STC4784-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4784-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n 17001-22-13-000-2022-00062-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 22 de marzo de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en la tutela que In\u00e9s Salazar Lara instaur\u00f3 en contra del Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, extensiva al Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de la misma capital y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2013-00428. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb para que se dejara sin efectos el interlocutorio que el estrado acusado emiti\u00f3 el 5 de octubre de 2021 y, por tanto, se le ordenara dictar uno nuevo. <\/p>\n
En sustento narr\u00f3 que en el ejecutivo hipotecario que Nelson Tabares G\u00f3mez promovi\u00f3 contra Jos\u00e9 Fredy Arango Id\u00e1rraga (2013-00428), el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Manizales repuso el auto de 13 de marzo de 2020 que deneg\u00f3 la solicitud de nulidad fundada en la causal 2\u00aa del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso y, reclam\u00f3 desde el prove\u00eddo que dispuso \u00abun segundo secuestro del bien hipotecado\u00bb (27 feb. 2016), y en su lugar, la declar\u00f3, decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del litigio y el levantamiento de las medidas cautelares (12 may. 2021); decisi\u00f3n que la segunda instancia revoc\u00f3 (5 oct. 2021). <\/p>\n
Resalt\u00f3 que el pasado 28 de febrero se comision\u00f3 para la pr\u00e1ctica del secuestro, resoluci\u00f3n que impugn\u00f3. <\/p>\n
Acus\u00f3 al ad quem de incurrir en v\u00eda de hecho por \u00abdefecto f\u00e1ctico y sustantivo\u00bb, en atenci\u00f3n a que: <\/p>\n
i) Procedi\u00f3 contra providencia ejecutoriada del superior, a saber, la determinaci\u00f3n de 31 de octubre de 2014, confirmada con ocasi\u00f3n de la sentencia STC1559-2016, para luego, cancelar las cautelas que reca\u00edan sobre el inmueble hipotecado. <\/p>\n
ii) Revivi\u00f3 un proceso legalmente concluido por sustracci\u00f3n de materia, al paso que la \u00abhipoteca\u00bb le era inoponible, pues \u00abes la actual propietaria del inmueble\u00bb que \u00abse hallaba desvinculado de dicho tr\u00e1mite por haber fenecido el tr\u00e1mite de oposici\u00f3n\u00bb, y resultaba improcedente que se \u00abdecretara el embargo de un bien sobre el que ya se hab\u00eda ordenado levantar el embargo y el secuestro\u00bb y, <\/p>\n
iii) Se fund\u00f3 en doctrina que versa sobre el \u00abderogado proceso ejecutivo mixto que autorizaba al ejecutante \u2013 en caso de levantamiento de secuestro (par\u00e1grafo 3\u00b0 del derogado art\u00edculo 686 del CPC) a perseguir otros bienes del ejecutado all\u00ed mismo y no en proceso separado, siempre que este, adem\u00e1s de propietario de la cosa que se remat\u00f3, sea deudor\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Manizales narr\u00f3 lo surtido en el juicio controvertido y destac\u00f3 la legalidad de su proceder. <\/p>\n
El Tercero Civil del Circuito se opuso al amparo, porque no cumple el presupuesto de la inmediatez, y la directriz objetada encontr\u00f3 apoyo en el art\u00edculo 2452 del C\u00f3digo Civil, que prev\u00e9 que la \u00abhipoteca otorga al acreedor el derecho de perseguir la finca hipotecada, sea quien fuere el que la posea, y a cualquier t\u00edtulo que la haya adquirido\u00bb. Adem\u00e1s, afirm\u00f3 que la \u00abaccionante pretende que el proceso se retrotraiga, lo cual es improcedente bajo la perspectiva del inciso tercero del numeral 1 del art\u00edculo 468 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
3.- La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales desestim\u00f3 el ruego, en atenci\u00f3n a que la autoridad confutada respald\u00f3 su pronunciamiento \u00aben normas aplicables al asunto\u00bb y no en doctrina relacionada con una norma derogada, a m\u00e1s que no se estructur\u00f3 la causal de anulabilidad aducida, debido a que el auto en el que la ciment\u00f3 \u00ab\u00fanicamente dispuso la integraci\u00f3n de la Litis con quien hoy acciona esta tutela, como propietaria del bien que con ocasi\u00f3n a una hipoteca se persigue en dicho proceso\u00bb. <\/p>\n
4.- La accionante replic\u00f3 iterando los argumentos del escrito genitor, aseverando que el a quo constitucional no analiz\u00f3 lo concerniente a la \u00abcausal de nulidad\u00bb relacionada con \u00abrevivir un proceso legalmente concluido\u00bb, ya que \u00absi el ejecutante hab\u00eda declinado de perseguir los derechos que tuviera el demandado, la consecuencia hab\u00eda sido la terminaci\u00f3n del proceso hipotecario \u2013por sustracci\u00f3n de materia- o por terminaci\u00f3n del incidente de oposici\u00f3n al secuestro\u00bb, ni lo pertinente a haber asumido que \u00abel proceso era mixto\u00bb, pese a que \u00e9ste se encuentra derogado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Delanteramente se advierte que en el sub j\u00fadice se satisface la exigencia temporal que caracteriza este selecto sendero, en la medida que entre la fecha del prove\u00eddo desfavorable a los intereses de la precursora (5 oct. 2021), y la formulaci\u00f3n del pliego superlativo (8 mar. 2022), transcurrieron un poco m\u00e1s de cinco (5) meses; esto es, no se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han apreciado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
2.- No obstante, se divisa el decaimiento de la \u00abtutela\u00bb y, la convalidaci\u00f3n del veredicto de primer grado, en tanto la decisi\u00f3n del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales (5 oct. 2021), que revoc\u00f3 la del a quo, no luce antojadiza, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario. <\/p>\n
En efecto, para arribar a tal conclusi\u00f3n, afirm\u00f3 que no se procedi\u00f3 contra una providencia ejecutoriada del superior, porque, si bien es cierto, \u00abhubo una orden de tutela dentro de un tr\u00e1mite incidental de levantamiento de medida de secuestro que prosper\u00f3, la finalidad de [la misma] radi[c\u00f3] en la necesidad de vinculaci\u00f3n de la se\u00f1ora In\u00e9s Salazar Lara en calidad tercera poseedora\u00bb, de ah\u00ed que se hubiesen levantado las medidas cautelares, m\u00e1xime cuando con posterioridad \u00abfue declarada propietaria del inmueble objeto de gravamen hipotecario, mediante sentencia proferida el 2 de diciembre de 2014\u00bb,. <\/p>\n
Acto seguido, rese\u00f1\u00f3 que pese a haberse integrado en debida forma al contradictorio a Salazar Lara, no contest\u00f3 la demanda. Por su parte, el ejecutante pidi\u00f3 \u00abnuevamente el decreto de medidas cautelares, a lo cual el juzgado accedi\u00f3, habida cuenta que los supuestos f\u00e1cticos del proceso hab\u00edan cambiado, debido a que la titularidad del bien objeto de gravamen ya reca\u00eda en cabeza de la tercera vinculada (\u2026). <\/p>\n
En dicha l\u00ednea, asegur\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) si bien (\u2026) hubo una decisi\u00f3n de levantamiento de medidas de embargo y secuestro, no es menos cierto que dicha determinaci\u00f3n no se constituye en una sentencia que resuelve de fondo el asunto, y tampoco impide que se decrete nuevamente la medida cautelar de embargo y secuestro, toda vez que en el momento procesal que prosper\u00f3 el incidente de levantamiento fue con la finalidad de que la poseedora integrara el leg\u00edtimo contradictorio de este asunto (\u2026). <\/p>\n
Por ello, la orden de levantamiento de medida de embargo y secuestro no implica que dicha determinaci\u00f3n deba mantenerse inerte en el tiempo, cuando su finalidad ya se cumpli\u00f3, que era la vinculaci\u00f3n de la tercera poseedora, y m\u00e1s a\u00fan, si se tiene en cuenta que dicha tercera actualmente es propietaria del inmueble objeto de gravamen <\/p>\n
En punto a la inviabilidad del decreto de cautelares en una segunda oportunidad por no haberse ejercido la facultad prevista en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 596 del C\u00f3digo General del Proceso, ense\u00f1\u00f3 que \u00abdicha prerrogativa no impide que un acreedor con garant\u00eda real [que] pueda perseguir dicho gravamen [hipoteca] en cabeza de quien se encuentre, conforme lo contempla (\u2026) el art\u00edculo 2452 C\u00f3digo Civil, que se\u00f1ala: \u201cLa hipoteca da al acreedor el derecho de perseguir la finca hipotecada, sea quien fuere el que la posea, y a cualquier t\u00edtulo que la haya adquirido\u201d\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, asever\u00f3 que \u00abno revivi\u00f3 un proceso legalmente concluido\u00bb, como quiera que no se cumplieron los requisitos enlistados en el art\u00edculo 461 del C\u00f3digo General del Proceso para dar por terminado el litigio y, tampoco, se acredit\u00f3 el pago total de la obligaci\u00f3n, en tanto \u00abla prosperidad (\u2026) del incidente de levantamiento de medida, no implica que el proceso haya terminado, [ni que] (\u2026) que no se pueda continuar el curso del [mismo], pues subsiste la garant\u00eda real en cabeza de una de las partes demandadas\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, asegur\u00f3 que lo anterior coincide con la soluci\u00f3n que se dio al proceso declarativo de inoponibilidad de la hipoteca, en el que se \u00abconfirm\u00f3 el derecho de persecuci\u00f3n que tiene (\u2026) Tabares [aqu\u00ed ejecutante] respecto [d]el bien hipotecado a su favor, y de propiedad de la incidentante [aqu\u00ed tutelante]\u00bb (n\u00b0 2017-00391). <\/p>\n
3-. En ese orden, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere la sedicente, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de esta salvaguarda, cuyo objetivo no fue servir de tercera instancia con el fin de discutir los \u00abfundamentos\u00bb de la entidad jurisdiccional en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
4. En lo atinente a la doctrina citada por el estrado fustigado, en relaci\u00f3n con que se cre\u00f3 un vac\u00edo al \u00abno haber reproducido el par\u00e1grafo 3\u00ba del art\u00edculo 686 del CPC\u00bb, que debe llenarse con \u00ablo previsto en el inciso 6\u00ba del numeral 6\u00ba del art\u00edculo 468 del CGP\u00bb, para que \u00abcuando el bien gravado no puede perseguirse porque no se concret\u00f3 su secuestro o este se levant\u00f3\u00bb se permita al acreedor \u00abperseguir otros bienes del ejecutado sin necesidad de prestar cauci\u00f3n, \u201csiempre y cuando \u00e9ste sea el deudor de la obligaci\u00f3n\u201d\u00bb, carece de relevancia constitucional emitir un pronunciamiento al respecto. <\/p>\n
Ello, si se tiene en cuenta que: a) Dicha teor\u00eda jur\u00eddica no constituye el \u00abargumento\u00bb principal en el que se soport\u00f3 la determinaci\u00f3n de 5 de octubre de 2021, ya que el sustento para perseguir el inmueble en cabeza de Salazar Lara es el art\u00edculo 2452 del C\u00f3digo Civil; b) No se denota la restricci\u00f3n de garant\u00edas supralegales; c) El sentido de la directriz combatida, empleando o no dicha dotrina no var\u00eda; y, d) La \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb no es una instancia o recurso adicional para discutir las \u00abdecisiones judiciales\u00bb y reabrir debates de car\u00e1cter estrictamente legal. <\/p>\n
Frente a la \u00abausencia del requisito de la relevancia constitucional\u00bb y, avalando lo predicado por la Corte Constitucional, esta Sala en CSJ STC13737-2021 se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Frente a situaciones que no comportan relevancia jur\u00eddico-constitucional, ha dicho la Corte Constitucional, \u00ab(…) la procedencia de la tutela se encuentra condicionada a que el conflicto planteado trascienda el \u00e1mbito puramente legal, sobre la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la ley (\u2026) para comprender un aspecto de naturaleza constitucional que demande la protecci\u00f3n especial del juez de tutela de manera inmediata. (…) Es as\u00ed como a partir del an\u00e1lisis de las causas invocadas y (\u2026) en lo que ata\u00f1e a la tutela, debe verificarse si las causas aludidas por los accionantes vulneran sus derechos fundamentales (…)\u00bb (CC T-978\/06). <\/p>\n
Asimismo, en la sentencia C-590 de 2005 esa Alta Corporaci\u00f3n expuso que el estudio de la \u00abrelevancia constitucional\u00bb a fin de considerar la preponderancia del presunto agravio o defecto atribuido al accionado persigue principalmente tres finalidades: \u00ab(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acci\u00f3n de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acci\u00f3n de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces\u00bb. Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En definitiva, no se evidencia que el cuestionamiento aducido represente la arbitrariedad denunciada con la repercusi\u00f3n sustancial en las garant\u00edas fundamentales en los t\u00e9rminos alegados por el gestor del amparo. <\/p>\n
5.- Lo dicho conlleva a la ratificaci\u00f3n del fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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