STC4763-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4763-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2022-00113-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela los nombres de las partes involucradas en el presente asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 25 de marzo de 2022 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la tutela que Silvania Cruz M\u00e9ndez en nombre propio y en representaci\u00f3n de su hija Shirley Mar\u00eda Sep\u00falveda Cruz, le instaur\u00f3 al Juzgado Sexto de Familia de la misma ciudad, extensiva al Ministerio P\u00fablico y al Defensor de Familia de esa urbe. <\/p>\n
1. La libelista, exigi\u00f3 el amparo de las prerrogativas al \u00abdebido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y tutela jurisdiccional efectiva como m\u00e1xima constitucional\u00bb para que, se ordenara \u00abdecretar la ilegalidad del auto de fecha 23 de junio de 2021 notificado por estado electr\u00f3nico el d\u00eda 24 de junio de 2021, a trav\u00e9s del cual se orden\u00f3 el archivo de la demanda ejecutiva de alimento\u00bb y, en consecuencia, se continuara el juicio coercitivo de alimentos objeto de queja. <\/p>\n
Del escrito genitor y la prueba obrante en el dossier, se extrae que el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena rechaz\u00f3 la demanda \u00abejecutiva de alimentos\u00bb de menores que la actora inco\u00f3 en contra de J Juan Jos\u00e9 Sep\u00falveda \u00c1vila (25 nov. 2020) por cuanto no subsan\u00f3 los yerros mencionados en prove\u00eddo inadmisorio; formulado recurso de reposici\u00f3n, \u00abno repuso el auto\u00bb combatido (15 dic.). <\/p>\n
Sostuvo la gestora que interpuso \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb a fin de derruir esas decisiones (n\u00ba 2021-00220) y el Tribunal de Cartagena accedi\u00f3 al resguardo, \u00abdej\u00f3 sin efectos los autos dictados el 18, 25 de noviembre y 15 de diciembre de 2020\u00bb y conmin\u00f3 al estrado acusado a \u00ablibrar mandamiento de pago\u00bb (30 abr. 2021); apelada la determinaci\u00f3n por el funcionario criticado, esta Colegiatura la ratific\u00f3 (STC5734, 24 may.). <\/p>\n
Luego, el juzgado querellado, en acatamiento del \u00abfallo tutelar\u00bb libr\u00f3 mandamiento de pago en el que tambi\u00e9n requiri\u00f3 a la accionante a cumplir con la carga de notificar a Sep\u00falveda \u00c1vila so pena de aplicar la sanci\u00f3n del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso (30 abr.) y, en auto de la misma calenda decret\u00f3 medidas cautelares; empero, como \u00e9sta no acat\u00f3 la aludida exigencia declar\u00f3 terminado el pleito por desistimiento t\u00e1cito (23 jun.). <\/p>\n
Asever\u00f3 que solicit\u00f3 la \u00abilegalidad del auto que decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito\u00bb, pero se neg\u00f3 la rogativa porque \u00abno se presentaron recursos al auto que decretaba el desistimiento t\u00e1cito\u00bb (24 nov.); por lo tanto, afirm\u00f3 que el despacho \u00abtiene un desconocimiento total del precedente constitucional y resulta en una actuaci\u00f3n contraria a la protecci\u00f3n de derechos constitucionales (\u2026)\u00bb, porque \u00aben el presente proceso se advierte una indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 317 del CGP y el desconocimiento del mismo [toda vez] que en el proceso alegado no se han practicado o realizado medidas cautelares algunas (\u2026)\u00bb y aleg\u00f3 la inaplicaci\u00f3n de esa figura \u00aben los procesos de alimentos de menores\u00bb con base en la STC8850-2016. <\/p>\n
2. El Juzgado Sexto de Familia de Cartagena se opuso al ruego superlativo, dado que \u00abdio el tr\u00e1mite a su proceso, y frente a las decisiones de decretar el desistimiento t\u00e1cito y de la pretendida ilegalidad del auto, mediante providencias contra las cuales no promovi\u00f3 recurso alguno, el presente amparo constitucional no est\u00e1 llamado a prosperar\u00bb. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda 10 Judicial II de Familia de Cartagena indic\u00f3 que \u00ab(\u2026) independientemente de las alegaciones de car\u00e1cter procesal interpuestas por la accionantes en pro de revocar el Auto de fecha 23\/06\/2020 que decret\u00f3 desistimiento t\u00e1cito dentro del PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS interpuesto por la se\u00f1ora YISNARY DEL CARMEN BARRIOS, deber\u00e1 el juzgado de conocimiento resolver dentro del t\u00e9rmino de ley las peticiones solicitada por la accionantes garantiz\u00e1ndose el principio de la celeridad procesal\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cartagena concedi\u00f3 el auxilio, tras evidenciar que \u00abla postura interpretativa del juez de instancia merece reproche por parte de la Sala, pues no resulta viable imponer el apremio de treinta d\u00edas a la parte demandante, sin que haya mediado siquiera la omisi\u00f3n del actuar acucioso en el cumplimiento de la carga impuesta, pues se espera, por lo menos, que la parte tenga la oportunidad de iniciar las actuaciones necesarias para dar continuidad al tr\u00e1mite del proceso y ejecutar tal actuaci\u00f3n (\u2026); tanto m\u00e1s, cuando el auto de admisi\u00f3n surgi\u00f3 por v\u00eda de tutela conforme a los pedimentos que en su momento hiciera la ejecutante, es decir, que se descarta abandono procesal de la actora dentro del radicado 2020-00328\u00bb <\/p>\n
Por consiguiente, dispuso \u00abdeclarar sin valor ni efecto el auto adiado 23 de junio de 2021 y los posteriores, para que, en su lugar, el despacho referido dentro del t\u00e9rmino de 48 horas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia d\u00e9 continuidad al proceso ejecutivo 202000328 conforme a lo razonado en l\u00edneas que preceden\u00bb. <\/p>\n
Recurri\u00f3 el juez confutado, aduciendo que \u00abno puede ser admisible que una parte, que ni siquiera se esforz\u00f3 por impugnar los autos presuntamente contrarios a sus intereses, sea beneficiada con el fallo de tutela, sin que siquiera se haga la m\u00e1s m\u00ednima observaci\u00f3n para que cumpla con sus cargas procesales, entre ellas, la de notificar a la parte accionada, carga que ni por asomo se encuentra cumplida y, dado el comportamiento procesal extremadamente pasivo de la actora, ni se espera que cumpla, dilatando en el tiempo la resoluci\u00f3n del expediente de la referencia (\u2026) en acciones de tutela semejantes, ante la falta de ejercicio de los medios ordinarios de defensa al interior del proceso, se ha declarado la denegatoria del amparo deprecado\u00bb. <\/p>\n
1. Ab initio, se advierte la convalidaci\u00f3n de la sentencia opugnada y, por ende, el decaimiento de los reparos planteados por el iudex cuestionado, pues revisado el paginario se constata el quebranto del \u00abdebido proceso, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y el derecho prevalente\u00bb de Shirley Mar\u00eda Sep\u00falveda Cruz. <\/p>\n
1.1. Si bien la promotora no atac\u00f3 mediante reposici\u00f3n la resoluci\u00f3n que decret\u00f3 \u00abel desistimiento t\u00e1cito\u00bb del proceso ejecutivo de alimentos y, esa decisi\u00f3n data del 23 de junio de 2021, por lo que al tiempo de la radicaci\u00f3n de este medio tuitivo (16 mar. 2022) transcurrieron m\u00e1s de siete (7) meses, lo cual tornar\u00eda \u00abimprocedente\u00bb el socorro por no satisfacer los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez; los mismos se tendr\u00e1n por superados, ya que, se hallan en disputa los \u00abderechos alimentarios\u00bb de la \u00abmenor actora\u00bb, condici\u00f3n que otorga una \u00abprotecci\u00f3n constitucional reforzada\u00bb (STC11430-2017, STC5062-2021 y STC13164-2021). <\/p>\n
1.2. En el sub lite, se controvierte el auto de 23 de junio de 2021, a trav\u00e9s del cual el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena decret\u00f3 el \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb en la \u00abdemanda ejecutiva de alimentos de menores\u00bb presentada por Silvana Cruz M\u00e9ndez en representaci\u00f3n de su hija, al estimar que \u00e9sta no cumpli\u00f3 con la \u00abcarga de notificar al demandado\u00bb. <\/p>\n
No obstante, tal correctivo no puede aplicarse de manera autom\u00e1tica a todos los juicios civiles y de familia, sino que debe evaluarse y analizarse de forma concreta el caso y la naturaleza del mismo para determinar su procedencia, e incluso ser coherente con las particularidades f\u00e1cticas debidamente acreditadas en la pugna, ya que en atenci\u00f3n a las consecuencias que se generan por su \u00abdeclaratoria\u00bb, hacerlo de forma mec\u00e1nica generar\u00eda en algunas ocasiones, clara vulneraci\u00f3n de las \u00abgarant\u00edas fundamentales\u00bb de los ni\u00f1os. (STC7436-2015, STC14353-2016, STC11430-2017, STC7929-2018, STC13781-2019, STC8253-2019, STC5062-2021 y STC13164-2021). <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha predicado que la \u00abaplicaci\u00f3n\u00bb de dicha figura no puede ser objetiva. As\u00ed lo ha dejado sentado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]l Juzgador incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho, al decretar la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, como quiera que aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, a un caso que no era susceptible de la exigencia prevista en ese precepto, siendo imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional, (\u2026) como pasa a explicarse. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La exigencia de cumplir determinada carga procesal y aplicar la sanci\u00f3n ante la inobservancia regulada en el precepto citado, no puede ser irreflexiva de las circunstancias especiales previstas en el referido art\u00edculo, sino que debe obedecer a una evaluaci\u00f3n particularizada de cada situaci\u00f3n, es decir, del caso en concreto, para establecer si hay lugar a la imposici\u00f3n de la premisa legal (\u2026). Lo anterior, porque la actividad judicial debe estar presidida por la virtud de la prudencia, que exige al juez obrar con cautela, moderaci\u00f3n y sensatez a la hora de aplicar la ley, m\u00e1s cuando, como en el caso de autos, la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de las normas puede conducir a una restricci\u00f3n excesiva de derechos fundamentales, en este caso el derecho al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026)\u00bb STC 4 dic. 2014, rad. 05001-22-03-000-2014-00816-01; criterio reiterado en STC5062-2021 y STC13164-2021. <\/p>\n
Concretamente, frente a la \u00abinaplicaci\u00f3n\u00bb del canon 317 del estatuto adjetivo civil, por la naturaleza del \u00abproceso de alimentos de menores\u00bb, ha sostenido, que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En ese sentido, es que esta Sala ha se\u00f1alado que en algunos procesos de caracter\u00edsticas particulares, como, verbi gracia, el de alimentos de menores no puede tener cabida la mencionada norma, pues en \u00e9l no s\u00f3lo se debate un derecho que de conformidad con el art\u00edculo 424 del C\u00f3digo Civil es intransferible, inajenable e ineluctable, sino que adem\u00e1s garantiza los recursos necesarios para la subsistencia y el desarrollo hacia la adultez del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, quien es sujeto de especial protecci\u00f3n\u2026\u00bb (STC8850- 2016, 30 jun. 2016 rad. 00186-01 reiterada en STC11430-2017, 3 ag. 2017 rad. 00183-01, STC5062-2021, 7 may. 2021 y STC13164-2021). <\/p>\n
1.3. Descendiendo al caso concreto, se observa que el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena incurri\u00f3 en una irregularidad que afecta el \u00abdebido proceso\u00bb de la menor agenciada, habida cuenta que el expediente \u00abejecutivo de alimentos de menores\u00bb, que inici\u00f3 a trav\u00e9s de su progenitora, no pod\u00eda culminarse por \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb, como quiera que tal \u00abfigura\u00bb es \u00abinaplicable\u00bb al \u00abtr\u00e1mite\u00bb en menci\u00f3n, en tanto las especiales garant\u00edas constitucionales de la infante imponen al \u00abjuzgador constitucional\u00bb realizar una flexibilizaci\u00f3n de los requisitos procedimentales de la salvaguarda en pro de que no resulten afectadas aquellas. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, si bien es cierto que las partes tienen el deber de \u00abrealizar las gestiones y diligencias necesarias para lograr oportunamente la integraci\u00f3n del contradictorio\u00bb (art. 78 CGP), y el estrado reprochado notici\u00f3 por estado a Silvana Cruz M\u00e9ndez la obligaci\u00f3n de \u00abimpulsar el proceso\u00bb y actuar en representaci\u00f3n de los intereses de Shirley Mar\u00eda, so pena de finiquitarlo (30 abr. 2021), no lo es menos que \u00e9ste no ponder\u00f3 las circunstancias que rodeaban la Litis. <\/p>\n
Se afirma ello, por cuanto no tuvo en cuenta: (i) Haber producido orden de pago en \u00abcumplimiento\u00bb de \u00absentencia de tutela\u00bb del 30 de abril (rad. 2021-2020); (ii) No permiti\u00f3 a la precursora desplegar actuaciones tendientes a impulsar el litigio, porque de entrada asign\u00f3 la carga indicada, omitiendo tambi\u00e9n el \u00abdeber\u00bb de gestionar las cautelas \u00abdecretadas\u00bb enviando los respectivos oficios, lo que era de su competencia (art. 11 Dcto 806 de 2020); y, (iii) Las circunstancias de vulnerabilidad de la menor Shirley Mar\u00eda, quien goza de la \u00abprevalencia del inter\u00e9s superior de los menores\u00bb, en tanto se trata de un sujeto de especial \u00abprotecci\u00f3n\u00bb que tiene el \u00abderecho esencial\u00bb a recibir \u00abalimentos\u00bb. <\/p>\n
En un caso de similares contornos, esta Sala apostill\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) De ese modo, estaba obligado el juzgador, previo a declarar el desistimiento t\u00e1cito, ponderar las circunstancias relacionadas con la naturaleza del juicio ejecutivo materia del presente resguardo, cuyo prop\u00f3sito no es otro que satisfacer pecuniariamente las necesidades b\u00e1sicas de los infantes all\u00ed involucrados, para as\u00ed establecer, si era conveniente o no, aplicar de manera irrestricta la citada figura procesal, una vez gestionado el acto de parte, si bien tard\u00edo, a dicho pleito por la all\u00ed demandante, aqu\u00ed tutelante, demostrando as\u00ed su inter\u00e9s por estar en riesgo los alimentos de sus hijos. <\/p>\n
\u201cNo hizo un examen de cara a la Carta Pol\u00edtica (art\u00edculo 44) y los Tratados Internacionales de protecci\u00f3n a la infancia, los cuales sit\u00faan a los menores como sujetos constitucionales privilegiados de la sociedad, omiti\u00e9ndose concretar la regla de interpretaci\u00f3n \u201cpro infans\u201d, seg\u00fan la cual, atendiendo el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, debe darse prelaci\u00f3n a la protecci\u00f3n y salvaguarda a sus derechos dada su situaci\u00f3n de debilidad manifiesta. <\/p>\n
\u201cEn esa misma direcci\u00f3n, el canon 9\u00b0 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia precept\u00faa que \u2018en todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos\u2019. <\/p>\n
\u201cDentro de ese conjunto de garant\u00edas, se halla la alimentaci\u00f3n equilibrada, de la cual ha sostenido esta Corte en relaci\u00f3n con sus destinatarios que \u201c(\u2026) debe implicar la eliminaci\u00f3n de cuanto obst\u00e1culo trate de impedirles el goce efectivo (\u2026)\u201d, m\u00e1s cuando \u201c(\u2026) prev\u00e9 la regla 134 de la Ley 1098 de 2006 que los cr\u00e9ditos por alimentos a favor de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes gozan de prelaci\u00f3n sobre todos los dem\u00e1s (\u2026)\u00bb (CSJ SC, 6 de agosto de 2009, exp. 6800122130002009-00238-01, citada el 16 de diciembre de 2015, exp. 1300122130002015-00391-01, reiterado en STC5062-2021). <\/p>\n
2. Como colof\u00f3n, se avalar\u00e1 el veredicto confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC4763-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC4763-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2022-00113-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62906","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62906","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62906"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62906\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62906"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62906"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62906"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}