STC4973-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4973-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 13001-22-13-000-2022-00091-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de marzo de 2022 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderada judicial, por Sebasti\u00e1n Carrascal Reales contra el Juzgado Sexto de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados Mercedes Bravo Rinc\u00f3n, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -CREMIL- y los intervinientes del juicio objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de las prerrogativas fundamentales de petici\u00f3n e informaci\u00f3n, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita \u00abse sirva dar respuesta al derecho de petici\u00f3n en menci\u00f3n, toda vez que\u2026 le asiste el derecho de conocer el proceso\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro de proceso ejecutivo de alimentos, que se tramita en el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena, el ejecutado elev\u00f3 petici\u00f3n con miras a que se le brindara informaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n -respecto del oficio de embargo y su notificaci\u00f3n-, adem\u00e1s deprec\u00f3 la expedici\u00f3n de copias del expediente. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que el 8 de febrero de 2020 radic\u00f3 petici\u00f3n en la plataforma virtual del estrado acusado solicitando informaci\u00f3n del proceso, pues nunca fue notificado del tr\u00e1mite, pero le hac\u00edan descuentos por n\u00f3mina en su mesada pensional. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que el estrado acusado contest\u00f3 que era improcedente su petici\u00f3n; que pese a que cumpli\u00f3 con los requisitos del Decreto 806 de 2020, pero no le dieron respuesta; y que conoci\u00f3 de la existencia del juicio por un oficio dirigido al pagador Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Sexto de Familia de Cartagena se\u00f1al\u00f3 que se opon\u00eda a la prosperidad de la tutela, pues le dio respuesta a la petici\u00f3n presentada, recalcado la improcedencia de la misma en actuaciones judiciales; que no era cierto que el accionante no hubiese tenido conocimiento de la demanda promovida, pues su notificaci\u00f3n personal fue \u00aben la lejana fecha ya del 27 de agosto de 2001\u00bb; que el poder presentado ten\u00eda una ostensible anotaci\u00f3n interlineal, lo que era prohibido por el art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso; y que a la fecha no se hab\u00eda presentado memorial observando los requisitos de ley. <\/p>\n
2. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -CREMIL- sostuvo que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues era al estrado acusado al que le correspond\u00eda brindar contestaci\u00f3n a lo solicitado; que el accionante actualmente contaba con un embargo de alimentos por el 25% sobre la asignaci\u00f3n de retiro, prima de junio y mesada de navidad, seg\u00fan oficio del fallador criticado, radicado en marzo de 2016; que el incumplimiento de una orden judicial lo convert\u00eda en deudor solidario; y que su funci\u00f3n era reconocer y pagar las asignaciones de militares en retiro de las Fuerzas Militares, as\u00ed como la sustituci\u00f3n pensional a sus beneficiarios. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional concedi\u00f3 el amparo al considerar que si bien le asist\u00eda raz\u00f3n al estrado acusado al se\u00f1alar la improcedencia del derecho de petici\u00f3n en actuaciones judiciales, lo cierto era que el fallador pod\u00eda adecuar y tramitar el mismo como una actuaci\u00f3n judicial, pronunci\u00e1ndose de forma positiva o negativa frente a su contenido, a trav\u00e9s de las formas previstas en el art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso; y que como garant\u00eda del debido proceso era necesario que se emitiera decisi\u00f3n en cualquier sentido, mas all\u00e1 de la rotulaci\u00f3n o formalidad el escrito, m\u00e1xime cuando la parte confiri\u00f3 poder a un abogado para actuar. <\/p>\n
Orden\u00f3 al estrado acusado \u00abemita pronunciamiento positivo o negativo, sobre la solicitud formulada por la apoderada judicial de Sebasti\u00e1n Carrascal Reales dentro del proceso ejecutivo de alimentos\u2026 en el que funge como demandado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El Juzgado Sexto de Familia de Cartagena impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n, adjuntando el auto con el que dio cumplimiento a la orden constitucional impartida. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, en primer lugar, se advierte que la solicitud presentada por el promotor ante el estrado acusado, no constituye el ejercicio del derecho fundamental de petici\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, se recuerda que acorde con la consistente jurisprudencia de esta Sala, en los tr\u00e1mites de naturaleza judicial deviene inviable el derecho de petici\u00f3n, comoquiera que dichos asuntos est\u00e1n sujetos a sus propias reglas de procedimiento. <\/p>\n
Al respecto, se ha precisado: <\/p>\n
\u2026si bien el se\u00f1or\u2026 reclama la protecci\u00f3n de su derecho de petici\u00f3n frente a la\u2026 accionada, la jurisprudencia constitucional tiene establecido que en la \u00f3rbita de los procesos judiciales no tiene cabida esa prerrogativa fundamental, salvo lo concerniente a actuaciones de linaje administrativo, y ello tiene su explicaci\u00f3n en que las normas procesales son las llamadas a ser aplicadas para efectos de dar respuesta a las solicitudes de las partes. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que \u2018\u2026las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (Sentencias de 20 y 31 de marzo de 2000. Expedientes T-4822 y T-4867, respectivamente)\u201d (CSJ STC, 3 oct. 2012, rad. 2012-01784-01). <\/p>\n
3. Ahora bien, es de observarse que la impugnaci\u00f3n propuesta por el estrado criticado no est\u00e1 llamada a prosperar, pues tal como lo consider\u00f3 el Tribunal Constitucional, se encuentra vulnerado el debido proceso del gestor, en tanto que la autoridad acusada no se hab\u00eda pronunciado frente a la solicitud que elev\u00f3 el ahora accionante, ya fuera de forma positiva o negativa, advirti\u00e9ndose que la emisi\u00f3n del auto de 16 de marzo de 2022, no se considera suficiente para revocar la orden impartida, ya que el mismo fue proferido en cumplimiento del fallo de primer grado. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala en un asunto de similares contornos, puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u201c[e]n el presente caso es claro que la respuesta dada por la entidad el 18 de febrero de 2011 no satisfizo el interrogante planteado en la petici\u00f3n, pues la accionada no explic\u00f3 a \u00f3rdenes de qu\u00e9 EPS se est\u00e1n girando los aportes que ella descuenta a la promotora del amparo. En su momento, la Fundaci\u00f3n se limit\u00f3 a hacer algunas consideraciones de car\u00e1cter general sobre lo ordenado por la Resoluci\u00f3n 124 de 2010, sin que se haya respondido a \u00f3rdenes de qu\u00e9 EPS se estaban haciendo los aportes de seguridad social de la actora, las razones para ello, ni el procedimiento que deb\u00eda seguirse para subsanar la situaci\u00f3n. Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
\u201cSin perjuicio de lo anterior, se resalta el car\u00e1cter infundado de la impugnaci\u00f3n presentada por la apoderada de la Fundaci\u00f3n San Juan de Dios. El supuesto \u2018hecho superado\u2019 que alega no es sino el cumplimiento del fallo de primera instancia; el recurso propuesto no tiene ning\u00fan tipo de reparo a la decisi\u00f3n de primera instancia ni a sus fundamentos. En esta medida, no se encuentra justificaci\u00f3n alguna a un recurso que s\u00f3lo llev\u00f3 a desplegar nuevos tr\u00e1mites y a desgastar innecesariamente la Administraci\u00f3n de Justicia\u201d (Sentencia de 6 de mayo de 2011, exp. 11001-22-03-000-2011-00334-01). <\/p>\n
Al respecto, se destaca que la respuesta otorgada por la entidad accionada se realiz\u00f3 \u201ccon ocasi\u00f3n de la orden impartida en la providencia del a quo, [luego] no tiene objeto la impugnaci\u00f3n que contra \u00e9sta se interpone, por sustracci\u00f3n de materia\u201d, y en esa medida, se confirmar\u00e1 la aludida decisi\u00f3n (Resaltado fuera de texto, CSJ STC 18 may. 2011, rad. 2011-00016-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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