STC4767-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4767-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01488-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 3 de agosto de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gloria Nelly Rodr\u00edguez de Mu\u00f1oz contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de esta ciudad y las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2015-952. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, seguridad social, \u00abconfianza leg\u00edtima, (\u2026) vida digna [y] derechos adquiridos\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, indic\u00f3 que present\u00f3 demanda contra la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones- en procura del reajuste de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, en tanto que, \u00abacredit[a] el tiempo que [el literal B del numeral II del art\u00edculo 20 del Decreto 758 de 1990] exige en el sector privado y adem\u00e1s acumul[\u00f3] tiempo en el servicio p\u00fablico para una totalidad de 1.766 semanas cotizadas\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien neg\u00f3 las pretensiones y en consecuencia absolvi\u00f3 a la querellada. <\/p>\n
Destac\u00f3 que posteriormente, en virtud de la apelaci\u00f3n interpuesta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta localidad confirm\u00f3 lo resuelto por el a quo. Inconforme, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2, dej\u00f3 inc\u00f3lume la decisi\u00f3n desfavorable del ad quem al considerar que \u00abno es posible acumular, para efectos de la pensi\u00f3n de vejez de que trata el Acuerdo 049 de 1990, aun encontr\u00e1ndose concedida con fundamento en el r\u00e9gimen de transici\u00f3n, semanas cotizadas en el sector particular con tiempos de servicios para entidades oficiales\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se revoque el fallo SL2239 del 1 de junio de 2020 y en consecuencia \u00abse ordene proferir una nueva [determinaci\u00f3n] teniendo en cuenta el precedente sentado por la Corte Constitucional Sentencia SU 769 de 2014 y de la Corte Suprema de Justicia en la STL 1981 de 2020 y SL2557-2020\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia confutada, realiz\u00f3 un recuento de la misma y expuso que \u00abpor evident\u00edsimas razones, la Sala Dos de Descongesti\u00f3n, cuando profiri\u00f3 el [veredicto] atacado por la acci\u00f3n de amparo, no ten\u00eda por qu\u00e9 conocer que su hom\u00f3loga permanente de casaci\u00f3n laboral, cambiar\u00eda, d\u00edas despu\u00e9s, su doctrina sobre el tema de la sumatoria de tiempos p\u00fablicos y privados para efectos de pensiones como la impetrada por la reclamante\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00aben este caso emerge en claro el acatamiento del precedente jurisprudencial fijado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente de la Corte, para la fecha en que se profirieron las [disposiciones] CSJ SL1981 del 1\u00b0 de julio de 2020 y SL2557-2020 del 8 de julio de 2020\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, precis\u00f3 que \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante, y por tanto se solicita se niegue el amparo solicitado\u00bb. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S. adujo que \u00aba ra\u00edz de la orden de supresi\u00f3n (\u2026) del extinto I.S.S. emanada del Gobierno Nacional con la expedici\u00f3n y entrada en vigencia del Decreto 2013 de 2012, la extinta entidad perdi\u00f3 la competencia para resolver peticiones relacionadas con la administraci\u00f3n del [R.P.M] toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2011 de 28 de septiembre de 2012, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013COLPENSIONES, es la entidad competente como nueva administradora del referido r\u00e9gimen pensional\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al advertir que \u00abrevisada la [decisi\u00f3n] objeto de controversia y que es el motivo de inconformidad, no puede concluirse que aquella constituya una v\u00eda de hecho, como que de igual manera no puede aducirse con grado de acierto la existencia de alg\u00fan defecto capaz de configurar una causal de procedibilidad del amparo\u00bb. En ese aspecto, coligi\u00f3 que \u00abse evidencia que no es procedente conceder la protecci\u00f3n invocada, como lo pretende la demandante, pues quedaron claras las razones por las cuales, para el momento en que se emiti\u00f3 la [resoluci\u00f3n], no hab\u00eda lugar a acceder a la solicitud de casar el fallo de segunda instancia, en aplicaci\u00f3n de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, consagrados en el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica, sin que le corresponda al juez constitucional emitir un juicio de valor diferente al efectuado por el juez natural, como aspira la accionante\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la convocante para insistir en su pretensi\u00f3n, destacando que el a quo \u00abde manera esquem\u00e1tica se abstuvo de estudiar la protecci\u00f3n constitucional deprecada incurriendo tambi\u00e9n en posible v\u00eda de hecho, cuando desconoci\u00f3 y no aplic\u00f3 lo establecido en aras de contabilizar las semanas laboradas en el sector p\u00fablico, sufragadas o no a una caja, fondo o entidad de previsi\u00f3n social. En consecuencia, todos los tiempos laborados, sin distinci\u00f3n al tipo de empleador o si fueron objeto de aportes a pensi\u00f3n o no, son v\u00e1lidos para efectos pensionales\u00bb. Seguidamente, manifest\u00f3 que \u00aben la providencia que hoy se impugna no se aplic\u00f3 los precedentes jurisprudenciales primero que todo de la sentencia SU769 de 2014 de la Corte Constitucional, y de la (\u2026) SL 2442 de 2018 que ya hab\u00edan sido expedidas mucho antes de proferirse la [decisi\u00f3n] que hoy se enjuicia por la senda constitucional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 la gestora (SL2239-2020, rad. 79586), por mantener en firme la resoluci\u00f3n desestimatoria del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume la resoluci\u00f3n desestimatoria del tribunal ad quem, en tanto consider\u00f3 que \u00abno es posible acumular, para efectos de la pensi\u00f3n de vejez de que trata el Acuerdo 049 de 1990, aun encontr\u00e1ndose concedida con [soporte] en el r\u00e9gimen de transici\u00f3n, semanas cotizadas en el sector particular con tiempos de servicios para entidades oficiales\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el cargo \u00fanico, encaminado por la v\u00eda directa, en la modalidad de infracci\u00f3n de los \u00abart\u00edculos 13, 15, 36 y 141 de la Ley 100 de 1993; 48, 53 y 230 de la CN; en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 12, 13, 20 y 21 del Decreto 758 de 1990 y 21 del CST\u00bb, el estrado enjuiciado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[L]a demanda con la que se procura sustentar el recurso extraordinario, presenta deficiencias t\u00e9cnicas, que afectan su estimaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, enumer\u00f3 las falencias presentadas en la presentaci\u00f3n del embate. En primer lugar, con apoyo de lo dispuesto en el fallo SL2367-2018, indic\u00f3 que, \u00ab[l]a formulaci\u00f3n del alcance de la impugnaci\u00f3n es deficiente, en raz\u00f3n a que la censura solicita se case la sentencia de segunda instancia y, al mismo tiempo, requiere porque se \u00abrevoque\u00bb, cuando ello es jur\u00eddicamente imposible, en vista de que, anulada aquella providencia, desaparece del mundo jur\u00eddico, lo que impide cualquier otra decisi\u00f3n respecto a ella. En otras palabras, no se puede revocar [un veredicto], que ya no existe\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abaun cuando la Corte, salvara la anterior deficiencia, entendiendo que solicita la revocatoria del primer [pronunciamiento], que le fue totalmente desfavorable, no hallar\u00eda estimaci\u00f3n en los ataques, porque como pasa a verse, adolecen de otros defectos, que no permiten su estimaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, resalt\u00f3 que \u00ab[l]a acusaci\u00f3n increpa unos errores jur\u00eddicos que el Tribunal no cometi\u00f3, al confrontar la legalidad [de la resoluci\u00f3n] a trav\u00e9s del submotivo de infracci\u00f3n directa de los art\u00edculos 13 y 36 de la Ley 100 de 1993 y 12 de Decreto 758 de 1990, porque estas normas fueron el fundamento jur\u00eddico de la [absoluci\u00f3n] del Tribunal, pues sobre las mismas se discierne en la sentencia CSJ SL, \u00ab2011 rad. 41703\u00bb y en la CC SU-769-2014, estudiadas por la segunda instancia, lo cual descarta la estructuraci\u00f3n de aquel error de omisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Consecutivamente, analiz\u00f3 los argumentos en los cuales fund\u00f3 el tribunal su decisi\u00f3n, los contrast\u00f3 con los se\u00f1alados por la censura y coligi\u00f3 que \u00abla recurrente dej\u00f3 sin acusar puntualmente, t\u00f3picos jur\u00eddicos y f\u00e1cticos estructurales de la [determinaci\u00f3n] acusada, particularmente, con especial relevancia para el caso, los atinentes a que, i) se apartar\u00eda de lo dicho en [la] SU-769-2014, porque con ello, se pretendi\u00f3 salvaguardar el derecho a la seguridad social de los afiliados y ese no era el caso de la demandante, porque ya se le hab\u00eda reconocido la pensi\u00f3n de vejez y, ii) lo relativo al principio de inescindibilidad, que a juicio de la segunda instancia no permit\u00eda lo procurado por aquella, esto es que se tomen de reg\u00edmenes pensionales diferentes, normas en la parte que la favorecen\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, en virtud de lo se\u00f1alado en las providencias SL9159-2017 y SL5003-2019, reliev\u00f3 que, \u00ab[e]sa omisi\u00f3n de ataque, es suficiente para sostener [la disposici\u00f3n] gravad[a] con el recurso extraordinario, por la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto que arropa a las [actuaciones] de los Jueces\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, manifest\u00f3 que \u00abno existe ning\u00fan [yerro] en la [resoluci\u00f3n] recurrida, toda vez que en forma unificada la Corte ha se\u00f1alado, que no es posible acumular, para efectos de la pensi\u00f3n de vejez de que trata el Acuerdo 049 de 1990, aun encontr\u00e1ndose concedida con fundamento en el r\u00e9gimen de transici\u00f3n, semanas cotizadas en el sector particular con tiempos de servicios para entidades oficiales\u00bb. Tesis que ciment\u00f3 en los veredictos SL4271-2017, SL4541-2018, SL4647-2018, SL032-2018, SL5514-2018 y SL3785-2019. <\/p>\n
Finalmente, adujo que \u00abcomo la acudiente en casaci\u00f3n, entre sus argumentos de sustento relaciona [los fallos] \u00abCC SU-769-2014\u00bb; CE, 15 dic. 2016, rad. \u00ab11002-03-15-000-2016-01334-01\u00bb y la proferida por \u00abel Juzgado Tercero [\u2026] Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 dentro del proceso [\u2026] 2016-036 del 28 de julio de 2016\u00bb, cumple recordar que, como se ha dicho en la sentencia CSJ SL4093-2017 \u00abpor virtud de su autonom\u00eda en la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las normas, la Corte Suprema de Justicia, como \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, puede acoger un criterio diferente al de otras Corporaciones Judiciales en torno a los diversos temas que le sean planteados\u00bb. <\/p>\n
Todo ello, para desestimar el cargo. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la solicitante no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb enunciados en el libelo inicial, esta Sala colige que la diferencia de criterios, por s\u00ed misma, no tiene la entidad de enervar la juridicidad de la sentencia de casaci\u00f3n, aunado a que en la misma se hizo alusi\u00f3n a los postulados jurisprudenciales del \u00f3rgano de cierre laboral en lo concerniente a la problem\u00e1tica estudiada \u2013entre otros, se apoy\u00f3 en los fallos SL390-2018, 30 ene., rad. 65219; SL2367-2018, 6 jun., rad. 63348; SL1381-2019, 3 abr., rad. 59878; SL9159-2017, 31 may., rad. 51102; SL5003-2019, 13 nov., rad. 64250; SL3785-2019, 24 jul., rad. 73809 y SL4093-2017, 15 mar., rad. 64448 \u2013, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
Con todo, se reitera que, mirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Colegiatura en relaci\u00f3n con asuntos de contornos similares al presente, se encuentra necesario adecuarla, puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral, pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener la providencia refutada, precisando que, para la Sala, es procedente el respeto por las resoluciones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 15 de marzo de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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