como a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones al accionante le hac\u00edan falta m\u00e1s de diez a\u00f1os para adquirir el derecho, la norma que regula el ingreso base de liquidaci\u00f3n es el art\u00edculo 21 de la Ley 100\/93, que se refiere al promedio de los salarios cotizados durante los diez (10) a\u00f1os anteriores al reconocimiento de la pensi\u00f3n, actualizados con base en la variaci\u00f3n del \u00edndice de precios al consumidor. Ahora, en criterio de la Sala, en los eventos en que el interesado contin\u00fae trabajando con posterioridad a causar la pensi\u00f3n, se debe calcular el ingreso base de liquidaci\u00f3n con inclusi\u00f3n de la \u00faltima cotizaci\u00f3n (CSJ SL3113-2019); en consecuencia, el c\u00e1lculo de la primera mesada se har\u00e1 con los salarios devengados del 26 de marzo de 1999 al 25 marzo de 2009. <\/p>\n
Los factores salariales ser\u00e1n los establecidos en el art\u00edculo 1.\u00b0 del Decreto 1158\/94, esto es: \u00abla asignaci\u00f3n b\u00e1sica mensual, los gastos de representaci\u00f3n, la prima t\u00e9cnica, cuando sea factor de salario, las primas de antig\u00fcedad, ascensional de capacitaci\u00f3n cuando sean factor de salario, la remuneraci\u00f3n por trabajo dominical o festivo, la remuneraci\u00f3n por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna y la bonificaci\u00f3n por servicios prestados\u00bb (CSJ SL4454-2018, CSJ SL2878-2019, CSJ SL3277-2019 y CSJ SL057-2021). La tasa de reemplazo es del 75%, de conformidad con lo previsto en la Ley 33\/85. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, hechos los c\u00e1lculos de conformidad con los anteriores par\u00e1metros y con apoyo en los documentos que aport\u00f3 la entidad demandada en virtud del requerimiento efectuado por la Sala, se establece como valor de la primera mesada pensional la suma de $812.480,43 tal y como se detalla a continuaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
Ahora, en atenci\u00f3n a que la prestaci\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional que aqu\u00ed se reconoce se caus\u00f3 con posterioridad al 17 de octubre de 1985, es compartida con la prestaci\u00f3n de vejez que reconoci\u00f3 el otrora ISS hoy Colpensiones, dado que ello opera por ministerio de la ley, salvo que las partes hubieran dispuesto lo contrario, de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 18 del Decreto 758 de 1990 y el criterio pac\u00edfico de esta Corporaci\u00f3n (CSJ SL4278-2017, CSJ SL4974-2018, CSJ SL2049-2020, CSJ SL2564-2020 y CSJ SL4391-2020). De modo que estar\u00e1 a cargo de la demandada solo el mayor valor si lo hubiere, pues, no puede perderse de vista que la compartibilidad pensional se pact\u00f3 en la cl\u00e1usula 90 de la convenci\u00f3n, as\u00ed\u2026 <\/p>\n
De otro lado, se alleg\u00f3 al plenario por parte de la entidad demandada, cuando respondi\u00f3 el requerimiento de la Corte, copia de la Resoluci\u00f3n SUB 173876 de 4 de julio de 2019, proferida por Colpensiones mediante la cual se efectu\u00f3 una reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de vejez que, primigeniamente, fuera reconocida por el Instituto de Seguros Sociales \u2013 ISS al actor. En el citado acto administrativo se da cuenta de que mediante Resoluci\u00f3n n.\u00b0 01393 de 2012, el citado instituto reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de vejez al accionante a partir del 23 de mayo de 2010, esto es, con posterioridad a la fecha de disfrute de la prestaci\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional, en cuant\u00eda inicial de $872.209,oo valor superior al de la extralegal proyectada para esta \u00faltima calenda. Por ende, no habr\u00eda en principio mayor valor a cargo de la demandada pues qued\u00f3 subrogada en el pago tal y como puede apreciarse en los siguientes cuadros\u2026 <\/p>\n
Y se concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026de cara a los recursos de apelaci\u00f3n formulados por las partes, habr\u00e1 de modificarse la decisi\u00f3n de primer grado en el sentido de precisar que la pensi\u00f3n de origen convencional reconocida lo ser\u00e1 a partir del 25 de mayo de 2008 con disfrute efectivo a partir del 26 de marzo de 2009 y hasta el 22 de mayo de 2010, fecha esta \u00faltima en la que oper\u00f3 la subrogaci\u00f3n pensional por efecto de la compartibilidad de la pensi\u00f3n convencional con la pensi\u00f3n de vejez reconocida por el ISS hoy Colpensiones. Que, en consecuencia, la entidad demandada deber\u00e1 pagar al dem\u00e1ndate la suma de $12.995.423,11 valor que, por haber sido liquidado hasta el 22 de mayo de 2010, deber\u00e1 ser indexado al momento del pago. Debiendo la entidad demandada descontar del retroactivo, el valor de los aportes por salud con destino a la EPS respectiva\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio frente a la valoraci\u00f3n efectuada en la determinaci\u00f3n con la que se cas\u00f3 la sentencia de segundo grado, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico\u2026 y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, se advierte que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
5. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4735-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC4735-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-00288-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62896","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62896","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62896"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62896\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62896"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62896"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62896"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}