STC4950-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4950-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-03-000-2022-01078-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, se resuelve la tutela que Enrique instaur\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial y el Juzgado Veinticinco Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, ambos de Bogot\u00e1, extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, partes, autoridades y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 15001-60-08-832-2015-00141-00 (Rad. Corte 53959). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante pidi\u00f3 \u00abse decrete la ilegalidad y por consiguiente la nulidad de toda la sentencia (sic) condenatoria proferida en contra del suscrito (\u2026). <\/p>\n
De escrito genitor y los medios suasorios adosados se extrae que el Juzgado Veinticinco Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esta ciudad conden\u00f3 al actor a 190 meses de prisi\u00f3n por el delito de actos sexuales abusivos con menor de catorce 14 a\u00f1os, en concurso homog\u00e9neo y sucesivo, y adem\u00e1s, le neg\u00f3 la nulidad que plante\u00f3 (15 mar. 2018), apel\u00f3 y el Tribunal neg\u00f3 la nulidad por falta de defensa t\u00e9cnica, redosific\u00f3 la pena impuesta para reducirla a 159 meses de tratamiento intramural y confirm\u00f3 en lo dem\u00e1s (29 jun. 2018). Postul\u00f3 casaci\u00f3n, pero la Corte inadmiti\u00f3 la demanda (AP1524-2021, 28 abr. 2021). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que los servidores de instancia no efectuaron el correspondiente control de legalidad de las actuaciones procesales. <\/p>\n
2.- El ruego fue inicialmente radicado ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal, pero mediante auto de 7 de diciembre de 2021, dej\u00f3 sin valor y efecto lo all\u00ed rituado y dispuso el env\u00edo a esta Sala. El asunto arrib\u00f3 a esta Sala el 5 de abril del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
3.- El juez que vigila la pena puntualiz\u00f3 que \u00abno existe reproche alguno respecto de la funci\u00f3n ejercida por parte de este despacho\u00bb. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia se opuso a las pretensiones y se\u00f1al\u00f3 que \u00abel escrito no demuestra que exista una real, trascendente y objetiva vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales; como tampoco la observancia a cabalidad de los requisitos espec\u00edficos que hacen procedente la tutela contra providencias judiciales (\u2026)\u00bb. Al momento de la elaboraci\u00f3n del proyecto de fallo no se hab\u00edan recibido m\u00e1s respuestas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Se anticipa que el amparo constitucional no est\u00e1 llamado a prosperar, por cuanto de la providencia emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal (CSJ AP1524-2021), sobre la que circunscribir\u00e1 el an\u00e1lisis, al ser la determinaci\u00f3n que finiquit\u00f3 cualquier discusi\u00f3n sobre el litigio, no emerge desatino con entidad suficiente como para permitir la injerencia de esta herramienta. <\/p>\n
Pues bien, luego de revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio no se advierte la configuraci\u00f3n de alguna v\u00eda de hecho, menos el agravio a prerrogativas fundamentales, ya que, si bien result\u00f3 adversa a los intereses del promotor, tal circunstancia no lo habilita para tildarla de arbitraria o caprichosa, pues contrario a lo aducido por el solicitante, la autoridad judicial accionada s\u00ed analiz\u00f3 las circunstancias especiales en que se desarroll\u00f3 la actuaci\u00f3n que llev\u00f3 a la magistratura acusada a desestimar la nulitaci\u00f3n implorada. <\/p>\n
Si bien es cierto la demanda de casaci\u00f3n que present\u00f3 Enrique no fue admitida, la hom\u00f3loga en lo penal en primera medida se ocup\u00f3 del control de legalidad de lo all\u00ed rituado, atinente a la inconformidad relativa a la solicitud de invalidaci\u00f3n y en ese escenario rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
La alegaci\u00f3n de invalidez de la actuaci\u00f3n debe observar el cumplimiento o demostraci\u00f3n, en concreto, de los principios de taxatividad, acreditaci\u00f3n, protecci\u00f3n, convalidaci\u00f3n, instrumentalidad, trascendencia y residualidad, de una manera concurrente y no alternativa1. <\/p>\n
Corresponde al libelista precisar si el vicio alegado es de estructura o de garant\u00eda y establecer la afectaci\u00f3n de los mencionados principios, as\u00ed como el momento procesal a partir del cual debe operar la invalidaci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
Fundamentalmente debe evidenciarse que el vicio alegado genera una lesi\u00f3n real y trascendente -no apenas hipot\u00e9tica o incierta- a la estructura procesal o garant\u00eda fundamental. Ese espec\u00edfico planteamiento se echa de menos en el libelo. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose, de manera puntual, de la nulidad por falta de defensa t\u00e9cnica, esta Corporaci\u00f3n tiene establecido que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) para que la censura por violaci\u00f3n del derecho de defensa t\u00e9cnica tuviera alguna viabilidad en sede extraordinaria, el demandante deb\u00eda demostrar que el condenado estuvo en orfandad defensiva durante el devenir procesal, bien sea por carencia de nombramiento de defensor, por desatenci\u00f3n de los deberes del ejercicio profesional o por falta de idoneidad del togado, que generaran una situaci\u00f3n de desamparo total\u201d2. <\/p>\n
As\u00ed al adentrase en el estudio de lo acaecido en el proceso rese\u00f1\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) los profesionales encargados de la defensa del procesado, desde la imputaci\u00f3n y hasta la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, no desatendieron los deberes que el cargo les impon\u00eda, desplegaron actos positivos de defensa y no generaron una situaci\u00f3n de desamparo total del acusado. <\/p>\n
Se reitera que, tal y como lo desarroll\u00f3 extensamente el casacionista, las irregularidades atribuidas a la defensa t\u00e9cnica, en su mayor\u00eda, s\u00ed tuvieron ocurrencia, empero carecen de la trascendencia para invalidar la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Es cierto que los defensores, en su momento, procedieron a i) solicitar pruebas en la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n; ii) peticionar testimonios con imprecisiones en los nombres; iii) no apelar la negativa del decreto probatorio; iv) no advirtieron la falta de reconocimiento jur\u00eddico del nuevo defensor al inicio de la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n y v) aceptaron la modificaci\u00f3n del orden de una prueba en el juicio. <\/p>\n
No obstante, esas anomal\u00edas carecen de relevancia, en la medida en que: <\/p>\n
i) El acto de comunicaci\u00f3n cumpli\u00f3 su finalidad y, ante la reconvenci\u00f3n del juez de control de garant\u00edas, el defensor manifest\u00f3 comprender el prop\u00f3sito de la diligencia; <\/p>\n
ii) Las intervenciones e interacciones de la audiencia preparatoria permitieron individualizar correctamente los testimonios solicitados por la defensa, con especial referencia al denunciante y padre de la menor que, por un lapsus, fue identificado con los datos del primer defensor, sin embargo, con ocasi\u00f3n del decreto probatorio se clarific\u00f3 tal situaci\u00f3n; <\/p>\n
iii) A la defensa de \u201cEnrique\u201d le fueron negados los testimonios de la menor (\u2026). y \u201cClaudia\u201d por repetitivos, empero no por falta de sustentaci\u00f3n en la solicitud, pues sobre el mismo punto acudir\u00edan a atestiguar otros testigos que s\u00ed fueron decretados; as\u00ed como, una nueva valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica de la v\u00edctima, para evitar una revictimizaci\u00f3n; y el interrogatorio directo de \u201cGilberto\u201d, padre de la menor, condicionado a que si la Fiscal\u00eda renunciaba a este, se practicar\u00eda a instancias del defensor. <\/p>\n
Contrastada la argumentaci\u00f3n del a quo y la fundamentaci\u00f3n ofrecida por el defensor se advierte que la decisi\u00f3n de no impugnar el decreto probatorio fue razonable y no afect\u00f3, en ninguna medida, la defensa del procesado, pues, de cara al juicio, se aval\u00f3 la pr\u00e1ctica de las pruebas trascendentes para la defensa; <\/p>\n
iv) La representaci\u00f3n de la defensa vari\u00f3, en la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, sin que se evidencie un reconocimiento formal del nuevo defensor. No obstante, \u00e9ste se present\u00f3 como tal en la diligencia, sin inconformidad del procesado ante el anuncio, e intervino para manifestar que conoc\u00eda el escrito de acusaci\u00f3n, no observaba la concurrencia de causales de nulidad e incompetencia y acudir\u00eda al despacho del Fiscal para proceder con el descubrimiento probatorio. <\/p>\n
No se observa, entonces, que la falta de un reconocimiento expreso por parte de la primera instancia, al inicio de dicha diligencia, haya generado una afectaci\u00f3n a las garant\u00edas del procesado. <\/p>\n
v) En sesi\u00f3n de 14 de marzo de 2017, ante la falta de declaraci\u00f3n del \u00faltimo testigo de la Fiscal\u00eda -m\u00e9dico que realiz\u00f3 la valoraci\u00f3n sexol\u00f3gica- y por requerimiento del juez, para dar continuidad al debate oral, la defensa manifest\u00f3 que prefer\u00eda la culminaci\u00f3n de los de cargo, no obstante, con posterioridad, pretendi\u00f3 la declaraci\u00f3n de dos de sus testigos que se encontraban en las inmediaciones. <\/p>\n
Sin embargo, esas ciudadanas comparecieron a la diligencia judicial sin sus documentos de identidad, motivo por el cual, en \u00faltimas, no se practicaron esas dos declaraciones, raz\u00f3n por la cual fue necesario reprogramarlas. El 10 de noviembre de 2017, se agot\u00f3 la declaraci\u00f3n del legista y luego las pruebas de la defensa, motivo por el cual, ni siquiera es posible sostener una modificaci\u00f3n del orden de la practica probatoria. <\/p>\n
Los restantes motivos de invalidaci\u00f3n planteados no se corresponden con lo realmente acontecido en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
i) Carece de respaldo ver\u00eddico que los defensores no hayan realizado ninguna gesti\u00f3n defensiva. <\/p>\n
La labor realizada por los defensores durante la audiencia preparatoria y el juicio oral contradice abiertamente la afirmaci\u00f3n del demandante, pues obtuvieron el decreto de varias pruebas, incluido un dictamen pericial, as\u00ed como la autorizaci\u00f3n para ser asistidos por la perito en los interrogatorios (396), y adelantaron una contradicci\u00f3n razonable y suficiente, sin que la cr\u00edtica descarnada del memorialista, propia de la convicci\u00f3n sobre lo que pudo hacerse mejor, genere la afectaci\u00f3n alegada. <\/p>\n
ii) No garantizar la aceptaci\u00f3n de cargos durante la audiencia preparatoria. <\/p>\n
Aunque sin la claridad deseada, dado que en su intervenci\u00f3n el a quo hizo alusi\u00f3n al derecho a guardar silencio, las pruebas de la Fiscal\u00eda y la posibilidad de aceptar los cargos, lo cierto es que el juez de conocimiento dio lectura integral al numeral 5\u00ba del art\u00edculo 356 de la Ley 906 de 2004 e interrog\u00f3 al procesado simult\u00e1neamente sobre su inter\u00e9s en renunciar a su derecho de guardar silencio y de aceptar los cargos formulados, a lo que obtuvo una manifestaci\u00f3n negativa, ratificada al inicio del juicio oral al auscultar los mismos aspectos. <\/p>\n
iii) En el curso del juicio oral interrogar sin t\u00e9cnica, no objetar actuaciones y preguntas de la Fiscal\u00eda; no presentar alegato inicial y exponer uno de cierre incoherente. <\/p>\n
Las simples discrepancias sobre c\u00f3mo dirigir un interrogatorio u orientar un contrainterrogatorio o especular lo que debi\u00f3 haberse preguntado obedecen m\u00e1s a una nueva direcci\u00f3n retrospectiva en la estrategia defensiva, que propiamente a una afectaci\u00f3n grave del derecho de defensa. Al margen de lo anterior, la realidad de la actuaci\u00f3n desacredita totalmente la inconformidad planteada. <\/p>\n
N\u00f3tese que el mismo demandante reconoce que el entonces defensor s\u00ed interrog\u00f3 y contrainterrog\u00f3, empero, en su criterio, lo hizo sin t\u00e9cnica. <\/p>\n
Sin embargo, la Sala no observa un manifiesto desconocimiento de los c\u00e1nones en la materia (391, 392 y 393 ejusdem) y mucho menos c\u00f3mo la forma en que interrog\u00f3 y contrainterrog\u00f3 gener\u00f3 un desmedro al derecho de defensa, menos aun cuando lo que ataca el censor es que, en ese ejercicio, el defensor fue repetitivo (v\u00edctima), no se interes\u00f3 por las inconsistencias (padre), efectu\u00f3 pocas preguntas sin importancia (psic\u00f3loga adscrita al CTI), no indag\u00f3 por falta de hallazgos (m\u00e9dico), todos aspectos cuya relevancia resulta variable en funci\u00f3n de la estrategia defensiva y la \u00f3ptica del defensor, empero sin incidencia en t\u00e9rminos de efectividad en materia de garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
Con menci\u00f3n a la incorporaci\u00f3n del informe de psicolog\u00eda y la valoraci\u00f3n sexol\u00f3gica, consider\u00f3 que \u00e9sta era irregular, pues tuvo lugar sin sentar las bases probatorias, sin declarar sobre la actividad de obtenci\u00f3n de informaci\u00f3n. <\/p>\n
Y en esa l\u00ednea argumentativa concluy\u00f3: <\/p>\n
Analizados los registros no se observa la irregularidad, ni la trascendencia de los manifestado. Debido al paso del tiempo y el n\u00famero de asuntos conocidos por esos profesionales, no resulta inusual ni an\u00f3malo que se ponga de presente el documento por ellos elaborado, para que con ese fundamento depongan lo correspondiente. <\/p>\n
Los dos profesionales aceptaron recordar el asunto tratado y dieron cuenta de lo que percibieron directamente, con lo que la posterior incorporaci\u00f3n, a trav\u00e9s de su testimonio se muestra conforme a las disposiciones en la materia. <\/p>\n
De ese modo, el libelista se apart\u00f3 de los registros con sus manifestaciones sobre los alegatos. <\/p>\n
El defensor del procesado s\u00ed realiz\u00f3 una intervenci\u00f3n inicial, sin encontrarse legalmente obligado, en la que en esencial sostuvo que demostrar\u00eda que los cargos no son ciertos, que los hechos no son reales, como una conclusiva en la que se destacan manifestaciones tales como: el testimonio de la v\u00edctima fue arreglado, direccionado por terceros; \u201cGilbero\u201d y \u201cClaudia\u201d inventaron sus respuestas, no viv\u00edan con la menor; referencia jurisprudencial a la credibilidad de los ni\u00f1os3; no existen huellas de lesiones frecuentes en la menor; solicitud de absoluci\u00f3n. <\/p>\n
Esos dos alegatos dan cuenta de qu\u00e9 prometi\u00f3 acreditar en el juicio oral el defensor, as\u00ed como de los fundamentos por los cu\u00e1les, en su concepto, con apego a lo debatido en el juicio, deb\u00eda absolverse a su representado, como exposiciones que demuestran una efectiva y eficiente representaci\u00f3n. <\/p>\n
De lo expuesto en precedencia, en este caso, se evidencia que no hay lugar a nulitar la actuaci\u00f3n, pues como se verifica en esta oportunidad y lo ha precisado la Sala: <\/p>\n
\u201cun alegato de quebranto del derecho de defensa fundamentado en la convicci\u00f3n del casacionista consistente en que la asistencia letrada pudo ser mejor, no configura un cargo susceptible de estudiarse en casaci\u00f3n. Por consiguiente, es insatisfactoria una petici\u00f3n de nulidad basada simplemente en la descalificaci\u00f3n de la gesti\u00f3n realizada por apoderados anteriores\u201d4. <\/p>\n
En esas condiciones, debe admitirse que al margen que el impulsor no comparta tales inferencias, las mismas no pueden tildarse de sesgadas, producto como son de una plausible ex\u00e9gesis del marco normativo de la especialidad penal, lo que excluye la intervenci\u00f3n del juez del amparo, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia \u00ab(\u2026) no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y, menos a\u00fan, \u00abacometer, bajo ese pretexto, (\u2026) una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (ST 7 mar. 2008. Rad. 2007-00514-01), ya que debe tenerse en cuenta que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ST 28 mar. 2012. Rad. 2012-00022-01, STC8581-2021 memoradas en STC2322-2022). <\/p>\n
En este orden de ideas, surge inevitable el fracaso del ruego, pues como qued\u00f3 dicho no se alcanzan a observar los desaciertos que se enrostran. Por el contrario, resulta notoria la aspiraci\u00f3n del gestor de anteponer su propio criterio para atacar la actuaci\u00f3n que, aunque viene salvaguardando sus garant\u00edas procesales, no lo hizo en la forma en que aspiraba, designio ajeno a esta v\u00eda residual y subsidiaria. <\/p>\n
En ese orden de ideas, decaer\u00e1 el amparo tal como fue anunciado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela incoada por Enrique. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicio <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ, SCP, AP 9 mar. 2011, rad. 32.370; AP 30 nov. 2011, rad. 37.298; AP3720-2018, rad. 48414, 29 de agosto de 2018. CSJ, SCP, AP2208-2018, rad. 52814, 30 de mayo de 2018. <\/p>\n
2\u0002 CSJ, SCP, 29 de abril de 2020, rad. 46389. <\/p>\n
3\u0002 Aludi\u00f3 a CSJ, SCP, rad. 45585, 1 de junio de 2016. <\/p>\n
4\u0002 CSJ, SCP, AP4489-2015, rad. 41900, agosto 5 de 2015. <\/p>\n
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