STC4978-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4978-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73001-22-13-000-2022-00062-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 14 de marzo de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Steban Guzm\u00e1n Palacios y Ana Johanna Palacios Roncancio, en representaci\u00f3n de su menor hija, contra el Juzgado Civil del Circuito del L\u00edbano, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados Rodrigo Guzm\u00e1n Garc\u00eda, H\u00e9ctor Giraldo, el Defensor de Familia y el Ministerio P\u00fablico, los Juzgados Veintinueve de Familia y Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, ambos de Bogot\u00e1, as\u00ed como los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron protecci\u00f3n constitucional de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital, educaci\u00f3n, vida digna, de los ni\u00f1os y \u00abprotecci\u00f3n y formaci\u00f3n integral del adolescente\u00bb, que dicen vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicitan que se ordene al estrado acusado \u00abadjudicar el bien\u2026 a los accionantes\u2026 ya que [son] acreedores de alimentos y es la \u00fanica manera que se [le]s garantice y proteja el derecho hasta la extinci\u00f3n del mismo\u00bb; que se le d\u00e9 \u00abprevalencia de los alimentos sobre el proceso ejecutivo\u00bb; que \u00abse lleve a cabo el debido proceso de alimentos, sin la terminaci\u00f3n forzosa de los intereses patrimoniales amparados por el Juzgado Civil del Circuito del Libano\u2026\u00bb; y que se \u00abgaranticen los alimentos\u2026 hasta la extinci\u00f3n natural del derecho y no darle una terminaci\u00f3n anticipada\u2026 ya que\u2026 el bien inmueble\u2026 es la \u00fanica garant\u00eda que existe frente a la obligaci\u00f3n de alimentos\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.2. Por su parte, Steban Guzm\u00e1n Palacios y Ana Johanna Palacios Roncancio, en representaci\u00f3n de su menor hija, formularon juicio ejecutivo de alimentos contra Rodrigo Guzm\u00e1n Garc\u00eda, en el que se dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n y remitir el proceso a los estrados de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. El 1\u00ba de febrero de 2022 se program\u00f3 fecha de remate, por lo que la ahora accionante pidi\u00f3 su suspensi\u00f3n; el 25 de febrero de 2022, tanto el estrado de ejecuci\u00f3n como la gestora allegaron copia al despacho civil del auto de 23 de febrero anterior con el que se decret\u00f3 el embargo de los bienes del demandado que por cualquier causa \u201cse llegaren a desembargar dentro del proceso ejecutivo singular\u201d que se adelantaba en el Juzgado del L\u00edbano. <\/p>\n
2.4. Con auto de 25 de febrero de 2022 el despacho acusado decret\u00f3 la concurrencia de embargos del bien, ordenando que una vez cumplido el remate y antes de la entrega del producto al ejecutante, se deber\u00eda allegar liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y costas actualizada por el Juzgado Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias para poder realizar la distribuci\u00f3n entre todos los acreedores conforme el art\u00edculo 465 del C\u00f3digo General del Proceso. Adem\u00e1s, no accedi\u00f3 a la suspensi\u00f3n del remate, inform\u00e1ndole que tuvo en cuenta el embargo decretado en el juicio de alimentos y que dar\u00eda aplicaci\u00f3n al aludido art\u00edculo 465 \u00eddem sobre la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos. <\/p>\n
2.5. Indicaron los gestores que Johanna Palacios Roncancio contrajo matrimonio con Rodrigo Guzm\u00e1n Garc\u00eda, con quien tuvo dos hijos Valery y Steban Guzm\u00e1n Palacios; y que el progenitor suscribi\u00f3 un acuerdo de alimentos en la Notar\u00eda Tercera del C\u00edrculo de Pereira, en donde se estableci\u00f3 una cuota de $1.000.000 a partir de mayo de 2015. <\/p>\n
2.6. Se\u00f1alaron que en el 2017 promovieron el juicio ejecutivo de alimentos, el que le fue asignado al Juzgado Veintinueve de Familia de Bogot\u00e1, el que libr\u00f3 mandamiento de pago, decret\u00f3 el embargo del \u00fanico inmueble del ejecutado y dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.7. Sostuvieron que el juicio fue enviado al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1; y que el 29 de septiembre de 2021 el cr\u00e9dito ascend\u00eda a $110.720.849, liquidaci\u00f3n que aprob\u00f3 dicho estrado. <\/p>\n
2.8. Afirmaron que el ejecutado le comunic\u00f3 a su hijo Steban Guzm\u00e1n Palacios que no ten\u00eda como pagar los alimentos, pues se encontraba en estado de precariedad y que con lo \u00fanico que pod\u00eda cumplir con su obligaci\u00f3n era con su inmueble; que ese predio tambi\u00e9n estaba embargado por el Juzgado Civil del Circuito del L\u00edbano, el que fij\u00f3 fecha para remate, dejando sin protecci\u00f3n sus alimentos y prerrogativas conexas. <\/p>\n
2.9. Agregaron que se le daba prevalencia a los derechos patrimoniales; que de hacerse efectivo el remate se dar\u00eda fin al juicio ejecutivo de alimentos de forma forzosa, puesto que quedar\u00edan sin garant\u00eda alguna; que si bien recibir\u00e1n lo causado hasta la fecha de la almoneda, en adelante quedar\u00edan desprotegidos y en estado de precariedad; y que si les adjudican el bien, ellos recibir\u00edan un canon de arrendamiento con el que se salvaguardar\u00edan sus prerrogativas esenciales. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito del L\u00edbano realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que las decisiones emitidas se encontraban ajustadas a derecho y atend\u00edan los principios de legitimidad y legalidad; que no hab\u00eda incurrido en actuaciones que ri\u00f1eran con la imparcialidad; que no exist\u00eda vicio que se enmarcara dentro de los postulados de procedencia de la acci\u00f3n; que requiri\u00f3 en distintas oportunidades a los estrados de familia de Bogot\u00e1, pero solo hasta el mes de febrero de 2022 le remitieron copia electr\u00f3nica de la providencia all\u00ed emitida; y que en virtud de dicha providencia decret\u00f3 la concurrencia de embargos, ordenando que una vez cumplida la diligencia de remate y antes de la entrega del producto al ejecutante, se deber\u00eda allegar liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y costas actualizada del estrado de ejecuci\u00f3n de sentencias, a fin de poder realizar la distribuci\u00f3n entre los acreedores conforme con el art\u00edculo 465 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 que el 23 de febrero de los corrientes decret\u00f3 medida cautelar correspondiente al embargo de los bienes de propiedad del ejecutado que por cualquier causa se llegaren a desembargar dentro del juicio ejecutivo singular que cursaba en el Juzgado Civil del Circuito del L\u00edbano, precisando que se deb\u00eda tener en cuenta la prelaci\u00f3n del cr\u00e9dito por ser un juicio ejecutivo de alimentos y por tanto un cr\u00e9dito de primera clase, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 2495 del C\u00f3digo Civil en concordancia con el 465 del C\u00f3digo General del Proceso; que no hab\u00eda conculcado derecho fundamental alguno; y que hab\u00eda cumplido a cabalidad con el tr\u00e1mite propio del proceso. <\/p>\n
3. Rodrigo Guzm\u00e1n Garc\u00eda adujo que se encontraba en estado de precariedad; que la \u00fanica posibilidad con la que contaba para responder por los alimentos de sus hijos era el inmueble, siendo esa la garant\u00eda para que sus descendientes pudieran vivir con dignidad, a trav\u00e9s de los c\u00e1nones de arrendamiento que generaba el bien; y que ten\u00eda toda la intenci\u00f3n de cumplir con su obligaci\u00f3n, pero no le era posible. <\/p>\n
4. Luis \u00c1ngel Zuluaga Pineda sostuvo que en su condici\u00f3n de rematante se opon\u00eda a las pretensiones de la tutela; que en el tr\u00e1mite no se vulner\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental, pues en el auto de 25 de febrero de 2022 se dispuso que antes de la entrega del producto al ejecutante se deb\u00eda allegar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y costas actualizada, a fin de efectuar la distribuci\u00f3n entre los acreedores, atendiendo el art\u00edculo 465 del C\u00f3digo General del Proceso; que se pagar\u00edan primero los alimentos; y que no exist\u00eda disposici\u00f3n que permitiera suspender la almoneda por encontrarse en tr\u00e1mite un juicio de alimentos, sino que por el contrario, con la subasta se garantizar\u00edan los mismos. <\/p>\n
5. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que el fallador criticado entendi\u00f3 que lo que correspond\u00eda aplicar era la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, que no de embargos como consideraban los accionantes; que una vez el despacho acusado conoci\u00f3 de la medida cautelar decretada por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, advirti\u00f3 que dar\u00eda aplicaci\u00f3n a lo previsto en el art\u00edculo 465 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que adelant\u00f3 la diligencia de remate, adjudic\u00f3 el bien y estaba a la espera de su aprobaci\u00f3n para distribuir el producto entre los acreedores atendiendo la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos; que dicha decisi\u00f3n no era arbitraria, sino que era consecuencia de una interpretaci\u00f3n razonable, a lo que se sumaba la prematuridad de la queja porque no se hab\u00eda alcanzado la etapa en la que se tendr\u00eda en cuenta el cr\u00e9dito de los alimentos; y que no vulner\u00f3 derecho fundamental alguno. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los accionantes impugnaron la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que solo se estudi\u00f3 el debido proceso, que no su m\u00ednimo vital; y que quedar\u00e1n desamparados, pues el demandado dej\u00f3 claro que no pod\u00eda cumplir con la cuota alimentaria. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, se concluye que el resguardo no se abre paso porque sumado al hecho cierto de que los accionantes no deprecaron ante el juez natural la aqu\u00ed pretendida adjudicaci\u00f3n del inmueble, lo que de suyo torna inviable acudir a esta instancia constitucional, lo cierto es que sus cuestionamientos de cara a la satisfacci\u00f3n del cr\u00e9dito a su favor resultan prematuros, en tanto que est\u00e1 pendiente de definici\u00f3n lo referente a la distribuci\u00f3n del producto de la subasta en los t\u00e9rminos dispuestos en el auto de 25 de febrero de 2022, el que por dem\u00e1s, aunado a que proferido en el curso de la tutela, no fue objeto de ning\u00fan recurso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como insistentemente lo ha dicho la Corte, la anterior situaci\u00f3n enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC4196, 7 abr. 2016, rad. 2015-02843-02; y STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01). <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC4978-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC4978-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73001-22-13-000-2022-00062-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 14 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62949","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62949","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62949"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62949\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62949"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62949"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62949"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}