STC4979-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4979-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01123-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Isabel Roa Rodr\u00edguez contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los Juzgados Cuarenta y Siete, Treinta y Tres, y Treinta Civil del Circuito de esta ciudad, y se citaron las partes e intervinientes en el proceso de pertenec\u00eda con el radicado No. No. 2011-00330-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Reclama el accionante la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
En sustento manifest\u00f3, que el Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, conoci\u00f3 del proceso ordinario de pertenencia referido, que instaur\u00f3 en contra de Ana Julia Garz\u00f3n N\u00fa\u00f1ez, Ana Julia Garz\u00f3n de Caicedo, y personas indeterminadas, sobre los inmuebles identificados con matr\u00edcula inmobiliaria No. 50C-1060951 y 50C-1060951, para que se declarara que los hab\u00eda adquirido por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio, pretensiones que se negaron en sentencia de 24 de mayo de 2010, porque \u00abpara la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, esto es, para el d\u00eda doce (12) se septiembre de 2.003, la demandante ANA ISABEL ROSA G\u00d3MEZ apenas contaba con \u201cdieciocho (18) a\u00f1os\u201d de posesi\u00f3n, no siendo posible dar aplicaci\u00f3n a lo establecido en la reforma de la Ley 0791 de 2.002\u00bb. <\/p>\n
Narr\u00f3 que, cuando cumpli\u00f3 el t\u00e9rmino exigido por la ley, esto es, los veinte (20) a\u00f1os de posesi\u00f3n, nuevamente acudi\u00f3 a la administraci\u00f3n de justicia, para promover otra acci\u00f3n de pertenencia, que se tramit\u00f3 en el Juzgado 47 Civil del Circuito con el radicado No. 2011-00330-00, donde tambi\u00e9n desestimaron las pretensiones porque no prob\u00f3 la posesi\u00f3n durante los 10 a\u00f1os que requer\u00eda la ley 791 de 2002. <\/p>\n
Inconforme con lo decidido formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, resuelto por la Sala Civil del Tribunal de Bogot\u00e1 el 21 de octubre de 2021, que dispuso confirmar la decisi\u00f3n, porque \u00abno se demostr\u00f3 que la accionante hubiera ejercido la posesi\u00f3n material de dos inmuebles por un tiempo igual o superior a 10 a\u00f1os, en los t\u00e9rminos de la Ley 791 de 2002 (art. 6\u00ba o a una veintena, como lo exig\u00eda el art\u00edculo 2532 del C\u00f3digo Civil, antes de la reforma\u00bb. <\/p>\n
Considera que, se incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico en su esfera positiva y negativa, porque las autoridades judiciales accionadas no oficiaron para obtener copias del expediente No. 2003-00487-00 para constatar que la se\u00f1ora Ana Isabel Roa G\u00f3mez, para el 24 de mayo de 2010 ya ten\u00eda 18 a\u00f1os de posesi\u00f3n sobre los inmuebles, y los medios probatorios recaudados fueron valorados de manera equivocada, porque con los testimonios se demostr\u00f3 que la accionante era la compa\u00f1era permanente del se\u00f1or Adolfo Ovalle Santa desde mucho antes del a\u00f1o 1991. <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 ordenar a la Sala Civil del Tribunal de Bogot\u00e1, sustituir el fallo ajust\u00e1ndolo a la constituci\u00f3n y la ley, para en su lugar, \u00abacceda a las pretensiones, declarando que la accionante se\u00f1ora ANA ISABEL ROA DE RODR\u00cdGUEZ ha adquirido por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio el derecho real de dominio pleno y absoluto y la plena posesi\u00f3n de los inmuebles identificados con matr\u00edcula inmobiliaria No. 50C-1060951, cuyos linderos se encuentran en el certificado de matr\u00edcula inmobiliaria expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 Zona Centro (fls. 6 y 7 del cuaderno principal) y No. 50C-1350510, cuyos linderos se encuentran en el certificado de matr\u00edcula inmobiliaria expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 Zona Centro (fls. 8 a 10 del cuaderno principal) y consecuencialmente se ordene la inscripci\u00f3n de la sentencia favorable a la accionante en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 Zona Centro en las matr\u00edculas inmobiliarias antes se\u00f1aladas (No. 50C-1060951 y No. 50C-1350510)\u00bb. <\/p>\n
2. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 19 de abril de los corrientes, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el litigio que motivo esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juez 33 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 contest\u00f3 que en ese despacho judicial curs\u00f3 el proceso No. No. 033-2003-00487-00, en el que dict\u00f3 sentencia el 24 de mayo de 2010 que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
La Juez 30 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 como vinculada dijo que, en lo que respecta al proceso radicado No. 1994 06092 00 que curs\u00f3 en esta sede judicial, revisado el aplicativo Siglo XXI, as\u00ed como la base de dato con las que cuenta el despacho, evidenci\u00f3 que el 25 de noviembre de 2015, se termin\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito, y esta archivado en la caja 138 del a\u00f1o 2017. <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, as\u00ed como los Juzgados 30 y 47 Civil del Circuito de esta Ciudad, guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Existen unas causales especiales para la configuraci\u00f3n de la trasgresi\u00f3n del derecho al debido proceso, frente a una determinaci\u00f3n jurisdiccional, as\u00ed: i) defecto f\u00e1ctico: ha determinado que se incurre en una v\u00eda de hecho cuando el juez carece por completo de apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el que se sustenta la decisi\u00f3n; ii) defecto org\u00e1nico: carece absolutamente de competencia para tomar la decisi\u00f3n; iii) defecto procedimental absoluto:1 act\u00faa completamente por fuera del procedimiento establecido, es decir cuando ostensiblemente se desv\u00eda el deber de cumplir con las formas propias de cada juicio; iv) defecto sustantivo: la decisi\u00f3n se fundamenta en una norma evidentemente inaplicable. <\/p>\n
Resulta pertinente mencionar que la forma m\u00e1s detallada del defecto factico, se encuentra relacionado con errores probatorios durante el proceso, el cual se configura cuando la decisi\u00f3n judicial se toma: \u00abi) sin que se halle plenamente comprobado el supuesto de hecho que legalmente la determina; (ii) como consecuencia de una omisi\u00f3n en el decreto o valoraci\u00f3n de las pruebas; (iii) de una valoraci\u00f3n irrazonable de las mismas; (iv) de la suposici\u00f3n de una prueba; o (v) del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios\u00bb.2. <\/p>\n
Esta sala ha dicho que, que un funcionario incurre en el defecto f\u00e1ctico por indebida valoraci\u00f3n probatoria, cuando: <\/p>\n
\u00absin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculos 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u00bb 3. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el evento en estudio, la inconformidad de la accionante se centra en el hecho que, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 21 de octubre de 2021, confirm\u00f3 la sentencia proferida en primera instancia que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda ordinaria que present\u00f3. <\/p>\n
2.1 Revisado el enlace que contiene el proceso ordinario No. 2011-00330-01 que promovi\u00f3 Ana Isabel Roa de Rodr\u00edguez, contra Ana Julia Garz\u00f3n de N\u00fa\u00f1ez, Ana Julia Garz\u00f3n de Caicedo y personas indeterminadas, en el que solicit\u00f3: \u00abdeclarar que adquiri\u00f3, por prescripci\u00f3n extraordinaria, el derecho de dominio sobre los inmuebles ubicados en la Carrera 69 I No. 70-85 y en la Calle 19 No. 16-17 de Bogot\u00e1, identificados con las matr\u00edculas Nos. 50C-1350510 y 50C-1060951, respectivamente\u00bb, puesto que desde hace 25 a\u00f1os ha pose\u00eddo materialmente tales bienes, de manera quieta, pac\u00edfica e ininterrumpida, se encuentra que inicialmente le correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
El expediente fue remitido al Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, y surtidas las etapas propias a este juicio, el 21 de abril de 2021 dict\u00f3 sentencia en la que resolvi\u00f3 negar las pretensiones de la demanda, \u00abporque no se prob\u00f3 el ejercicio de la posesi\u00f3n de los bienes durante diez (10) a\u00f1os, cuando menos, contados desde la vigencia de la Ley 791 de 2002 (27 de diciembre de 2002), o desde hace m\u00e1s de 25 a\u00f1os antes de la presentaci\u00f3n de la demanda, radicada el 22 de junio de 2011, bajo la legislaci\u00f3n del art. 2532 del C. C.\u00bb. <\/p>\n
\u00abAdem\u00e1s, ella confes\u00f3 que su compa\u00f1ero permanente pretendi\u00f3 usucapir los inmuebles, sin que probara una coposesi\u00f3n y en contradicci\u00f3n con su propio dicho, pues en la demanda insisti\u00f3 en que ha sido poseedora exclusiva. Agreg\u00f3 que las pruebas documental y testimonial no permiten establecer la posesi\u00f3n inequ\u00edvoca y excluyente, como tampoco una coposesi\u00f3n con el se\u00f1or Ovalle\u00bb. <\/p>\n
2.2 La demandante centro los reparos en el hecho: i) que, no existi\u00f3 coposesi\u00f3n con el se\u00f1or Ovalle, pues fue exclusiva de la se\u00f1ora Roa de Rodr\u00edguez, quien con sus recursos la ejerci\u00f3 sobre los bienes, como se acredit\u00f3 con las declaraciones rendidas por los terceros y por la propia parte, y que la falta de documentales para comprobar los actos de posesi\u00f3n entre 1986 y 1994, se supl\u00eda con la prueba testimonial, y ii) que, con apoyo en los medios de convicci\u00f3n recaudados se coleg\u00eda que para la fecha en que se emiti\u00f3 la sentencia, hab\u00eda pose\u00eddo los bienes durante 35 a\u00f1os, sin reclamo de ninguna persona. <\/p>\n
2.3 En lo que ac\u00e1 interesa, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en la sentencia de 22 de octubre de 2021, luego de hacer relaci\u00f3n a los presupuestos para la prosperidad de la acci\u00f3n, manifest\u00f3: <\/p>\n
No se olvide que, seg\u00fan el art\u00edculo 41 de la ley 153 de 1887, \u201cla prescripci\u00f3n iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado a\u00fan al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podr\u00e1 ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligi\u00e9ndose la \u00faltima, la prescripci\u00f3n no empezar\u00e1 a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir\u201d. Y como el tiempo de duraci\u00f3n del proceso no puede ser contado en beneficio de la demandante, toda vez que traducir\u00eda grave afectaci\u00f3n del derecho de defensa del propietario que resiste la pretensi\u00f3n, resulta incontestable que, ni por asomo, puede abrirse paso a la demanda con fundamento en el plazo que la primera de dichas leyes establece para la prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio. <\/p>\n
Tampoco es posible conceder las s\u00faplicas con respaldo en la prescripci\u00f3n veintenaria que regulaba el art\u00edculo 2532 del C\u00f3digo Civil, porque los medios probatorios recaudados no demuestran que la se\u00f1ora Roa fue poseedora material de los inmuebles, cuando menos, a partir del 22 de junio de 1991\u00bb. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a la prueba documental, expres\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abPuede aceptarse que fue ella quien pag\u00f3 los impuestos prediales desde 1995, pues as\u00ed lo revelan los respectivos recibos (pp. 12 a 33 y 51 a 82, cdno. principal). Es necesario reconocer que satisfizo la contribuci\u00f3n por valorizaci\u00f3n durante los a\u00f1os 2002 y 2004 (p. 35 a 37, ib.). Es posible afirmar que sufrag\u00f3 el precio de los servicios prestados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot\u00e1 durante los meses de septiembre y diciembre de 1996, febrero y abril de 1997 (p. 38 a 48, ib.). Pero, aunque pagar tributos municipales por la tierra es indicio notable de ejercicio del dominio \u2013 no tanto el de solventar servicios p\u00fablicos domiciliarios, que tambi\u00e9n es predicable de quien ejerce mera tenencia -, lo cierto es que para la fecha de la demanda tan s\u00f3lo contar\u00edan algo m\u00e1s de 17 a\u00f1os, de suyo insuficientes para usucapir\u00bb. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e a los testimonios recaudados, puntualizo que: <\/p>\n
\u00abPero, adem\u00e1s, la se\u00f1ora Roa no luce coherente en su postura porque acept\u00f3 que ingres\u00f3 a los predios al comenzar una convivencia con el se\u00f1or Adolfo Ovalle Santana, lo que significa que procedi\u00f3 de esa manera reconociendo la condici\u00f3n de su compa\u00f1ero permanente (\u201cel ten\u00eda esa propiedad\u201d; (p 368, cdno. ppal.), quien, alegando posesi\u00f3n exclusiva, promovi\u00f3 un proceso de pertenencia ante el Juzgado 30 Civil del Circuito, admitido el 11 de abril de 1994 (pp. 144 y 149, ib.). Al respecto basta remitirse a esa actuaci\u00f3n, a los certificados de tradici\u00f3n y libertad de los inmuebles objeto de este proceso (anotaci\u00f3n 3, pp. 6 y 8, ib.), a la demanda que dio lugar a este juicio (hecho 6\u00ba, p. 289, cdno. principal) y a la declaraci\u00f3n de parte de la se\u00f1ora Ana Isabel Roa, quien manifest\u00f3 que \u201cese proceso lo llev\u00f3 una hermana m\u00eda\u201d (p. 369, ib.). <\/p>\n
Luego, si para 1994 era el se\u00f1or Ovalle quien se proclamaba como \u00fanico poseedor de los bienes (incluso, el impuesto predial correspondiente a ese a\u00f1o aparece pagado por \u00e9l; p. 34, cdno. principal), no es posible sostener, pues no obra prueba en contrario, que era la se\u00f1ora Roa la que por esa \u00e9poca ejerc\u00eda la posesi\u00f3n, menos a\u00fan si se repara en que no se opuso a esa demanda de su consorte, fallecido el 12 de marzo de 1995 (p. 276, cdno. ppal.), quien en vida pagaba los impuestos prediales, como ella misma lo confes\u00f3 en su declaraci\u00f3n de parte. <\/p>\n
\u00abLas declaraciones de Ruth S\u00e1nchez Ram\u00edrez, Oscar Rodr\u00edguez Roa y Miriam Melina Amaya de Roa, aunque coincidentes en reconocer que la demandante es la propietaria de los inmuebles y la persona encargada de sufragar sus gastos, arrendarlos y realizarles mejoras, no permiten establecer que existieron actos posesorios ininterrumpidos desde el 22 de junio de 1991 hasta el 22 de junio de 2011, fecha en que se present\u00f3 la demanda. Por el contrario, la primera manifest\u00f3 que en 1986 habit\u00f3 el predio ubicado en la Carrera 69 I No. 70-85, y que \u201cella [la demandante] y su esposo o compa\u00f1ero Adolfo Ovalle son los due\u00f1os de esos inmuebles\u201d (p. 372, cdno. principal). <\/p>\n
Finalmente concluy\u00f3 que: <\/p>\n
Luego, aunque esos testimonios permiten inferir algunos actos de se\u00f1or\u00edo ejercidos por la demandante, ninguno de ellos permite concluir inequ\u00edvocamente la posesi\u00f3n exclusiva y continua por un tiempo de veinte a\u00f1os para la \u00e9poca de la demanda, conclusi\u00f3n que se reafirma tras analizar todas las pruebas de manera conjunta, puesto que, se insiste, la propia demandante refiri\u00f3 c\u00f3mo fue su ingreso a los predios, qui\u00e9n se reputaba due\u00f1o, quien pagaba los impuestos antes de que ella, tras la muerte de su pareja, tuviera que asumir ese costo. Es claro, entonces, que a la se\u00f1ora Roa le faltaba tiempo de posesi\u00f3n para cuando radic\u00f3 su demanda. Mientras vivi\u00f3 el se\u00f1or Ovalle, la suya, en gracia de la discusi\u00f3n, fue una posesi\u00f3n equ\u00edvoca. Y como el \u00e9xito de la pertenencia requiere la acreditaci\u00f3n de sus presupuestos de forma concurrente, de suerte que la ausencia de uno impide el estudio de la usucapi\u00f3n reclamada, no puede menos que hall\u00e1rsele raz\u00f3n a la jueza\u00bb. <\/p>\n
Con las anteriores consideraciones, resolvi\u00f3: \u00abconfirmar la sentencia de 21 de abril de 2021 proferida por el Juzgado 47 Civil del Circuito dentro de este proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Efectuado ese recuento, se advierte que el Tribunal accionado resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de primera instancia, con fundamento en las pruebas solicitadas, decretadas y practicadas en el litigio No. 2011-00330-01, de las que pudo concluir que, la demandante no logr\u00f3 acreditar que para el 22 de junio de 2011 cuando radic\u00f3 la demanda, hab\u00eda ejercido la posesi\u00f3n de los bienes durante los diez a\u00f1os de que trata la ley 791 de 2002, o los veinte a\u00f1os exigidos por el art\u00edculo 2531 del C\u00f3digo Civil, en tanto que, con las documentales allegadas solo se comprobaron 8 a\u00f1os de posesi\u00f3n, sin que fuera procedente tener en cuenta el tiempo de duraci\u00f3n del pleito, para complementar el t\u00e9rmino que exige la ley para adquirir un bien por usucapi\u00f3n. <\/p>\n
Aunando lo anterior, a que, el hecho de pagar recibos de predial, servicios p\u00fablicos, as\u00ed como valorizaci\u00f3n, son actos que puede efectuar cualquier persona que ejerce mera tenencia, y, que adem\u00e1s, la declaraci\u00f3n de la misma accionante, es contradictoria, porque reconoci\u00f3 que ingres\u00f3 al predio cuando empez\u00f3 la convivencia con su compa\u00f1ero Adolfo Ovalle Santana, quien hab\u00eda adelantado un pleito de pertenencia donde invoc\u00f3 una posesi\u00f3n exclusiva, por tanto, lo reconoci\u00f3 expresamente como poseedor, sin que fuera posible sostener que la convocante ten\u00eda dicha calidad. <\/p>\n
De tal suerte, que el funcionario cuestionado analiz\u00f3 en conjunto todas las pruebas practicadas, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, y concluy\u00f3 que para la fecha en que fue presentada la demanda (22 de junio de 2011), la demandante no ten\u00eda acreditado el t\u00e9rmino que exige la norma para acoger las pretensiones; si en cuenta se tiene, que la se\u00f1ora Roa de Rodr\u00edguez en el escrito demandatorio y en el interrogatorio manifest\u00f3 que ingres\u00f3 al predio por su compa\u00f1ero permanente, sin alegar una coposesi\u00f3n con el se\u00f1or Ovalle. <\/p>\n
En s\u00edntesis, al no cumplirse uno de los requisitos para la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, esto es el \u00abejercicio p\u00fablico e ininterrumpido de la posesi\u00f3n por el t\u00e9rmino establecido en la Ley\u00bb, lo procedente era confirmar la decisi\u00f3n que desestim\u00f3 la acci\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, las divergencias exteriorizadas por la peticionaria a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente al resultado adverso que recibi\u00f3 con la providencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional en busca de una tercera instancia inexistente en el ordenamiento procesal, para reabrir un debate ya definido por el juzgador competente. (CSJ. STC de 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
4. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Ana Isabel Roa Rodr\u00edguez contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sent. T-729 de 1999 <\/p>\n
2\u0002 Corte Constitutionnel Sent. SU-226 de 2013 <\/p>\n
3\u0002 Corte Suprema de Justicia STC de 27 de noviembre de 2013, exp. 1800122140002013-00109-01 <\/p>\n
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STC4979-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC4979-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01123-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Isabel Roa […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62950","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62950","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62950"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62950\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62950"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62950"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62950"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}