STC4969-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4969-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2022-01133-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se desata la salvaguarda impulsada por Dairo Antonio \u00dasuga David contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, extensiva al Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Ministerio P\u00fablico, partes, autoridades y dem\u00e1s intervinientes en el tr\u00e1mite n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02469-00 (Rad. Corte 60687). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 se ordene \u00abi) revocar el auto del d\u00eda 8 de abril de 2022 (\u2026), para que en su lugar se estudien las aclaraciones y adiciones solicitadas; ii) revocar parcialmente el concepto CP049-2022 para que se eliminen del mismo las violaciones al non bis in \u00eddem derivadas del concepto favorable (\u2026); iii) revocar parcialmente el concepto CP049-2022 para que se conceda el condicionamiento especial de que trata [el art\u00edculo] 153 de la Ley 1957 de 2019\u00bb. <\/p>\n
En respaldo se\u00f1al\u00f3 que se encuentra privado de la libertad desde el 23 de octubre de 2021 con fines de extradici\u00f3n, por requerimiento del Gobierno de los Estados Unidos. Cont\u00f3 que el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n arrib\u00f3 a la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal para el correspondiente concepto el 24 de noviembre de 2021 y esta decret\u00f3 algunas pruebas (AP127-2022, 28 en.), decisi\u00f3n frente a la que interpuso reposici\u00f3n y fue desatada de forma negativa el 28 de febrero siguiente (AP579-2022); inst\u00f3 nulidad, pero la Sala acusada resolvi\u00f3 \u00abrechazar de plano las solicitudes formuladas por el defensor del requerido, abstenerse de ordenar la remisi\u00f3n a la JEP y la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite de extradici\u00f3n (\u2026)\u00bb (AP928-2022, 14 mar.). Narr\u00f3 que present\u00f3 recusaci\u00f3n contra el magistrado ponente, pero fue declarada infundada (AP1229-2022, 28 mar.). <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la Sala Penal emiti\u00f3 concepto favorable para extraditarlo (CP049-2022, 6 abr.), \u00abdonde se ignor\u00f3 la petici\u00f3n de las v\u00edctimas y el exhorto que la misma JEP\u00bb hizo para que se le permitiera responder como testigo del Caso 03; frente a esa determinaci\u00f3n pidi\u00f3 aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n, pero tambi\u00e9n se rechaz\u00f3 (8 abr. 2022). <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal resisti\u00f3 los anhelos y se\u00f1al\u00f3 que emiti\u00f3 concepto mixto porque \u00ablas conductas y los hechos por las que [el actor] ha sido condenado en Colombia, no guardan relaci\u00f3n alguna con las conductas y los hechos por los que ha sido solicitado en extradici\u00f3n (\u2026)\u00bb, y agreg\u00f3 que declar\u00f3 improcedentes las solicitudes de adici\u00f3n y aclaraci\u00f3n porque \u00abla actuaci\u00f3n ya hab\u00eda sido remitida al Ministerio de Justicia y del Derecho, para lo de su resorte, de modo que la Sala ya hab\u00eda perdido competencia para emitir alg\u00fan pronunciamiento\u00bb. El Ministerio de Justicia y del Derecho hizo el recuento de lo acaecido y se opuso a las pretensiones. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica esgrimi\u00f3, entre otras defensas, la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. La Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n pidi\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de esa instituci\u00f3n e inform\u00f3 que no se halla pendiente ninguna diligencia ante la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz. Hasta el momento de elaborar el proyecto los dem\u00e1s convocados no se hab\u00edan manifestado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Conforme a los par\u00e1metros que han sido fijados por la Corte Constitucional, la tutela incoada debe fracasar, al percatarse el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
1- En lo relacionado con los reparos frente a la determinaci\u00f3n de la hom\u00f3loga en lo penal de 8 de abril del a\u00f1o que avanza, revisado el sistema judicial Siglo XXI (enlace consulta de procesos) se verific\u00f3 que, frente a dicho pronunciamiento, es decir, el que rechaz\u00f3 la aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n requerida, el actor no propuso recurso alguno, de suerte que se configura en este caso la ausencia del presupuesto de procedibilidad establecido en el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, el de residualidad, requisito que exig\u00eda, ante la presencia de otros mecanismos judiciales de defensa, que el actor planteara la controversia aqu\u00ed tra\u00edda ante la Colegiatura encartada y ello torna en improcedente el ruego superlativo. <\/p>\n
De all\u00ed que la judicatura no pueda descender a constatar o desvirtuar las cr\u00edticas del gestor, porque <\/p>\n
(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada entre otras en STC8897-2017, 21 jun. 2017, rad. 00230-01, y STC10432-2017, 19 jul. 2017, rad. 00388-01, entre otras). (CSJ STC13376-2021, memorada en STC446-2022). <\/p>\n
2.- Ahora, en relaci\u00f3n con las quejas dirigidas a que se revoque parcialmente el concepto CP049-2022 y \u00abse eliminen del mismo las violaciones al non bis in \u00eddem derivadas del concepto favorable (\u2026); [y] se conceda el condicionamiento especial de que trata [el art\u00edculo] 153 de la Ley 1957 de 2019\u00bb, m\u00e1s all\u00e1 de que ellas puedan o no tener asidero, lo cierto es que dado que el Presidente de la Rep\u00fablica expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n 078 de 8 de abril de 2022, por medio de la cual se concret\u00f3 la concesi\u00f3n de la extradici\u00f3n del actor, a este le corresponde plantear sus discrepancias, ya sea a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n contra dicho acto administrativo, o con la interposici\u00f3n del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho. Escenarios id\u00f3neos para discutir y resolver las cr\u00edticas formuladas. <\/p>\n
En un asunto de similar linaje dijo la Corte: <\/p>\n
(\u2026) los cuestionamientos aqu\u00ed ventilados sobre las irregularidades acerca del estudio realizado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de los hechos que sustentan el petitum de extradici\u00f3n, puede expresarlos el gestor por v\u00eda de reposici\u00f3n ante el Gobierno Nacional, o en su defecto, a trav\u00e9s de las acciones contencioso administrativas, en el evento que el Presidente de la Rep\u00fablica decida acoger el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Sobre la procedibilidad de impugnar el acto administrativo que concede la extradici\u00f3n, expuso la Corte Constitucional: <\/p>\n
(\u2026) [E]l acto administrativo expedido por el Presidente de la Rep\u00fablica, en el que concluye el procedimiento especial de extradici\u00f3n, cuando es resuelto en favor del Estado requirente, constituye una decisi\u00f3n respecto de la cual proceden las acciones contencioso administrativas, particularmente la de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el art\u00edculo 85 del c\u00f3digo contencioso administrativo, sin perjuicio de que la persona afectada con las respectivas decisiones pueda ejercer la acci\u00f3n de tutela, siempre y cuando se presenten las hip\u00f3tesis previstas en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (\u2026), (se resalta). <\/p>\n
Bajo ese contexto, resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional, pues \u00e9ste no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, no siendo la acci\u00f3n de tutela una instancia paralela a otras actuaciones, por la cual se adopten decisiones que suplanten al funcionario competente. (CSJ STC125-2015, STC8742-2016, STC9649-2017, STC19408-2017, memoradas en STC113-2022). <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, en la medida en que contra la determinaci\u00f3n con la que la Sala de Casaci\u00f3n Penal rechaz\u00f3 la aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n pedida no se interpuso recursos, y que, dada las actuales condiciones del tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, el ciudadano cuenta con otros mecanismos judiciales de defensa, no queda otra opci\u00f3n sino la de denegar el amparo por improcedente. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley NIEGA por improcedente la tutela instada por Dairo Antonio \u00dasuga David. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicio <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
3 <\/p>\n
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