STC4963-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4963-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01076-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juan Manuel Rey Ruiz contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y propiedad, que dice vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se declare \u00abla nulidad de todo lo actuado dentro del proceso\u2026 y de toda la actuaci\u00f3n de segunda instancia\u2026 junto con sus respectivos fallos de fondo\u00bb; y que se le \u00abrespete y ordene dejar vivir en la casa No. 2 a fin de continuar con la posesi\u00f3n que cit[a] en esta demanda tal como ven\u00eda ejerci\u00e9ndola\u00bb <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la referida decisi\u00f3n, en fallo de 14 de marzo de 2022 la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 la confirm\u00f3. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que desde hace diez a\u00f1os era el real y leg\u00edtimo poseedor de la totalidad del inmueble \u00abEl Palmar\u00bb, ubicado en Ibagu\u00e9; que en dicho predio exist\u00edan dos casas y el ocupaba la No. 2 desde febrero de 2012, fecha en la que suscribi\u00f3 un contrato no real de comodato con Blanca In\u00e9s D\u00edaz Acevedo, quien actuaba en nombre de una comunidad respecto a ese bien. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que dicho predio ten\u00eda inscritos como nudos propietarios a 10.531 personas; que como tom\u00f3 la posesi\u00f3n de todo el terreno, 60 propietarios iniciaron en su contra un juicio reivindicatorio, en el que lo reconocieron como poseedor del bien y en el que tambi\u00e9n compareci\u00f3 la se\u00f1ora D\u00edaz Acevedo; que la primera instancia accedi\u00f3 a las pretensiones, pero la de segundo grado revoc\u00f3 dicha determinaci\u00f3n, pues no hab\u00eda acreditado los elementos requeridos para la prosperidad de la acci\u00f3n, como el alinderamiento y \u00e1rea real del predio. <\/p>\n
2.5. Refiri\u00f3 que Blanca In\u00e9s D\u00edaz Acevedo promovi\u00f3 un primer proceso de restituci\u00f3n derivada del contrato de comodato en su contra y en la de su esposa, el que el Juzgado Segundo de Peque\u00f1as Causas de Ibagu\u00e9 en fallo de 16 de marzo de 2017 desestim\u00f3; que tambi\u00e9n se adelant\u00f3 otro juicio reivindicatorio en el 2016 por varios propietarios en su contra y en la de D\u00edaz Acevedo, \u00faltima que concili\u00f3 en la primera audiencia con los dem\u00e1s demandantes, por lo que el tr\u00e1mite sigui\u00f3 unicamente en su contra, resultando sentencia favorable en primer grado, la que fue revocada por el ad-quem. <\/p>\n
2.6. Adujo que nuevamente en el 2021 Blanca In\u00e9s D\u00edaz Acevedo promovi\u00f3 juicio de restituci\u00f3n de tenencia derivada del contrato de comodato, en la que indic\u00f3 que \u00e9l hab\u00eda incumplido el convenio por realizar mejoras en el predio y despojarla de la propiedad al afirmar que era el poseedor del bien; que la demandante de forma temeraria ocult\u00f3 la existencia de la anterior sentencia, as\u00ed como que concili\u00f3 en el juicio reivindicatorio manifestando no tener posesi\u00f3n ni tenencia del predio. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que los falladores acusados idearon hechos para sustentar sus decisiones, lo que era contrario a lo probado en el tr\u00e1mite; que se desestim\u00f3 la cosa juzgada, pues en el primer juicio se involucr\u00f3 a otra persona, pero no se analiz\u00f3 que era el mismo contrato y \u00e9l fue el \u00fanico demandado que se incluy\u00f3 en el fallo; que no se tuvo en cuenta que la demandante afirm\u00f3 no ser poseedora ni tenedora del bien; y que no se reconoci\u00f3 su condici\u00f3n de poseedor de todo el predio, pese a que la misma actora lo indic\u00f3. <\/p>\n
2.8. Asever\u00f3 que se descart\u00f3 sin motivo el hecho que la demandante no le hab\u00eda entregado el predio como se exig\u00eda para el contrato; y que en las dos instancias no se debati\u00f3 que era copropietario posedor de la casa No. 2, por lo que los derechos reales no pod\u00edan ser vulnerados con un fallo de tenencia. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Secretar\u00eda de la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 inform\u00f3 que devolvi\u00f3 el expediente al estrado de origen el 24 de marzo de 2022. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad indic\u00f3 que la decisi\u00f3n emitida estaba soportada en las pruebas recaudadas durante la instrucci\u00f3n del proceso, as\u00ed como en las normas y jurisprudencia aplicable al caso; y que no se estructuraba ninguno de los requisitos de procedibilidad de tutela. Remiti\u00f3 el link del proceso criticado. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia definitoria del asunto de 14 de marzo de 2022, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026El demandado principia sus ataques se\u00f1alando que la a quo no analiz\u00f3 en debida forma el instituto de la cosa juzgada, pues de otro modo habr\u00eda advertido que el pleito ya se dirimi\u00f3 mediante sentencia ejecutoriada proferida en el 2017 por el Juzgado Segundo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esta ciudad\u2026 <\/p>\n
Bajo esta tesitura y posada la vista sobre las diligencias no se avista desav\u00edo en el an\u00e1lisis realizado por la instructora, pues si bien hay identidad de objeto en los procesos, en la medida en que lo perseguido mediante uno y otro es la restituci\u00f3n de la tenencia de la casa No. 2\u2026 con fundamento en el contrato de comodato suscrito el 15 de marzo de 2012, no hay mismidad en los sujetos ni en la causa. <\/p>\n
V\u00e9ase que en el proceso adelantado ante el Juzgado Segundo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Ibagu\u00e9 la demanda de restituci\u00f3n fue dirigida por Blanca In\u00e9s D\u00edaz Acevedo en contra de Juan Manuel Rey Ruiz y Mar\u00eda Elena Campos Qui\u00f1ones, mientras que en el presente la litis fue trabada \u00fanicamente entre Blanca In\u00e9s D\u00edaz Acevedo y Juan Manuel Rey Qui\u00f1onez. De igual modo, en el asunto anterior el pedido de restituci\u00f3n se fund\u00f3 en el incumplimiento contractual derivado de que el comodatario estuviera subarrendando partes del bien, en tanto que los motivos que sustentan las pretensiones de este juicio son que el demandado ha efectuado modificaciones no autorizadas al inmueble, no ha permitido el ingreso de la comodante para examinar su estado y, adicional a ello, por una causa legal cual es que la comodante lo requiera de forma imperiosa y urgente para habitarlo con su familia mientras efect\u00faa unas reparaciones necesarias en su vivienda actual. <\/p>\n
Baste lo anterior para concluir que esta censura no prospera. <\/p>\n
3. Critica el demandado que para los fines de este proceso se haya acudido a un v\u00ednculo contractual que, seg\u00fan afirma, perdi\u00f3 toda eficacia por cuenta de la decisi\u00f3n adoptada en el pleito anterior. <\/p>\n
Examinada la prueba trasladada remitida por el Juzgado Segundo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Ibagu\u00e9, correspondiente al proceso verbal sumario de restituci\u00f3n de tenencia iniciado con fundamento en el contrato de comodato celebrado el 15 de marzo de 2012, promovido por Blanca In\u00e9s D\u00edaz Acevedo en contra de Juan Manuel Rey Ruiz y Mar\u00eda Elena Campos Qui\u00f1ones, y m\u00e1s puntualmente posada la vista en la sentencia de 16 de marzo de 20173, se encuentra que mediante ella se resolvi\u00f3 \u201cdeclarar probada la excepci\u00f3n de ‘el comodatario es propietario en com\u00fan y proindiviso del inmueble objeto de comodato\u201d y, consecuencialmente, se negaron las pretensiones de la demandante. <\/p>\n
Contrario a lo afirmado por el opugnante en su apelaci\u00f3n, en tal oportunidad nada se dispuso respecto a inexistencia, invalidez o cualquier otra circunstancia que restara eficacia al precitado contrato, de donde era viable aducirlo con posterioridad como fuente de derechos y obligaciones, tal como se hizo para iniciar esta contienda, lo que hace que este pilar del recurso tambi\u00e9n est\u00e9 llamado al fracaso. <\/p>\n
4. Reprocha la pasiva que se accediera a una restituci\u00f3n incoada por Blanca In\u00e9s D\u00edaz Acevedo, siendo que ella al momento de contratar no obr\u00f3 en nombre propio \u201csino en representaci\u00f3n de una colectividad\u201d\u2026 <\/p>\n
Dentro del presente asunto, v\u00e9ase que Blanca In\u00e9s D\u00edaz Acevedo, anunciando ser copropietaria y \u201cpresidente de la junta administradora provisional de copropietarios\u201d del lote 3 carrera 12 sur con calle 108, fracci\u00f3n el Jard\u00edn de Ibagu\u00e9, celebr\u00f3 contrato de comodato con Juan Manuel Rey Ruiz, actuando la primera como comodante y el segundo como comodatario; acuerdo en donde se dej\u00f3 plasmado en su cl\u00e1usula primera que se entregaba al aqu\u00ed demandado en calidad de pr\u00e9stamo el inmueble Casa No. 2 ubicado en el predio de mayor extensi\u00f3n que anteriormente fue relacionado, estipul\u00e1ndose una serie de obligaciones para cada uno de ellos, entre ellas, el plazo de restituci\u00f3n del bien entregado en prestado, la prohibici\u00f3n de hacer modificaciones al inmueble sin autorizaci\u00f3n del comodante y permitir a la demandante la inspecci\u00f3n de la cosa para verificar su buen estado. <\/p>\n
Debiendo precisarse por la Sala que, a pesar de la designaci\u00f3n dada en el contrato a Blanca In\u00e9s D\u00edaz Acevedo como \u201cpresidente de la junta administradora provisional de copropietarios\u201d en nada impide que \u00e9sta comparezca al juicio para solicitar la restituci\u00f3n de la tenencia, en virtud a que la designaci\u00f3n dada por los condue\u00f1os de la finca \u201cEl Palmar\u201d consisti\u00f3 en una reuni\u00f3n provisional a fin de poder recibir el inmueble por parte del agente liquidador encargado del proceso adelantado por DMG y ser entregado posteriormente en comodato a Rey Ruiz, sin que dicha junta administradora gozara de personer\u00eda jur\u00eddica que obligara a Blanca In\u00e9s D\u00edaz Acevedo a intervenir dentro del proceso en su representaci\u00f3n, siendo entonces la posici\u00f3n contractual por ella asumida, como comodante, suficiente para permitirle entablar la acci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 385 del C\u00f3digo General del Proceso, pues a voces de lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil \u201ctodo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causales legales\u201d, disposici\u00f3n aqu\u00ed tra\u00edda que tiene su fuente en el principio de la autonom\u00eda privada, la cual no resulta ser otra cosa que aquella facultad que tienen las personas de contratar y determinar de forma libre el contenido de sus convenios y el alcance de sus obligaciones. <\/p>\n
De all\u00ed que sea el contrato de comodato llevado a cabo el 15 de marzo de 2012, el que faculte a Blanca In\u00e9s D\u00edaz Acevedo a comparecer a este estrado judicial para hacer valer sus reclamaciones, m\u00e1xime si en la cuenta se tiene que dicho documento no fue tachado de falso, sino por el contrario el mismo demandado en su interrogatorio de parte reconoce la existencia del negocio jur\u00eddico aqu\u00ed exaltado al afirmar puntualmente que \u201cse lleg\u00f3 a un acuerdo de firmar un documento para presentar a la polic\u00eda, un comodato\u201d. <\/p>\n
De tal suerte, que el reparo formulado por el extremo demandado en este punto no pueda ser atendido y deba descenderse en el siguiente de los puntos de descontento formulados ante esta Colegiatura. <\/p>\n
Sobre la censura acerca de que no se valor\u00f3 que \u00e9l tambi\u00e9n era due\u00f1o del predio y que la demandante lo hab\u00eda admitido, se puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u2026Lo de que la instructora omiti\u00f3 valorar su calidad de comunero es una afirmaci\u00f3n carente de soporte, pues al revisarse la sentencia recurrida se avista que la juzgadora de instancia no pas\u00f3 por alto tal circunstancia, por el contrario, la abord\u00f3 y explic\u00f3 por qu\u00e9 ello no era \u00f3bice para celebrar un contrato de comodato y, de contera, como s\u00ed era viable exigir la obligaci\u00f3n de restituci\u00f3n. <\/p>\n
Aunque es cierto que Juan Manuel Rey Ruiz figura como cotitular de dominio de la finca \u00abEl Palmar\u00bb (ver certificado de tradici\u00f3n No. 350- 6312), tambi\u00e9n lo es que, ante el juzgado de conocimiento admiti\u00f3 haber llegado \u201ca un acuerdo de firmar un documento para presentar a la polic\u00eda\u201d y que para entonces conoc\u00eda que era comunero, cuesti\u00f3n corroborada por el testigo Johanny S\u00e1nchez Palomino, quien indic\u00f3 que \u201cJuan Manuel ten\u00eda conocimiento de que era propietario desde antes de la firma del contrato de comodato por eso hac\u00eda parte de la junta\u201d. <\/p>\n
El demandado decidi\u00f3 obligarse bajo los derroteros del art\u00edculo 2200 del C\u00f3digo Civil, participando de un ligamen que re\u00fane los requisitos del art\u00edculo 1502 del C\u00f3digo Civil, en tanto en \u00e9l intervinieron personas con capacidad de goce y ejercicio, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alg\u00fan vicio de consentimiento y recay\u00f3 sobre un objeto l\u00edcito y causa licita, teniendo fuerza vinculante al amparo del art\u00edculo 1602 de la precitada obra. <\/p>\n
No duda la Sala en que el accionado pod\u00eda asumir dicha posici\u00f3n contractual am\u00e9n de su autonom\u00eda privada, libertad de autorregulaci\u00f3n que permite determinar las reglas o lineamientos sobre los cuales se ajusta determinada relaci\u00f3n jur\u00eddica, siendo indispensable que en la elaboraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del respectivo acuerdo los intervinientes act\u00faen de buena fe, principio contenido en el art\u00edculo 83 de la Carta Pol\u00edtica y reflejado en el art\u00edculo 1603 de la legislaci\u00f3n sustantiva civil, al prescribir que\u2026 Sobre este aspecto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia apuntal\u00f31 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Contraviene el anotado postulado el hecho de que Juan Manuel Rey Ruiz pretenda desconocer lo pactado el 15 de marzo de 2012, pues como atr\u00e1s se refiri\u00f3, con pleno conocimiento de ser condue\u00f1o de \u201cEl Palmar\u201d decidi\u00f3 contratar para hacerse a la detentaci\u00f3n de una parte del mismo (casa No.2) como mero tenedor. <\/p>\n
Esa consciencia, preexistente, es la que impide dar alcance al art\u00edculo 2210 del C\u00f3digo Civil. Pero es a\u00fan m\u00e1s, no hay forma de sostener que estuviera celebrando comodato sobre cosa propia, para a partir de ah\u00ed examinar posibles situaciones en materia de eficacia contractual o si exist\u00eda o no deber de restituir, pues el derecho de dominio del demandado era y es abstracto, representado en una cuota en com\u00fan y pro indiviso que a\u00fan no se materializa sobre una porci\u00f3n particular y concreta de \u201cEl Palmar\u201d, de ah\u00ed que no puede predicarse due\u00f1o de la \u201ccasa No.2\u201d que es a lo que se circunscribi\u00f3 el comodato\u2026 <\/p>\n
En cuanto a la entrega, indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Referente a la afirmaci\u00f3n hecha por el demandado de no haber Blanca In\u00e9s D\u00edaz Acevedo entregado directamente a Juan Manuel Rey Ru\u00edz el predio objeto de comodato, encuentra esta Sala de Decisi\u00f3n, conforme a los medios suasorios aqu\u00ed arrimados, que tal manifestaci\u00f3n es contraria a la realidad procesal, dado que de la clausula primera del contrato llevado a cabo el 15 de marzo de 2012, f\u00e1cil resulta desgajar que D\u00edaz Acevedo hizo entrega del inmueble ubicado en la finca \u201cEl Palmar\u201d al aqu\u00ed demandado, al plasmarse en el mentado clausulado que \u201cel comodante entrega a el comodatario y este recibe, a t\u00edtulo de comodato o pr\u00e9stamo de uso, el bien que se relaciona a continuaci\u00f3n\u2026\u201d. Informaci\u00f3n vertida en el contrato de comodato que fue corroborada por los testigos Andr\u00e9s Larrota Chac\u00f3n, Johanny S\u00e1nchez Palomino y Cl\u00edmaco Quincha Ar\u00e9valo quienes sostuvieron haber estado presentes al momento en que se efectu\u00f3 la negociaci\u00f3n y se entreg\u00f3 por parte de Blanca In\u00e9s D\u00edaz Acevedo el inmueble ubicado en la finca \u201cEl Palmar\u201d al hoy demandado Rey Ruiz en condiciones suficientes para ser habitado. <\/p>\n
De all\u00ed, que las afirmaciones realizadas por el recurrente no resulten fidedignas a los medios de convicci\u00f3n que fueron aportados al plenario, lo que de contera impide salir prospera la inconformidad planteada. <\/p>\n
Y sobre la posesi\u00f3n alegada, refiri\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026se desciende sobre el reparo consistente en que la falladora no tuvo en cuenta la prueba que lo acredita como poseedor del predio \u201cEl Palmar\u201d, ratificada con el proceso reivindicatorio adelantado en su contra, que finaliz\u00f3 de forma desfavorable no porque no fuera poseedor sino porque la parte demandante \u201cNO PUDO CUMPLIR CON EL REQUISITO DE IDENTIFICAR PLENAMENTE EL PREDIO OBJETO DE LA DEMANDA\u201d <\/p>\n
6.1. Comi\u00e9ncese recordando que el contrato que at\u00f3 a las partes, de comodato o pr\u00e9stamo de uso, no confer\u00eda al beneficiario m\u00e1s que un t\u00edtulo precario de tenedor, de ah\u00ed que lejos est\u00e1 de servir de abrevadero de una eventual relaci\u00f3n posesoria. <\/p>\n
Si ese acuerdo escrito fue el que fundament\u00f3 el ingreso del demandado, lo que se viene es que desde el primer contacto con el predio el mismo reconoci\u00f3 dominio ajeno, con lo cual, como es sabido, queda descartado el aludido fen\u00f3meno por falta del elemento psicol\u00f3gico o animus. La \u00fanica posibilidad de hablarse de una posesi\u00f3n es que m\u00e1s adelante, durante su ejecuci\u00f3n, se haya presentado una interversi\u00f3n del t\u00edtulo. Figura explicada por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia as\u00ed\u2026 <\/p>\n
6.2.1. En ese sentido, es fundado el razonamiento de que la instalaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos no constituye per se un acto de posesi\u00f3n, en tanto ello puede desplegarlo cualquier detentador, incluso un tenedor, m\u00e1s a\u00fan en este caso en donde el comodato del que se benefici\u00f3 Juan Manuel Rey Ruiz ten\u00eda por objeto que el mismo habitara la casa No.2 y como la misma fue recibida en completo abandono en la cl\u00e1usula quinta se estipul\u00f3: \u201cel inmueble no cuenta con servicios p\u00fablicos en general. Si el comodatario opta por solicitar ante las empresas respectiva alguno de estos servicios para la Casa No. 2 pagar\u00e1 oportuna y totalmente los servicios p\u00fablicos del inmueble desde la fecha que inicie su funcionamiento y consumo de los servicios hasta la restituci\u00f3n del inmueble, adem\u00e1s de los gastos de instalaci\u00f3n, matr\u00edcula licencias, accesorios y aditamentos que ello requiera, salvo que sean autorizados por el comodante\u201d. Quiere decir lo anterior que el proceder de Juan Manuel Rey Ruiz, de instalar servicios p\u00fablicos domiciliarios, era algo esperable atendiendo lo que motiv\u00f3 la entrega de la tenencia de la casa (habitaci\u00f3n de \u00e9l y su familia) y cont\u00f3 para ello con el benepl\u00e1cito de la comodante, de ah\u00ed que no sea \u00fatil para acreditar la calidad de poseedor. <\/p>\n
6.2.2. Auscultada la restante documental, que, d\u00edgase de paso, deb\u00eda ser suministrada por quien se proclama poseedor am\u00e9n de la carga que sobre \u00e9l recae en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 167 del C.G. P., no se vislumbran actos inequ\u00edvocos que respalden su aserto, evidencias que deben tener la claridad y contundencia que exige la jurisprudencia para probar la interversi\u00f3n de su condici\u00f3n de tenedor a poseedor, necesarias para concluir que hubo una rebeld\u00eda frentera y saber el momento exacto en que ello ocurri\u00f3. <\/p>\n
6.2.3. Y la testifical tampoco da luces sobre el asunto. V\u00e9ase que de lo relatado por los testigos Andr\u00e9s Larrota Chac\u00f3n, Johanny S\u00e1nchez Palomino y Cl\u00edmaco Quincha Ar\u00e9valo se obtiene que Juan Manuel Rey Ruiz ingres\u00f3 a la casa No. 2 de la finca \u201cel palmar\u201d porque pidi\u00f3 que el inmueble se le otorgara en calidad de pr\u00e9stamo, para lo cual se llev\u00f3 a cabo el comodato y que la entrega del bien se realiz\u00f3 el mismo d\u00eda de la firma del documento, aspecto que deja entrever que quien funge como demandado en el presente asunto reivindicatorio ingres\u00f3 en calidad de tenedor, condici\u00f3n que seg\u00fan lo indicado por los testimonios rendidos en el juicio no mut\u00f3, pues al adentrarse en las aseveraciones efectuadas por la testigo Betzab\u00e9 Agudelo Vergara, resulta contundente la deponente al indicar que no sabe si Rey Ruiz celebr\u00f3 contrato de comodato, as\u00ed como tampoco afirma tener conocimiento de quien es el propietario de la Casa No. 2 del lote \u201cel palmar\u201d, aspecto que fue reiterado en el testimonio de El\u00edas Ortiz Remolina quien sustento no saber como Juan Manuel Rey Ruiz hab\u00eda ingresado a vivir en el predio, ni saber quien es el due\u00f1o del palmar. <\/p>\n
En suma y contrario a lo sostenido al recurrir, nada dentro del cartulario muestra que el comodatario haya dejado de ser tenedor para convertirse en verdadero poseedor. <\/p>\n
6.3. Tampoco sirve a los intereses del accionado el hecho de haber sido demandado en reivindicaci\u00f3n en \u00e9poca pasada, pues aunque es sabido que para ello debe tener la calidad de poseedor, esta circunstancia de todos modos debe ser corroborada por el juez de la respectiva contienda y as\u00ed no aconteci\u00f3 dentro de la acci\u00f3n conocida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 bajo la radicaci\u00f3n No. 2016-00183-01. <\/p>\n
6.3.1. Dentro del proceso se decret\u00f3 esta prueba trasladada, pero no obstante haberse oficiado al referido despacho las piezas pertinentes no arribaron previo a finalizar la instancia. Haciendo uso de las facultades oficiosas este Tribunal pidi\u00f3 a la secretar\u00eda de la sala especializada remitiera la decisi\u00f3n con la que se clausur\u00f3 tal debate y que ven\u00eda mencionada en varios escritos, la sentencia de 10 de mayo de 2018 donde actu\u00f3 como ponente el Magistrado Ricardo Enrique Bastidas Ortiz, la que una vez recibida permiti\u00f3 verificar que las pretensiones fueron negadas y que la decisi\u00f3n final no incluy\u00f3 una valoraci\u00f3n de la calidad del all\u00e1 tambi\u00e9n demandado Juan Manuel Rey Ruiz, por el contrario, esta Colegiatura advirti\u00f3 que lo motivado \u201cpara nada significa que se le est\u00e9 otorgando o d\u00e1ndoles el calificativo de poseedores a los demandados en especial a Mar\u00eda Helena Campos Qui\u00f1onez y Juan Manuel Rey Ruiz, requisito de la posesi\u00f3n que ni siquiera se analiz\u00f3 pues como di\u00e1fanamente en l\u00edneas atr\u00e1s qued\u00f3 sentado, la sentencia de primera instancia se quiebra al haber salido avante el reparo enarbolado consistente en la no acreditaci\u00f3n de la parte de terreno que detenta el extremo pasivo, mas no por circunstancia diferente\u201d. <\/p>\n
Se viene de lo anterior que el \u00faltimo punto de la alzada tambi\u00e9n naufraga. <\/p>\n
7. Secuela de lo explanado esta Sala confirmar\u00e1 la sentencia de 21 de septiembre de 2021 proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia definitoria del asunto; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4963-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC4963-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01076-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juan Manuel Rey […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62935","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62935","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62935"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62935\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62935"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62935"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62935"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}