STC4791-2022<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
STC4791-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00578-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide1 el resguardo constitucional promovido por Nubia Manuela contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Mar\u00eda Carolina, Tiberio Jos\u00e9 y Clara In\u00e9s, a los dem\u00e1s herederos de \u00c1lvaro Andr\u00e9s, a Virginia Diana, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -Direcci\u00f3n Territorial Magdalena Medio-, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja, la Alcald\u00eda de San Alberto y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y a la propiedad privada, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2.- Del escrito de tutela y dem\u00e1s pruebas allegadas al proceso se resaltan algunos supuestos f\u00e1cticos relevantes para el caso concreto: <\/p>\n
2.1.- Mar\u00eda Carolina contrajo matrimonio en 1976 con \u00c1lvaro Andr\u00e9s, de cuya uni\u00f3n nacieron Tiberio Jos\u00e9 y Clara In\u00e9s2. <\/p>\n
2.2.- Mediante escritura p\u00fablica 245 del 28 de diciembre de 1982, inscrita en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 196-XXXXX de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Aguachica, Mar\u00eda Carolina adquiri\u00f3 el dominio del predio ubicado en la carrera X No. X-XX del municipio de San Alberto, donde su esposo construy\u00f3 una vivienda para la familia3. <\/p>\n
2.3.- En 1985 \u00abaproximadamente\u00bb, Mar\u00eda Carolina adquiri\u00f3 de John Jairo la posesi\u00f3n de un lote de terreno ubicado en la calle X No. X-XX de San Alberto, identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 196-XXXXX, donde conform\u00f3 un plantel educativo y, en 1987, fue elegida concejal de ese municipio4. <\/p>\n
2.4.- El 9 de mayo de 1995, Mar\u00eda Carolina recibi\u00f3 una llamada telef\u00f3nica en la que la instaron a salir del pueblo y \u00abdesde entonces se encerr\u00f3 en la vivienda hasta el d\u00eda 12 del mismo mes cuando lleg\u00f3 su esposo (\u2026) Estando all\u00ed vieron que se aproximaba una camioneta en la que estaban [unos] (\u2026) -paramilitares reconocidos en la regi\u00f3n- y minutos despu\u00e9s un hombre desconocido se les acerc\u00f3 y empez\u00f3 a dispararles, la accionante logr\u00f3 refugiarse y salvarse, sin embargo, -\u00c1lvaro Andr\u00e9s- fue asesinado en el lugar\u00bb5. <\/p>\n
2.5.- Una vez denunciado el hecho anterior, se desplaz\u00f3 a Bucaramanga seguida de sus dos hijos y arrend\u00f3 el inmueble \u00aben el que resid\u00edan en San Alberto [pero] En tanto que estaba imposibilitada para regresar, decidi\u00f3 vender la vivienda a -Pedro Julio-rector del Colegio Nacionalizado- por el valor de $5.000.000.oo; negocio que fue protocolizado mediante Escritura P\u00fablica No. 0355 de 18 de noviembre de 1997 (\u2026) a favor de -Virginia Diana-, quien aparentemente era su compa\u00f1era sentimental\u00bb. De otra parte, \u00abEn cuanto al \u2018liceo\u2019 y el inmueble ubicado en la Calle X No. X-XX del barrio \u2018Centro\u2019, quedaron al cuidado de la profesora -MAR\u00cdA CAROLINA-; no obstante, con el tiempo las personas dejaron de pagar la pensi\u00f3n, por lo que -Mar\u00eda Carolina- (\u2026) el 18 de abril de 1997 vendi\u00f3 el predio a -JUAN OCTAVIO- -Tesorero del municipio- por la suma de $2.000.000.oo\u00bb6. <\/p>\n
2.6.- Actualmente, Mar\u00eda Carolina vive con su hija en Espa\u00f1a7, mientras que su hijo contin\u00faa en Colombia. <\/p>\n
2.7.- En virtud de las circunstancias referidas, la mencionada se\u00f1ora, a trav\u00e9s de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, promovi\u00f3 demanda de restituci\u00f3n de los inmuebles ubicados en la carrera X No. X-XX y calle X No. X-XX de San Alberto, proceso que correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja (Radicado 2017-00133-00). <\/p>\n
2.8.- La ahora tutelante, Nubia Manuela, se opuso a la reclamaci\u00f3n, en calidad de propietaria del inmueble ubicado en la calle X No. X-XX de San Alberto (folio de matr\u00edcula inmobiliaria 196-XXXXX). Virginia Diana, por su parte, se opuso a la restituci\u00f3n del otro bien objeto del litigio. <\/p>\n
2.9.- Surtido el tr\u00e1mite procesal, el Tribunal convocado profiri\u00f3 sentencia del 13 de agosto de 2021, en la que ampar\u00f3 el derecho fundamental de restituci\u00f3n de tierras a Mar\u00eda Carolina y a los herederos de su c\u00f3nyuge \u00c1lvaro Andr\u00e9s, representados por sus dos hijos, Tiberio Jos\u00e9 y Clara In\u00e9s, \u00abPOR EQUIVALENCIA\u00bb; decret\u00f3 la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria del inmueble ubicado en la calle X No. X-XX del Barrio Centro del municipio de San Alberto (folio de matr\u00edcula inmobiliaria 196-XXXXX) a favor de la reclamante y sus hijos; y declar\u00f3 impr\u00f3speras las oposiciones de Nubia Manuela y Virginia Diana, deneg\u00e1ndoles la condici\u00f3n de adquirentes de buena fe exenta de culpa y de segundas ocupantes. <\/p>\n
3.- Respecto del fallo del Tribunal, la promotora se\u00f1al\u00f3 que \u00abLa se\u00f1ora v\u00edctima que reclama el bien inmueble no estaba inscrita en el certificado de libertad y tradici\u00f3n\u00bb y que \u00abla Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras tuvo problemas para identificar el predio de la se\u00f1ora solicitante en Restituci\u00f3n de Tierras, pues no sab\u00edan exactamente cu\u00e1l era, dado que la se\u00f1ora v\u00edctima nunca se matricul\u00f3 en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria ni hab\u00eda ning\u00fan indicio claro de que fuera propietaria\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que \u00ab(\u2026) el argumento central y concreto de la presente tutela, (\u2026) es que el Tribunal de C\u00facuta me obliga a lo imposible, \u00bfC\u00f3mo puedo determinar que en 1995 una se\u00f1ora que fue v\u00edctima del conflicto fue due\u00f1a de un predio que compr\u00e9 en 2012, cuando ni siquiera su nombre estaba en el Certificado de Libertad y Tradici\u00f3n? Nadie manifest\u00f3 que dicha casa fuese de propiedad de la se\u00f1ora, y no comprendo cu\u00e1l debi\u00f3 ser esa labor de investigaci\u00f3n para poder dejar probada mi buena fe exenta de culpa. Compr\u00e9 con escritura, pagu\u00e9 impuestos, y me registr\u00e9 en instrumentos p\u00fablicos, se averigu\u00f3 lo normal, y pues respetuosamente me pregunto que m\u00e1s deb\u00ed hacer?\u00bb. Y agreg\u00f3 que el Tribunal no tuvo en cuenta su condici\u00f3n de \u00ab(\u2026) mujer analfabeta, de una edad avanzada de extracci\u00f3n campesina, que liquid\u00f3 su patrimonio con su difunto esposo y procedi\u00f3 a comprar algunas propiedades en San Alberto, entre esa la presente casa\u00bb. <\/p>\n
4.- Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, ordenar a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta que \u00abproceda a declararme tercero de buena fe exenta de culpa y si es posible me deje pac\u00edficamente continuar con mi propiedad o en su defecto ordenen el pago de la indemnizaci\u00f3n o compensaci\u00f3n respectiva\u2026\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
1.- La Procuradur\u00eda 12 Judicial II en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga advirti\u00f3 que, en el concepto que rindi\u00f3 ante el Tribunal y que qued\u00f3 registrado en el fallo atacado, indic\u00f3 que Tiberio Jos\u00e9 no pod\u00eda ser beneficiario de las medidas de la Ley 1448 de 2011, porque perteneci\u00f3 a una organizaci\u00f3n al margen de la ley y se desmoviliz\u00f3 despu\u00e9s de cumplir la mayor\u00eda de edad; adem\u00e1s, dijo que la opositora pudo haber actuado con buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
2.- El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja manifest\u00f3 que su Despacho no vulner\u00f3 las garant\u00edas fundamentales de la tutelante y advirti\u00f3 que el 5 de noviembre de 2021 se realiz\u00f3 la diligencia de entrega del inmueble en cuesti\u00f3n, en cumplimiento de la comisi\u00f3n ordenada por el superior. <\/p>\n
3.- La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
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III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, la accionante persigue la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, con ocasi\u00f3n del fallo del 13 de agosto de 2021, por medio del cual se decret\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble ubicado en la calle X No. X-XX de San Alberto a favor de Mar\u00eda Carolina y los herederos de \u00c1lvaro Andr\u00e9s, representados por Tiberio Jos\u00e9 y Clara In\u00e9s y se desestim\u00f3 su oposici\u00f3n, puesto que, en su criterio, se demostr\u00f3 su buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
2.- Sobre el particular, se observa que el Tribunal accionado, al proferir sentencia en el proceso de marras, expuso los siguientes aspectos relevantes: <\/p>\n
2.1.- Empez\u00f3 por determinar que la solicitante Mar\u00eda Carolina y \u00c1lvaro Andr\u00e9s (Q.E.P.D.) estaban inscritos en el registro de tierras despojadas, frente a lo cual advirti\u00f3 que, aunque \u00abno parece muy consecuente que se resulte registrando en dicho acto a alguien que hac\u00eda rato ya hab\u00eda muerto – \u00c1LVARO ANDR\u00c9S – (y por ende quien dej\u00f3 de ser sujeto de \u2018derechos\u2019 y \u2018obligaciones\u2019, incluso para esos efectos)\u00bb, debiendo ser lo apropiado que ese tr\u00e1mite se hubiera realizado, \u00abcomo era apenas natural, a favor de sus herederos (\u2026) (y a quienes ac\u00e1 se cit\u00f3 apenas como miembros de su n\u00facleo familiar)\u00bb, lo cierto era que dicho registro, por un lado, cumpl\u00eda \u00abla cardinal funci\u00f3n de determinar el predio que fue objeto de abandono o despojo (lo que se entender\u00eda entonces logrado para todos los que deber\u00edan ser titulares) y por otro, que de todos modos esos sucesores de aquel se encuentran plenamente legitimadas para invocar la pretensi\u00f3n por encontrarse en los supuestos que refiere con precisi\u00f3n el art\u00edculo 81 de la Ley 1448 de 2011\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
2.2.- Clarificada la legitimaci\u00f3n de la reclamante y de sus hijos, analiz\u00f3 el v\u00ednculo jur\u00eddico con los inmuebles objeto de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n para la \u00e9poca en la cual ocurrieron los hechos victimizantes, a saber, entre 1995 y 1997. Con respecto al ubicado en la carrera 4 No. X-XX advirti\u00f3 que \u00abno ofrec\u00eda duda que -MAR\u00cdA CAROLINA- era de veras la plena due\u00f1a del terreno\u00bb y en lo que ata\u00f1e al bien de la calle X No. X-XX -objeto de esta acci\u00f3n de tutela- se\u00f1al\u00f3 que, en la medida en que la reclamante adujo ser poseedora -que no propietaria- del mismo, \u00abviene al caso escrudri\u00f1ar sobre la prueba de esa \u2018posesi\u00f3n\u2019 que ni por asomo cabe pasar de largo ni a\u00fan en escenarios como estos\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, tras citar las afirmaciones de la solicitante, en sede administrativa y judicial, el Colegiado consider\u00f3 que <\/p>\n
\u00abLos actos de se\u00f1or y due\u00f1o que ejerc\u00edan en el fundo realmente fueron p\u00fablicos y de ellos ampliamente dieron cuenta los pobladores de la regi\u00f3n al coincidir en que, en efecto, lo explotaban mediante el funcionamiento del colegio en el que varios hijos de esos moradores estudiaron; incluso lo hizo la propia opositora -VIRGINIA DIANA-, quien relat\u00f3 que \u2018(…) la profesora -MAR\u00cdA CAROLINA- fue profesora m\u00eda (…) de segundo, primero, no recuerdo que en qu\u00e9 a\u00f1o fue (…) todos los pap\u00e1s que no pod\u00edan y pod\u00edan nos met\u00edan a estudiar all\u00e1 (…)\u2019. Asimismo lo indicaron otros vecinos del sector como -RAMIRO; JUAN CARLOS y ALONSO-, este \u00faltimo refiriendo que \u2018(…) mis hijas estudiaron en el colegio de ella se (…) llama -MARIA CAROLINA- (…) ten\u00eda un colegio (…)\u2019. <\/p>\n
Asimismo, a partir de lo rese\u00f1ado en las pruebas comunitarias se pudo comprobar, por ejemplo, a partir de lo indicado por CARLOS ALBERTO (\u2026), oriundo del municipio, que \u2018En la Carrera 4 No. X-XX ah\u00ed viv\u00eda y (…) en la Calle X No X-XX ten\u00eda una escuela\u2019; (\u2026) En todo caso, cuanto s\u00ed dejaron en claro las dichas declaraciones es que el lugar en el que se ubicaba el \u2018liceo\u2019 era justamente sobre la Calle 4 del barrio \u2018El Centro\u2019; de esa forma lo indic\u00f3 OLIVO (\u2026), tambi\u00e9n natural de San Alberto, al responder que aquel justo se localizaba \u2018(…) como en la mitad de cuadra de la cuarta de la calle Cuarta (…)\u2019 y lo corrobor\u00f3 ROSA (\u2026) puntualizando que la solicitante y \u2018(…) -\u00c1LVARO ANDR\u00c9S-, ten\u00edan una casa que quedaba en el barrio El Centro, la carrera Cuarta, bueno por la carrera Cuarta. Y el Liceo Santa Luc\u00eda que quedaba como a la vuelta, por la Calle Cuarta, creo; no tengo bien claro la direcci\u00f3n (…)\u2019. <\/p>\n
Adicionalmente, el testimonio de -LUIS ARNULFO-, titular de dominio del dicho predio entre los a\u00f1os 2004 a 2008, precis\u00f3 respecto de -MAR\u00cdA CAROLINA- que \u2018(…) ella era una profesora (…) casualmente hab\u00eda una casa que despu\u00e9s fue que yo la compr\u00e9 se la compr\u00e9 a otro se\u00f1or (…) yo se la compr\u00e9 a DARCY (\u2026) y eso queda ubicada, la direcci\u00f3n no me acuerdo por el momento, pero queda cerquita ah\u00ed (…) donde menciona el otro predio, donde fue la muerte del se\u00f1or, como volteando una cuadra (…) la recuerdo porque ella era profesora casualmente de la casa que yo compr\u00e9, pero yo, o sea, despu\u00e9s de que yo compro la casa esa, pues me doy cuenta que ella no figuraba en los registros y yo pens\u00e9 que era, o sea, fue profesora ah\u00ed, pero siempre yo pensaba que ella era due\u00f1a y no, en los registros de la casa no aparece ella como due\u00f1a aparece (…) la se\u00f1ora DARCY (…) y un padre, que era un padre que hubo ah\u00ed en el pueblo que creo que fue el que hizo esa casa ah\u00ed (…)\u2019. Es m\u00e1s, en el mismo relato revel\u00f3 con algo de detalle que cuando adquiri\u00f3 la propiedad a\u00fan exist\u00edan rastros de lo que fue el \u2018liceo\u2019\u2026\u2019. <\/p>\n
Por su parte, -JUAN CARLOS-, quien tambi\u00e9n ostent\u00f3 la calidad de due\u00f1o del inmueble en el periodo de 2008 a 2012, acept\u00f3 que lo compr\u00f3 al se\u00f1or -LUIS ARNULFO-, siendo este el mismo lugar en el que funcionaba el Liceo Santa Luc\u00eda de propiedad de -MAR\u00cdA CAROLINA. <\/p>\n
Igualmente, -PEDRO JULIO-, quien fuera compa\u00f1ero sentimental de la opositora -VIRGINIA DIANA-, residente de la regi\u00f3n desde 1982, reconoci\u00f3 respecto de -MAR\u00cdA CAROLINA- que \u2018Yo la conoc\u00ed aqu\u00ed porque ella era una habitante de San Alberto normal ten\u00eda alguna propiedades alguna vez tuvo una escuela y era una se\u00f1ora muy popular aqu\u00ed en San Alberto\u2019 (Sic). Adicionalmente, precis\u00f3 que ese predio tambi\u00e9n se lo ofreci\u00f3 en venta \u2018(…) estaba vendiendo todos los predios de San Alberto, que ten\u00eda\u2026 <\/p>\n
Conjunci\u00f3n de versiones, unas y otras, que son claras y responsivas y que dicen, cada una por s\u00ed y a fortiori juntas, de la posesi\u00f3n que ejercieron -MAR\u00cdA CAROLINA- con su familia sobre ese otro inmueble solicitado en restituci\u00f3n, se\u00f1alando que fueron ellos, particularmente la aqu\u00ed reclamantes (sic), quienes de manera excluyente y exclusiva aprovecharon el predio siquiera a partir de 1985 y que desde entonces vieron por su mantenimiento y vigilancia; tanto que se aplic\u00f3 al ensayo de erigir all\u00ed el colegio del que se derivaban sus ingresos\u00bb. <\/p>\n
2.3.- A continuaci\u00f3n, el Colegiado procedi\u00f3 a determinar la situaci\u00f3n de conflicto existente en la regi\u00f3n donde ocurrieron los hechos victimizantes alegados por la reclamante. Para el efecto, refiri\u00f3 el informe elaborado por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas sobre el municipio de San Alberto, del cual destac\u00f3 que, cuando menos desde 1993, \u00abse sucedi\u00f3 una singular fase de violencia que implic\u00f3 la expansi\u00f3n territorial y fortalecimiento de estructuras paramilitares, particularmente, el grupo que controlaba la poblaci\u00f3n de San Mart\u00edn (Cesar) para tomar posici\u00f3n m\u00e1s al sur en el municipio de que aqu\u00ed se trata\u00bb. Asimismo, en el documento Atlas del Impacto Regional del Conflicto Armado en Colombia Vol. 1 del Observatorio de Derechos Humanos de la Consejer\u00eda Presidencial para los Derechos Humanos el Tribunal encontr\u00f3 detallado el fen\u00f3meno de desplazamiento forzado que sobrevino en la regi\u00f3n a partir de entonces, informando que, en ese periodo, \u00aball\u00ed fueron expulsadas 5.780 personas\u00bb. Tambi\u00e9n cit\u00f3 documentos del Centro Nacional de Memoria Hist\u00f3rica que dan cuenta de los diversos grupos armados al margen de la ley que operaron en la regi\u00f3n entre 1991 y 2000 y mencion\u00f3 las declaraciones que rindieron en el proceso Ramiro, Alonso, Luis Arnulfo y Juan Carlos, habitantes del municipio de San Alberto, que corroboraron la existencia de la situaci\u00f3n de conflicto armado en la regi\u00f3n en los a\u00f1os noventa. <\/p>\n
2.4.- El Tribunal procedi\u00f3 entonces a valorar las pruebas que permitieran acreditar la calidad de v\u00edctima a Mar\u00eda Carolina, refiriendo, en primer lugar, la declaraci\u00f3n que ella rindi\u00f3 ante el Notario \u00danico del C\u00edrculo de Piedecuesta el 20 de noviembre de 1995, en la cual manifest\u00f3 que su c\u00f3nyuge fue asesinado el 13 de mayo de 1995, que se traslad\u00f3 con sus hijos a Bucaramanga abandonando sus bienes y que estaba en una situaci\u00f3n precaria, lo cual ratific\u00f3 el 28 de mayo de 2002 ante la Personer\u00eda de Floridablanca. Igualmente, el Colegiado mencion\u00f3 las declaraciones de Alonso, Rosa, Liz y Luis Arnulfo, quienes dieron fe de la ocurrencia de dicho asesinato y del posterior desplazamiento de la reclamante a causa de ese hecho. <\/p>\n
De otro lado, verific\u00f3 si el despojo fue originado en el conflicto armado. Para el efecto, cit\u00f3 las declaraciones de la se\u00f1ora Mar\u00eda Carolina, quien afirm\u00f3 que, despu\u00e9s de desplazarse fuera de San Alberto, dej\u00f3 en arriendo sus dos inmuebles, pero no estaba recibiendo oportunamente el pago de los c\u00e1nones y no pod\u00eda ir al lugar a cobrar porque era amenazada por los paramilitares. Esta situaci\u00f3n la motiv\u00f3 a vender su antigua vivienda y el colegio, de lo cual concluy\u00f3 que era claro que la enajenaci\u00f3n de los predios se dio por los sucesos violentos que le antecedieron y, por ende, las negociaciones estaban viciadas \u00abpor el fen\u00f3meno de la \u2018fuerza\u2019 anejo con el conflicto (\u2026) Tanto m\u00e1s, al tenor de las especiales presunciones que aplican para este linaje de asuntos, particularmente, la prevista en el literal a) del numeral 2 del art\u00edculo 77 de la Ley 1448 de 2011\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, frente a la menci\u00f3n que hicieron algunos declarantes \u00ab-ALONSO-; -RAMIRO- y -JUAN CARLOS-\u00bb, en el sentido que la solicitante y su esposo pudieron ser colaboradores de grupos al margen de la ley, el Tribunal consider\u00f3 que no hab\u00eda prueba de ello y que \u00abreprensiones como esas caer\u00edan en el vac\u00edo si se repara que al final de cuentas, esas acusaciones resultaron siendo meras conjeturas que, obviamente y por s\u00ed solas, carecen de cualquier eficacia probatoria; por supuesto que no deviene permisible, en ning\u00fan escenario, que por obra y gracia de \u2018comentarios\u2019 como esos, una determinada persona acabe convertida dizque en \u2018delincuente\u2019 o \u2018guerrillero\u2019 o \u2018paramilitar\u2019; lo que tampoco sucede, dicho sea de paso, porque alguien o incluso el grueso de una comunidad tenga acaso esa misma o parecida convicci\u00f3n o sospecha, esto es, que termine fatalmente devastada no solo su reputaci\u00f3n sino la presunci\u00f3n de inocencia\u00bb. <\/p>\n
2.4.1.- En ese punto, el Colegiado analiz\u00f3 las pruebas en torno a la vinculaci\u00f3n del hijo de la reclamante, Tiberio Jos\u00e9, con grupos al margen de la Ley, concluyendo que respecto de \u00e9l no se pod\u00eda aplicar la exclusi\u00f3n contenida en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 1448 de 2021, toda vez que: <\/p>\n
\u00ab\u2026ni siquiera importa que a la voz de testigos tales como -ALONSO; RAMIRO; LUIS ARNULFO y JUAN CARLOS-, quedare en claro que -Tiberio Jos\u00e9-, hijo de -MAR\u00cdA CAROLINA- y el fallecido -\u00c1lvaro Andr\u00e9s-, hubiere hecho parte de un grupo guerrillero como igualmente lo fustig\u00f3 vehementemente la Procuradur\u00eda y as\u00ed hubo incluso de aceptarlo ella misma. Pues al margen que de inmediato ella ripost\u00f3 con todo el vigor probatorio de sus palabras, que para la fecha en que se dieron los hechos victimizantes \u00e9l ya se encontraba por fuera de la organizaci\u00f3n, obra en el plenario la entrevista que el propio -Tiberio Jos\u00e9- ofreciera ante el Grupo de Atenci\u00f3n Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa Nacional el 22 de septiembre de 2003 en la que expresamente afirm\u00f3 que del dicho grupo desert\u00f3 \u2018(…) el d\u00eda 11 de mayo de 1995 (…)\u2019, esto es, en \u00e9pocas anteriores al \u2018despojo\u2019 (que lo fue en 1997). Y si bien aparece en claro que de nuevo se uni\u00f3 a la subversi\u00f3n, tal acaeci\u00f3 hacia finales de 1999 (luego de esas ventas) y que finalmente se desmoviliz\u00f3 en septiembre de 2003. En fin: que su pertenencia a esa organizaci\u00f3n se dio en momentos anteriores como posteriores al \u2018despojo\u2019. Por lo que no se est\u00e1 aqu\u00ed el supuesto de que trata el par\u00e1grafo 2o art\u00edculo 3o de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
Como fuere, ni porque se llegare al convencimiento que esa persecuci\u00f3n de los paramilitares obedeci\u00f3 justamente a que -Tiberio Jos\u00e9- estuvo involucrado en la guerrilla (por ejemplo, a partir de narraciones tales como que el objetivo del asesinato era \u00e9ste y no su padre quien acab\u00f3 muerto por error) y que en raz\u00f3n de esas circunstancias todos los miembros de la familia resultaron estigmatizados disponiendo que no deber\u00edan continuar en la regi\u00f3n, es palmar en cualquier caso que la calidad que legitima a -MAR\u00cdA CAROLINA- para estas lides permanece enhiesta pues no fue propiamente ella ni su fallecido compa\u00f1ero quienes hicieron parte de las filas de esos grupos no obstante lo cual, tal como lo refiere el art\u00edculo 3 de la Ley 1448 de 2011, terminar\u00edan siendo por igual y en ese supuesto \u2018(…) v\u00edctimas directas por el da\u00f1o sufrido en sus (propios) derechos (…)\u2019\u2026 <\/p>\n
En suma: -MAR\u00cdA CAROLINA- y su grupo familiar tienen derecho a la restituci\u00f3n; incluso respecto de su hijo -Tiberio Jos\u00e9-\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
2.4.2.- As\u00ed, como se observa, destaca la Sala que el Tribunal le reconoci\u00f3 la calidad de v\u00edctima, no s\u00f3lo a Mar\u00eda Carolina, sino a los herederos de su esposo fallecido, precisando que su hijo Tiberio Jos\u00e9 tambi\u00e9n ten\u00eda derecho a la restituci\u00f3n de tierras contemplada en la Ley 1448 de 2011 y que no le era aplicable la exclusi\u00f3n contenida en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 3\u00ba de dicha norma, pues para la \u00e9poca del despojo no era integrante de un grupo armado organizado al margen de la ley. <\/p>\n
2.5.- Efectuadas las precisiones anteriores sobre la legitimaci\u00f3n, los hechos victimizantes y la calidad de v\u00edctimas de Mar\u00eda Carolina y los miembros de su grupo familiar, analiz\u00f3 en detalle la posesi\u00f3n del inmueble ubicado en la calle X No. X-XX de San Alberto, advirtiendo que aquella inici\u00f3 \u00abhacia el a\u00f1o de 1985 y que perdur\u00f3 hasta 1997 cuando fue cedido a -JUAN OCTAVIO- por cuenta de los indicados hechos victimizantes; en cualquier caso, un tiempo insuficiente para otorgar en comienzo el dominio por el modo de la prescripci\u00f3n extraordinaria (pues en este caso no medi\u00f3 precisamente justo t\u00edtulo ni buena fe posesoria que ameritare analizar el punto desde la \u2018ordinaria\u2019) ni siquiera a la luz de la modificaci\u00f3n introducida al art\u00edculo 2532 del C\u00f3digo Civil por la Ley 791 de 2002, atendido el claro contenido del canon 41 de la Ley 153 de 1887\u00bb. <\/p>\n
No obstante, aclar\u00f3 que, en raz\u00f3n de lo establecido en el art\u00edculo 75 de la Ley 1448 de 2011, \u00ablas privaciones provenientes de hechos sucedidos dentro del marco del conflicto armado, a despecho de lo que indica el art\u00edculo 2523 del C\u00f3digo Civil, no tienen virtud para interrumpir la posesi\u00f3n (\u2026) cuanto que en contrario debe considerarse continuada con el pasar de los d\u00edas y sin soluci\u00f3n alguna, incluso respecto de ese interregno de tiempo ocurrido a partir del desplazamiento y hasta la fecha en que se formul\u00f3 judicialmente la solicitud\u00bb. As\u00ed, \u00abel tiempo transcurrido desde cuando principi\u00f3 la posesi\u00f3n (incluyendo ese lapso que vino despu\u00e9s de los hechos victimizantes), le basta a ella y a los herederos de -\u00c1lvaro Andr\u00e9s-, hasta le sobra, a la \u00e9poca de la presentaci\u00f3n de la demanda (que lo fue en el mes de noviembre de 2017) para hacerse con la propiedad de dicho predio por el modo de la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria, pues holgadamente completar\u00eda el t\u00e9rmino legalmente reclamado\u00bb. <\/p>\n
En esta medida, indic\u00f3 que la reclamante adquiri\u00f3 el inmueble por prescripci\u00f3n adquisitiva y que era procedente hacer esa declaraci\u00f3n a su favor y de los herederos de su esposo, por lo que aquella cobij\u00f3 tambi\u00e9n a sus dos hijos, Tiberio Jos\u00e9 y Clara In\u00e9s. <\/p>\n
2.6.- Y, en aras de reconocer el derecho a la restituci\u00f3n de tierras a la reclamante y su grupo familiar, orden\u00f3 que aquella fuera por equivalencia, correspondiendo \u00aben este caso y por partes iguales a la aqu\u00ed reclamante (en un 50%) en tanto que el porcentaje restante beneficiar\u00e1 a la comunidad universal formada entre todos los que tengan vocaci\u00f3n hereditaria respecto de los derechos de aqu\u00e9l (de \u00c1LVARO ANDR\u00c9S) quienes se encuentran habilitados para adelantar el correspondiente proceso sucesorio\u00bb, representados en dicho tr\u00e1mite por Tiberio Jos\u00e9 y Clara In\u00e9s, en las proporciones se\u00f1aladas. <\/p>\n
2.7.- En ese orden y en concreto frente a los derechos de la solicitante -Mar\u00eda Carolina- y de sus hijos, concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00abPor las razones antes expuestas se conceder\u00e1 la protecci\u00f3n del derecho fundamental invocado por la reclamante, para cuyo efecto, am\u00e9n de la restituci\u00f3n por equivalencia a favor tanto de -MAR\u00cdA CAROLINA- como de los herederos de -\u00c1LVARO ANDR\u00c9S- respecto de ambos predios ac\u00e1 reclamados, se dispondr\u00e1 la previa declaraci\u00f3n de pertenencia en relaci\u00f3n con el ubicado en la Calle X N\u00b0 X-XX del dicho municipio de San Alberto. A la par, se emitir\u00e1n todas las \u00f3rdenes que correspondan en raz\u00f3n de su condici\u00f3n de v\u00edctimas del conflicto armado interno, entre otras, y de conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 3o de la Ley 1448 de 2011, las concernientes con las medidas de asistencia y atenci\u00f3n de las cuales son titulares como las dem\u00e1s que resulten consecuentes\u2026 <\/p>\n
Asimismo, se instar\u00e1 a la Defensor\u00eda del Pueblo para que, de ser necesario y si es del caso, brinde orientaci\u00f3n y asesor\u00eda a los herederos de -\u00c1LVARO ANDR\u00c9S- y adelante en su representaci\u00f3n el tr\u00e1mite sucesoral correspondiente, ya ante Notario o acudiendo a la jurisdicci\u00f3n, en cuanto hace con el bien o bienes que habr\u00e1n de entregarse en equivalencia. <\/p>\n
Convendr\u00eda asimismo ordenar, en raz\u00f3n de la restituci\u00f3n por equivalencia, que los beneficiarios de las \u00f3rdenes, hicieren el traslado de las propiedades al grupo Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, con miras a cumplir el perentorio mandato que refiere el literal k) del art\u00edculo 91 de la Ley 1448 de 1991. Sin embargo, muy en cuenta debe tenerse que para esos prop\u00f3sitos ser\u00eda necesario que los beneficiarios de la restituci\u00f3n -todos ellos- aparecieren como \u2018propietarios\u2019 del terreno. Y ocurre que en tanto varios de \u00e9stos (los herederos de -\u00c1LVARO ANDR\u00c9S-) no tienen a\u00fan consolidado su derecho en relaci\u00f3n con los dichos predios pues no ha mediado el tr\u00e1mite de sucesi\u00f3n que permita radicar en cada uno y a su favor la titularidad del dominio, antes que nada ser\u00eda menester adelantar el respectivo proceso. Lo que no ha sucedido\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
2.8.- Decidido el derecho a la restituci\u00f3n de tierras por equivalencia, de la solicitante y de su grupo familiar, se detuvo a resolver el alegado car\u00e1cter de adquirentes de buena fe exenta de culpa de las dos opositoras, una de las cuales es la ahora tutelante, exponiendo, en primera medida, los requisitos para acreditar esa condici\u00f3n. <\/p>\n
2.8.1.- Frente a la se\u00f1ora Virginia Diana, en lo relativo al inmueble de la carrera X No. X-XX, tras analizar sus declaraciones y las dem\u00e1s pruebas aportadas, concluy\u00f3 que s\u00ed ten\u00eda conocimiento de la situaci\u00f3n de conflicto de la zona, pues habitaba en San Alberto y pudo indagar con sus vecinos, \u00abcomo -RAMIRO; OLIVO JAIMES; ROSA VIANEY GUTI\u00c9RREZ OCHOA; LIZ; JUAN CARLOS o LUIS ARNULFO-, las razones por las que -MAR\u00cdA CAROLINA- dej\u00f3 de habitar la regi\u00f3n\u00bb, adem\u00e1s, que adquiri\u00f3 el bien directamente de la solicitante, a quien conoc\u00eda con anterioridad. <\/p>\n
2.8.2.- Respecto de Nubia Manuela indic\u00f3 que, \u00aben la corta intervenci\u00f3n que realiz\u00f3, alcanz\u00f3 a manifestar que compr\u00f3 el inmueble ubicado en la Calle X N\u00b0 X-XX del barrio \u2018El Centro\u2019 con el producto de la venta de una propiedad que ten\u00eda con el fallecido LIBORIO (\u2026), empero que no lo conoc\u00eda, en tanto que el pacto lo realiz\u00f3 fue su hijo -OSCAR MAURICIO-; mismo que en su declaraci\u00f3n indic\u00f3 que en efecto el fundo lo adquiri\u00f3 el 12 de mayo de 2012 de manos de -JUAN CARLOS- por la suma de $180.000.000.oo fij\u00e1ndose previamente que el predio no ten\u00eda embargos ni estaba siendo solicitado en restituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y, sobre el particular, analiz\u00f3 la siguiente premisa: <\/p>\n
\u00abPues bien: d\u00e9bese de entrada relievar que esas singulares alegaciones y como no pod\u00eda ser de otro modo, demandan cabal comprobaci\u00f3n. Desde luego que fue el propio legislador, en ejercicio de su liberalidad de configuraci\u00f3n el que orden\u00f3, sin tener en cuenta temporalidades y condiciones distintas a las all\u00ed expresadas, y sin excepci\u00f3n adem\u00e1s, que todo aquel que pretendiere oponerse en este linaje de procesos, asumiere la carga de acreditar sin hesitaci\u00f3n un obrar que sobrepasare ese est\u00e1ndar com\u00fan de prudencia al adquirir el bien, entre otras razones, por tratarse de un excepcional procedimiento de reparaci\u00f3n de derechos fundamentales que reclamaba obviamente remedios asimismo especiales. <\/p>\n
De all\u00ed que para lograr ese prop\u00f3sito, de poco puede servirle a quien dice haber actuado con esta especial buena fe, apenas alegar que compr\u00f3 tal cual se har\u00eda en el tr\u00e1fico ordinario, frecuente y usual de las cosas, esto es, verificando sin m\u00e1s lo que muestran los registros p\u00fablicos sobre el estado de la propiedad. Pues si en cuenta se tiene que el fen\u00f3meno del despojo y abandono de las tierras provocado por acontecimientos devenidos del \u2018conflicto armado\u2019, dif\u00edcilmente puede encuadrarse dentro de esa situaci\u00f3n de \u2018normalidad\u2019, era casi que de sentido com\u00fan demandar de quien se arriesgase a negociar un fundo en escenarios semejantes, que multiplicare sus precauciones y demostrara adem\u00e1s qu\u00e9 previas gestiones y averiguaciones hizo para garantizar as\u00ed la plena legalidad del pacto. Exigencia que a decir verdad se justifica en tanto que el legislador parti\u00f3 de dos claros supuestos que se complementan y que fueron ideados con el preciso fin de dotar de especial protecci\u00f3n a los aqu\u00ed reclamantes: uno primero, consistente en allanarles el camino para que de ese modo le sea mucho muy f\u00e1cil y expedito alcanzar y probar su derecho en tanto que, de otro lado, y en contraste, que fuere mejor su contradictor el llamado a soportar el oneroso gravamen de justificar plenamente y m\u00e1s all\u00e1 de toda duda, la raz\u00f3n que le facultaba a estar en el bien. Ambos destinados a evitar que se terminase cohonestando lo mal habido bajo la sola apariencia de legalidad. <\/p>\n
Por razones como esas, en estos asuntos la demostraci\u00f3n de la buena fe cimentada en un error no culpable envuelve, sin duda, una ardua tarea: de un lado, d\u00e9bense derruir cabalmente las presunciones que la propia Ley consagra a favor de la v\u00edctima133 y que apliquen para el caso en concreto y, del otro, quiz\u00e1s m\u00e1s dif\u00edcil pero no por eso relevado de cumplirlo: acreditar debidamente la realizaci\u00f3n de gestiones de aquellas que aconseja la prudencia; mismas con las que actuar\u00eda una persona en mucho sensata en un entorno relativamente similar para as\u00ed obtener la debida certeza sobre la legitimidad del negocio. Se trata, pues, de soslayar cualquier posibilidad de m\u00e1cula que pueda recaer sobre su correcto comportamiento. <\/p>\n
Con base en este entendimiento, el Colegiado manifest\u00f3 que, \u00abde cara a lo que muestra el expediente, (\u2026) los aqu\u00ed opositores no lograron ese cometido\u00bb. Al respecto, advirti\u00f3 que, \u00absin desconocer que no existe prueba que deje ver que de alg\u00fan modo hubieren sido part\u00edcipes de los hechos que propiciaron el despojo del predio de que aqu\u00ed se trata ni que all\u00ed llegaron por permisi\u00f3n de las organizaciones ilegales a las que se acus\u00f3 de ser las causantes de esas desventuras ni que para hacerse con los derechos sobre el fundo, estuvieren movidos de la proterva intenci\u00f3n de aprovecharse de la situaci\u00f3n, no es menos cierto que muy lejos estuvieron de acreditar cuanto ac\u00e1 les correspond\u00eda\u00bb. <\/p>\n
En efecto, en lo que ata\u00f1e al caso de la ahora tutelante, el Tribunal refiri\u00f3 el testimonio de Oscar Mauricio, hijo de la opositora, quien manifest\u00f3 que cuando su padre muri\u00f3 dej\u00f3 una finca de cuya venta quedaron unos recursos con los cuales le compr\u00f3 a Juan Carlos el inmueble en mayo de 2012, el cual desde entonces ha estado arrendado. Asimismo, el Colegiado observ\u00f3 que sobre las gestiones que realiz\u00f3 para que su progenitora adquiriera el bien, se limit\u00f3 a se\u00f1alar que \u00ab\u2018(…) nosotros lo \u00fanico que miramos uno sabe si est\u00e1 en embargo y eso y no fue m\u00e1s si estaba en embargo, pero ah\u00ed no figuraba ninguna restituci\u00f3n (…) usted sabe que uno mira y a donde le parece mejor ah\u00ed se queda uno revisa varios y ya el que le parece ah\u00ed es\u2019\u00bb. <\/p>\n
Sobre esa declaraci\u00f3n, el Tribunal consider\u00f3 que no era \u00absino ver el trasunto fiel que viene de consignarse para prontamente descartar la buena fe aqu\u00ed exigida. Pues sin perjuicio de reiterar que lo concerniente con las actividades adoptadas en aras de verificar la real situaci\u00f3n de los predios, era asunto cuya demostraci\u00f3n no podr\u00eda encontrarse en las meras palabras de las opositoras -o en el caso de -Nubia Manuela-, a trav\u00e9s de los dichos de -OSCAR MAURICIO-, quien en verdad fue el encargado de realizar todo el proceso de compra- desde que, por supuesto, ellas solas carec\u00edan por entero de cualquier fuerza persuasiva\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que, en definitiva, \u00abno medi\u00f3 propiamente el sumo cuidado que se ha querido destacar\u00bb y que, las opositoras \u00abtampoco probaron (\u2026) cuanto aqu\u00ed les incumb\u00eda\u00bb, pues \u00abm\u00e1s all\u00e1 de meramente indicar que obraron con \u2018buena fe\u2019, se reclamaba la acreditaci\u00f3n de toda esa serie de gestiones \u2018adicionales\u2019 que una persona muy prudente har\u00eda en entornos parecidos y que podr\u00edan involucrar comportamientos tales como hacer gestiones e indagaciones efectuadas con habitantes de la zona con miras a despejar y prevenir desde entonces y a futuro, cualquier eventual sombra o inconveniente frente al negocio realizado. Por supuesto que bien pudieron preguntar a los que ocupaban antes ese mismo terreno sobre las razones por las que result\u00f3 abandonado o clausurado el liceo que antes all\u00ed funcionaba no obstante que era de conocimiento p\u00fablico para la mayor\u00eda de los pobladores que all\u00ed operaba una escuela de propiedad de la solicitante, quien en 1995 parti\u00f3 de la regi\u00f3n tras el asesinato de su esposo. Pero nada de eso se hizo\u00bb. <\/p>\n
2.8.3.- Y, frente a la calidad de segundas ocupantes, despu\u00e9s de citar las condiciones para acceder a dicho reconocimiento, sostuvo que Virginia Diana ten\u00eda ingresos y m\u00e1s inmuebles y que ya no viv\u00eda en dicho bien, por lo que no encontr\u00f3 demostrada su condici\u00f3n de vulnerabilidad. <\/p>\n
Igualmente, sobre lo pretendido en ese sentido por la ahora tutelante, indic\u00f3 que ten\u00eda otro predio y que \u00abeste Tribunal mediante sentencia de 4 de agosto de 2020 aunque resolvi\u00f3 amparar el derecho de la all\u00ed solicitante, se le reconoci\u00f3 la condici\u00f3n de segundo ocupante a -NUBIA MANUELA-, determinado como medida de atenci\u00f3n mantenerle el statu quo que sobre aquel ostentaba\u00bb y, en esa medida, no cab\u00eda reconocer otra situaci\u00f3n igual en este caso. <\/p>\n
3.- Pues bien, de lo trascrito se advierte que, frente a lo alegado por la aqu\u00ed accionante, en cuanto a que no se tuvo en cuenta su situaci\u00f3n particular, en tanto le resultaba imposible determinar -en el a\u00f1o 2012- que en 1995 la entonces poseedora del inmueble ubicado en la calle X No. X-XX hab\u00eda sido v\u00edctima de despojo, la Sala considera que la decisi\u00f3n rebatida no resulta abiertamente arbitraria o manifiestamente ilegal, independientemente que sea o no compartida, pues se motiv\u00f3 razonadamente, teniendo en cuenta la normativa aplicable, las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite, las probanzas y jurisprudencia relacionada, todo lo cual llev\u00f3 al Tribunal a denegar la oposici\u00f3n de la se\u00f1ora Nubia Manuela. <\/p>\n
En efecto, el Tribunal se fundament\u00f3 en el criterio de la buena fe exenta de culpa, en virtud del cual el opositor tiene la carga de probar, no s\u00f3lo que actu\u00f3 convencido de que su gesti\u00f3n fue la correcta, sino que llev\u00f3 a cabo una serie de actos y verificaciones tendientes a llegar a ese convencimiento, cuestiones que el Tribunal no encontr\u00f3 demostradas por la ahora tutelante, pues, si bien \u00e9sta adujo haber vivido en zona rural del municipio de San Alberto durante la mayor parte de su vida, incluido el periodo en el que se sucedieron los hechos victimizantes que afectaron a la reclamante en la d\u00e9cada de los noventa, y que no tuvo la posibilidad de conocer su situaci\u00f3n, no alleg\u00f3 al plenario medio de prueba que pudiera sustentar su dicho. Asimismo, su hijo -quien estuvo a cargo de la negociaci\u00f3n del inmueble- se limit\u00f3 a se\u00f1alar en su declaraci\u00f3n que verific\u00f3 el certificado de libertad y tradici\u00f3n del bien en su momento con el fin de precaver que no tuviera embargos. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, aunque la reclamante no figuraba en el certificado de tradici\u00f3n y libertad como propietaria anterior del inmueble -pues fue poseedora-, lo cierto es que Juan Carlos, quien le vendi\u00f3 el bien a la ahora tutelante, hab\u00eda vivido en San Alberto por largo tiempo y en su declaraci\u00f3n manifest\u00f3 haber conocido a Mar\u00eda Carolina -quien fue profesora de sus hijos-, el conflicto de la zona y estar enterado del asesinato de su c\u00f3nyuge. Adem\u00e1s, Luis Arnulfo, quien a su vez le hab\u00eda vendido el inmueble a Juan Carlos en 2008, afirm\u00f3 que cuando lo compr\u00f3 en 2004 se enter\u00f3 con sorpresa de que Mar\u00eda Carolina no aparec\u00eda inscrita en el folio de matr\u00edcula, pues siempre tuvo el convencimiento de que era la propietaria, siendo conocido en el barrio que all\u00ed funcionaba su colegio, dado que la solicitante no s\u00f3lo era reconocida en San Alberto por su labor docente, sino porque, seg\u00fan se indica en el informe de la Unidad, fue elegida concejal. <\/p>\n
As\u00ed, de los testimonios que la ahora tutelante pidi\u00f3 como prueba en su escrito de oposici\u00f3n8 y que fueron decretadas por el Juez en auto del 18 de septiembre de 20189, salta a la vista que los declarantes -vecinos del lugar- conoc\u00edan a la reclamante y sab\u00edan de los hechos victimizantes que la aquejaron en la d\u00e9cada de los noventa, especialmente, si se atiende a las declaraciones de Luis Arnulfo10 y de Juan Carlos11, anteriores propietarios del inmueble, siendo este \u00faltimo, como se indic\u00f3, quien vendi\u00f3 el inmueble a la tutelante. <\/p>\n
En suma, no se vislumbra que la gestora hubiera realizado una actividad demostrativa en el proceso de marras tendiente a acreditar su buena fe exenta de culpa, cuesti\u00f3n que llev\u00f3 al Tribunal a negar su derecho, toda vez que consider\u00f3 que, con un m\u00ednimo de diligencia, hubiera podido enterarse de los hechos victimizantes y la situaci\u00f3n de despojo de la reclamante, pero no lo hizo. <\/p>\n
3.1.- Sobre la interpretaci\u00f3n que debe hacerse al principio de la buena fe exenta de culpa en los procesos de restituci\u00f3n de tierras, la Corte Constitucional, en sentencia C-330 de 2016, se\u00f1al\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab88. De lo anterior pueden extraerse algunas diferencias precisas entre la buena fe simple y la buena fe exenta de culpa. Si bien es cierto que en los dos eventos se parte del supuesto de que la persona obr\u00f3 con lealtad, rectitud y honestidad, la buena fe simple se presume de todas las actuaciones o gestiones que los particulares realizan ante el Estado, de ah\u00ed que sea \u00e9ste quien deba desvirtuarla. Por su parte, la buena fe exenta de culpa exige ser probada por quien requiere consolidar jur\u00eddicamente una situaci\u00f3n determinada.
As\u00ed, la buena fe exenta de culpa exige dos elementos: de un lado, uno subjetivo, que consiste en obrar con lealtad y, de otro lado, uno objetivo, que exige tener la seguridad en el actuar, la cual solo puede ser resultado de la realizaci\u00f3n actuaciones positivas encaminadas a consolidar dicha certeza. <\/p>\n
89. En relaci\u00f3n con el tema que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, vale decir que la aplicaci\u00f3n y la interpretaci\u00f3n de la buena fe exenta de culpa a que se refiere la Ley de v\u00edctimas y restituci\u00f3n de tierras en los art\u00edculos demandados se circunscribe a la acreditaci\u00f3n de aquellos actos que el tercero pretenda hacer valer en relaci\u00f3n con la tenencia, la posesi\u00f3n, el usufructo, la propiedad o dominio de los predios objeto de restituci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
90. En ese sentido (como se profundizar\u00e1 posteriormente) la regulaci\u00f3n obedece a que el Legislador, al revisar las condiciones de violencia generalizada que se dieron en el marco del conflicto armado y que originaron el despojo, hall\u00f3 un sinn\u00famero de modos de dar apariencia de legalidad a los actos de usurpaci\u00f3n y despojo y, en consecuencia, previ\u00f3 medidas estrictas hacia los opositores, dirigidas a evitar una legalizaci\u00f3n basada en tres factores inadmisibles constitucionalmente: el aprovechamiento abusivo de las condiciones de violencia, que viciaron el consentimiento jur\u00eddico de las v\u00edctimas; la corrupci\u00f3n, que puso parte de la institucionalidad al servicio de los despojadores; y el formalismo del derecho, que favoreci\u00f3 a la parte m\u00e1s poderosa en el \u00e1mbito administrativo y judicial. <\/p>\n
91. Adem\u00e1s, la norma guarda relaci\u00f3n con la eficacia de las presunciones establecidas en el art\u00edculo 77 de la Ley 1448 de 2011, previstas por el legislador, considerando que el contexto de violencia permite presumir un desequilibrio en las relaciones entre particulares y favorece las din\u00e1micas de despojo y abandono forzado. Es as\u00ed como, en un marco de justicia hacia la transici\u00f3n a la paz, la l\u00f3gica que irradia el proceso es fuerte en relaci\u00f3n con el opositor para ser flexible con las v\u00edctimas\u00bb (Subraya esta Sala). <\/p>\n
Y, en concreto, esa Corporaci\u00f3n sostuvo que, \u00abLa buena fe exenta de culpa, en el contexto de la ley de v\u00edctimas y restituci\u00f3n de tierras es un est\u00e1ndar de conducta calificado, que se verifica al momento en que una persona establece una relaci\u00f3n (jur\u00eddica o material) con el predio objeto de restituci\u00f3n. La carga de la prueba para los opositores es la que se establece como regla general en los procesos judiciales: demostrar el hecho que alegan o que fundamenta sus intereses jur\u00eddicos\u00bb (Subraya esta Sala). <\/p>\n
3.2.- As\u00ed las cosas, cuando la buena fe exenta de culpa no se acredita plenamente en el respectivo juicio, no hay lugar a la protecci\u00f3n o compensaci\u00f3n pretendida, por lo que, en este caso, no se advierte vulneraci\u00f3n de derechos en la decisi\u00f3n del Tribunal frente a lo resuelto sobre la oposici\u00f3n Nubia Manuela, de manera que la acci\u00f3n de tutela, en ese aspecto, carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por lo que se negar\u00e1 la salvaguarda invocada. <\/p>\n
4.- Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala destaca que el Tribunal accionado defini\u00f3 la calidad de v\u00edctima de Mar\u00eda Carolina y su grupo familiar, estableciendo que respecto de su hijo – Tiberio Jos\u00e9 – no era procedente aplicar la exclusi\u00f3n contenida en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 1448 de 2011, tema que, por su relevancia en la decisi\u00f3n censurada, debe ser abordado por la Sala. <\/p>\n
Lo anterior, teniendo en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que, dada la naturaleza fundamental de los derechos amparados, el juez de tutela cuenta con una mayor laxitud y, por ende, \u00able est\u00e1 permitido entrar a examinar detenidamente los hechos de la demanda para que, si lo considera pertinente, entre a determinar cu\u00e1les son los derechos fundamentales vulnerados y\/o amenazados, disponiendo lo necesario para su efectiva protecci\u00f3n\u00bb12. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se ha considerado que en este tipo de acciones constitucionales la labor del operador judicial \u00ab\u2026no debe circunscribirse \u00fanicamente a las pretensiones que cualquier persona exponga en la respectiva demanda, sino que (\u2026) debe estar encaminada a garantizar la vigencia y la efectividad de los preceptos constitucionales relativos al amparo inmediato y necesario de los derechos fundamentales\u2026\u00bb (T-310 de 1995); y que el juez de tutela est\u00e1 autorizado para \u00abasumir un papel activo en el an\u00e1lisis del caso bajo su conocimiento, en aras de la eficaz protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (T-622 del 2000). <\/p>\n
4.1.- Ahora bien, frente a ello, resalta la Sala que el art\u00edculo 3 de la Ley 1448 de 2012 dispone que \u00abse consideran v\u00edctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un da\u00f1o por hechos ocurridos a partir del 1\u00ba de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasi\u00f3n del conflicto armado interno\u2026\u00bb. <\/p>\n
A su vez, el par\u00e1grafo 2 del mismo art\u00edculo, se\u00f1ala que \u00abLos miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no ser\u00e1n considerados v\u00edctimas, salvo en casos en los que los ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad\u00bb; y agrega que, \u00abPara los efectos de la presente ley, el o la c\u00f3nyuge, compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, o los parientes de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley ser\u00e1n considerados como v\u00edctimas directas por el da\u00f1o sufrido en sus derechos en los t\u00e9rminos del presente art\u00edculo, pero no como v\u00edctimas indirectas por el da\u00f1o sufrido por los miembros de dichos grupos\u00bb. <\/p>\n
4.2.- En ese sentido, se advierte que el par\u00e1grafo trascrito dispone expresamente que los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, si bien pueden ser v\u00edctimas del conflicto, no lo son para los efectos contemplados en dicha reglamentaci\u00f3n normativa, sin establecer l\u00edmites o distinciones en raz\u00f3n del espacio temporal en el cual pertenecen o pertenecieron a dichas organizaciones y, para el asunto concreto, ha de resaltarse que el se\u00f1or Tiberio Jos\u00e9, seg\u00fan la declaraci\u00f3n a la cual hizo menci\u00f3n el Tribunal en el fallo analizado, fue integrante del ELN desde octubre de 1993 hasta mayo de 1995 y, posteriormente, se uni\u00f3 a la guerrilla de las FARC en 1999, siendo mayor de edad, permaneciendo activo en esa organizaci\u00f3n hasta septiembre de 2003 cuando se acogi\u00f3 a los programas de desmovilizaci\u00f3n, todo esto, seg\u00fan su propio dicho. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, se except\u00faan de esta esta regla -seg\u00fan la norma transcrita- los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes que se hubieren desvinculado del grupo armado al margen de la ley siendo menores de edad, cuesti\u00f3n que no se dio en este caso, dado que, si bien Tiberio Jos\u00e9 ingres\u00f3 al grupo armado al margen de la ley siendo menor de edad, desert\u00f3 en 1995 cuando ya hab\u00eda cumplido 18 a\u00f1os13 y, adicionalmente, ingres\u00f3 a otra organizaci\u00f3n de iguales caracter\u00edsticas en 1999, siendo mayor de edad. <\/p>\n
4.3.- Al respecto, conviene se\u00f1alar que la disposici\u00f3n en comento fue objeto de estudio en la sentencia de constitucionalidad C-253A de 2012, en la cual la Corte Constitucional expuso lo siguiente en torno a la exequibilidad del par\u00e1grafo analizado: <\/p>\n
\u00ab\u2026el prop\u00f3sito de la Ley 1448 de 2011 y en particular de lo dispuesto en su art\u00edculo 3\u00ba, no es el de definir o modificar el concepto de v\u00edctima, en la medida en la que esa condici\u00f3n responde a una realidad objetiva, cuyos contornos han sido delineados de manera general en la ley, en instrumentos internacionales y en la jurisprudencia constitucional. Lo que se hace en la ley es identificar, dentro del universo de las v\u00edctimas, entendidas \u00e9stas, en el contexto de la ley, como toda persona que haya sufrido menoscabo en su integridad o en sus bienes como resultado de una conducta antijur\u00eddica, a aquellas que ser\u00e1n destinatarias de las medidas especiales de protecci\u00f3n que se adoptan en ella. Para eso la ley acude a una especie de definici\u00f3n operativa, a trav\u00e9s de la expresi\u00f3n \u2018[s]e consideran v\u00edctimas, para los efectos de esta ley (\u2026)\u2019, giro que implica que se reconoce la existencia de v\u00edctimas distintas de aquellas que se consideran tales para los efectos de esta ley en particular, o, en sentido inverso, que, a partir del conjunto total de las v\u00edctimas, se identifican algunas que ser\u00e1n las destinatarias de las medidas especiales contenidas en la ley\u2026 <\/p>\n
De lo precedentemente expuesto se desprende entonces, que por virtud de lo previsto en el art\u00edculo 3 de la Ley 1448, quienes hayan sufrido un da\u00f1o como consecuencia de infracciones al DIH o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos en condiciones distintas de las all\u00ed contempladas, no pierden su reconocimiento como v\u00edctimas, ni quedan privados de la posibilidad de acudir a los mecanismos ordinarios que se han establecido en la legislaci\u00f3n ordinaria para que se investiguen y persigan los delitos, se establezca la verdad, se sancione a los responsables y se repare de manera integral a las v\u00edctimas, y que el sentido de la disposici\u00f3n es el de que, en raz\u00f3n de los l\u00edmites o exclusiones que ella contiene, esas personas no tienen acceso a las medidas especiales de protecci\u00f3n que se han adoptado en la ley, en el marco de un proceso de justicia transicional\u2026\u00bb. <\/p>\n
La Corte Constitucional precis\u00f3, sobre la exclusi\u00f3n de dichos miembros para ser beneficiarios de las medidas de atenci\u00f3n, asistencia y reparaci\u00f3n integral contenidas en la Ley 1448 de 2011, lo siguiente: <\/p>\n
\u00abAs\u00ed, como se ha se\u00f1alado, de la disposici\u00f3n demandada no se desprende que los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley, cuando sean v\u00edctimas (\u2026), no puedan acceder a los mecanismos de verdad, justicia y reparaci\u00f3n previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, sino que no son beneficiarios de las medidas de protecci\u00f3n especial previstas en la Ley 1448 de 2011, lo cual impone la necesidad de establecer cu\u00e1les son ellas. <\/p>\n
Observa la Corte que las medidas adoptadas en el marco de la Ley 1448 de 2011 tienen como primer presupuesto la afirmaci\u00f3n de un principio de buena fe, encaminado a liberar a las v\u00edctimas de la carga de probar su condici\u00f3n. Conforme a ese principio, se dar\u00e1 especial peso a la declaraci\u00f3n de la v\u00edctima, y se presumir\u00e1 que lo que \u00e9sta aduce es verdad, de forma que en caso de duda ser\u00e1 el Estado quien tendr\u00e1 la obligaci\u00f3n de demostrar lo contrario\u2026 <\/p>\n
En ese contexto, un primer cap\u00edtulo de medidas est\u00e1 orientado a promover la efectividad de los derechos de las v\u00edctimas dentro de los procesos judiciales. All\u00ed se encuentran previsiones relativas a informaci\u00f3n de asesor\u00eda y apoyo (\u2026) la obligaci\u00f3n de la Defensor\u00eda del Pueblo de prestar servicios de orientaci\u00f3n, asesor\u00eda y representaci\u00f3n judicial a las v\u00edctimas, en los t\u00e9rminos de la ley, y las medidas relativas a los gastos de la v\u00edctima en los proceso judiciales, cuando se compruebe de manera sumaria y expedita la falta de disponibilidad de recursos\u2026 <\/p>\n
En el t\u00edtulo tercero de la ley se contempla una ayuda humanitaria para que las v\u00edctimas puedan sobrellevar las necesidades b\u00e1sicas e inmediatas que surgen tras una victimizaci\u00f3n; medidas de asistencia, que tienen que ver con programas y recursos de orden pol\u00edtico, econ\u00f3mico, social, fiscal, entre otros, a cargo del Estado, orientados a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las v\u00edctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporaci\u00f3n a la vida social, econ\u00f3mica y pol\u00edtica, y, medidas de atenci\u00f3n en materia de educaci\u00f3n y de salud\u2026 <\/p>\n
El t\u00edtulo IV de la ley prev\u00e9 el dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de una pol\u00edtica mixta de reparaciones, con una vertiente dirigida a la restituci\u00f3n de tierras por v\u00eda judicial, y otra dirigida al dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de un mecanismo extrajudicial y masivo de reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas por v\u00eda administrativa, que comprender\u00e1 el otorgamiento de una indemnizaci\u00f3n por v\u00eda administrativa, medidas de rehabilitaci\u00f3n, de satisfacci\u00f3n y garant\u00edas de no repetici\u00f3n\u2026 <\/p>\n
De este modo, encuentra la Corte que si bien, en relaci\u00f3n con el concepto general de v\u00edctima, es asimilable la situaci\u00f3n de todas aquellas personas que hayan resultado afectadas como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasi\u00f3n del conflicto armado interno, independientemente de si hac\u00edan parte o no de un grupo armado organizado al margen de la ley, no ocurre lo mismo en relaci\u00f3n con las especiales medidas de protecci\u00f3n adoptadas en la ley, puesto que ellas se orientan seg\u00fan criterios que tienen en muchos casos el presupuesto de la inserci\u00f3n de las v\u00edctimas en las actividades propias de la legalidad, sin perjuicio de que, en el marco del proceso de justicia transicional, se hayan adoptado o se adopten en el futuro, medidas especiales orientadas a obtener la reinserci\u00f3n de los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley que decidan desmovilizarse y la posibilidad que tienen todos, cuando quiera que hayan sido v\u00edctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasi\u00f3n del conflicto armado interno, de acudir a instancias ordinarias con el objeto de obtener verdad, justicia y reparaci\u00f3n. <\/p>\n
Para la Corte la condici\u00f3n de integrante de un grupo armado organizado al margen de la ley, s\u00ed es relevante para determinar la aplicaci\u00f3n o no del conjunto de beneficios especiales previstos en la ley, y, en cuanto que el criterio fijado por el legislador no excluye a dichas personas de la posibilidad de acceder a los mecanismos ordinarios de verdad, justicia y reparaci\u00f3n, ni los sustrae del \u00e1mbito de protecci\u00f3n contemplado en instrumentos internacionales vinculantes para Colombia, no se opone, per se, a la Constituci\u00f3n, ni al bloque de constitucionalidad. <\/p>\n
Por la naturaleza de las medidas previstas en la ley, que tienen car\u00e1cter complementario y de apoyo en relaci\u00f3n con las que de manera general se contemplan en el ordenamiento jur\u00eddico para la protecci\u00f3n de las v\u00edctimas y la garant\u00eda de los derechos a la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n, no encuentra la Corte que, en general, la restricci\u00f3n impuesta por el legislador parezca irrazonable o desproporcionada. As\u00ed, por ejemplo, (\u2026) no parece irrazonable que, un presupuesto para acceder a los beneficios en materia de mora crediticia, sea la afectaci\u00f3n de una persona que ha obrado en el marco del orden jur\u00eddico y que ha visto afectada su capacidad de pago en raz\u00f3n de los hechos victimizantes previstos en la ley. Y lo mismo podr\u00eda afirmarse de quien pretende acceder a las medidas orientadas a la recuperaci\u00f3n de la capacidad productiva, que suponen que la persona ha perdido dicha capacidad en raz\u00f3n de los aludidos hechos, situaci\u00f3n en la que no se encuentran quienes previamente hab\u00edan abandonado la vida productiva debido a su vinculaci\u00f3n a los grupos armados organizados al margen de la ley. Otro tanto puede decirse de las medidas de asistencia judicial y ayuda humanitaria, que tendr\u00edan como presupuesto puramente operativo, al menos, la desmovilizaci\u00f3n de los integrantes de los grupos armados ilegales al margen de la ley y que ser\u00edan, por tanto, objeto de tratamiento especializado en el marco de la legislaci\u00f3n especial sobre reinserci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
As\u00ed, sin perjuicio de que quien integre un movimiento al margen de la ley pueda acudir a los mecanismos ordinarios para obtener la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n que le correspondan si ha sido v\u00edctima de violaciones de sus derechos, no est\u00e1 en la misma situaci\u00f3n frente a las medidas de protecci\u00f3n especial y que, en buena medida, se orientan a la protecci\u00f3n de quien ha sido injustamente afectado, no obstante encontrarse en el \u00e1mbito de la legalidad. Quienes est\u00e1n en los movimientos al margen de la ley se ponen deliberadamente en situaci\u00f3n de riesgo y no es, por ejemplo, indiferente la identificaci\u00f3n del victimario. El Estado asume la reparaci\u00f3n, sin necesidad de acreditar quien es el victimario y aunque no se haya establecido la imputabilidad del mismo a una acci\u00f3n u omisi\u00f3n de su parte. No es la misma la situaci\u00f3n de quien, por decisi\u00f3n propia y de manera antijur\u00eddica provoca situaciones dentro de las cuales pueda resultar afectado como v\u00edctima. As\u00ed, por ejemplo, la persona que, en ejecuci\u00f3n de sus designios antijur\u00eddicos, se vea afectada por minas anti-persona, por la acci\u00f3n de francotiradores o por retenci\u00f3n indebida, no puede alentar la pretensi\u00f3n de que se le brinde los mismos medios expeditos y sumarios que el ordenamiento pone a disposici\u00f3n de quien se encuentra en el marco de la legalidad y es, en muchos casos, por completo ajeno al conflicto\u2026 <\/p>\n
\u2026se insiste, la ley acusada no les quita a los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley el car\u00e1cter de v\u00edctimas (\u2026) En el caso de la ley bajo estudio, no se trata de establecer un sistema de compensaci\u00f3n de culpas, pero s\u00ed de afirmar la posibilidad del Estado de adoptar medidas especiales y m\u00e1s expeditas, de protecci\u00f3n para quienes, no obstante que se han mantenido dentro de la legalidad, han resultado gravemente afectadas por el conflicto. <\/p>\n
De este modo concluye la Corte que el par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 3 de la Ley 1448 de 2011, en cuanto dispone que no ser\u00e1n considerados v\u00edctimas los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley, no es contrario a la Constituci\u00f3n, en la medida en que (\u2026) (iv) comporta, \u00fanicamente, su exclusi\u00f3n de un conjunto especial de medidas de protecci\u00f3n, complementarias y de apoyo, que se han previsto en la ley en beneficio que quienes, encontr\u00e1ndose dentro de la legalidad han sido v\u00edctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de graves violaciones de las normas internacionales de Derechos Humanos en el marco del conflicto armado interno\u2026\u00bb. <\/p>\n
\u00abCuando se sobrepase el l\u00edmite de la minor\u00eda de edad, cambian las circunstancias que le imponen al Estado el deber de especial protecci\u00f3n y por ello, resulta admisible que la ley de v\u00edctimas establezca como l\u00edmite para acceder a las medidas de protecci\u00f3n en ella consagradas el hecho de que la desmovilizaci\u00f3n haya ocurrido mientras las personas sean menores de edad. Se resalta que ello no quiere decir que a partir de ese momento las personas queden privadas de toda protecci\u00f3n, porque, por una parte, en la propia ley se incluye un cap\u00edtulo en el que de manera amplia se consagran los derechos de los menores y, en particular se se\u00f1ala que una vez los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes cumplan la mayor\u00eda de edad, podr\u00e1n ingresar al proceso de reintegraci\u00f3n social y econ\u00f3mica que lidera la Alta Consejer\u00eda para la Reintegraci\u00f3n Social y Econ\u00f3mica de Personas y Grupos Alzados en Armas, siempre que cuenten con la certificaci\u00f3n de desvinculaci\u00f3n de un grupo armado organizado al margen de la ley expedida por el Comit\u00e9 Operativo para la Dejaci\u00f3n de las Armas14. Por otra parte, al margen de esas previsiones, quienes se vincularon a los grupos armados siendo menores de edad, pueden, cuando sean adultos, acceder a los mecanismos ordinarios de verdad justicia y reparaci\u00f3n, as\u00ed como a los programas especiales de reinserci\u00f3n y de integraci\u00f3n social que ha previsto el Estado. <\/p>\n
No obstante lo anterior, la Corte estima necesario hacer algunas consideraciones especiales sobre los ni\u00f1os y ni\u00f1as reclutados a la fuerza por los grupos armados ilegales, quienes, en raz\u00f3n de tal constre\u00f1imiento, podr\u00edan llegar a tener la categor\u00eda de v\u00edctimas, en las condiciones establecidas en la ley, el derecho internacional de los derechos humanos y en la forma que se ha establecido en la jurisprudencia constitucional\u2026 <\/p>\n
En ese contexto, el alcance de la ley es el de que los menores desmovilizados en condici\u00f3n de tales son reconocidos per se como v\u00edctimas. Cuando la desmovilizaci\u00f3n sea posterior a la mayor\u00eda de edad, no se pierde la condici\u00f3n de v\u00edctima, derivada, en primer lugar, de la circunstancia del reclutamiento forzado, pero en ese caso se impone acreditar ese hecho y acceder los programas especiales de desmovilizaci\u00f3n y de reinserci\u00f3n, en los cuales ser\u00e1 preciso que se adelante una pol\u00edtica diferencial, que tenga en cuenta la situaci\u00f3n de los menores y las limitaciones que tienen para abandonar los grupos a margen de la ley\u00bb. <\/p>\n
4.4.- En relaci\u00f3n con lo anterior, observa la Sala que las consideraciones que tuvo en cuenta la Corte Constitucional para concluir que los miembros de los grupos organizados al margen de la ley que sean v\u00edctimas del conflicto armado, si bien no pierden esa condici\u00f3n de v\u00edctimas y pueden acceder a reclamar sus derechos a trav\u00e9s de otros mecanismos, no son beneficiarios de las medidas de la Ley 1448 de 2011, aspectos que no fueron analizadas para el caso concreto por el Tribunal convocado, pues s\u00f3lo dijo que el se\u00f1or Tiberio Jos\u00e9 s\u00ed pod\u00eda acceder al derecho a la restituci\u00f3n de tierras, porque \u00ab(\u2026) su pertenencia a esa organizaci\u00f3n se dio en momentos anteriores como posteriores al \u2018despojo\u2019. Por lo que no se est\u00e1 aqu\u00ed el supuesto (sic) de que trata el par\u00e1grafo 2\u00ba art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 1448 de 2011\u00bb. <\/p>\n
4.5.- Al respecto, no sobra resaltar que el Procurador 12 Judicial II para Restituci\u00f3n de Tierras rindi\u00f3 su concepto en el sub judice, el cual merece la atenci\u00f3n de la Sala, en la medida en que se refiere al punto aqu\u00ed se\u00f1alado. En efecto, en el mencionado concepto, el agente de la Procuradur\u00eda solicit\u00f3 al Tribunal convocado reconocer el derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras a la solicitante; sin embargo, frente a Tiberio Jos\u00e9 pidi\u00f3 tener en cuenta lo previsto en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 3 de la Ley 1448 de 2011, en virtud del cual \u00ab(\u2026) quedar\u00eda excluido de cualquier medida de reparaci\u00f3n que se ordene dentro del presente tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, enfatiz\u00f3 que, de acuerdo con las pruebas obrantes en el plenario, \u00abluego de desertar del ELN, fue incorporado a prestar servicio militar, del cual tambi\u00e9n desert\u00f3 para luego vincularse a la guerrilla de las Farc, en redes urbanas de apoyo. Su \u00faltima desmovilizaci\u00f3n se dio a finales del a\u00f1o 2003, seg\u00fan consta en la declaraci\u00f3n que rindi\u00f3 ante el Comit\u00e9 Operativo para la Dejaci\u00f3n de Armas -CODA, el 10 de diciembre de 2003, y la certificaci\u00f3n como desmovilizado expedida por el mismo Comit\u00e9 mediante acta del 21 de enero de 2004\u00bb. Asimismo, advirti\u00f3 que \u00abCon respecto a la primera desmovilizaci\u00f3n, se presume que el se\u00f1or Tiberio Jos\u00e9 hab\u00eda cumplido los 18 a\u00f1os el 16 de agosto de 1994, y que fue con posterioridad a \u00e9sta fecha que desert\u00f3 del Eln\u2026\u00bb. <\/p>\n
4.6.- De lo anterior se concluye que, en el sub examine, a Tiberio Jos\u00e9, acreditado integrante del ELN siendo menor de edad y, posteriormente, de las FARC-EP, organizaci\u00f3n a la que ingres\u00f3 en 1999, cuando ten\u00eda 23 a\u00f1os, en forma libre y voluntaria, no se le aplic\u00f3 la exclusi\u00f3n prevista en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 3 de la Ley 1448 de 2011, pese a que estaban dados los supuestos para ello, pues si bien se desmoviliz\u00f3 en 2003, cuesti\u00f3n que le otorga derecho a otros beneficios, lo cierto es que, como se ha precisado, las garant\u00edas contempladas en la ley de restituci\u00f3n de tierras aludida est\u00e1n dirigida a quienes estuvieron en la legalidad y se mantuvieron en ella, por lo que el Tribunal, al amparar su derecho a la restituci\u00f3n de tierras, le extendi\u00f3 un beneficio frente al cual estaba excluido, incurriendo a todas luces en un defecto sustantivo. <\/p>\n
4.6.1.- En lo que ata\u00f1e al defecto sustantivo, debe resaltarse que \u00e9ste se configura cuando: <\/p>\n
\u00abEl fundamento de la decisi\u00f3n judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador. <\/p>\n
No se hace una interpretaci\u00f3n razonable de la norma. <\/p>\n
Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos erga omnes\u2026 <\/p>\n
Proceder\u00e1 entonces el amparo constitucional, cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente\u00bb (Corte Constitucional, sentencia SU332 de 2019, resalta la Sala). <\/p>\n
En concreto, frente la interpretaci\u00f3n no razonable de la ley que configura defecto sustantivo, la Corte Constitucional se\u00f1al\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abEl defecto sustantivo puede presentarse cuando, por ejemplo, el juez: \u2018(i) Fundamenta su decisi\u00f3n en una norma que (a) no es pertinente; (b) no est\u00e1 vigente en raz\u00f3n de su derogaci\u00f3n; (c) es inexistente; (d) se considera contraria a la Carta Pol\u00edtica; y (e) a pesar de estar vigente y [ser] constitucional, resulta inadecuada su aplicaci\u00f3n a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica objeto de revisi\u00f3n\u2019; \u2018(ii) Basa su decisi\u00f3n en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto porque resulta inconstitucional o no se adec\u00faa a la circunstancia f\u00e1ctica; (iii) el fallo carece de motivaci\u00f3n material o es manifiestamente irrazonable; (iv) presenta una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la decisi\u00f3n; (v) la interpretaci\u00f3n desconoce Sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance y que constituyen cosa juzgada; (vi) interpreta la norma sin tener en cuenta otras disposiciones normativas aplicables; (vii) desconoce la normatividad aplicable al caso concreto; o (viii) a pesar de la autonom\u00eda judicial, interpreta o aplica la norma de manera err\u00f3nea\u2019 (\u2026) <\/p>\n
En cuanto a la indebida interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de una norma, recientemente, en la Sentencia T-344 de 2015, reiterada en la SU-050 de 2017, se precis\u00f3 que este defecto se ha presentado cuando: (a) la interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n, prima facie, no se encuentra dentro del margen de razonabilidad o proporcionalidad; (b) es adaptada una disposici\u00f3n de forma contraevidente o contra legem; (c) es evidentemente perjudicial para los intereses de una de las partes, a pesar de la legitimidad de que estos gocen; (d) es manifiestamente errada y desatiende los par\u00e1metros de juridicidad y aceptabilidad; (e) resulta injustificadamente regresiva o contraria a la Constituci\u00f3n; o (f) cuando dejan de aplicarse normas constitucionales o legales pertinentes\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el defecto sustantivo se configura cuando el juez \u2018en ejercicio de su autonom\u00eda e independencia, desborda la Constituci\u00f3n o la ley en desconocimiento de los principios, derechos y deberes superiores. Lo cual puede ocurrir, entre otros, por la err\u00f3nea interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de la norma. Como puede suceder, por ejemplo, cuando se desborda el contenido de la norma y se imponen mayores barreras a las exigidas por el legislador para conceder el derecho o se desconocen normas que deb\u00edan aplicarse\u00bb (Corte Constitucional, SU573 de 2017). <\/p>\n
De otra parte, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que \u00aben raz\u00f3n de los efectos erga omnes y de cosa juzgada constitucional que tienen los pronunciamientos de este Tribunal en sede de control abstracto\u00bb15, el juez de conocimiento que se aparta de la interpretaci\u00f3n que hace ese m\u00e1ximo Tribunal de una norma en sede de control abstracto de constitucionalidad, incurre en defecto sustantivo o material. <\/p>\n
4.6.2.- Pues bien, en el presente caso, se advierte que la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta incurri\u00f3 en un defecto sustantivo, en la medida en que hizo una interpretaci\u00f3n del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 3 de la Ley 1448 de 2011 que lesiona de manera frontal la columna vertebral de la Ley de V\u00edctimas, dirigida a quienes estuvieron y se mantengan en la legalidad. <\/p>\n
Aunado a ello, la Sala de Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal se apart\u00f3 del alcance que la misma Corte Constitucional le dio al par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 3 de la Ley 1448 de 2011 en la sentencia C-235A de 2012 -por definici\u00f3n, un fallo con efectos erga omnes-, pues aquella, aunque hace unas previsiones para los menores de edad que se retiran cuando ya han cumplido 18 a\u00f1os, es clara en indicar que la norma contiene una exclusi\u00f3n para quienes han hecho parte de los grupos armados organizados al margen de la ley. <\/p>\n
Con ello se afect\u00f3, sin duda, la motivaci\u00f3n de la providencia en torno al derecho a la restituci\u00f3n reconocido a la solicitante y a su hija y el debido proceso de las partes e intervinientes, en detrimento de los derechos de quienes pueden ser considerados v\u00edctimas para efectos de las medidas contempladas en la Ley 1448 de 2011, lo cual amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
5. En consecuencia, se ordenar\u00e1 a la Sala accionada que, dentro del t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, deje sin valor ni efecto la sentencia del 13 de agosto de 2021 que profiri\u00f3 en el proceso con radicado 68081312100120170013301, \u00fanica y exclusivamente en lo relativo a la no aplicaci\u00f3n de la exclusi\u00f3n contenida en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 3 de la Ley 1448 de 2011 frente a Tiberio Jos\u00e9 y vuelva a estudiar y a decidir de fondo sobre ese aspecto concreto, al tenor de lo contemplado en dicha disposici\u00f3n y las consideraciones expuestas por la Sala en esta providencia. En lo dem\u00e1s, esto es, lo pretendido por la tutelante a su favor, se negar\u00e1 el amparo. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. ORDENAR a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta que, dentro del t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, deje sin valor ni efecto la sentencia del 13 de agosto de 2021 que profiri\u00f3 en el proceso con radicado 68081312100120170013301, \u00fanica y exclusivamente en lo relativo a la no aplicaci\u00f3n de la exclusi\u00f3n contenida en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 3 de la Ley 1448 de 2011 frente a Tiberio Jos\u00e9 y vuelva a estudiar y a decidir de fondo sobre ese aspecto concreto, al tenor de lo contemplado en dicha disposici\u00f3n y las consideraciones expuestas por la Sala en esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO. NEGAR el amparo deprecado por Nubia Manuela. <\/p>\n
TERCERO. Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Salvamento Parcial de Voto) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Salvamento Parcial de Voto) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Salvamento de Voto) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO – PARCIAL <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00578-00 <\/p>\n
Con el acostumbrado respeto me permito manifestar que, si bien comparto parcialmente lo decido por la Sala al resolver la acci\u00f3n de tutela en comento al negarse el amparo respecto de la se\u00f1ora Nubia Manuela, disiento de lo decidido en el numeral primero del fallo por las razones que paso a explicar. <\/p>\n
Porque la decisi\u00f3n de \u00abORDENAR\u00bb al Tribunal requerido la invalidaci\u00f3n del fallo de restituci\u00f3n de tierras objeto de cr\u00edtica, acerca de \u00abla no aplicaci\u00f3n de la exclusi\u00f3n contenida en el par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 1448 de 2011 frente a Tiberio Jos\u00e9\u00bb, para, en consecuencia, volver a \u00aba decidir de fondo sobre ese aspecto concreto\u00bb, resulta intrascendente. <\/p>\n
En efecto, en la parte resolutiva de la sentencia, en lo que toca con el 50% del inmueble o inmuebles que se entreguen por equivalencia, se dispuso que se adjudiquen a los herederos de \u00c1lvaro Andr\u00e9s, sin que respecto de este especial tema se les haya reconocido la calidad de v\u00edctimas, pues ser\u00e1 dentro del proceso de sucesi\u00f3n donde deban acreditar dicha calidad. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las \u00f3rdenes dadas en los numerales s\u00e9ptimo y siguientes del fallo de 13 de agosto de 2021, en los cuales se disponen algunos beneficios a Tiberio Jos\u00e9 es en calidad de heredero de \u00c1lvaro Andr\u00e9s y no como v\u00edctima y, por ende, es ajeno a este conflicto la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 1448 de 2011, que sirve de fundamento al amparo concedido. <\/p>\n
Aunque se ac\u00e9ptese -en gracia de discusi\u00f3n- que en la providencia se analiza a Tiberio Jos\u00e9 como v\u00edctima, no menos cierto es que el conflicto armado que ha vivido el pa\u00eds en los \u00faltimos setenta a\u00f1os ha sido din\u00e1mico y, por ende, la realidad sobrepasa las hip\u00f3tesis previstas por el Legislador, como ocurre con la tem\u00e1tica de quienes siendo v\u00edctimas tambi\u00e9n fungieron como victimarios. <\/p>\n
Asimismo, porque no puede perderse de vista que el an\u00e1lisis de la calidad de v\u00edctima debe hacerse, no s\u00f3lo bajo lo dispuesto en el art\u00edculo 3\u00b0 de la citada Ley 1448, de las sentencias de constitucionalidad sobre el particular, del bloque de constitucionalidad y del enfoque de la justicia transicional, para efectos de dar una soluci\u00f3n atendiendo las particularidades del caso y, en especial, si el referido se\u00f1or Tiberio Jos\u00e9, para la \u00e9poca de los hechos en que fue v\u00edctima, era o no integrante de la guerrilla y, eventualmente, victimario a la luz de la ley. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo consignado mi salvamento parcial de voto. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00578-00 <\/p>\n
<\/p>\n
1. Comparto lo dirimido en torno a la negaci\u00f3n del resguardo pedido por la aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Sin embargo, y con absoluto respeto hacia las decisiones de la Sala, brevemente expongo las razones por las que difiero de la postura mayoritaria, en cuanto dispuso \u00abORDENAR\u00bb al Tribunal requerido la invalidaci\u00f3n del fallo de restituci\u00f3n de tierras objeto de cr\u00edtica, acerca de \u00abla no aplicaci\u00f3n de la exclusi\u00f3n contenida en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 3 de la Ley 1448 de 2011 frente a Tiberio Jos\u00e9\u00bb, para, en consecuencia, volver a \u00aba decidir de fondo sobre ese aspecto concreto\u00bb acorde a lo plasmado en la considerativa. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Para el suscrito, de cara a la presente controversia no debi\u00f3 emitirse la prenotada orden, como enseguida pasar\u00e9 a explicarlo, sustray\u00e9ndome de compendiar la plataforma f\u00e1ctica del debate, al ser a estas alturas comprendida y, adem\u00e1s, en honor a la brevedad. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En \u00faltimas, con independencia de lo esgrimido por la corporaci\u00f3n judicial recriminada en las motivaciones de su sentencia, sobre la aplicaci\u00f3n de la exclusi\u00f3n prevista en la norma arriba descrita (art. 3, par. 2\u00b0, de la ley 1448\/11), lo cierto es que eso subyace carente de trascendencia en la presente demanda de tutela, pues aquella resoluci\u00f3n de cierre fue clara en \u00abAMPARAR en su derecho (\u2026) a la restituci\u00f3n de tierras a [Mar\u00eda Carolina] y a los herederos de [\u00c1lvaro Andr\u00e9s (q.e.p.d.)], quien (\u2026) aparece representado por [Clara In\u00e9s] y [Tiberio Jos\u00e9]\u2026\u00bb (\u00c9nfasis con intenci\u00f3n). <\/p>\n
De ah\u00ed que no revista mayor relevancia el \u201cordenamiento\u201d impartido por la mayor\u00eda de los honorables magistrados de la Sala \u2013y del cual discrepo\u2013, en punto a que el se\u00f1or Tiberio Jos\u00e9 resulte excluido conforme a las invocadas pautas de la ley de v\u00edctimas, m\u00e1xime si las medidas de protecci\u00f3n subsiguientes a la salvaguarda que dispuso el colegiado de C\u00facuta, incluida la de restituci\u00f3n propiamente dicha16, no lo cobij\u00f3 a \u00e9l como tal, sino a la sucesi\u00f3n de su finado padre. <\/p>\n
Total, en lo ata\u00f1edero al postulado de la trascendencia, la Corte Constitucional ha decantado que \u00ab(\u2026)se cumple cuando se demuestra que el caso involucra alg\u00fan debate jur\u00eddico que gira en torno al contenido, alcance y goce de cualquier derecho fundamental\u2026\u00bb (CC T-291\/16). <\/p>\n
<\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, conviene reiterar que la restituci\u00f3n de tierras se produjo en favor de la sucesi\u00f3n de \u00c1lvaro Andr\u00e9s (q.e.p.d.), entendida como el proceso que \u00abse abre desde la muerte de una persona\u00bb, momento en el cual \u00absurge el derecho de recibirla por parte de quienes en ese momento tengan el car\u00e1cter de herederos\u2026\u00bb17. <\/p>\n
No en vano, el ac\u00e1pite d\u00e9cimo segundo de la resolutiva del veredicto examinado conmin\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo, a efectos de que \u00abdesigne un profesional del derecho para que asesore y de ser del caso, represente a los herederos de [\u00c1lvaro Andr\u00e9s (q.e.p.d.)] con relaci\u00f3n al tr\u00e1mite sucesorio en cuanto hace con el predio o predios a entregar en equivalencia de que aqu\u00ed se trata\u00bb (Se destac\u00f3). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Por todo lo atr\u00e1s consignado se impon\u00eda, a la postre, despachar adversamente la aspiraci\u00f3n de la procuradur\u00eda interviniente (en respuesta que termin\u00f3 suscitando la determinaci\u00f3n de la Corte al respecto18), dirigida a criticar los planteamientos vertidos en el fallo repelido sobre la aplicaci\u00f3n del tan aludido canon 3, par. 2\u00b0, de la ley 1448, ante la irrelevancia de lo as\u00ed sostenido por el Tribunal. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En los anteriores t\u00e9rminos, dejo concretadas las cuestiones que me llevan a disentir, en parte, de la decisi\u00f3n adoptada por la Sala mayoritaria. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00578-00 <\/p>\n
En esta ocasi\u00f3n no puedo acompa\u00f1ar a la Sala en lo decidido, porque la sentencia emitida por la Sala Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta no puede calificarse como irrazonable. <\/p>\n
En efecto, aunque el par\u00e1grafo 2, del art\u00edculo 3\u00ba, de la ley 1448 de 2011 establece, como regla general, que \u00ab[l]os miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no ser\u00e1n considerados v\u00edctimas\u00bb, a partir de lo previsto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-599 de 2019, se estableci\u00f3 una subregla jurisprudencial que tolera excepciones frente a dicho precepto normativo, las cuales deben ser analizadas en cada caso concreto con el fin de establecer si existen circunstancias especiales, que a partir del contexto y la caracterizaci\u00f3n t\u00e9cnica del asunto, permitan establecer sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional que, a pesar de haber pertenecido a grupos al margen de la ley, deban ser reconocidos como v\u00edctimas. <\/p>\n
Bajo dicho marco, la autoridad judicial encontr\u00f3 que \u00abTiberio Jos\u00e9\u00bb19, en calidad de hijo de la demandante en restituci\u00f3n de tierras y de su difunto esposo, tiene una doble connotaci\u00f3n: la de v\u00edctima y ex miembro del ELN y de las FARC. Lo anterior, porque hall\u00f3 acreditado que antes de la ocurrencia de los hechos violentos (1995 a 1997), aqu\u00e9l fue integrante del ELN desde octubre de 1993 hasta mayo de 1995, y, solo despu\u00e9s de su deserci\u00f3n de dicho grupo, los paramilitares asesinaron a su padre (9 mayo 1995), lo que condujo al desplazamiento de su hermana y su mam\u00e1, y, a que esta \u00faltima cediera el bien respecto del cual ejerci\u00f3 actos de posesi\u00f3n, por lo que no pudo completar los requisitos necesarios para usucapirlo. Tambi\u00e9n encontr\u00f3 acreditado que, con posterioridad al referido hecho violento y posiblemente con ocasi\u00f3n del mismo, \u00abTiberio Jos\u00e9\u00bb hizo parte de las FARC, desde el a\u00f1o 1999 hasta septiembre de 2003, todo lo cual qued\u00f3 consignado en la entrevista que \u00e9l mismo \u00abofreciera ante el Grupo de Atenci\u00f3n Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa Nacional el 22 de septiembre de 2003 en la que expresamente afirm\u00f3 que del dicho grupo [el ELN] desert\u00f3 \u2018(…) el d\u00eda 11 de mayo de 1995 (…)\u2019, esto es, en \u00e9pocas anteriores al \u2018despojo\u2019 (que lo fue en 1997). Y si bien aparece en claro que de nuevo se uni\u00f3 a la subversi\u00f3n, tal acaeci\u00f3 hacia finales de 1999 (luego de esas ventas) y que finalmente se desmoviliz\u00f3 en septiembre de 2003\u00bb. Por lo anterior, concluy\u00f3 que la pertenencia de \u00abTiberio Jos\u00e9\u00bb a los grupos ilegales \u00abse dio en momentos anteriores como posteriores al \u2018despojo\u2019. Por lo que no se est\u00e1 aqu\u00ed el supuesto de que trata el par\u00e1grafo 2o art\u00edculo 3o de la Ley 1448 de 2011\u00bb. <\/p>\n
Lo que se evidencia aqu\u00ed es que el Tribunal, a partir del estudio contextual del caso, dio cuenta de los diferentes matices que la guerra trajo a la vida de \u00abTiberio Jos\u00e9\u00bb quien ingres\u00f3 al ELN siendo menor de edad, desert\u00f3, fue v\u00edctima del paramilitarismo y con posterioridad perteneci\u00f3 a las FARC, grupo del cual tambi\u00e9n se separ\u00f3; es decir que para la fecha en que se catalog\u00f3 como v\u00edctima, no tuvo relaci\u00f3n con grupos armados ilegales, por lo que pod\u00eda ser reconocida su reparaci\u00f3n. An\u00e1lisis que no luce irrazonable, ni desproporcionado, as\u00ed no se comparta. Por lo tanto, no debi\u00f3 accederse al amparo. <\/p>\n
En los referidos t\u00e9rminos dejo consignada mi discrepancia. <\/p>\n
Fecha, up supra. <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 En aras de proteger el buen nombre e intimidad de las personas involucradas, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres, para efectos de publicaci\u00f3n y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n con destino \u00fanicamente a las partes de esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2\u0002 Demanda de restituci\u00f3n. \u201c2017_11_Nov_D680813121001201700133000Radicaci\u0e02n20171116122443.pdf\u201d del expediente de restituci\u00f3n de tierras con radicado n\u00famero 2017-00133. Folio 4. <\/p>\n
3\u0002 Ibidem. Anotaci\u00f3n 1 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria con fecha de registro del 7 de septiembre de 1987. <\/p>\n
4\u0002 Ibidem. Folios 5 y 37. En la demanda de restituci\u00f3n (folio 37) se se\u00f1al\u00f3 que \u00abEn la ficha predial del inmueble, no aparece la solicitante registrada en la historia censal catastral, tal y como se puede apreciar en la copia de la ficha predial, debido a que la reclamante solo ejerc\u00eda la posesi\u00f3n sobre el predio\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Demanda de restituci\u00f3n. Archivo \u201c2017_11_Nov_D680813121001201700133000Radicaci\u0e02n20171116122443.pdf\u201d del expediente de restituci\u00f3n de tierras con radicado n\u00famero 2017-00133. Folio 82. <\/p>\n
8\u0002 Archivo \u201c2018_01_Ene_D680813121001201700133001Recepcio\u0301n de oposicio\u0301n201812691035.pdf\u201d del cuaderno del Juzgado del expediente digital del proceso de marras. <\/p>\n
9\u0002 Archivo \u201c113.AUTO INTERLOCUTORIO ABRE PERIODO PROBATORIO.pdf\u201d ibidem. <\/p>\n
10\u0002 Archivo \u201c145. AUDIENCIA LUIS ARNULFO.mp3\u201d ibidem. <\/p>\n
11\u0002 Archivo \u201c155.AUDIENCIA JOSE DOLORES MARTINEZ CONTRERAS\u201d ibidem. <\/p>\n
12\u0002 Ver referencia en SU484-2008 y la T310-1995, citadas por esta Sala en STC11577-2020. <\/p>\n
14\u0002 Ley 1448 de 2011, art\u00edculo 190. <\/p>\n
15\u0002 Si bien la Corte Constitucional se ha referido a este tipo de defecto sustantivo muy especialmente en relaci\u00f3n con la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que, por virtud de los efectos erga omnes de las sentencias de control abstracto de constitucionalidad, es evidente que cuando un juez o Tribunal se aparta grosera y ostensiblemente de la interpretaci\u00f3n que hace la Corte Constitucional de una norma, se configura el defecto sustantivo. <\/p>\n
16\u0002 Sobre ese t\u00f3pico el tribunal resolvi\u00f3, en su ordinal cuarto: \u00abRECONOCER a favor de [Mar\u00eda Carolina] y los herederos de [\u00c1lvaro Andr\u00e9s (q.e.p.d.)]\u2026, la RESTITUCI\u00d3N POR EQUIVALENCIA\u2026\u00bb (Destacado adrede). <\/p>\n
17\u0002 Cfr. CC C-683\/14. Resaltado ajeno. <\/p>\n
18\u0002 Seg\u00fan se desprende del numeral \u00ab4.5.\u00bb de las consideraciones de la ponencia aprobada. <\/p>\n
19\u0002 Nombre ficticio usado en la sentencia para salvaguardar la identidad y honra del sujeto procesal. <\/p>\n
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STC4791-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS STC4791-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00578-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Sala decide1 el resguardo constitucional promovido por Nubia Manuela contra la Sala Civil Especializada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62921","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62921","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62921"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62921\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62921"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62921"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62921"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}