STC4961-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4961-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2022-00614-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Fernando Espitia Manrique contra el Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial \u2013 Divisi\u00f3n de Cobro Coactivo, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa, m\u00ednimo vital e igualdad, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 que se \u00abdeclare la nulidad de todo lo actuado en el proceso de cobro coactivo [criticado]\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Frente a Fernando Espitia Manrique se adelant\u00f3 proceso de cobro coactivo, con la finalidad de obtener el pago de una multa impuesta a aquel dentro de un proceso penal seguido en su contra. <\/p>\n
2.2. Mediante acto DEAJGCC19-1700 del 20 de agosto de 2019, la accionada profiri\u00f3 mandamiento de pago, adelantando las gestiones que consider\u00f3 pertinentes para el enteramiento de tal acto al demandado. <\/p>\n
2.3. Cumplido lo anterior, el ejecutado solicit\u00f3 la nulidad de todo lo actuado, \u00abpor indebida notificaci\u00f3n\u00bb de la orden de apremio, petici\u00f3n que fue rechazada mediante resoluci\u00f3n DEAJGCC21-8704 del 27 de agosto de 2021, decisi\u00f3n que censur\u00f3 en reposici\u00f3n el enjuiciado, recurso desestimado con resoluci\u00f3n DEAJGCC21-12914 del 29 de noviembre de 2021, en la que, adem\u00e1s, se orden\u00f3 \u00abseguir adelante con la ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que \u00abel proceso de cobro coactivo fue violatorio del debido proceso\u00bb, toda vez que \u00abno se surti\u00f3 en debida forma la notificaci\u00f3n de los actos administrativos\u00bb proferidos en dicho asunto, lo que le impidi\u00f3 comparecer al tr\u00e1mite; y que la irregularidad que denuncia se present\u00f3 en el caso de otra persona, pero en ese caso s\u00ed fue remediada. <\/p>\n
2.5. De otro lado, destac\u00f3 que \u00abno cuenta con un medio de defensa diferente\u00bb para la defensa de sus derechos, comoquiera que \u00abseg\u00fan el Art\u00edculo 101 de la Ley 1437 de 2011 s\u00f3lo ser\u00e1n demandables ante la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo, los actos administrativos que deciden las excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecuci\u00f3n y los que liquiden el cr\u00e9dito\u00bb, actos que \u00abno [le] fueron notificados en debida forma\u2026, [por lo que] no tuvo la oportunidad de controvertirlos e interponer en su contra los recursos de ley\u00bb y, adem\u00e1s, porque \u00abel medio de control respectivo se encontrar\u00eda caducado\u00bb. <\/p>\n
2.6. Adicionalmente, destac\u00f3 que \u00abde no protegerse sus derechos fundamentales en la presente acci\u00f3n, se causar\u00eda un perjuicio irremediable\u00bb, pues dentro del proceso criticado se embarg\u00f3 un \u00abinmueble del cual deviene su \u00fanico ingreso y consecuentemente, el de su familia\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Divisi\u00f3n de Cobro Coactivo de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial rindi\u00f3 informe sobre las actuaciones que adelant\u00f3 en el tr\u00e1mite acusado y, por lo dem\u00e1s, defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica, concluye la Corte que la solicitud de resguardo resulta inviable, porque el querellante omiti\u00f3 promover ante la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo, dentro de la oportunidad legal, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto que pregona lesivo de sus garant\u00edas constitucionales. <\/p>\n
Para el efecto, t\u00e9ngase en cuenta que, en esencia, lo que critic\u00f3 el quejoso es que se ordenara continuar con la ejecuci\u00f3n que se adelanta en su contra, comoquiera que ello no resultaba viable, pues, seg\u00fan \u00e9l, no hab\u00eda sido vinculado, debidamente, al tr\u00e1mite administrativo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, atendiendo que el prove\u00eddo que orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n data del 29 de noviembre de 2021 (en el que, adem\u00e1s, se resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n que formul\u00f3 el quejoso frente a la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la solicitud de invalidez que present\u00f3), el actor contaba con cuatro1 meses para promover el mencionado medio de control (nulidad y restablecimiento de derecho), lo que no hizo, seg\u00fan \u00e9l mismo lo reconoce el escrito genitor de este amparo. <\/p>\n
De ese modo, el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios ordinarios de protecci\u00f3n que contempla el ordenamiento normativo, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas (entre ellas, las actuaciones en las que fund\u00f3 el accionante la existencia de un supuesto \u00abperjuicio irremediable\u00bb), en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 As\u00ed lo establece el art\u00edculo 164 (numeral 2\u00b0, literal d) del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, conforme al cual \u00abLa demanda deber\u00e1 ser presentada: (\u2026) 2. En los siguientes t\u00e9rminos, so pena de que opere la caducidad: (\u2026) d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deber\u00e1 presentarse dentro del t\u00e9rmino de cuatro (4) meses contados a partir del d\u00eda siguiente al de la comunicaci\u00f3n, notificaci\u00f3n, ejecuci\u00f3n o publicaci\u00f3n del acto administrativo, seg\u00fan el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales\u00bb. <\/p>\n
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