STC4812-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4812-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00807-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00d3scar Eladio y Jaime Ignacio Mart\u00ednez Vel\u00e1squez contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pitalito, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, igualdad, \u00abdoble instancia\u00bb y \u00abacceso a la [justicia]\u00bb, presuntamente vulnerados por las sedes judiciales acusadas por dictar sentencia accediendo a las pretensiones en el juicio declarativo incoado en su contra, declarar desierta su alzada frente a esa determinaci\u00f3n del a-quo y rechazar su solicitud de nulidad frente a la actuaci\u00f3n surtida en la segunda instancia. <\/p>\n
Rogaron, entonces, ordenar al Juzgado dictar \u00absentencia acorde a las excepciones propuestas\u2026 al contestar la demanda\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir este caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio reivindicatorio que Implacol Implementos Ap\u00edcolas Colombianos Ltda. inco\u00f3 contra \u00d3scar Eladio y Jaime Ignacio Mart\u00ednez Vel\u00e1squez, surtidas las etapas de rigor, en audiencia del 15 de febrero de 2021 el Juzgado acusado dict\u00f3 sentencia acogiendo las pretensiones, decisi\u00f3n que all\u00ed apel\u00f3 el apoderado de los demandados, exponiendo y sustentando de forma oral sus reparos frente a la misma. <\/p>\n
2.2. El 25 de febrero de 2021 el Tribunal enjuiciado admiti\u00f3 tal censura vertical y dispuso que, por su Secretar\u00eda, se corriera \u00abtraslado por el t\u00e9rmino de\u2026 (5) d\u00edas al apelante, para que sustente el recurso\u2026, so pena de ser declarado desierto, conforme con el inciso 3 del art. 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020\u00bb; sin embargo, el 16 de marzo siguiente la declar\u00f3 desierta, al advertir que el referido lapso \u00abvenci\u00f3 en silencio\u00bb; determinaci\u00f3n que mantuvo el 7 de abril posterior. <\/p>\n
2.3. El 20 de agosto pasado se rechaz\u00f3 la solicitud de nulidad propuesta por los accionantes respecto a lo actuado desde el 25 de febrero de 2021, resoluci\u00f3n frente a la cual, el 17 de noviembre \u00faltimo, se deneg\u00f3 el recurso de s\u00faplica incoado por los reclamantes. <\/p>\n
2.4. En sede de tutela los inconformes se quejaron: i) de la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el juzgador a-quo al dictar sentencia porque, adujeron, a pesar de haber demostrado ser poseedores del inmueble objeto del litigio, por lo menos, desde el a\u00f1o 1996, erradamente se encontr\u00f3 infundada la excepci\u00f3n que plantearon aduciendo que la acci\u00f3n reivindicatoria se promovi\u00f3 tard\u00edamente, lo que, en su sentir, incluso, debi\u00f3 haber conllevado a que el juicio se hubiese terminado con sentencia anticipada, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n formularon la defensa denominada \u00abinepta demanda\u00bb, edificada en la ausencia de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliaci\u00f3n extrajudicial; y ii) de que el Tribunal les cercen\u00f3 el derecho a la doble instancia al, injustificadamente, declarar desierta su apelaci\u00f3n, \u00aba pesar de los argumentos que present\u00f3 [su] apoderado de forma contundente\u00bb y que las decisiones all\u00ed adoptadas no les fueron adecuadamente notificadas, pasando por alto lo reglado en los preceptos 2\u00ba -inciso 3\u00ba y par\u00e1grafo- y 8\u00ba -inciso 5\u00ba- del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Tribunal convocado limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a indicar que el diligenciamiento atacado lo devolvi\u00f3 al Juzgado accionado y \u00e9ste, a su vez, se circunscribi\u00f3 a remitir copia de la totalidad del expediente contentivo de ese asunto. <\/p>\n
2. Implacol Implementos Ap\u00edcolas Colombianos Ltda. rog\u00f3 desestimar la salvaguarda \u00abpor no tener sustento legal ni f\u00e1ctico para su procedencia\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 evidenciar \u00abel estricto cumplimiento procesal y las garant\u00edas brindadas a las partes intervinientes en el transcurso del [asunto recriminado]\u2026, incluso hasta el momento de la decisi\u00f3n final, la cual fue objeto de recurso de apelaci\u00f3n y que no fue sustentado como ya se anot\u00f3\u00bb; que frente a la sentencia proferida por el Juzgado convocado est\u00e1 insatisfecho el presupuesto de la inmediatez; y que este reclamo es otra de tantas maniobras dilatorias impulsadas por sus antagonistas para torpedear la entrega del predio objeto del juicio fustigado, del que, injustificadamente, siempre han querido apropiarse. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo ese entendido, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en actuaci\u00f3n claramente opuesta a la ley, por arbitrariedad o antojo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Si bien los falladores ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden inmiscuirse en su funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026[E]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juzgador natural se aparta de la jurisprudencia sin exponer argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al sub examine, de entrada, i) se advierte que, contrario a lo aducido por los quejosos, ninguna irregularidad se present\u00f3 de cara a la notificaci\u00f3n de las decisiones que adopt\u00f3 el Tribunal convocado, comoquiera que las mismas fueron debidamente comunicadas por anotaci\u00f3n en estado, como lo impon\u00eda el precepto 295 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con el canon 9\u00ba del Decreto 806 de 2020, lo cual se verific\u00f3 ingresando a la p\u00e1gina web \u00abhttps:\/\/www.ramajudicial.gov.co\/web\/tribunal-superior-del-distrito-judicial-de-neiva\/125\u00bb; y ii) anticipa la Sala la procedencia del resguardo deprecado, con alcance parcial, pues, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por los accionantes, la Colegiatura atacada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirles allegar un escrito de sustentaci\u00f3n en segundo grado a pesar de que hab\u00edan atendido esa carga ante el a-quo, de forma oral, en la audiencia de 15 de enero de 2021, pues all\u00ed su apoderado judicial no s\u00f3lo exterioriz\u00f3 sus reparos concretos frente a la sentencia sino que, detenidamente, los sustent\u00f3. <\/p>\n
3.1. Lo primero que debe se\u00f1alar la Corte es que el tr\u00e1mite de la alzada en cuesti\u00f3n, desde el mismo momento en que fue propuesta en la aludida diligencia celebrada el 15 de enero de 2021, en la cual el a-quo dict\u00f3 su fallo, estuvo gobernada de forma integral por las reglas establecidas en el Decreto 806 de 2020 -pues \u00e9ste entr\u00f3 en vigencia el 4 de junio de ese a\u00f1o- que no por las contempladas en el C\u00f3digo General del Proceso, siendo relevante indicar que aqu\u00e9l, en su canon 14, claramente consagra que \u00ab[e]jecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u2026 Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Por ese rumbo, oportuno es anotar que con la norma referida a espacio se busc\u00f3 hacer frente a las m\u00faltiples dificultades que para la tramitaci\u00f3n de asuntos a cargo de la administraci\u00f3n de justicia trajo la Covid-19, variando lo consignado en el actual estatuto adjetivo civil con el fin de, seg\u00fan las consideraciones vertidas en dicho Decreto, regular \u00abla segunda instancia en materia civil y familia para que esta se pueda tramitar\u2026 sin que tenga que adelantarse la audiencia para la sustentaci\u00f3n del recurso, y por el contrario la sustentaci\u00f3n, su traslado y sentencia se har\u00e1 a trav\u00e9s de documentos aportados por medios electr\u00f3nicos\u00bb (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
Con ello, sin duda, se retom\u00f3 no s\u00f3lo la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito sino la validez de su presentaci\u00f3n previa ante al a-quo, de la que trataba el precepto 352 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual, en lo que aqu\u00ed interesa, en casi los mismos t\u00e9rminos del mentado art\u00edculo 14 del nov\u00edsimo Decreto 806, ense\u00f1aba que \u00ab[e]l apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto\u00bb (se resalt\u00f3). <\/p>\n
En consonancia, precisamente reconociendo tal retorno, la Corte Constitucional para declarar exequible el mentado precepto 14 del citado Decreto expuso que \u00e9ste modific\u00f3 \u00ablos actos procesales de la segunda instancia\u2026, privilegiando lo escrito sobre lo oral en esta etapa del proceso\u00bb; luego, dijo que algunos de los intervinientes en ese tr\u00e1mite de control de constitucionalidad solicitaron su inexequibilidad aduciendo afectaci\u00f3n de los principios de oralidad e inmediaci\u00f3n; y despu\u00e9s consign\u00f3: <\/p>\n
325. Para resolver el problema jur\u00eddico, primero, se definir\u00e1 el alcance del principio de oralidad en materia procesal; y a partir de estas consideraciones se determinar\u00e1 si las disposiciones estudiadas afectan el derecho al debido proceso. <\/p>\n
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326. El principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia. La LEAJ introdujo la oralidad como principio de la administraci\u00f3n de justicia. La Corte Constitucional ha se\u00f1alado que \u201c[l]a implementaci\u00f3n de la oralidad constituye un mecanismo razonablemente encaminado al logro de la pretendida celeridad en la administraci\u00f3n de justicia, favoreciendo la inmediaci\u00f3n, acercando el juez a las partes y generando condiciones que propicien la simplificaci\u00f3n de los procedimientos\u201d. No obstante, dada su naturaleza de principio, la misma LEAJ admite que la ley prevea excepciones a la aplicaci\u00f3n de la oralidad en cada proceso judicial. En tal sentido, la Corte Constitucional ha indicado que la oralidad es un principio procesal cuyo alcance puede ser definido por el legislador atendiendo a razones de conveniencia o necesidad. <\/p>\n
<\/p>\n
327\u2026 Por lo dem\u00e1s, la Sala advierte que la afectaci\u00f3n del principio de inmediaci\u00f3n de la prueba que reprochan algunos intervinientes es apenas aparente, toda vez que los art\u00edculos 14\u00ba y 15\u00ba sub judice prescriben que las audiencias en segunda instancia en las que se deba practicar pruebas ser\u00e1n celebradas de acuerdo con las normas procedimentales ordinarias, de manera que esta medida no sacrifica, ni siquiera en grado leve, ninguna garant\u00eda inherente al derecho de contradicci\u00f3n y defensa. En este escenario, resulta innecesario aplicar el test de proporcionalidad a las medidas estudiadas. <\/p>\n
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328. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las disposiciones examinadas no vulneran los derechos al debido proceso o al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en tanto (i) limitan la aplicaci\u00f3n de un principio de rango legal que no constituye un par\u00e1metro de constitucionalidad, y (ii) no afectan en manera alguna la inmediaci\u00f3n de la prueba en tanto aplican a los tr\u00e1mites de segunda instancia en los que no procede la pr\u00e1ctica de pruebas (CC C-420\/20). <\/p>\n
3.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador a-quo, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con antelaci\u00f3n al referido l\u00edmite, es decir, entend\u00eda v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con antelaci\u00f3n a su inicio. <\/p>\n
En ese sentido, en pasada ocasi\u00f3n, de cara a un asunto en el cual, bajo la vigencia del anterior estatuto procesal civil, la apelaci\u00f3n se sustent\u00f3 \u00abprematuramente\u00bb ante el a-quo al momento de interponerla, esta Sala dej\u00f3 dicho: <\/p>\n
\u2026es preciso referirse\u2026 a la oportunidad con que se sustent\u00f3 la alzada\u2026, aspecto sobre el que la inteligencia del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, indica que se puede hacer \u201ca m\u00e1s tardar\u201d dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, es decir, es v\u00e1lido en cualquier momento anterior, como ac\u00e1 sucedi\u00f3, al interponer el recurso. <\/p>\n
En un caso similar, esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3: \u201cRelativamente al cuestionamiento de la actora en torno a la \u2018extemporaneidad\u2019 de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, basta se\u00f1alar que la reforma introducida por la Ley 794 de 2003 al art\u00edculo 352 del estatuto procesal civil, no indica que deba sustentarse, como lo entendi\u00f3 la peticionaria, dentro de los \u2018tres d\u00edas siguientes a la admisi\u00f3n del recurso\u2019, sino que debe hacerse \u2018a m\u00e1s tardar\u2019 dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360 ib\u00eddem; es decir, que en trat\u00e1ndose de apelaci\u00f3n de sentencia, en aplicaci\u00f3n de la \u00faltima norma citada, el t\u00e9rmino vencer\u00eda concluidos los cinco d\u00edas para alegar en segunda instancia, sin que, por lo dem\u00e1s, sea necesario que el juzgador de segundo grado \u2018ponga en conocimiento\u2019 de la parte contraria las alegaciones del impugnante, pues el escrito se agrega al expediente y queda a disposici\u00f3n \u2018de la parte contraria por tres d\u00edas\u2019 (art\u00edculo 359 ib\u00eddem)\u201d (sentencia de 12 de junio de 2008, expediente 00095-01, ratificada el 21 de agosto de 2012, exp. 01621-00) (CSJ STC, 5 dic. 2012, rad. 2012-00819-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, m\u00e1s recientemente, en un asunto en el que se disert\u00f3, espec\u00edficamente, respecto a las diferencias latentes en el tr\u00e1mite de la alzada con el C\u00f3digo de Procedimiento Civil en contraposici\u00f3n con el C\u00f3digo General del Proceso, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente caso, en tanto que, como qued\u00f3 dicho, lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020, por lo menos en cuanto al decurso y definici\u00f3n de la apelaci\u00f3n en materia civil y de familia, es el retorno al primer sistema; esta Corte sostuvo que: <\/p>\n
\u2026En ambas legislaciones (C\u00f3digo de Procedimiento Civil y C\u00f3digo General del Proceso) se tipifica la \u201cdeserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u201d, s\u00f3lo que no necesariamente los supuestos que dan lugar a ella en una y otra reglamentaci\u00f3n son concordantes. En lo que ahora capta la atenci\u00f3n, es preciso advertir que el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del Decreto 1400 de 1970 indicaba que el <\/p>\n
\u201capelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el Juez o Tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto. Para la sustentaci\u00f3n del recurso, ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia\u201d. <\/p>\n
Una de las notables divergencias que de all\u00ed brotan estriba en que, en el pasado r\u00e9gimen la \u201csustentaci\u00f3n\u201d no constaba de un \u00fanico momento para desarrollarse, sino que el inconforme pod\u00eda hacerlo en cualquiera de las instancias desde que interpon\u00eda la opugnaci\u00f3n hasta que transcurrieran los 5 d\u00edas que ordenaba el canon 360 ej\u00fasdem, lo que constitu\u00eda el l\u00edmite. Mientras que en la hora actual esa fase es de obligado agotamiento en la diligencia del art. 327 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, ni antes ni despu\u00e9s, eso s\u00ed, previa precisi\u00f3n de los reparos concretos que se le hacen a la decisi\u00f3n, ante el a quo. <\/p>\n
De modo que, en resumen, la \u201cdeserci\u00f3n\u201d en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil estaba permitida cuando el discrepante desaprovechaba las varias oportunidades en que ha debido exponer los motivos de oposici\u00f3n, y en el C\u00f3digo General del Proceso lo est\u00e1 siempre que no concurra al \u201cacto\u201d concebido para ese designio, o asiste pero no \u201cdesarrolla los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. Luego, aunque aparentemente puedan evidenciar algunas similitudes, los tratamientos en ambos sistemas no son iguales. <\/p>\n
La predominancia de la escrituralidad que hasta hace poco imper\u00f3, y la de oralidad que empieza a hacerlo, es pieza toral cuando de averiguar el funcionamiento del \u201ctr\u00e1mite de apelaci\u00f3n de sentencias\u201d se trata. Y no es para menos, porque como antes ten\u00eda mayor valor lo documentado, ese era el canal que utilizaban los \u201crecurrentes\u201d para comunicar la r\u00e9plica frente a una providencia que les desfavorec\u00eda y, por ello, estaban autorizados para hacerlo en alguno de los varios instantes prenotados, y la cuesti\u00f3n no ten\u00eda mayores implicaciones (daba igual sustentar ante el a quo o ante el ad quem), lo que en los tiempos que corren no se mira con la misma lupa porque claramente la incursi\u00f3n de la prevalencia de la palabra hablada supone que sea \u00e9ste nuevo m\u00e9todo el que deba emplearse para el referido fin (sustentar), labor\u00edo que implica concentrar todas las intervenciones (apelante, no apelante y fallador) en un solo \u201cacto\u201d; de all\u00ed que la mentada \u201cdiligencia\u201d de \u201csustentaci\u00f3n y fallo\u201d sea la \u00fanica oportunidad para lograrlo, tal como mayoritariamente lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n1 (se destac\u00f3 – CSJ STC3969-2018, 21 mar., rad. 2018-00668-00). <\/p>\n
En ese orden, de lo evidenciado claramente se desprende que el soporte para, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, declarar desierta la apelaci\u00f3n cuando la parte recurrente deja de asistir ante el ad-quem a sustentarla, tiene fundamento exclusivo en el sistema oral que gobierna tal estatuto, sin que, por obvios motivos, tal razonamiento tenga cabida en vigencia del aludido Decreto 806. <\/p>\n
3.3. Siguiendo, en lo relativo al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto la jurisprudencia constitucional ha indicado que: <\/p>\n
\u2026puede estructurarse\u2026 cuando \u201c\u2026un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial y por esta v\u00eda, sus actuaciones devienen en una denegaci\u00f3n de justicia\u201d; es decir: <\/p>\n
\u201cel funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realizaci\u00f3n efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicaci\u00f3n en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuaci\u00f3n devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales\u201d (CC T-352\/12). <\/p>\n
3.4. Ahora, en este particular asunto, como qued\u00f3 visto, el 16 de marzo de 2021 el Tribunal convocado declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n propuesta por los accionantes, \u00abcomo quiera que el inciso final del p\u00e1rrafo 3 del art. 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020, establece que \u201csi no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u201d y la parte aqu\u00ed apelante no sustent\u00f3 el mismo en la forma y oportunidad all\u00ed indicada\u00bb, al no efectuar ninguna manifestaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino de traslado que con ese fin se corri\u00f3 en segunda instancia; decisi\u00f3n que mantuvo el 7 de abril siguiente. <\/p>\n
En ese \u00faltimo prove\u00eddo, respecto a lo que aqu\u00ed interesa, para desechar la alegaci\u00f3n de los recurrentes en torno a que la \u00abalzada se sustent\u00f3 al momento [de su] interposici\u00f3n\u00bb, la Corporaci\u00f3n convocada, aduciendo apoyarse en precedentes sobre la materia, sostuvo que \u00abno es suficiente la sola exposici\u00f3n de los reparos que se increpan contra la sentencia de primera instancia y expuestos ante el funcionario a quo\u00bb; y que \u00abes claro que correspond\u00eda a la parte demandada, presentar ante [ese] Tribunal la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, una vez se le corriera traslado para hacerlo, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020; pues\u2026 aunque con anterioridad, no era pac\u00edfica la discusi\u00f3n frente al tema, esto ya fue decantado por la Corte Constitucional en sentencia de unificaci\u00f3n [se refiere a la SU-418\/19], que dicho sea de paso, es jurisprudencia vinculante y criterio de interpretaci\u00f3n para las autoridades\u00bb. <\/p>\n
3.5. As\u00ed las cosas, basta confrontar los anteriores planteamientos de la Corporaci\u00f3n atacada con los derroteros expuestos en precedencia para establecer la incursi\u00f3n en el defecto anunciado, porque al margen de que los apelantes dejaran de sustentar su alzada dentro del traslado corrido en segunda instancia para tal efecto, como all\u00ed acaeci\u00f3, lo cierto es que la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n dispuesta se mostraba inviable porque cumplieron con tal carga ante el a-quo, de forma oral en la diligencia de 15 de enero de 2021, comoquiera que, se itera, all\u00ed no s\u00f3lo se formularon los reparos concretos frente a la sentencia de primer grado, sino que los mismos fueron detenidamente sustentados. <\/p>\n
De ah\u00ed que el proceder reprochado a la Colegiatura judicial enjuiciada, injustificadamente, impidi\u00f3 que los quejosos obtuvieran la definici\u00f3n de fondo de su alzada, al concluir, bajo una apreciaci\u00f3n literal y en extremo formal de la norma adjetiva, espec\u00edficamente del precepto 14 del Decreto 806 de 2020 -bajo cuya egida se produjo la actuaci\u00f3n reprochada-, que era inviable tener por cumplida esa carga cuando la sustentaci\u00f3n se presenta ante el a-quo que no frente al ad-quem, a lo cual arrib\u00f3, adem\u00e1s, bajo una aplicaci\u00f3n errada de los derroteros fijados en la sentencia SU-418\/19 de la Corte Constitucional, pues \u00e9sta no se aven\u00eda al caso porque se ocup\u00f3 de analizar las reglas fijadas en el C\u00f3digo General del Proceso bajo el sistema de la oralidad -que no del Decreto 806 de 2020 al que corresponde el caso aqu\u00ed auscultado-, a tal punto que en dicho pronunciamiento expresamente se rese\u00f1\u00f3 que, \u00aben primer lugar, la disposici\u00f3n s\u00ed establece el deber de las partes, y en particular del apelante, de asistir a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, para sustentar ante el superior el recurso. Esa obligaci\u00f3n se desprende de los siguientes apartados de la disposici\u00f3n: En el inciso 2\u00ba del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 322 se dispone que quien apela una sentencia deber\u00e1 precisar ante el juez de primera instancia, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior. La forma verbal no admite interpretarse como la consagraci\u00f3n de una facultad, por el contrario, expresa claramente que la sustentaci\u00f3n se har\u00e1 ante el superior\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, no dar curso a la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 el Tribunal atacado, bajo una apreciaci\u00f3n literal de la norma procedimental, pasando por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n pod\u00eda darse ante el a-quo o el ad-quem, en cualquier tiempo, desde su formulaci\u00f3n y hasta antes del vencimiento del traslado surtido en segunda instancia para tal efecto, como qued\u00f3 visto, es un proceder que comporta un exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales de los gestores, impidi\u00e9ndoles el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que consideran ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4. En relaci\u00f3n con este tema espec\u00edfico, esto es, lo tocante con los casos en que todo el tr\u00e1mite de la alzada se surti\u00f3 bajo la egida del Decreto 806 de 2020, es decir, aqu\u00e9llos que no tienen relaci\u00f3n alguna con el tr\u00e1nsito legislativo del C\u00f3digo General del Proceso a aquella disposici\u00f3n, surge necesario recordar que la Sala recogi\u00f3 la postura inserta, entre otros, en fallo STC3472-2021 (7 abr., rad. 2021-00837-00), as\u00ed como todos los dem\u00e1s que fueran contrarios, acogiendo mayoritariamente el criterio aqu\u00ed reiterado. <\/p>\n
5. Lo consignado, al margen de las imprecisiones que trae la demanda de amparo, impone resguardar el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, para que el Tribunal acusado, tras dejar sin valor ni efecto alguno la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 el 7 de abril de 2021, y las que de ella dependan, proceda a resolver nuevamente el recurso de reposici\u00f3n propuesto por los censores contra el auto del 16 de marzo de ese a\u00f1o, que declar\u00f3 desierta su apelaci\u00f3n frente a la sentencia de primer grado. <\/p>\n
Finalmente, como lo concluido trae consigo la carencia de firmeza de la sentencia dictada por el a-quo en el asunto fustigado, por sustracci\u00f3n de materia, resulta inviable que por ahora la Corte se ocupe de los restantes cuestionamientos de los reclamantes, en tanto que no le es dable anticiparse a los eventuales veredictos que al respecto y por ley le corresponde emitir al fallador natural. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede, con alcance parcial, el resguardo al derecho al debido proceso de \u00d3scar Eladio y Jaime Ignacio Mart\u00ednez Vel\u00e1squez, exclusivamente frente al Tribunal convocado; en consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes al recibo del expediente contentivo del juicio fustigado, tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo que profiri\u00f3 el 7 de abril de 2021, y los que de \u00e9l dependan, en el juicio reivindicatorio que contra los accionantes impulso Implacol Implementos Ap\u00edcolas Colombianos Ltda. (radicado 41551-31-03-002-2016-00138), proceda a adoptar una nueva decisi\u00f3n respecto al recurso de reposici\u00f3n propuesto por los quejosos frente a su auto de 16 de marzo de ese a\u00f1o, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de la presente determinaci\u00f3n. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de este fallo. <\/p>\n
Segundo. Ordenar al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pitalito remitir de inmediato y, en todo caso, en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente digital contentivo del asunto objeto de la queja constitucional a la Colegiatura referida a espacio, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n
Tercero. En lo dem\u00e1s, se deniega la salvaguarda rogada. <\/p>\n
Cuarto. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Salvamento de voto <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Salvamento de voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00807-00 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que <\/p>\n
profirieron la providencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con la soluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
1.- La Sala mayoritaria concedi\u00f3, con alcance parcial, el amparo constitucional invocado por \u00d3scar Eladio y Jaime Ignacio Mart\u00ednez Vel\u00e1squez contra la Sala Civil-Familia- Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pitalito. En consecuencia, orden\u00f3 a la Corporaci\u00f3n accionada que, tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo que profiri\u00f3 el 7 de abril de 2021, y los que de \u00e9l dependan, adoptara una nueva decisi\u00f3n respecto al recurso de reposici\u00f3n propuesto por los quejosos frente al auto de 16 de marzo de ese a\u00f1o. Ello, en el juicio reivindicatorio que contra los gestores impulso Implacol Implementos Ap\u00edcolas Colombianos Ltda. (rad. <\/p>\n
41551-31-03-002-2016-00138). <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que sustent\u00f3, aduciendo, en lo principal, que \u00ab(\u2026) anticipa la Sala la procedencia del resguardo deprecado, con alcance parcial, pues, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por <\/p>\n
desierta la apelaci\u00f3n formulada por los accionantes, la Colegiatura atacada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirles allegar un escrito de sustentaci\u00f3n en segundo grado a pesar de que hab\u00edan atendido esa carga ante el a-quo, de forma oral, en la audiencia de 15 de enero de 2021, pues all\u00ed su apoderado judicial no s\u00f3lo exterioriz\u00f3 sus reparos concretos frente a la sentencia sino que, detenidamente, los sustent\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3, porque con la expedici\u00f3n del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Con ello, sin duda, se retom\u00f3 no s\u00f3lo la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito sino la validez de su presentaci\u00f3n previa ante al a-quo, de la que trataba el precepto 352 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual, en lo que aqu\u00ed interesa, en casi los mismos t\u00e9rminos del mentado art\u00edculo 14 del nov\u00edsimo Decreto <\/p>\n
806, ense\u00f1aba que \u00ab[e]l apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto (\u2026). 3.2. 3.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador a-quo, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con antelaci\u00f3n al referido l\u00edmite, es decir, entend\u00eda v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con antelaci\u00f3n a su inicio (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Luego de lo cual, concluy\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En ese orden, de lo evidenciado claramente se desprende que el soporte para, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, declarar desierta la apelaci\u00f3n cuando la parte recurrente deja de asistir ante el ad-quem a sustentarla, tiene fundamento exclusivo en el sistema oral que gobierna tal estatuto, sin que, por obvios motivos, tal razonamiento tenga cabida en vigencia del aludido Decreto 806\u00bb <\/p>\n
No comparto la determinaci\u00f3n, principalmente, porque la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por los precursores. Son mis razones las siguientes: <\/p>\n
1.- El recurso de apelaci\u00f3n contra prove\u00eddos judiciales, de conformidad con los arts. 322 y 327 del CGP, comprende dos momentos que deben ser desarrollados en etapas bien definidas: Uno ante el juez de primera instancia – interposici\u00f3n y reparos – y, otro ante el de segunda – admisi\u00f3n, sustentaci\u00f3n y decisi\u00f3n -. <\/p>\n
Sobre el primero, el Decreto 806 de 2020 en su art\u00edculo <\/p>\n
14 no estableci\u00f3 modificaci\u00f3n alguna mientras que para el siguiente s\u00ed, respecto de la sustentaci\u00f3n, la que en sentido estricto solo comporta la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia los argumentos que soportan los \u201creparos\u201d <\/p>\n
expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito, pero en todo caso, una vez \u201cejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n\u201d, competencia adscrita al ad quem y no al a quo. <\/p>\n
En otras palabras, tales modificaciones privilegiaron lo escrito sobre lo oral en la segunda instancia, cuya finalidad no es otra que \u00abevitar el desplazamiento de los usuarios y funcionarios de la administraci\u00f3n de justicia a los despachos judiciales y notar\u00edas y, de esta forma, proteger su salud\u00bb, tambi\u00e9n permiten afirmar que la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la providencia apelada y, las consecuencias de su desatenci\u00f3n adem\u00e1s que no han variado, no se extendieron a la obligaci\u00f3n misma de \u00absustentar la apelaci\u00f3n\u00bb ante el juez competente, que lo es el ad quem, sino que, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Tampoco exoner\u00f3 del deber de \u00absustentar\u00bb dentro del t\u00e9rmino all\u00ed previsto, esto es, a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite la alzada, que de no atenderlo acarrea la declaratoria de deserci\u00f3n y, por ende, por su propia omisi\u00f3n, la imposibilidad de acceder a la segunda instancia lo que aleja irreflexividad en la interpretaci\u00f3n, o exceso manifiesto en el rito o, desproporcionalidad en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Por el contrario, pone de presente el acatamiento de la forma prevista, tambi\u00e9n integradora del derecho fundamental al debido proceso, el cual debe ser aplicado por todos los sujetos procesales, a \u201ctodas las actuaciones\u201d del proceso en coherencia con el precepto conforme al cual este \u201cdebe adelantarse en la forma establecida en la ley\u201d\u2013arts. 29 CN; 7, <\/p>\n
13 y 14 Ley 1564 de 2012-; y, hace visible el principio de preclusi\u00f3n, \u201cfundamental del derecho procesal en cuyo desarrollo se establecen las diferentes etapas que han de cumplirse en los diferentes procesos, as\u00ed, como la oportunidad en que en cada una de ellas deben llevarse a cabo los actos procesales que le son propios, transcurrida la cual no pueden adelantarse\u201d (Corte Constitucional A 232-2001). Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
2.- Con independencia de la extensi\u00f3n de los reparos \u2013 breves o extensos \u2013 no puede equipararse la expresi\u00f3n de las inconformidades \u2013 discrepancia o con qu\u00e9 no est\u00e1 de acuerdo – con los argumentos que las soportan \u2013 por qu\u00e9 discrepa o no est\u00e1 de acuerdo -. Aquellas se expresan ante el a quo y \u00e9stos ante el ad quem. As\u00ed lo dispone el legislador ahora de manera clara <\/p>\n
\u2013 art. 14 D. 806 de 2020-, se consider\u00f3 constitucional antes \u2013 SU <\/p>\n
418 de 2019 \u2013, previ\u00f3 el legislador antes de la ley 1564 de 2012 <\/p>\n
\u2013 art. 360 C.P.C \u2013 y, esta Corporaci\u00f3n con fundamento en esta <\/p>\n
norma, estim\u00f3 como el momento para fundamentar la alzada <\/p>\n
\u2013 V.gr. SC 4855 de 2014; STL 2791 de 2021 y STL 9267-2021-. <\/p>\n
3.- Tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la carga de sustentaci\u00f3n si atendemos que el legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. Por lo tanto, podr\u00eda <\/p>\n
aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realizaci\u00f3n, esto es, durante el tr\u00e1mite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en primera instancia. <\/p>\n
4.- Todo lo antes afirmado permite igualmente colegir, en los t\u00e9rminos del art. 14 de la Ley 153 de 1887, que no se trata de revivir la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito que consagraba el art\u00edculo 352 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la que igualmente deb\u00eda hacerse \u201cante el juez o tribunal que\u2026\u201d deb\u00eda \u201cresolverlo\u201d sino, se itera, de una excepci\u00f3n provisional al principio de oralidad. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n: Estoy convencida que el resguardo rogado no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde a la desatenci\u00f3n del recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el juez competente y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador, lo que evidencia la razonabilidad de la providencia del juez plural natural. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00807-00 <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Con respeto por los Magistrados que conforman la Sala de Decisi\u00f3n en la que se emiti\u00f3 la sentencia de la cual me aparto, me permito expresar los motivos de mi disenso con la soluci\u00f3n adoptada en la acci\u00f3n de tutela que Oscar Eladio y Jaime Ignacio Mart\u00ednez Vel\u00e1squez formularon contra la Sala de Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pitalito. <\/p>\n
1. Este asunto, tiene como antecedentes los siguientes: <\/p>\n
El Tribunal Superior de Neiva, el 25 de febrero de 2021 admiti\u00f3 la alzada, y le concedi\u00f3 al apelante 5 d\u00edas para su sustentaci\u00f3n, \u00abso pena de ser declarado desierto, conforme con el inciso 3 del art. 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente en auto de 16 de marzo declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n, al advertir que el referido lapso transcurri\u00f3 en silencio, contra esa determinaci\u00f3n formul\u00f3 reposici\u00f3n que no prosper\u00f3, porque el 7 de abril de 2021 se mantuvo la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Posteriormente el apoderado de los demandados formul\u00f3 solicitud de nulidad de lo actuado desde el 25 de febrero de 2021, que se rechaz\u00f3 el 20 de agosto del a\u00f1o anterior, y el 17 de noviembre de 2021 se neg\u00f3 el recurso de s\u00faplica propuesto por los ahora accionantes. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Civil mayoritaria, concedi\u00f3 el amparo constitucional reclamado tras considerar, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, en este particular asunto, como qued\u00f3 visto, el 16 de marzo de 2021 el Tribunal convocado declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n propuesta por los accionantes, \u00abcomo quiera que el inciso final del p\u00e1rrafo 3 del art. 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020, establece que \u201csi no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u201d y la parte aqu\u00ed apelante no sustent\u00f3 el mismo en la forma y oportunidad all\u00ed indicada\u00bb, al no efectuar ninguna manifestaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino de traslado que con ese fin se corri\u00f3 en segunda instancia; decisi\u00f3n que mantuvo el 7 de abril siguiente. <\/p>\n
En ese \u00faltimo prove\u00eddo, respecto a lo que aqu\u00ed interesa, para desechar la alegaci\u00f3n de los recurrentes en torno a que la \u00abalzada se sustent\u00f3 al momento [de su] interposici\u00f3n\u00bb, la Corporaci\u00f3n <\/p>\n
convocada, aduciendo apoyarse en precedentes sobre la materia, sostuvo que \u00abno es suficiente la sola exposici\u00f3n de los reparos que se increpan contra la sentencia de primera instancia y expuestos ante el funcionario a quo\u00bb; y que \u00abes claro que correspond\u00eda a la parte demandada, presentar ante [ese] Tribunal la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, una vez se le corriera traslado para hacerlo, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020; pues\u2026 aunque con anterioridad, no era pac\u00edfica la discusi\u00f3n frente al tema, esto ya fue decantado por la Corte Constitucional en sentencia de unificaci\u00f3n [se refiere a la SU-418\/19], que dicho sea de paso, es jurisprudencia vinculante y criterio de interpretaci\u00f3n para las autoridades\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.5. As\u00ed las cosas, basta confrontar los anteriores planteamientos de la Corporaci\u00f3n atacada con los derroteros expuestos en precedencia para establecer la incursi\u00f3n en el defecto anunciado, porque al margen de que los apelantes dejaran de sustentar su alzada dentro del traslado corrido en segunda instancia para tal efecto, como all\u00ed acaeci\u00f3, lo cierto es que la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n dispuesta se mostraba inviable porque cumplieron con tal carga ante el a-quo, de forma oral en la diligencia de 15 de enero de 2021, comoquiera que, se itera, all\u00ed no s\u00f3lo se formularon los reparos concretos frente a la sentencia de primer grado, sino que los mismos fueron detenidamente sustentados. <\/p>\n
De ah\u00ed que el proceder reprochado a la Colegiatura judicial enjuiciada, injustificadamente, impidi\u00f3 que los quejosos obtuvieran la definici\u00f3n de fondo de su alzada, al concluir, bajo una apreciaci\u00f3n literal y en extremo formal de la norma adjetiva, espec\u00edficamente del precepto 14 del Decreto 806 de 2020 -bajo cuya egida se produjo la actuaci\u00f3n reprochada-, que era inviable tener por cumplida esa carga cuando la sustentaci\u00f3n se presenta ante el a-quo que no frente al ad-quem, a lo cual arrib\u00f3, adem\u00e1s, bajo una aplicaci\u00f3n errada de los derroteros fijados en la sentencia SU-418\/19 de la Corte Constitucional, pues \u00e9sta no se aven\u00eda al caso porque se ocup\u00f3 de analizar las reglas fijadas en el C\u00f3digo General del Proceso bajo el sistema de la oralidad -que no del Decreto 806 de 2020 al que corresponde el caso aqu\u00ed auscultado-, a tal punto que en dicho pronunciamiento expresamente se rese\u00f1\u00f3 que, \u00aben primer lugar, la disposici\u00f3n s\u00ed establece el deber de las partes, y en particular del apelante, de asistir a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, para sustentar ante el superior el recurso. Esa obligaci\u00f3n se desprende de los siguientes apartados de la disposici\u00f3n: En el inciso 2\u00ba del numeral 3\u00ba del art\u00edculo <\/p>\n
322 se dispone que quien apela una sentencia deber\u00e1 precisar ante el juez de primera instancia, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior. La forma verbal no admite interpretarse como la consagraci\u00f3n de una facultad, por el contrario, expresa claramente <\/p>\n
que la sustentaci\u00f3n se har\u00e1 ante el superior\u00bb. <\/p>\n
\u00abDe esta manera, no dar curso a la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 el Tribunal atacado, bajo una apreciaci\u00f3n literal de la <\/p>\n
norma procedimental, pasando por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n pod\u00eda darse ante el a-quo o el ad-quem, en cualquier tiempo, desde su formulaci\u00f3n y hasta antes del vencimiento del traslado surtido en segunda instancia para tal efecto, como qued\u00f3 visto, es un proceder que comporta un exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales de los gestores, impidi\u00e9ndoles el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que consideran ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. Me aparto de la decisi\u00f3n mayoritaria, puesto que considero que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por los se\u00f1ores Oscar Eladio y Jaime Ignacio Mart\u00ednez Vel\u00e1squez. <\/p>\n
En este asunto en el que se debate sobre la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por falta de sustentaci\u00f3n ante el ad quem conforme a las reglas dispuestas por el Decreto Legislativo 806 de 2020, mis razones son las siguientes: <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n contra providencias judiciales, conforme a lo previsto en los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo que concierne a las cargas procesales del recurrente comprende dos momentos espec\u00edficos, que debe tener en consideraci\u00f3n el juzgador: el primero de ellos, esto es, la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos que se desarrolla ante el juez de <\/p>\n
primera instancia y, el segundo, esto es, la admisi\u00f3n, la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n y la decisi\u00f3n, que se adelanta ante el de segunda instancia. <\/p>\n
En cuanto a la oportunidad y los requisitos para instaurar el recurso de apelaci\u00f3n frente a un fallo, el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, establece, <\/p>\n
\u00abCuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior. <\/p>\n
Para la sustentaci\u00f3n del recurso ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada. <\/p>\n
Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarar\u00e1 desierto. La misma decisi\u00f3n adoptar\u00e1 cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado\u00bb. (Se destaca). <\/p>\n
Por su parte el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del <\/p>\n
Proceso, establece, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, el juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo. Si decreta pruebas, estas se practicar\u00e1n en la misma audiencia, y a continuaci\u00f3n se oir\u00e1n las alegaciones de las partes y se dictar\u00e1 sentencia de conformidad con la regla general prevista en este c\u00f3digo. <\/p>\n
Se destaca que el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 en nada modific\u00f3 las exigencias descritas el citado art\u00edculo <\/p>\n
322, en cuanto a la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos: Se ocup\u00f3, exclusivamente de la forma en que se realizar\u00eda la sustentaci\u00f3n, que antes de su expedici\u00f3n era de manera oral en audiencia (art\u00edculo 327 <\/p>\n
CGP); ahora por escrito, una vez ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, ante el ad quem y no al a quo. <\/p>\n
La modificaci\u00f3n que el citado art\u00edculo 14 introdujo al recurso de apelaci\u00f3n de sentencias, en \u00faltimas lo \u00fanico que vari\u00f3 fue la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia por el recurrente, el desarrollo de los reparos expresados ante el a quo, de oral a escrita. <\/p>\n
Tampoco modific\u00f3 la norma aludida, la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la providencia apelada y las consecuencias de su desatenci\u00f3n, \u00fanicamente, se itera, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, se admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Ahora bien, no pueden equipararse los reparos que se expresan ante el a quo, con los argumentos que soportan la sustentaci\u00f3n que se presenta ante el ad quem, de manera escrita (art\u00edculo 14 Dto. 806 de 2020), tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la carga impuesta por el legislador quien previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, el amparo propuesto no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde al incumplimiento del recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el funcionario competente (la Sala de Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva) y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador, lo que evidencia la razonabilidad de la providencia del juez natural. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi divergencia. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 \u00abVer STC2423-2018 y sus salvamentos de votos, seg\u00fan los cuales puede resultar atendible la sustentaci\u00f3n realizada ante el a quo, en algunos supuestos\u00bb. <\/p>\n
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STC4812-2022 Magistrado ponente STC4812-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00807-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00d3scar Eladio y Jaime Ignacio Mart\u00ednez Vel\u00e1squez contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62923","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62923","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62923"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62923\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62923"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62923"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62923"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}