STC4958-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4958-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01130-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jaime Arnulfo, Gloria Edilma, Martha Cecilia, Jes\u00fas Eduardo y N\u00e9stor Ra\u00fal Ortiz Jim\u00e9nez contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, que dicen vulneradas por la sede judicial accionada, por lo que pidieron \u00abdeclarar la nulidad de la sentencia proferida el 29 de octubre de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Jaime Arnulfo, Gloria Edilma, Martha Cecilia, Jes\u00fas Eduardo y N\u00e9stor Ra\u00fal Ortiz Jim\u00e9nez promovieron acci\u00f3n de pertenencia contra Aureliano Galvis Camacho (quien promovi\u00f3 demanda reivindicatoria en reconvenci\u00f3n), con la finalidad de que se declarara que adquirieron, por prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria, el dominio de \u00abuna franja de terreno que hace parte de un predio de mayor extensi\u00f3n, ubicado en la Calle 7C#18-106 \u201clote No. 173\u201d urbanizaci\u00f3n Versalles, municipio de Melgar (Tol), identificado con el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria 366-7268\u00bb. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia de 24 de mayo de 2021, se accedi\u00f3 a las pretensiones de pertenencia y se desestim\u00f3 la acci\u00f3n reivindicatoria propuesta en reconvenci\u00f3n, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el demandado, siendo revocada parcialmente por el Tribunal criticado con providencia del 29 de octubre de 2021, para en su lugar, negar las pretensiones de usucapi\u00f3n y, en lo dem\u00e1s, confirm\u00f3 la sentencia criticada. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expresaron los gestores del resguardo que la sede judicial acusada omiti\u00f3 valorar \u00ablos diferentes medios de prueba en su conjunto en los t\u00e9rminos del art. 176 del CG del P, y sin apego a las reglas de la sana critica\u00bb; que les aplic\u00f3 las normas de la \u00absuma de posesiones\u00bb, desconociendo que ellos la promovieron como \u00abacci\u00f3n propia\u00bb; y que \u00abse aleja de la sana critica, y cae en el sistema de \u00edntima convicci\u00f3n, cuando no hace un an\u00e1lisis conjunto de la totalidad de pruebas\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agregaron que el Tribunal querellado tuvo en cuenta hechos acontecidos con anterioridad al 15 de diciembre de 2015, \u00e9poca en la cual los demandantes dijeron iniciar a poseer el bien, circunstancias que \u00abson ajenas al debate probatorio y al conocimiento del juez, pues el atender hechos que no tienen relevancia para el caso en particular resulta contrario al principio de congruencia\u00bb. <\/p>\n
2.5. Tambi\u00e9n manifestaron que el despacho judicial acusado tiene \u00abcomo poseedora de la franja de terreno, sin serlo, a\u2026 Belarmina Jim\u00e9nez de Delgado, porque en primer lugar al Tribunal le parece\u2026 fundado en que ella present\u00f3 una demanda sobre la totalidad del lote de mayor extensi\u00f3n\u00bb, con anterioridad al 15 de diciembre de 2005; y que no se cumpl\u00edan los requisitos para valorar las pruebas trasladadas de otros tr\u00e1mites, pues ellos \u00abno han detentado la calidad de demandados ni demandantes en los procesos cuyas copias de sentencias se arrimaron al proceso\u00bb. <\/p>\n
2.6. De otro lado, adicionaron que el accionado \u00ables resta valor probatorio [a las pruebas testimoniales]\u2026\u00bb, desconociendo que los testigos \u00abrefieren que los demandantes son poseedores del predio, lo ocupan, pagan impuestos, han realizado obras de mantenimiento por el periodo que refieren en la demanda. Pero les endilga su falta de precisi\u00f3n de \u00e9pocas. No se puede pretender que los testigos y las partes tengan memorias prodigiosas y declaren con exactitud las fechas\u00bb. <\/p>\n
2.7. Finalmente, resaltaron que el Colegiado cuestionado no tuvo en cuenta que, en proceso anterior, se declar\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n reivindicatoria que inco\u00f3 su antagonista, al decir que no le era \u00aboponible\u00bb por tratarse de un fallo dictado en un proceso donde fung\u00edan otras personas como partes, sin percatarse que los demandantes iniciales son causahabientes de quienes fungieron como enjuiciados en el primer juicio. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 destac\u00f3 que \u00abestudi\u00f3 minuciosamente los medios probatorios incorporados legalmente al proceso, al igual que la decisi\u00f3n recurrida y los reparos concretos esbozados por las partes procesales\u00bb, por lo que descart\u00f3 la existencia de la vulneraci\u00f3n que alegan los gestores del resguardo. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar expres\u00f3 que \u00aben el tr\u00e1mite del\u2026 proceso se guardaron las formas propias\u2026 y \u00e9ste se ajust\u00f3 a las preceptivas y naturaleza de esta clase de [asuntos]\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. El abogado Jes\u00fas Mar\u00eda Cuervo, quien dijo fungir como \u00abapoderado de Aureliano Galvis Camacho\u00bb, sin que aportara mandato que lo facultara para representarlo en este tr\u00e1mite constitucional, pidi\u00f3 negar el resguardo. <\/p>\n
4. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la providencia de 29 de octubre de la anualidad anterior, que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n que se formul\u00f3 contra el fallo de 24 de mayo de 2021, no luce arbitraria, comoquiera que el Tribunal criticado explic\u00f3 las razones por las que no encontraba reunidos los requisitos necesarios para acceder a la pertenencia que reclamaron los all\u00ed demandantes. <\/p>\n
Sobre el particular, dest\u00e1quese que la anotada decisi\u00f3n del Tribunal accionado no s\u00f3lo se fund\u00f3 en la posesi\u00f3n que endilg\u00f3 a Belarmina Jim\u00e9nez de Delgado, sino tambi\u00e9n en la falta de elementos de juicio que demostraran, con contundencia, la posesi\u00f3n que esgrimieron los actores como soporte de sus s\u00faplicas, sobre lo cual precis\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
Por otro lado, los testimonios practicados en este proceso, en realidad, no son contundentes al momento de acreditar los actos posesorios tanto de los demandantes, como de sus progenitores, como se explica a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
7.1 El testigo Ismael Rodr\u00edguez Leal, se limit\u00f3 a referir que lleg\u00f3 a trabajar en Melgar en el a\u00f1o 1967, donde conoci\u00f3 al se\u00f1or Jes\u00fas El\u00edas Ortiz y entablaron una amistad debido a sus afinidades pol\u00edticas y se\u00f1al\u00f3 que el lugar de residencia de aquel, se encontraba ubicado en el lote materia de este proceso, pero no recuerda de qu\u00e9 constaba la casa (min 58:20 archivo audiencia del 27 de febrero de 2020). <\/p>\n
Sin embargo, cuando fue interrogado por el despacho sobre los actos posesorios de los hermanos Ortiz Jim\u00e9nez, contest\u00f3: \u201clo que han hecho es muy poco, porque tengo entendido que ellos, porque ah\u00ed hay un l\u00edder que es Eduardo, es el que recoge la plata para pagar los impuestos, el agua, la luz y el gas, es el que recolecta y paga, tengo entendido que las cosas son as\u00ed y yo me he dado cuenta que son as\u00ed\u201d (min 1:06:31 archivo audiencia del 27 de febrero de 2020 parte 2). <\/p>\n
En igual sentido, el testigo no dio cuenta de \u00e9pocas concreta en las cuales, al parecer, los demandantes y sus progenitores, construyeron las mejoras en la franja de terreno materia de usucapi\u00f3n, pues se limit\u00f3 a referir que la familia Ortiz Jim\u00e9nez siempre vivi\u00f3 ah\u00ed y son los propietarios del predio porque lo han pose\u00eddo de forma pac\u00edfica. <\/p>\n
Sin embargo, a pesar de que el testigo manifest\u00f3 visitar el predio con frecuencia, en sus t\u00e9rminos, m\u00ednimo unas 10 veces al a\u00f1o, en realidad, se insiste, no dio cuenta en su relato de verdaderos actos posesorios de los aqu\u00ed demandantes, ni tampoco de sus progenitores, tan solo narr\u00f3 de manera muy et\u00e9rea, que los se\u00f1ores Ortiz Jim\u00e9nez compraron un sanitario y un lavamanos, son referir \u00e9pocas ni mayor detalle al respecto. <\/p>\n
7.2 En el mismo sentido, el relato del testigo Jaime Alfredo Urrea M\u00e9ndez, se limit\u00f3 a indicar que conoce a los demandantes desde los a\u00f1os ochenta hasta la actualidad, y les ha realizado varios trabajos de obra como cambio de alcantarillado, arreglo de ba\u00f1os, construcci\u00f3n de muros y un port\u00f3n, sin embargo, el deponente tampoco pudo precisar \u00e9pocas, costos, quien fue la persona que compr\u00f3 los materiales ni mayores detalles que permitieran revelar, con contundencia, los actos posesorios alegados por los demandantes. <\/p>\n
En efecto, cuando el apoderado de la parte demandante pregunt\u00f3 al testigo sobre la \u00e9poca en que se construy\u00f3 el muro, contest\u00f3 \u201ceso fue hace m\u00e1s de 15 a\u00f1os que yo hice ese muro\u201d (min 1:37:40 archivo audiencia del 27 de febrero de 2020); por otro lado, sobre la \u00e9poca en que ejecut\u00f3 los trabajos de ca\u00f1er\u00edas, el testigo contest\u00f3 \u201cyo no me acuerdo, eso fue hace mucho tiempo, por ah\u00ed unos 20 a\u00f1os que yo hice esos arreglos\u201d (min 1:38:40 archivo audiencia del 27 de febrero de 2020), pero, no precis\u00f3 \u00e9pocas, ni tampoco el valor de la remuneraci\u00f3n por dichos trabajos, tan solo indic\u00f3 que fue contratado por el se\u00f1or Jes\u00fas Eduardo Jim\u00e9nez Ortiz. <\/p>\n
En resumen, este testigo tampoco dio cuenta de actos contundentes de posesi\u00f3n de los aqu\u00ed demandantes, mucho menos de sus progenitores, sobre la franja de terreno materia de usucapi\u00f3n. <\/p>\n
7.3 Con lo analizado, es evidente que la prueba testimonial practicada en este proceso, en realidad, no revela contundentes actos posesorios de los demandantes sobre la franja de terreno materia de usucapi\u00f3n\u2026 <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos: la prueba de la posesi\u00f3n resulta ser et\u00e9rea o gaseosa, ya que los deponentes no precisaron \u00e9pocas en que posiblemente se hubieran edificado las mejoras en la franja pretendida, as\u00ed como la persona que las realiz\u00f3 y los costos aproximados de las mismas, por el contrario, se limitaron a narrar unos arreglos y unos trabajos en el terreno, pero sin contundencia en la forma ya explicada; adem\u00e1s, afirmar que los demandantes siempre han habitado el predio, en s\u00ed mismo, no es prueba de la posesi\u00f3n, pues una persona, incluso, puede ocupar un lote en calidad de tenedor. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de los gestores no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial acusada valor\u00f3 las pruebas recaudadas y concluy\u00f3 que resultaban insuficientes para demostrar la posesi\u00f3n que soportaba la pretensi\u00f3n de pertenencia, pues no daban cuenta de actos concretos que hubiesen ejercitado los actores sobre el predio perseguido y que demostraran su \u00e1nimo de se\u00f1ores y due\u00f1os. <\/p>\n
Luego, al margen de los dem\u00e1s argumentos que expres\u00f3 el Tribunal para soportar su decisi\u00f3n, relacionados con la supuesta posesi\u00f3n de Belarmina Jim\u00e9nez de Delgado, la ausencia de requisitos para la suma de posesiones y la \u00abposesi\u00f3n de heredero\u00bb que achac\u00f3 a los actores, lo cierto es que su decisi\u00f3n tambi\u00e9n se soporta en la ausencia de probanzas que demostraran la posesi\u00f3n que alegaron los tutelantes en el juicio acusado, consideraci\u00f3n que, como antes se indicara, no luce caprichosa. <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. Ahora, en lo que ata\u00f1e a la oponibilidad de la sentencia que, en juicio anterior, declar\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n reivindicatoria que inco\u00f3 Aureliano Galvis Camacho, baste con decir que es un hecho que, de cara a los derechos fundamentales de los accionantes, resulta intrascendente, pues lo cierto es que dicha s\u00faplica igualmente result\u00f3 desechada por el Tribunal accionado, aunque por razones diferentes. <\/p>\n
Sobre la carencia de trascendencia constitucional de la salvaguarda suplicada dijo la Sala que \u00ab\u2026con independencia de las supuestas falencias endilgadas al Tribunal criticado, el hecho cierto es que (\u2026) el reclamo de la accionante carece de trascendencia ius fundamental, porque de cualquier forma estaba condenaba al fracaso la defensa que propuso en el juicio cuestionado (CSJ STC1684-2015). <\/p>\n
4. Por lo dem\u00e1s, no sobra destacar que los tutelantes son enf\u00e1ticos en se\u00f1alar que la demanda de pertenencia la impulsaron como \u00abacci\u00f3n propia\u00bb y no en su condici\u00f3n de causahabientes de sus padres Jes\u00fas El\u00edas Ortiz Vel\u00e1squez y Mar\u00eda Luis Jim\u00e9nez de Ortiz, por lo que mal podr\u00edan pretender beneficiarse de la declaraci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n reivindicatoria que intent\u00f3 por Aureliano Galvis Camacho contra sus progenitores. <\/p>\n
5. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
6 <\/p>\n
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