STC4975-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4975-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01096-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Blanca Nidia Grimaldos Aguirre contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso de restituci\u00f3n de tierras con radicado N\u00b0 68081312100120170014501. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados en el asunto referido. <\/p>\n
Para sustentar su reclamo, expuso que dentro del proceso de restituci\u00f3n de tierras iniciado por Sandra Luc\u00eda Ortiz Villar y Sara Villar de Ortiz, respecto del inmueble denominado \u00abRestaurante Los B\u00facaros\u00bb, identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 324-46251 y parte de los terrenos con las matr\u00edculas N\u00b0 324-61993 y 32467014 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de V\u00e9lez -Santander-, concurri\u00f3 como opositora, junto con Blanca Yaneth Triana, Orlando Gonz\u00e1lez Le\u00f3n y Claudia Milena Pineda Pardo. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que Sandra Ortiz Villar le vendi\u00f3 a Lina Marcela Morales el predio en disputa, luego de lo cual \u00e9sta lo transfiri\u00f3 a Flaminio Forero Cuadrado, no obstante, como el bien no \u00abcontaba con escritura p\u00fablica\u00bb, le fue adjudicado por el Incoder con resoluci\u00f3n N\u00b0 00945 de 17 de julio de 2006. <\/p>\n
Sostuvo, que la \u00abfracci\u00f3n\u00bb de terreno que se pidi\u00f3 en restituci\u00f3n nunca le hab\u00eda pertenecido a la se\u00f1ora Ortiz Villar, adem\u00e1s, tal porci\u00f3n hab\u00eda sido objeto de \u00absumas o agregaciones de posesiones anteriores\u00bb detentadas por Licina Palacios y Lina Morales, cuestiones que fueron alegadas en el proceso pero que no fueron atendidas, pues la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta en sentencia de 7 de diciembre de 2021, accedi\u00f3 a las pretensiones de las demandantes y neg\u00f3 a los opositores la calidad de terceros de buena fe exenta de culpa y su reconocimiento como segundos ocupantes. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que el Tribunal accionado desconoci\u00f3 las pruebas allegadas, relativas a \u00ablas cartas de venta [y] las declaraciones de los testigos\u00bb que dieron cuenta de sus alegaciones, asimismo, valor\u00f3 de forma err\u00f3nea la \u00abconfesi\u00f3n de Jos\u00e9 Arnubio Mahecha y Gerardo Zuluaga\u00bb, concerniente al \u00abasesinato del se\u00f1or Jorge Ortiz y el presunto desplazamiento de su familia -Ortiz Villar-\u00bb, dado que las manifestaciones de aqu\u00e9llos no constitu\u00edan \u00abuna narraci\u00f3n simplificada de los hechos, circunstancias de tiempo modo y lugar\u00bb, como para tenerlas por ciertas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 a la par, que las declaraciones recepcionadas en el proceso no fueron puestas en su conocimiento para ser \u00abcontrovertidas\u00bb y su abogada tampoco cont\u00f3 con la posibilidad de \u00abpreguntarles a [los testigos] los aspectos espec\u00edficos sobre la fracci\u00f3n de tierra que (\u2026) no ten\u00eda porqu\u00e9 haberse ordenado restituir\u00bb. <\/p>\n
Como consecuencia de lo anterior, solicit\u00f3 dejar sin efecto la sentencia proferida de 7 de diciembre de 2021 respecto de ella, \u00aben cuanto a declarar nula parcialmente la resoluci\u00f3n 01603 de noviembre de 2009 (\u2026) y declarar pr\u00f3speros los argumentos [que] present[\u00f3] (\u2026) y negar la restituci\u00f3n de la fracci\u00f3n del predio de [su] propiedad\u00bb. <\/p>\n
2. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el pasado 8 de abril se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a la accionada para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso de restituci\u00f3n de tierras con radicado N\u00b0 20170014501. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal accionado se opuso a la prosperidad del amparo, por cuanto el fallo denunciado que profiri\u00f3 en el proceso, se apoy\u00f3 en una interpretaci\u00f3n razonable de las pruebas y la normativa aplicable, agreg\u00f3 que adem\u00e1s, se determin\u00f3 en relaci\u00f3n con las demandantes, que se trataba de v\u00edctimas del conflicto que se vieron obligados a ceder esa propiedad, y en relaci\u00f3n con la aqu\u00ed accionante se descartaron sus planteamientos como opositora \u00abam\u00e9n de justificar c\u00f3mo no calificaba esta \u00faltima en esa especial calidad de adquirente de buena fe exenta de culpa ni de ocupante secundario e incluso, lo que acab\u00f3 descubri\u00e9ndose merced a las pruebas t\u00e9cnicas, en torno de la irregular adjudicaci\u00f3n que hiciera el INCODER respecto de ese terreno que en realidad era \u201cprivado\u201d\u00bb. <\/p>\n
2. La Agencia Nacional de Miner\u00eda, la Agencia Nacional de Tierras \u2013 ANT- y Ecopetrol S.A., en escritos separados, adujeron su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y pidieron ser desvinculadas. <\/p>\n
3. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013UAEGRTD- pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, como quiera que \u00abno est\u00e1 legitimada para realizar las gestiones tendientes a restablecer los derechos fundamentales que la accionante consideran vulnerados\u00bb. <\/p>\n
4. Diana Mar\u00eda Romero Vanegas, quien dijo actuar como abogada de la accionante en el proceso criticado, anot\u00f3 hechos similares a los expuestos en este asunto y pidi\u00f3 acceder a la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
5. El Procurador 12 Judicial II para la Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga se\u00f1al\u00f3 que en el asunto censurado no se lesionaron los derechos de la solicitante, pues <\/p>\n
\u00abse esclareci\u00f3 plenamente la identificaci\u00f3n e individualizaci\u00f3n del predio cuya restituci\u00f3n se solicit\u00f3, despejando las dudas sobre posibles traslapes, y determinando con certeza la cabida superficiaria del predio original del cual se segregaron varios inmuebles, uno de los cuales ocup\u00f3 la opositora, hoy accionante. <\/p>\n
(\u2026) [R]eferente a la posible calidad de ocupante secundaria de la accionante, no se aprecia que en el fallo impugnado se produjera la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales alegada\u00bb. <\/p>\n
6. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja relat\u00f3 los antecedentes del asunto y se\u00f1al\u00f3 que la diligencia para llevar a cabo la entrega de los predios objeto del litigio, est\u00e1 fijada para el 29 de abril de 2022; adem\u00e1s, expuso que en el tr\u00e1mite no incurri\u00f3 en lesi\u00f3n de garant\u00edas sustanciales. <\/p>\n
7. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio, la tutela no procede contra las providencias o actuaciones jurisdiccionales, pues ello ir\u00eda en desmedro de los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin embargo, cuando los funcionarios judiciales incurren en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento jur\u00eddico de forma arbitraria o caprichosa y los interesados no cuentan con otro medio de defensa judicial y acuden a esta acci\u00f3n oportunamente, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir, en aras de conjurar o evitar la lesi\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales involucradas. <\/p>\n
2. Precisado lo anterior, pronto advierte la Sala el fracaso de la protecci\u00f3n reclamada, pues examinada la sentencia acusada, proferida el 7 de diciembre de 2021, mediante la cual la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta resolvi\u00f3, entre otras cuestiones, acceder a la restituci\u00f3n demandada por Sandra Luc\u00eda Ortiz Villar y Sara Villar de Ortiz y no reconocerle a la aqu\u00ed accionante Blanca Nidia Grimaldos Aguirre compensaci\u00f3n alguna, al no demostrar su condici\u00f3n de adquirente de buena fe exenta de culpa o de segunda ocupante, no se extrae irregularidad lesiva de derechos sustanciales que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
2.1 En efecto, se observa que la Corporaci\u00f3n accionada, para adoptar la decisi\u00f3n comentada, comenz\u00f3 por relatar los antecedentes del asunto, para luego referir el contenido de las oposiciones formuladas, entre \u00e9stas la de la actora, quien adujo que el lote con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 324-61993 que le hab\u00eda sido adjudicado por el Incoder mediante resoluci\u00f3n N\u00b0 00945 de 17 de julio de 2006, \u00abse sobrepon\u00eda en un 100% con el terreno (\u2026) solicitado\u00bb, empero las demandantes nunca fueron sus propietarias y tampoco ejercieron posesi\u00f3n o tenencia sobre el mismo, tambi\u00e9n sostuvo que el homicidio en la persona de Jorge Ortiz Pe\u00f1uela, esposo de Sara Villar de Ortiz y padre de Sandra Luc\u00eda Ortiz Villar, no se atribuy\u00f3 a grupos al margen de la ley y tampoco estuvo relacionado con el conflicto armado interno y, por todo ello, reclam\u00f3 su reconocimiento como tercera de buena fe exenta de culpa, con derecho a una eventual compensaci\u00f3n en caso de accederse a las peticiones de la demanda. <\/p>\n
Posteriormente, el Tribunal Superior de C\u00facuta advirti\u00f3, que dadas las alegaciones de la aqu\u00ed actora, correspond\u00eda precisar lo concerniente a la identificaci\u00f3n del predio materia del litigio de manera \u00abexhaustiva\u00bb y, para tal efecto, hizo menci\u00f3n al literal a) del art\u00edculo 84 y al art\u00edculo 86 de la Ley 1448 de 2011, que se refieren a la \u00abinscripci\u00f3n\u00bb de la solicitud de restituci\u00f3n de tierras que debe figurar en los folios de matr\u00edcula del predio disputado como requisito formal de la demanda. <\/p>\n
Anot\u00f3 a la par, que la petici\u00f3n de restituci\u00f3n \u00abdebe referirse a un bien singular respecto del que no quede resquicio de duda\u00bb, cuesti\u00f3n que fue demostrada en el proceso, como quiera que adem\u00e1s de figurar dicha anotaci\u00f3n en los folios respectivos, as\u00ed como la inscripci\u00f3n de las demandantes en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, obraban como prueba los informes t\u00e9cnicos de georreferenciaci\u00f3n y el predial elaborados por la Unidad Administrativa Especial de Restituci\u00f3n de Tierras, de los cuales infiri\u00f3 que <\/p>\n
\u00abpese a que existe una propiedad registrada en el folio 324-46251 (no presenta segregaciones), sobre este inmueble el antiguo INCODER realiza las adjudicaciones registradas en los folios 324-61993 y 324- 67014, (Lote B y Lote C respectivamente en este informe), dichas adjudicaciones se hacen posterior a la fecha de venta del predio por parte de Sandra Lucia Ortiz Villar (Solicitante), lo expuesto en este p\u00e1rrafo evidencia una doble adjudicaci\u00f3n o titulaci\u00f3n en parte del predio solicitado\u00bb (subraya del texto). <\/p>\n
Enseguida, resalt\u00f3 que las aseveraciones de la aqu\u00ed accionante y de otra de las opositoras, solo hallaban respaldo en los actos de adjudicaci\u00f3n realizados por el Incoder, proceder que, enfrentado con las mediciones efectuadas, no pod\u00eda mantenerse porque las porciones asignadas por esa entidad a la aqu\u00ed peticionaria y a las otras interesadas <\/p>\n
\u00abs\u00ed hacen parte de la propiedad (\u2026) reclamada, pues su identificaci\u00f3n fue cabalmente realizada. Conclusi\u00f3n que brota diamantina de revisar con algo de rigor y atenci\u00f3n el informe t\u00e9cnico de georreferenciaci\u00f3n; mismo en el que, con esos m\u00e9todos modernos de medici\u00f3n en campo y con apoyo adem\u00e1s de SARA VILLAR DE ORTIZ, madre de la aqu\u00ed reclamante SANDRA LUC\u00cdA ORTIZ VILLAR y quien actu\u00f3 en su representaci\u00f3n para esos efectos (a prop\u00f3sito que se trataba de la persona que junto con el fallecido JORGE ORTIZ estuvo desde un comienzo en ese preciso predio y all\u00ed incluso estableci\u00f3 el negocio de restaurante conociendo al detalle el dicho terreno) quien refiri\u00f3 merced a su claro conocimiento de d\u00f3nde a d\u00f3nde abarcaba el fundo pretendido identificando el per\u00edmetro y linderos f\u00edsicos del inmueble -sin real discusi\u00f3n por los opositores- quedaron determinados uno a uno los puntos que serv\u00edan para especificarlo en un plano geoespacial en el que se se\u00f1alaron sus colindantes con datos asimismo complementados con los planos concernientes\u00bb. <\/p>\n
Luego, advirti\u00f3 que Sandra Luc\u00eda Ortiz Villar no \u00abse aprovech\u00f3\u00bb directamente del predio, pero figuraba en distintos documentos como su \u00abpropietaria\u00bb, pues sus padres, Jorge Ortiz Pe\u00f1uela (q.e.p.d.) y Sara Villar de Ortiz, quienes \u00abvelaban por la atenci\u00f3n y cuidado del bien\u00bb -aunque en el Registro de Tierras s\u00f3lo figuraron como \u00abmiembros\u00bb del grupo familiar de la primera-, as\u00ed lo dejaron establecido y, en todo caso, resultaba claro que fue el \u00abn\u00facleo familiar\u00bb el que sufri\u00f3 la violencia y, \u00abmerced a ella, adujeron que vieron menguados los derechos que ostentaban sobre el bien (\u2026) [y] eso solo los habilita con suficiencia para el reclamo de la pretensi\u00f3n que est\u00e1 justamente ideada con miras a que se recupere lo que fuere arrebatado por causa del conflicto armado. En fin: que deben tenerse a todos ellos como facultados para invocar la restituci\u00f3n pues fueron justamente los que al final sufrieron la p\u00e9rdida de esa propiedad\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, destac\u00f3 que la Ley 1448 de 2011 resultaba aplicable al caso porque los hechos que motivaron el desplazamiento forzado ocurrieron en el 2001, materializ\u00e1ndose el despojo en el 2003, precis\u00f3, adem\u00e1s, que Sandra Luc\u00eda Ortiz Villar ten\u00eda legitimaci\u00f3n para impulsar la demanda, dado que figuraba como propietaria del bien en la escritura p\u00fablica de 31 de mayo de 2000, debidamente registrada, mediante la cual su progenitor, Jorge Ortiz Pe\u00f1uela, le transfiri\u00f3 su dominio, \u00abcalidad que perdur\u00f3 hasta cuando se cedi\u00f3 a FLAMINIO FORERO CUADRADO mediante el instrumento N\u00b0 3787 de 5 de junio de 2003 otorgado en Notar\u00eda Cuarenta y Cinco de Bogot\u00e1 y registrado en la nota N\u00b0 6 del mismo certificado -N\u00b0324-46251-\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, advirti\u00f3 que, de acuerdo con lo evidenciado en casos an\u00e1logos, el municipio de Cimitarra, donde se ubica el inmueble objeto de disputa, ha padecido de distintas situaciones de violencia, generadoras de graves vulneraciones para sus habitantes, entre \u00e9stas, el desplazamiento forzado desde 1994. Para el efecto, refiri\u00f3 el \u00abcontexto de violencia sucedido en la zona\u00bb y los testimonios de residentes que dieron cuenta de la dif\u00edcil situaci\u00f3n de orden p\u00fablico y de lo ocurrido con el predio reclamado en restituci\u00f3n, de todo lo cual el Tribunal dedujo que resultaba evidente que las demandantes sufrieron las desavenencias del conflicto armado interno y, en consecuencia, la p\u00e9rdida del inmueble, conclusi\u00f3n contraria a las manifestaciones de los opositores, quienes alegaron que si bien exist\u00edan grupos al margen de la ley, \u00abla convivencia con los pobladores era normal\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, la Corporaci\u00f3n acusada refiri\u00f3 que, seg\u00fan las declaraciones recibidas, en el mencionado municipio se establecieron \u00ablas AUC del bloque de Puerto Boyac\u00e1\u00bb, quienes intimidaron a los habitantes del lugar y, para el caso, al padre y esposo de las demandantes, due\u00f1o del \u00abRestaurante Los B\u00facaros\u00bb que all\u00ed funcionaba y quien al no acceder a las extorciones y denunciar esos actos junto con otros delitos, fue \u00abasesinado\u00bb por ese grupo insurgente el 5 de mayo de 2001. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, y tras reproducir in extenso las declaraciones de las demandantes, concluy\u00f3 que no hab\u00eda duda de la calidad de v\u00edctimas de la due\u00f1a del bien y su n\u00facleo familiar, as\u00ed como las razones de la venta del predio, pues las extorciones y amenazas continuaron y, aunque el negocio y predio estaban avaluados en $300.000.000 se vendi\u00f3 en $25.000.000 cuesti\u00f3n contrastada con otros testimonios y con las manifestaciones expuestas ante la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, luego de las cuales las reclamantes fueron incluidas en el Registro \u00danico de V\u00edctimas, afirm\u00f3 as\u00ed mismo, tales versiones encontraba coherencia con las aducidas por Villar de Ortiz ante la Agencia Presidencial para la Acci\u00f3n Social y la Cooperaci\u00f3n Internacional el 3 de marzo de 2009 y con lo dicho por otro de sus hijos. <\/p>\n
Por lo anterior, explic\u00f3 que la insinuaci\u00f3n de los opositores, relativa a que el homicidio de Jorge Ortiz Pe\u00f1uela hab\u00eda sido \u00abdeterminado por actores ajenos al conflicto\u00bb adem\u00e1s de no contar con respaldo probatorio, dado que los testigos que adujeron que ello hab\u00eda ocurrido por una \u00abdeuda\u00bb, no alud\u00edan sino a \u00absuposiciones o conjeturas\u00bb, surg\u00eda contraria a lo demostrado en el asunto, pues una de las personas \u00abpostuladas\u00bb ante Justicia y Paz confes\u00f3 dicho crimen, junto con el desplazamiento de la esposa del fallecido, relato que de acuerdo con el Tribunal, mostraba credibilidad porque conten\u00eda \u00abalgunos singulares detalles\u00bb y no se trataba de \u00abuna fingida \u2018confesi\u00f3n\u2019\u00bb. <\/p>\n
Insisti\u00f3 el Tribunal en la legitimaci\u00f3n e inter\u00e9s de las demandantes para impulsar el proceso, dada su condici\u00f3n de v\u00edctimas, su relaci\u00f3n con el inmueble pretendido y el despojo que sufrieron de \u00e9ste, pues <\/p>\n
\u00abla negociaci\u00f3n se concert\u00f3 de (\u2026) manera tan vertiginosa como ligera ante la primera oferta de compra que se hiciere e incluso se concret\u00f3 el pacto con la firma de la escritura en el sitio en que se hab\u00edan radicado luego del desplazamiento buscando su propia seguridad; acaso porque en realidad se trataba de salir de ello de la mejor manera posible y sin arriesgarse m\u00e1s. (\u2026) <\/p>\n
Con fundamento en todo ello, no puede ofrecer duda entonces que el pretenso asenso dado por SANDRA LUC\u00cdA (o su madre SARA) para supuestamente ceder los derechos sobre ese predio, result\u00f3 viciado por el fen\u00f3meno de la \u201cfuerza\u201d anejo con el conflicto. Lo que de suyo implica declarar la inexistencia del dicho pacto al tenor de lo previsto en el literal e) del numeral 2 del art\u00edculo 77 de la Ley 1448 de 2011 adem\u00e1s que aplica aqu\u00ed la presunci\u00f3n prevista en el literal a) de la misma norma\u00bb. <\/p>\n
Como medida de reparaci\u00f3n, el Tribunal resolvi\u00f3 concederles a las demandantes la \u00abrestituci\u00f3n por equivalencia\u00bb, para entregarles, a su elecci\u00f3n y la del grupo familiar, \u00abun inmueble de similares caracter\u00edsticas del que otrora fuere[n] despose\u00edda[s]\u00bb, teniendo en cuenta para ello la normativa aplicable. <\/p>\n
Lo anterior, porque estim\u00f3 que habiendo transcurrido m\u00e1s de 20 a\u00f1os desde el despojo, el arraigo del grupo familiar con el terreno se encontraba deshecho, m\u00e1xime si Sandra Luc\u00eda seg\u00fan su relato, ten\u00eda miedo de regresar y se encontraba con asilo pol\u00edtico en Estados Unidos. <\/p>\n
Posteriormente, sobre la buena fe exenta de culpa aducida por los opositores, el Tribunal Superior de C\u00facuta record\u00f3 que la misma no se presum\u00eda ni pod\u00eda sobreentenderse, m\u00e1xime si correspond\u00eda a los contradictores demostrarla y, en el caso que ocupaba su atenci\u00f3n, de las mismas aseveraciones de \u00e9stos se observaba que no fueron \u00abacuciosos en [la] labor de averiguaci\u00f3n\u00bb de la situaci\u00f3n del predio al momento de adquirirlo. <\/p>\n
En punto a la situaci\u00f3n de la se\u00f1ora Blanca Nidia Grimaldo Aguirre, aqu\u00ed accionante, refiri\u00f3 que obtuvo la fracci\u00f3n del terreno que ocupaba, dada la intervenci\u00f3n de Flaminio Forero Cuadrado, quien le ayud\u00f3 a que \u00abese nuevo espacio conformado por pedazos de dos predios distintos, le fuere adjudicado por cuenta del INCODER a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n N\u00b0 00945 de 17 de julio de 2006\u00bb, adem\u00e1s, transcribi\u00f3 el contenido de la declaraci\u00f3n de aqu\u00e9lla, para concluir que conoc\u00eda al padre y esposo de las demandantes, pues en varias ocasiones acudi\u00f3 al restaurante como clienta del mismo y de igual modo, se enter\u00f3 del homicidio del que fue v\u00edctima Jorge Ortiz, de la necesidad en que se encontraba la c\u00f3nyuge de \u00e9ste y su premura para vender, y en relaci\u00f3n con lo anterior indic\u00f3, <\/p>\n
\u00ab[A]m\u00e9n que no medi\u00f3 prueba en punto de su supina ignorancia y\/o ajenidad en la realizaci\u00f3n de todos esos tr\u00e1mites, obra constancia de que era plenamente sabedora que esa parte del terreno que termin\u00f3 siendo suyo, hab\u00eda sido previamente adquirido por su compa\u00f1ero FLAMINIO de manos de la viuda de JORGE ORTIZ quien fuera all\u00ed mismo asesinado. As\u00ed sin ambages lo reconoci\u00f3 con fuerza de confesi\u00f3n. Factor ese que de suyo desquicia que a la mentada adquisici\u00f3n le hubiere antecedido esa exigida buena fe exenta de culpa; ni siquiera teniendo en cuenta la posterior adjudicaci\u00f3n que le hiciere el INCODER si se repara que, adem\u00e1s de todo, ese acto fue apenas logrado merced a la previa \u201cocupaci\u00f3n\u201d por parte de BLANCA, am\u00e9n de lo curioso que se titul\u00f3 bajo el supuesto de que era \u201cbald\u00edo\u201d cuando en realidad estaba claro que era un bien \u201cprivado\u201d\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, anot\u00f3 que no pod\u00eda tenerse a la actora como segunda ocupante, pues, aunque del \u00abinforme de caracterizaci\u00f3n\u00bb, pod\u00eda inferirse su precaria situaci\u00f3n econ\u00f3mica, para ser reconocida como tal deb\u00eda estar probado que no tuvo \u00abninguna relaci\u00f3n, ni tom[\u00f3] provecho del despojo\u00bb, como as\u00ed lo ha definido la Corte Constitucional en sentencia C-330 de 2016, sin embargo, la aqu\u00ed peticionaria, <\/p>\n
\u00abno era precisamente ajena a lo que sucedi\u00f3 en ese terreno que le fue cedido por su entonces compa\u00f1ero FLAMINIO FORERO CUADRADO, quien adquiri\u00f3 de la mism\u00edsima SARA ORTIZ, la totalidad del predio. Sumado todo a que tanto ORLANDO como CLAUDIA MILENA y la mism\u00edsima BLANCA NIDIA, al final admitieron que los respectivos predios apenas si representaban el 50% de sus ingresos y que no resid\u00edan en esos terrenos\u00bb. <\/p>\n
2.2 As\u00ed las cosas, las consideraciones precedentes no lucen arbitrarias o lesivas de garant\u00edas sustanciales, pues, contrario a lo sostenido por la accionante, el Tribunal se refiri\u00f3 a la identificaci\u00f3n e individualizaci\u00f3n del predio materia de restituci\u00f3n de cara a las pruebas allegadas, concluyendo que la fracci\u00f3n reclamada por la actora -adjudicada equivocadamente en su favor por el Incoder-, pertenec\u00eda al bien del cual fueron despojadas las reclamantes; adem\u00e1s, como no logr\u00f3 demostrar que hubiese adquirido tal porci\u00f3n con buena fe exenta de culpa, como se impone para casos como el estudiado, no pod\u00eda otorg\u00e1rsele una compensaci\u00f3n, conclusi\u00f3n que tambi\u00e9n respald\u00f3 la negativa a tenerla como segunda ocupante. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, el expediente da cuenta que la actora, conoc\u00eda directamente la situaci\u00f3n de seguridad del lugar donde se ubicaba el predio, las violencias sufridas por las demandantes y el despojo que de manera forzada soportaron y a pesar de todo ello, se hizo con la fracci\u00f3n de terreno que pretendi\u00f3 reclamar como opositora; por tanto, ning\u00fan desafuero revela lo expuesto por la Corporaci\u00f3n enjuiciada para fallar como lo hizo. <\/p>\n
2.4 Ahora, en cuanto torno al cuestionamiento de la accionante sobre la supuesta falta de contradicci\u00f3n en las declaraciones que soportaron la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de C\u00facuta y el hecho de no permit\u00edrsele a su abogada \u00abhacerle preguntas\u00bb a los \u00abpostulados\u00bb que aceptaron los delitos que rodearon el caso estudiado, surge evidente el fracaso de esta acci\u00f3n, pues revisadas las pruebas allegadas, no se encuentra que tales censuras hubieren hecho ante el funcionario de conocimiento; asimismo, no se observa que en la etapa de alegaciones finales la peticionaria hubiese manifestado a la Corporaci\u00f3n accionada tales reclamos, para provocar de esa autoridad un pronunciamiento sobre el particular, por tanto, es clara la incuria de la peticionaria y, en consecuencia, la improcedencia del amparo solicitado. (Ver CSJ STC6580-2021, STC12011-2021, STC2296-2022, STC2818-2022 y STC2912-2022 entre muchos otros). <\/p>\n
3. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Blanca Nidia Grimaldos Aguirre contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Juridicial de C\u00facuta. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
RANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4975-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC4975-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01096-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Blanca Nidia Grimaldos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62947","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62947","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62947"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62947\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62947"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62947"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62947"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}