STC4787-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4787-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2021-01083-02 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 9 de noviembre de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Lino L\u00f3pez Quijano y \u00c1ngelo Steven L\u00f3pez S\u00e1nchez le instauraron al Juzgado Veinticinco de Familia de esta ciudad, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 I.C.B.F.-, los Defensores de Familia n\u00b0 2 y 18 de Puente Aranda de esta localidad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el dossier cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los querellantes, obrando en nombre propio, reclamaron la guarda de las prerrogativas al \u00abdebido proceso administrativo, defensa, contradicci\u00f3n, acceso a la justicia, igualdad, buen nombre, intimidad, moralidad administrativa y judicial\u00bb, para que se ordenara: <\/p>\n
\u00abi) la nulidad absoluta del PARD por la falta de motivaci\u00f3n para haber comenzado dicho proceso en contra de quien para ese momento era menor de edad afrodescendiente con el desapego de las normas y a que hay violaci\u00f3n directa a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y tratados y normas internacionales, rehaciendo las actuaciones que est\u00e1n viciadas por el desv\u00edo falaz al ingresarlo bajo un proceso administrativo de la informaci\u00f3n requerida. <\/p>\n
ii) Se declare la nulidad del oficio de la sentencia emitida el 4 de diciembre de 2020 por el ICBF dentro del PARD y la providencia del 23 de abril de 2021 por el Juzgado Veinticinco de Familia dentro de la homologaci\u00f3n por la falta de competencia ya que transcurri\u00f3 m\u00e1s de 6 meses en el PARD y m\u00e1s de dos meses en la homologaci\u00f3n para su sentencia, no acordes a los tiempos reglados y ya hab\u00eda perdido competencia, en su defecto trasladar a la siguiente secci\u00f3n de turno para que finalmente se requiera la informaci\u00f3n solicitada inicialmente por no estar fuera del marco legal. <\/p>\n
iii) Se revoque y se unifique el tr\u00e1mite de la homologaci\u00f3n ya que en dicho caso no oper\u00f3 como control de legalidad, sino como medio de impunidad de las normas favorables a un adolescente afrodescendiente. <\/p>\n
iv) Se declare que concurrieron hechos totalmente relevantes que por v\u00edas de hecho vulneraron derechos fundamentales tanto al adolescente y a su progenitor, por solicitudes indecentes, inconducentes y no \u00fatiles de la Defensora de Familia No. 2 al solicitar la historia cl\u00ednica y reportes de denuncias penales del progenitor sin tener un aval de Juez de Control de Garant\u00edas. <\/p>\n
v) Declarar la nulidad porque no se aplicaron (sic) la cuerda procesal que se ten\u00eda que haber efectuado ya que el adolescente pertenece a una Etnia afrodescendiente reconocido por el Ministerio del Interior y corresponde a una norma vigente seg\u00fan el art. 156 de la Ley 1098 de 2006 para que se ajuste a una sentencia a derecho. <\/p>\n
vi) Se compulse las copias respectivas a los funcionarios que hacen desgaste y procesos administrativos con una vaga motivaci\u00f3n al respecto solo para afectar el buen nombre y la dignidad del adolescente afrodescendiente y su progenitor. <\/p>\n
vii) Compulsa de copias a los funcionarios que emitieron sentencias y fallos con la falta de competencia y t\u00e9rminos vencidos\u00bb. <\/p>\n
En compendio, se\u00f1alaron que la Defensor\u00eda de Familia del Centro Zonal Puente Aranda inici\u00f3 proceso administrativo de restablecimiento de derechos a favor del entonces menor de edad \u00c1ngelo Steven L\u00f3pez S\u00e1nchez al verse involucrado en tres asuntos distintos por los delitos de hurto calificado y agravado y violencia contra servidor p\u00fablico (en uno se le absolvi\u00f3, otro est\u00e1 en curso y en el \u00faltimo se emiti\u00f3 sentencia, cuya sanci\u00f3n ya fue cumplida), tr\u00e1mite que culmin\u00f3 con declaraci\u00f3n en situaci\u00f3n de vulnerabilidad al adolescente y con medida de ubicaci\u00f3n inmediata en medio familiar con su progenitor Lino L\u00f3pez Quijano (audiencia 4 dic. 2020). <\/p>\n
Refirieron que el padre del joven interpuso recurso de reposici\u00f3n para cuyo efecto present\u00f3 \u00abquince censuras\u00bb, empero la providencia se mantuvo inc\u00f3lume (4 dic. 2020) y el Juzgado Veinticinco de Familia de esta capital homolog\u00f3 lo resuelto (23 abr. 2021). <\/p>\n
En su criterio con tales pronunciamientos se afectaron sus garant\u00edas esenciales, puesto que \u00abincurrieron en defecto procedimental absoluto, f\u00e1ctico, sustantivo, exceso ritual manifiesto, falta de motivaci\u00f3n, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n y choque de trenes con los Convenios y Tratados Internacionales suscritos por Colombia\u00bb, debido a que al momento de zanjarse \u00abla homologaci\u00f3n, no se atendieron los reparos efectuados contra la decisi\u00f3n de la Defensor\u00eda de Familia y se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n de homologaci\u00f3n dos meses despu\u00e9s del lapso con que contaba para hacerlo y sin motivaci\u00f3n\u00bb; aunado a que \u00abse omiti\u00f3 valorar las razones que conllevaron al recurso de reposici\u00f3n, impartiendo en su lugar legalidad al PARD y se interpret\u00f3 erradamente el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n, las Leyes 1098 de 2006 y 1878 de 2018\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Veinticinco de Familia de Bogot\u00e1 se opuso al auxilio, pues el 18 de febrero de 2021 avoc\u00f3 el conocimiento de la homologaci\u00f3n y el 23 de abril siguiente ratific\u00f3 lo determinado por la autoridad administrativa, evidenci\u00e1ndose que \u00abel padre de \u00c1ngelo Steven a trav\u00e9s de varios medios judiciales, administrativos y\/o constitucionales\u00bb se resiste \u00abal restablecimiento de derechos de su hijo y es su deseo que cierren todos los casos por considerar que afectan su imagen e integridad\u00bb; sin embargo se le inform\u00f3 que su descendiente \u00abse ha visto involucrado en varias situaciones que amenazan su integridad, como son las diferentes investigaciones penales que se iniciaron en su contra, por lo que el Estado debe velar por su protecci\u00f3n y sus derechos del entonces adolescente\u00bb. <\/p>\n
El Defensor de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 ICBF dijo que en el \u00abtramite criticado\u00bb no se aprecia vulneraci\u00f3n a privilegio supralegal alguno. <\/p>\n
El Juzgado Tercero Penal del Circuito para Adolescentes con Funci\u00f3n de Conocimiento y la EPS Famisanar rogaron su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
El Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento anunci\u00f3 que en la causa por \u00abhurto calificado y agravado en contra del entonces adolescente con CUI 2019-3398 NI 42164\u00bb se dict\u00f3 \u00abfallo sancionatorio, imponi\u00e9ndose privaci\u00f3n de la libertad por doce meses, decisi\u00f3n confirmada por el Tribunal y el 2 de febrero de 2021 se extingui\u00f3 la sanci\u00f3n por cumplimiento\u00bb; y en el \u00abCUI 2019-01033 NI 42325 se encuentra programada audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n para el 12 de noviembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda 369 Seccional de esta localidad narr\u00f3 las actuaciones adelantadas contra \u00c1ngelo Steven L\u00f3pez S\u00e1nchez por el punible de hurto calificado y agravado donde se emiti\u00f3 \u00abfallo absolutorio a su favor el 2 de septiembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda 309 Delegada ante los Jueces Penales Municipales de la Unidad de Conciliaci\u00f3n Preprocesal comunic\u00f3 que en la denuncia formulada por la Defensora de Familia n\u00b0 2 de Puente Aranda contra Lino L\u00f3pez Quijano por \u00abel presunto delito de calumnia, se profiri\u00f3 orden de archivo\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el amparo porque \u00abla decisi\u00f3n administrativa y judicial no se aprecian irrazonables o caprichosas, por el contrario, fueron garantes de los derechos fundamentales de \u00c1ngelo Steven en la tarea de constatar las razones por las cuales result\u00f3 involucrado en situaciones contrarias a la ley\u00bb, m\u00e1xime que \u00abno se encontraron situaciones que permitan inferir discriminaci\u00f3n a \u00c1ngelo por su condici\u00f3n de afrodescendiente\u00bb y, \u00abrespecto a los t\u00e9rminos dentro de los que se resolvi\u00f3 la actuaci\u00f3n por el ICBF no transcurri\u00f3 los seis meses y en lo concerniente a la homologaci\u00f3n, si bien, se super\u00f3 los dos meses por escasos 5 d\u00edas, esa inconformidad no fue planteada ante el juzgado, raz\u00f3n por la cual, el juez constitucional no puede intervenir ante lo que puede considerarse un hecho consumado\u00bb. <\/p>\n
Recurrieron los precursores reiterando sus planteamientos inaugurales, agregando que \u00ablos derechos fundamentales se ven amenazados con la iniciaci\u00f3n de un proceso administrativo completamente ama\u00f1ado desde el ICBF y el juzgado que conllev\u00f3 a seguir desprestigiando la dignidad del adolescente, pues al otro adolescente capturado se le brind\u00f3 la libertad en cambio por temas netamente raciales y discriminatorios se le priv\u00f3 de la libertad a \u00c1ngelo (\u2026) o por qu\u00e9 ser\u00e1 que en uno de los procesos fue absuelto cuando tuvo el acompa\u00f1amiento de su progenitor, en cambio en el otro no se le inform\u00f3 al progenitor, fue condenado, fue inducido desde la judicializaci\u00f3n hasta el juzgamiento, de modo que el juez constitucional debi\u00f3 amparar y conceder la tutela como mecanismo transitorio\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo afirmaron que \u00abnada se dijo respecto a la compulsa de copias a las entidades accionadas por comportamientos que van en contra del derecho constitucional al cual como accionantes [tienen] derecho\u00bb y \u00abse debi\u00f3 hacer valer la jurisprudencia que ha dicho que la orden emitida por la Sala no solo debi\u00f3 referirse al retiro y eliminaci\u00f3n de la informaci\u00f3n del menor. Era necesario que incluyera una orden al Colegio para que manifestara que la informaci\u00f3n publicada sobre el alumno se hizo sin el consentimiento previo libre e informado del menor y sus representantes legales, y el compromiso de abstenerse, en el futuro de cometer conductas que vulneren los derechos fundamentales de sus alumnos como ocurri\u00f3 en este caso\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, pidieron \u00ab[revocar] el fallo de primera instancia y en su lugar se ordene, tomar la totalidad de las pretensiones solicitadas en la acci\u00f3n de tutela con base en los defectos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos colocados en conocimiento, tantos los derechos a la dignidad, imagen, honra, debido proceso administrativo, igualdad entre otros (\u2026) ya que no se responsabilizan claramente de los hechos violando derechos constitucionales que tienen por lo cual causaron un desgaste judicial y ordenar la preservaci\u00f3n del orden jur\u00eddico de los principios de confianza leg\u00edtima con conexidad al da\u00f1o irreparable\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub j\u00fadice se advierte el fracaso del resguardo y, por ende, la convalidaci\u00f3n del veredicto de primer grado, porque en la decisi\u00f3n emitida por el Juzgado Veinticinco de Familia de Bogot\u00e1 que \u00abhomolog\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por el Defensor de Familia del Centro de Puente Aranda del I.C.B.F. mediante fallo de 4 de diciembre de 2020\u00bb se expusieron las razones para ello, lo que no evidencia subjetividad, arbitrariedad o capricho, al tratarse de una labor que no puede ser reprochada en el terreno de esta especial justicia. <\/p>\n
Fue as\u00ed como esboz\u00f3, preliminarmente que \u00abel proceso administrativo de restablecimiento de derechos\u00bb tiene como objetivo restaurar la dignidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes ante la evidencia de posible afectaci\u00f3n a esos bienes jur\u00eddicos preciados por el Estado, la familia y la sociedad a trav\u00e9s de la intervenci\u00f3n de las autoridades competentes, quienes deben examinar la pertinencia y necesidad de la \u00abimposici\u00f3n de medidas de restablecimiento consagradas en el C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, seg\u00fan las necesidades del menor\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese derrotero descendi\u00f3 al caso concreto y en relaci\u00f3n con el reparo del accionante Lino L\u00f3pez Quijano en torno a que \u00abhubo inconsistencias en el tr\u00e1mite procesal y no se valor\u00f3 en debida forma la documentaci\u00f3n allegada, por lo que se debe negar el restablecimiento de derechos, ya que tal decisi\u00f3n afecta la imagen e integridad de su menor hijo\u00bb, estim\u00f3: <\/p>\n
Revisada la actuaci\u00f3n surtida por los funcionarios del Centro Zonal de Puente Aranda del I.C.B.F. respecto del NNA \u00c1NGELO STEVEN L\u00d3PEZ S\u00c1NCHEZ, no queda duda que las autoridades administrativas observaron con la debida diligencia los mandatos descritos en el cap\u00edtulo II del T\u00edtulo II del Libro Primero del C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto se verifica que NNA \u00c1NGELO STEVEN L\u00d3PEZ S\u00c1NCHEZ, se ha visto involucrado en varias situaciones que amenazan con su integridad, esto es las diferentes investigaciones penales que se han iniciado en su contra, por lo que el Estado debe velar por su protecci\u00f3n y no es como aduce el progenitor da\u00f1ar la imagen o integridad de su hijo, sino todo lo contrario garantizar sus derechos y protegerlo\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abAunado a lo anterior, deben tenerse en cuenta los informes sociales y psicol\u00f3gicos rendidos por el equipo interdisciplinario del I.C.B.F., en los que se resaltan que es adecuado dejarlo en medio familiar ya que est\u00e1 rodeado de una familia que le provee el amor, cuidado y protecci\u00f3n. Adem\u00e1s, de un seguimiento por parte del equipo interdisciplinario del I.C.B.F. para mirar los avances del NNA y garantizar que \u00c1NGELO STEVEN L\u00d3PEZ S\u00c1NCHEZ, cese cualquier actividad riesgosa o por un tercero se vulneren sus derechos. <\/p>\n
En consecuencia, revisadas todas las pruebas recaudadas, teniendo en cuenta los informes rendidos por el equipo interdisciplinario del I.C.B.F., la declaraci\u00f3n del progenitor, se verifica que NNA \u00c1NGELO STEVEN L\u00d3PEZ S\u00c1NCHEZ, cuenta con red familiar de apoyo que le pueden brindar el apoyo y protecci\u00f3n que necesita\u00bb. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo anhelan los tutelantes, quienes aspiran a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad del sendero superlativo, cuyo objetivo no es servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias (STC8270-2021; reiterada, entre otras, en STC13910-2021). <\/p>\n
3.- De otra parte, acerca de que los convocados resolvieron la \u00abactuaci\u00f3n administrativa, desbordando los t\u00e9rminos con los que contaban para ello\u00bb, conforme lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, se percibe que hubo \u00absuspensi\u00f3n de los t\u00e9rminos\u00bb con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia Covid 19, entre el 27 de abril y el 10 de septiembre de 2020, por tanto al expedirse la resoluci\u00f3n de fondo el 4 de diciembre de esa anualidad, no hab\u00eda transcurrido los seis meses que establece el art\u00edculo 100 de la Ley 1098 de 2006, modificado por la Ley 1878 de 2018. <\/p>\n
Ahora, si bien, en el curso de la homologaci\u00f3n, el juzgado demandado asumi\u00f3 el conocimiento el 18 de febrero de 2021 y se pronunci\u00f3 el 23 de abril siguiente, superando cinco d\u00edas de los dos meses fijados en la citada disposici\u00f3n, lo indudable es que esa discrepancia no fue alegada en su momento ante el despacho para que se pronunciara, siendo la Litis el escenario id\u00f3neo en donde deb\u00eda hacer valer los atributos que anhela, debido al car\u00e1cter residual del medio excepcional al que ahora acude (STC762-2021). <\/p>\n
4.- Por otra parte, en torno a que \u00abse presentaron diversas irregularidades\u00bb en el procedimiento desarrollado por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de Bogot\u00e1 en el que result\u00f3 \u00c1ngelo Steven L\u00f3pez S\u00e1nchez condenado a doce (12) meses de privaci\u00f3n de la libertad (24 feb. 2020) y convalidada por el superior (2 jun.), se aprecia que esta Corporaci\u00f3n en sentencia STC6567-2021 de 8 jun., evalu\u00f3 que el contendiente en favor de su hijo ya hab\u00eda promovido dos salvaguardas anteriores, esto es \u00abcon radicado 2019-00394 negada por el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 (16 en. 2020), confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior (27 feb)\u00bb y la \u00abradicaci\u00f3n 2020-02230 declarada improcedente por la Sala Penal del Tribunal Superior (9 sep. 2020) fallo ratificado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal (13 oct.)\u00bb, por lo que concluy\u00f3 que, \u00ab(\u2026) en esta ocasi\u00f3n se vislumbra coincidencia de sujetos, objetos y causas; luego emerge con claridad la \u201ctemeridad\u201d detectada en la primera instancia, comoquiera que simplemente se insiste en unos aspectos que previamente fueron definidos por la jurisdicci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
5.- En lo que concierne con la solicitud tendiente a que \u00abse compulse las copias respectivas a los funcionarios que hacen desgaste y procesos administrativos con una vaga motivaci\u00f3n al respecto solo para afectar el buen nombre y la dignidad del adolescente afrodescendiente y su progenitor y se compulse copias a los funcionarios que emitieron sentencias y fallos con la falta de competencia y t\u00e9rminos vencidos\u00bb, se advierte que es a los sedicentes a quienes corresponde noticiarlas directamente a los organismos competentes, porque esta v\u00eda no ha sido estatuida para ese prop\u00f3sito, ya que como en forma reiterada lo ha sostenido esta Sala, \u00abla funci\u00f3n del juez constitucional no es ordenar investigaciones disciplinarias [ni penales], sino proteger derechos de rango superior amenazados y vulnerados por las autoridades, bien por omisi\u00f3n o por acci\u00f3n\u00bb (STC15096-2017, STC1166-2018 y STC3570-2021). <\/p>\n
6.- Finalmente, lo requerido por los gestores en la impugnaci\u00f3n, en el sentido de que se aplique \u00abjurisprudencia de la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia en temas relacionados con PARD [no mencionan radicados]\u00bb, en la que se exterioriz\u00f3 que \u00abla orden emitida por la Sala no solo debi\u00f3 referirse al retiro y eliminaci\u00f3n de la informaci\u00f3n del menor. Era necesario que incluyera una orden al Colegio para que manifestara que la informaci\u00f3n publicada sobre el alumno se hizo sin el consentimiento previo libre e informado del menor y sus representantes legales, y el compromiso de abstenerse, en el futuro de cometer conductas que vulneren los derechos fundamentales de sus alumnos como ocurri\u00f3 en este caso\u00bb, se destaca que tales declaraciones, constituyen nuevas alegaciones de las cuales no tuvieron conocimiento los convocados a este tr\u00e1mite ni el juzgador supralegal de primer grado, por tanto, no pueden ser analizadas en esta instancia, ya que afectar\u00eda el derecho de defensa de quienes no tuvieron la oportunidad de controvertir concretamente dichos aspectos. <\/p>\n
Esta Colegiatura, al respecto, ha trazado que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]s cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corzo cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa\u2026\u00bb (STC175-2017, 19 en. 2017, rad. 2016-02054-01 y STC8838-2021). <\/p>\n
7.- Ergo, se avalar\u00e1 el fallo discernido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4787-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC4787-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2021-01083-02 (Aprobado en Sala de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 9 de noviembre de 2021 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62918","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62918","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62918"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62918\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62918"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62918"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62918"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}