STC4737-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4737-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 44001-22-14-000-2021-00097-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n formulada por Gloria de Jes\u00fas Osorio Vizcaino contra el fallo de 18 de agosto de 2021, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, en la tutela que instaur\u00f3 contra el Juzgado 2\u00ba Promiscuo Municipal de Maicao y la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira. <\/p>\n
NOTA PRELIMINAR <\/p>\n
Previo a iniciar el estudio del caso concreto, es necesario precisar que en virtud de lo previsto en el inciso 2\u00ba, numeral 8\u00ba, del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021, seg\u00fan el cual, \u00ab[c]uando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo (\u2026)\u00bb, la Corte Suprema de Justicia no es la facultada para conocer acciones de tutela que promueven los funcionarios o empleados de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, sino que dichos asunto deben ser tramitados por la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, disposici\u00f3n que garantiza la imparcialidad en la decisi\u00f3n de dichos asuntos. <\/p>\n
En aplicaci\u00f3n de dicha norma, la Sala de Casaci\u00f3n Civil reiteradamente ha remitido a las autoridades administrativas los casos que se encuadran en la hip\u00f3tesis mencionada; incluso, se ha decretado la nulidad de las sentencias que han sido proferidas por autoridades judiciales que han desconocido la referida regla de reparto. As\u00ed, en el presente tr\u00e1mite, se declar\u00f3 la nulidad del fallo proferido el 18 de agosto de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha y, en consecuencia, se orden\u00f3 remitir el asunto al Tribunal Administrativo de La Guajira para que tramitara la acci\u00f3n constitucional (ATC1411-2021); sin embargo, la referida autoridad judicial promovi\u00f3 conflicto de competencia, el cual fue resuelto por la Corte Constitucional bajo el criterio de que las reglas contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, son de reparto y no de competencia (auto 124 de 2022 expediente ICC-4092). <\/p>\n
En cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional y en aras de salvaguardar el derecho de los empleados y funcionarios de la rama judicial a una pronta y cumplida justicia, procede la Sala a resolver la impugnaci\u00f3n referida. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La libelista solicit\u00f3 que se suspendan los efectos jur\u00eddicos del Acuerdo No. CSJGUA21-65 (14 julio 2021), as\u00ed como la resoluci\u00f3n de nombramiento No. 06 (29 julio 2021) y el acta de posesi\u00f3n de V\u00edctor Miguel Felizzola Mendoza (10 de agosto 2021) quien fue designado como oficial mayor o sustanciador del Juzgado 2\u00ba Promiscuo Municipal de Maicao, para que, en su lugar, se garantice su derecho a la estabilidad laboral reforzada. <\/p>\n
Como soporte de su pedimento adujo que desde el 31 de agosto de 2011 est\u00e1 vinculada laboralmente como empleada de la Rama Judicial y que desde el 23 de enero de 2017 se desempe\u00f1a como oficial mayor en el Juzgado 2\u00ba Promiscuo Municipal de Maicao (Guajira). Precis\u00f3 que tiene 56 a\u00f1os de edad y que est\u00e1 vinculada al r\u00e9gimen de ahorro individual con solidaridad a trav\u00e9s de la AFP Porvenir S.A. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el 1\u00ba de julio de 2021 le inform\u00f3 a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira su condici\u00f3n de pre-pensionada; sin embargo, dicha Corporaci\u00f3n integr\u00f3 y remiti\u00f3 al Juzgado la lista de elegibles para proveer en propiedad el cargo que desempe\u00f1a. Relat\u00f3 que el Juzgado desconoci\u00f3 su condici\u00f3n, as\u00ed como el ret\u00e9n social que la cobija y, en consecuencia, efectu\u00f3 el nombramiento en propiedad del primer integrante de la lista referida, situaci\u00f3n que, a su juicio, vulnera sus derechos fundamentales, m\u00e1xime que no cuenta con ingreso econ\u00f3mico alguno y aunque le comunic\u00f3 a la autoridad judicial su situaci\u00f3n, aquella respondi\u00f3 que se limitaba a cumplir las normas que rigen el concurso de m\u00e9ritos y que no es de su resorte determinar si la accionante est\u00e1 o no bajo condiciones de especial protecci\u00f3n constitucional y legal de estabilidad laboral reforzada. <\/p>\n
2.- El Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira adujo que la solicitud presentada por la actora, relacionada con su condici\u00f3n de pre-pensionada, fue remitida por competencia a la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Valledupar; y que el nombramiento del se\u00f1or Victor Felizzola fue producto del desarrollo de las normas constitucionales y legales que rigen la provisi\u00f3n de cargos en propiedad, en virtud del concurso de m\u00e9ritos iniciado en octubre de 2017. <\/p>\n
La Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Valledupar adujo que no ha vulnerado los derechos de la accionante, por lo que solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
El Juzgado 2\u00ba Promiscuo Municipal del Maicao adujo que ha acatado las normas de carrera previstas en la ley 270 de 1996; tambi\u00e9n acot\u00f3 que la gestora no acredit\u00f3 su condici\u00f3n de prepensionada, por lo que expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n No. 06 de 29 de Julio de 2021 a trav\u00e9s de la cual nombr\u00f3 en propiedad a V\u00edctor Miguel Felizzola Mendoza, quien tom\u00f3 posesi\u00f3n del cargo el 10 de agosto de 2021. <\/p>\n
3. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha neg\u00f3 el amparo por ausencia del requisito de subsidiariedad, toda vez que la actora cuenta con otras acciones para ejercer la defensa de sus intereses; adem\u00e1s, no acredit\u00f3 la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable que hiciera procedente el mecanismo constitucional de forma transitoria <\/p>\n
4. La gestora impugn\u00f3. Para tal fin adujo que s\u00ed acredit\u00f3 <\/p>\n
su condici\u00f3n de pre pensionada, insisti\u00f3 en que su trabajo es su \u00fanica fuente de ingresos para suplir su m\u00ednimo vital y precis\u00f3 que en su caso no medio alguna declaratoria de insubsistencia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La decisi\u00f3n de primera instancia ser\u00e1 ratificada, toda vez que el amparo solicitado no cumple con el requisito de subsidiariedad. Adem\u00e1s, la tutela no procede de forma transitoria. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que los reproches endilgados por la actora frente al Acuerdo No. CSJGUA21-65 (14 julio 2021) y la resoluci\u00f3n de nombramiento No. 06 (29 julio 2021) pueden ventilarse ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho o el mecanismo que se estime procedente a la luz de la ley 1437 de 2011, modificada por la ley 2081 de 2021, aplicable en virtud de la naturaleza de la decisi\u00f3n reprochada. Al respecto esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
(\u2026) \u00absin perjuicio de lo expuesto, ha de se\u00f1alarse que los actos administrativos son pasibles de control judicial ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, bajo las demandas de nulidad simple y de nulidad con restablecimiento de los derechos subjetivos, por tanto, existen v\u00edas o medios de control instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico, los cuales tambi\u00e9n contemplan la adopci\u00f3n de medidas cautelares de suspensi\u00f3n de sus efectos, siendo ese el escenario natural, donde \u201ces posible desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de que [aquellos] hallan revestidos, siendo el escenario propicio para que el [actor] discuta [los] derechos que reclama\u00bb. (STC, 25 abr. 2012, Rad. 00257-01, reiterado STC10209-2020, STC14671-2021, STC15988-2021). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, debe precisarse que aunque la gestora promovi\u00f3 el amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, se insiste, en que las autoridades administrativas respectivas est\u00e1n facultadas para decretar medidas cautelares si es que a ellas hay lugar, de suerte que no se evidencia necesaria la intervenci\u00f3n temprana del Juez constitucional. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la accionante no acredit\u00f3 \u00abel menoscabo irreparable, ni lo narrado por la apelante denota una gravedad y urgencia de tal entidad que conlleve a que se pasen por alto los tr\u00e1mites, procesos y procedimientos establecidos por el legislador\u00bb (CSJ STC11816-2018, citada en STC1415-2021, STC16373-2021), pues aunque es evidente que la p\u00e9rdida de su trabajo trae para ella y su n\u00facleo familiar afectaciones econ\u00f3micas, con el escrito de tutela solo se aport\u00f3 documental que acredita que la gestora naci\u00f3 en 1964, que ha trabajado en la Rama Judicial, que el Consejo Seccional de la Judicatura conform\u00f3 la lista de elegible para proveer el propiedad el cargo de oficial mayor que desempe\u00f1aba y que en el mismo fue nombrado V\u00edctor Miguel Felizzola Mendoza. Es decir, ninguna prueba acredita la existencia de un perjuicio irremediable y la sola manifestaci\u00f3n de no contar con ingresos econ\u00f3micos producto de su anterior empleo no lo configura. En consecuencia, se hace necesario que sea ante el Juez Administrativo que se dirima el asunto para que all\u00ed se establezca si deben ampararse los derechos laborales que invoca. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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