STC4990-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4990-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01142-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la tutela formulada por Sim\u00f3n Ni\u00f1o Rinc\u00f3n y Zoila S\u00e1nchez Villalba contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Juridicial de Cartagena, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y Abandonadas UAEGRTD -Territorial Cesar, Guajira- y el Grupo Cumplimiento de \u00d3rdenes Judiciales y Articulaci\u00f3n Institucional (COJAI), tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el asunto de la misma especialidad, con radicado N\u00b0 20001-31-21-001-2016-00124-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, los accionantes solicitaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abtutela judicial efectiva para la restituci\u00f3n de tierras\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas en el tr\u00e1mite referido. <\/p>\n
Para sustentar sus reproches, adujeron que si bien en el proceso de restituci\u00f3n de tierras por ellos iniciado la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Juridicial de Cartagena en la sentencia de 29 de junio de 2018 acogi\u00f3 sus pretensiones y orden\u00f3 \u00abla restituci\u00f3n de un predio por equivalente en su favor, en similares condiciones y caracter\u00edsticas al despojado y a cargo del FONDO de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS, (\u2026), otorg\u00e1ndole un t\u00e9rmino de (6) seis meses\u00bb, a la fecha de formulaci\u00f3n de este amparo -8 de abril de 2022-, no ha sido cumplido lo ordenado. <\/p>\n
Expusieron que, de una parte, el Grupo Cumplimiento de \u00d3rdenes Judiciales y Articulaci\u00f3n Institucional (COJAI) de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y Abandonadas UAEGRTD, pidi\u00f3 la aclaraci\u00f3n del anterior fallo diez (10) meses despu\u00e9s de su emisi\u00f3n, para que se \u00abdeterminara cu\u00e1l era el valor de los predios a tener en cuenta para el pago de predios por equivalencias\u00bb, solicitud que se neg\u00f3 el 24 de octubre de 2019 por extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Indicaron que el 29 de enero de 2020 la Unidad acusada les inform\u00f3 que deb\u00edan \u00abconsultar la base de datos de inventario de bienes inmuebles para identificar opciones con potencialidad para adelantar compensaci\u00f3n por equivalencia\u00bb y que si no se hallaban \u00abpredios que coincidieran, (\u2026) los beneficiarios deb\u00edan hacer uso de otra forma de compensaci\u00f3n\u00bb, y les precisaron que s\u00f3lo despu\u00e9s de agotarse ese procedimiento, podr\u00eda procederse, eventualmente, \u00abcon pago en efectivo con base en el aval\u00fao comercial\u00bb. <\/p>\n
Aseguraron que el 6 de febrero de 2020 le pidieron a la UAEGRTD que agilizara el tr\u00e1mite y que si no era posible proceder \u00abal pago de compensaci\u00f3n por bien equivalente\u00bb, les entregara el dinero en efectivo, manifestaci\u00f3n que igualmente expresaron ante el COJAI el 12 del mismo mes y a\u00f1o. <\/p>\n
Anotaron que la Unidad les indic\u00f3 que esa petici\u00f3n no pod\u00eda ser acogida mientras no se consultara con el Tribunal accionado y solo procedi\u00f3 a lo anterior \u00abhasta el 2021\u00bb. <\/p>\n
Indicaron que por su parte, el COJAI le solicit\u00f3 a la Corporaci\u00f3n accionada \u00abque se ordenara un nuevo aval\u00fao comercial de los predios (\u2026) para tener en cuenta al momento de establecer las condiciones del(os) predio(s) para ser compensados por equivalencia\u00bb y, luego de cuatro meses -3 de junio de 2020, esa autoridad judicial le impuso al IGAC emitir un dictamen con el valor del terreno \u00abactualizado\u00bb, sin las \u00abedificaciones all\u00ed construidas\u00bb. <\/p>\n
Expusieron que la pericia allegada por la citada entidad fue puesta en conocimiento de la Unidad y no tuvo oposici\u00f3n, adem\u00e1s, se inform\u00f3 \u00abque no se advirtieron inconsistencias en los par\u00e1metros t\u00e9cnicos\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adieron que, si bien se inici\u00f3 el procedimiento indicado por el COJAI para conseguir una \u00aborden de pago de compensaci\u00f3n por bien equivalente\u00bb, el Fondo de la Unidad de Tierras advirti\u00f3 no tener en el inventario bienes disponibles para adelantar tal gesti\u00f3n y, ellos por su parte, \u00abhan intentado buscar opciones de predios, pero esto ha sido in\u00fatil\u00bb. <\/p>\n
Por lo expresado, adujeron que el 24 de agosto de 2021, a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, le solicitaron al Fondo mencionado -Regional Cesar-, el cumplimiento de la rese\u00f1ada sentencia, petici\u00f3n reiterada el 24 de septiembre siguiente, sin que fuera atendida. <\/p>\n
Agregaron que ante el \u00absuplicio por el que han tenido que pasar\u00bb, el 22 de octubre de 2021 formularon incidente de desacato ante el Tribunal accionado, refiriendo la situaci\u00f3n antes expuesta y demandando la materializaci\u00f3n del fallo emitido en su favor, reclamo del que se corri\u00f3 traslado a los incidentados el 17 de noviembre siguiente. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que, aunque le otorgaron cinco (5) d\u00edas a las entidades responsables de acatar el fallo, el COJAI contest\u00f3 extempor\u00e1neamente, inform\u00e1ndole a la Corporaci\u00f3n nombrada la imposibilidad de \u00abla consecuci\u00f3n de un predio por equivalencia\u00bb y pidi\u00e9ndole un \u00abpronunciamiento frente a la materializaci\u00f3n de la orden\u00bb. <\/p>\n
Manifestaron que debido a su dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica y de salud, le pidieron al Tribunal que le imprimiera a la actuaci\u00f3n \u00abun tr\u00e1mite especial y prioritario\u00bb y, luego de ello, en auto de 14 de enero de 2022 la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Juridicial de Cartagena, se abstuvo de abrir a tr\u00e1mite el incidente de desacato, pues tuvo en consideraci\u00f3n las distintas dificultades presentadas para el cumplimiento de la sentencia; no obstante, dada la tardanza de los obligados, les advirti\u00f3 que no se requer\u00eda \u00aborden judicial\u00bb para \u00abrealizar la compensaci\u00f3n en dinero a favor de los solicitantes\u00bb y le confiri\u00f3 al Fondo de la Unidad accionada veinte (20) d\u00edas para que allegara un informe del \u00abcumplimiento de la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica que requieren\u00bb. <\/p>\n
Reiteraron que, a la fecha de presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n, no han logrado la materializaci\u00f3n del enunciado fallo, cuesti\u00f3n que lesiona sus derechos, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que son \u00abpersonas de la tercera edad\u00bb que sufren de graves padecimientos m\u00e9dicos y por los cuales han estado hospitalizados varias veces; adem\u00e1s, \u00abviven de lo que sus hijos puedan regalarles mensualmente\u00bb y habitan en un predio arrendado. <\/p>\n
Pidieron, en concreto, ordenarle al Tribunal accionado abrir el incidente de desacato propuesto y sancionar a las entidades incidentadas, asimismo, disponer que el COJAI y la Unidad acusada, cumplan el fallo proferido en el proceso censurado, \u00aben el sentido de que se disponga equivalencia econ\u00f3mica con pago en efectivo con base en los aval\u00faos comerciales\u00bb. <\/p>\n
2. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el pasado 20 de abril se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el asunto de restituci\u00f3n de tierras con radicado N\u00b0 20001-31-21-001-2016-00124-00. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Cartagena relat\u00f3 los antecedentes del caso discutido y se\u00f1al\u00f3 que, con ocasi\u00f3n de las peticiones elevadas por los aqu\u00ed accionantes, mediante providencia de 14 de enero de 2022, otorg\u00f3 a la Unidad acusada y al COJAI veinte (20) d\u00edas para que presentaran \u00abun informe [sobre] los tr\u00e1mites en el cumplimiento de la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica que requieren\u00bb los actores. De igual modo, anot\u00f3 que el 23 de febrero de 2022, el COJAI le indic\u00f3 que cuando se expidiera la resoluci\u00f3n correspondiente proceder\u00edan al pago pedido, lo cual estaba supeditado a la disponibilidad presupuestal y recursos asignados al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, motivo por el que se solicit\u00f3 que se vinculara a esa cartera en estas diligencias. <\/p>\n
Por \u00faltimo, advirti\u00f3 que el 22 de abril de 2022 profiri\u00f3 otra decisi\u00f3n orden\u00e1ndole \u00abal FONDO \u2013COJAI de la UAEGRTD el cumplimiento inmediato y prevalente de la orden de compensaci\u00f3n monetaria de los aqu\u00ed tutelantes so penas de abrir incidente desacato en su contra\u00bb y, para ello, les otorg\u00f3 el t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas h\u00e1biles; y, en todo caso, envi\u00f3 copias de la actuaci\u00f3n a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n para que, en el marco de sus competencias, \u00abhaga cumplir la orden de compensaci\u00f3n\u00bb, motivos todos ellos, por los que pidi\u00f3 negar el amparo ante la ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos invocados. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 22 de Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar expres\u00f3 que esa entidad \u00abha efectuado el acompa\u00f1amiento a la familia y requiri\u00f3, por \u00faltima vez, mediante oficio 117 del 25 de enero de 2022, obteniendo como respuesta el 21 de febrero (\u2026) que estar\u00eda sujeto a disponibilidad presupuestal\u00bb; adem\u00e1s, indic\u00f3 que al enterarse del auto de 22 de abril de 2022, emitido por el Tribunal convocado, libr\u00f3 los oficios correspondientes. <\/p>\n
3. Al momento de proferir el fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio, la tutela no procede contra las providencias o actuaciones jurisdiccionales, pues ello ir\u00eda en desmedro de los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin embargo, cuando los funcionarios judiciales incurren en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento jur\u00eddico de forma arbitraria o caprichosa y los interesados no cuentan con otro medio de defensa judicial y acuden a esta acci\u00f3n oportunamente, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir, en aras de conjurar o evitar la lesi\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales involucradas. <\/p>\n
2. En el presente asunto, se encuentra que los accionantes cuestionan, particularmente, la tardanza de las autoridades accionadas en hacer efectiva la sentencia proferida en su favor el 29 de junio de 2018, as\u00ed como la negativa del Tribunal de abrir el incidente de desacato que impulsaron contra la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y Abandonadas -Territorial Cesar, Guajira- y el Grupo Cumplimiento de \u00d3rdenes Judiciales y Articulaci\u00f3n Institucional (COJAI). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con los eventos en que se alega mora judicial , la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: \u00ab[A]quellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01)\u00bb (CSJ, STC de 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00, reiterada en STC12897-2019). <\/p>\n
2.1 Revisado el proceso materia de queja, se constata que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica ventilada en estas diligencias por los accionantes corresponde, efectivamente, a lo all\u00ed ocurrido, esto es, que pese a sus m\u00faltiples solicitudes ante el Tribunal y dem\u00e1s entidades accionadas, no han logrado la satisfacci\u00f3n de los derechos que les fueron reconocidos en el mencionado fallo. <\/p>\n
Debe se\u00f1alarse que, si bien en la providencia de 14 de enero de 2022 la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Juridicial de Cartagena, adopt\u00f3 determinaciones favorables para los solicitantes, teniendo en cuenta el amplio plazo transcurrido sin cumplirse la sentencia y la situaci\u00f3n de vulnerabilidad de aquellos, es cierto que a la fecha de formulaci\u00f3n de este amparo, esa situaci\u00f3n no se ha modificado. <\/p>\n
Observa la Sala, que en el referido pronunciamiento se relataron los antecedentes del caso y se precis\u00f3 que adem\u00e1s de existir un aval\u00fao en el proceso respecto de los predios objeto de restituci\u00f3n -aportado por el IGAC y aceptado por los involucrados-, si el Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Tierras Despojadas no contaba con bienes para cumplir con la \u00abcompensaci\u00f3n en equivalencia\u00bb dispuesta en la sentencia, dicha entidad, teniendo en consideraci\u00f3n lo manifestado por los accionantes, bien pod\u00eda \u00abcompensar a los beneficiarios de manera econ\u00f3mica para poder materializar su derecho de manera directa y sin que medie orden del Tribunal, postura que ha mantenido la Sala en el tr\u00e1mite de postfallo en muchos otros casos, dado que dicho procedimiento hace parte del \u00e1mbito de competencias internas del Fondo de la UAEGRTD\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, el Tribunal previno al COJAI para que tuviera en cuenta las anteriores consideraciones, as\u00ed como \u00abla situaci\u00f3n de salud que alegan los solicitantes para priorizar de manera efectiva y pronta su caso\u00bb y, para ese efecto, le orden\u00f3 al Fondo de la Unidad acusada \u00aballegar un informe en el t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas del cumplimiento de la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica que requieren\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, se neg\u00f3 a abrir el incidente de desacato formulado por los actores, dado el seguimiento que ven\u00eda haci\u00e9ndole a sus \u00f3rdenes, \u00aba que la entidad explic\u00f3 el tr\u00e1mite surtido y el cambio requerido por los reclamantes, quienes ahora solicitan ser compensados de manera econ\u00f3mica\u00bb. <\/p>\n
Examinado el proceso censurado, encuentra la Corte que luego de enterarse a las entidades involucradas de la providencia de 14 de enero de 2022, s\u00f3lo se recibi\u00f3 el 23 de febrero siguiente, una comunicaci\u00f3n del Grupo de Cumplimiento de \u00d3rdenes Judiciales y Articulaci\u00f3n Institucional -COJAI-, se\u00f1alando que \u00abuna vez la UAEGRTD expida el acto administrativo para el pago de la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica, se le notificar\u00e1 a los se\u00f1ores SIM\u00d3N NI\u00d1O RINC\u00d3N Y ZOILA ROSA S\u00c1NCHES VILLALBA, a efectos de dar la instrucci\u00f3n a la fiducia mercantil contratada para el efecto, para que inicie el tr\u00e1mite financiero correspondiente\u00bb. <\/p>\n
2.2 El panorama descrito evidencia, sin duda, el quebranto de las garant\u00edas de los solicitantes, pues aun cuando no existe ninguna prueba, en este asunto y tampoco en el proceso censurado, de las actuaciones de los incidentados para lograr el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el rese\u00f1ado pronunciamiento de 14 de enero de 2022, en cuanto a la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica que se advirti\u00f3 como procedente ante la inexistencia de bienes con los que se pudiera compensar a los demandantes, lo cierto es que el Tribunal accionado ninguna gesti\u00f3n ha adelantado al respecto para conjurar esa situaci\u00f3n. <\/p>\n
Justamente, han pasado mucho m\u00e1s de los veinte (20) d\u00edas que otorg\u00f3 para que se atendiera de manera \u00abprioritaria y pronta\u00bb la situaci\u00f3n de los accionantes; no obstante, ha permitido que la vulneraci\u00f3n de los derechos de aqu\u00e9llos subsista, pues el hecho de que COJAI afirme que el pago reclamado por los actores tendr\u00e1 lugar cuando la Unidad emita alg\u00fan acto administrativo para el efecto, evidencia la negligencia de las entidades p\u00fablicas involucradas y, por tanto, le impone a la Corporaci\u00f3n censurada adoptar medidas al respecto. <\/p>\n
Al punto, se destaca que el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 91 de la Ley 1448 de 2011 determina, expresamente, que el funcionario que conoci\u00f3 del proceso de restituci\u00f3n de tierras, mantendr\u00e1 la competencia del juicio hasta la materializaci\u00f3n de sus \u00f3rdenes. <\/p>\n
As\u00ed, se\u00f1ala dicha norma: <\/p>\n
\u00abUna vez ejecutoriada la sentencia, su cumplimiento se har\u00e1 de inmediato. En todo caso, el Juez o Magistrado mantendr\u00e1 la competencia para garantizar el goce efectivo de los derechos del reivindicado en el proceso, prosigui\u00e9ndose dentro del mismo expediente las medidas de ejecuci\u00f3n de la sentencia, aplic\u00e1ndose, en lo procedente, el art\u00edculo 335 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Dicha competencia se mantendr\u00e1 hasta tanto est\u00e9n completamente eliminadas las causas de la amenaza sobre los derechos del reivindicado en el proceso\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, enterado el Tribunal de la situaci\u00f3n planteada, le correspond\u00eda determinar lo relativo a la apertura del tr\u00e1mite incidental formulado por los accionantes, pues, en principio, nada excusa la pasividad de los obligados no s\u00f3lo frente a su decisi\u00f3n de 14 de enero de 2022, sino en cuanto a la excesiva tardanza para materializar la satisfacci\u00f3n del derecho a la restituci\u00f3n reconocido a los peticionarios en la sentencia de 29 de junio de 2018, ya que \u00e9stos ven\u00edan manifestando su inter\u00e9s por recibir la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica correspondiente desde el 6 de febrero de 2020 y seg\u00fan adujo la misma Corporaci\u00f3n acusada, la Unidad accionada no necesitaba \u00aborden judicial\u00bb para proceder conforme a lo peticionado por los accionantes. <\/p>\n
Se destaca, nada justifica que el Tribunal, en la actualidad, no emplee sus poderes instructivos y correccionales para lograr la ejecuci\u00f3n de sus decisiones (art\u00edculo 44 del C\u00f3digo General del Proceso), teniendo en cuenta, adem\u00e1s, que est\u00e1 habilitado para dictar todas las medidas que \u00abgaranticen el uso, goce y disposici\u00f3n de los bienes por parte de los despojados a quienes les hayan sido restituidos o formalizados predios, y la seguridad para sus vidas, su integridad personal, y la de sus familias\u00bb (art\u00edculo 102, Ley 1448 de 2011). <\/p>\n
En cuanto a la tardanza en el cumplimiento de sentencias dictadas dentro de los casos de restituci\u00f3n de tierras, esta Sala en un asunto an\u00e1logo, STC10045-2017, 12 jul. 2017, rad. 2017-01700-00, citando la ley 1448 de 2011 advirti\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en aras de cumplir con el prop\u00f3sito ut supra demarcado, el juzgador de conocimiento habr\u00e1 de determinar las directrices que \u201csean necesarias para garantizar la efectividad de la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material del bien inmueble y la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los derechos de las personas reparadas\u201d\u00bb (Reiterada en STC9666-2019, STC15245-2019 y en STC12897-2019, entre otras). <\/p>\n
V\u00e9ase que el art\u00edculo 91 de la Ley 1448 de 2011, expresamente consagra que la sentencia emitida en el juicio de restituci\u00f3n de tierras es de \u00abinmediato\u00bb cumplimiento y, en todo caso, el art\u00edculo 102 \u00eddem, precisa que el funcionario que emiti\u00f3 esa decisi\u00f3n mantiene la competencia hasta que se materialicen las \u00f3rdenes all\u00ed dispuestas, permiti\u00e9ndosele, adem\u00e1s, que adopte las medidas necesarias para conseguir la efectividad de sus determinaciones y la protecci\u00f3n real de las garant\u00edas de los reclamantes. <\/p>\n
Por tanto, se insiste, el Tribunal accionado, tan pronto tuvo conocimiento de la falta de acatamiento de su decisi\u00f3n, debi\u00f3 adelantar las gestiones necesarias para conjurar esa situaci\u00f3n y no permitir el paso de m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os, sin que las entidades llamadas al cumplimiento de su fallo surtieran las actuaciones del caso. <\/p>\n
Se resalta, si bien al contestar esta acci\u00f3n el Tribunal sostuvo que en auto de 22 de abril de 2022 requiri\u00f3, de nuevo, a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y Abandonadas -UAEGRTD- y al Grupo Cumplimiento de \u00d3rdenes Judiciales y Articulaci\u00f3n Institucional (COJAI) para que en un plazo de quince (15) d\u00edas, so pena de \u00ababrir incidente de desacato\u00bb, cumplieran \u00abla orden de compensaci\u00f3n monetaria de los aqu\u00ed tutelantes\u00bb; esa situaci\u00f3n no subvierte la vulneraci\u00f3n advertida, pues no es la primera vez que la Corporaci\u00f3n accionada le otorga plazos a las entidades mencionadas para cumplir con su fallo y, como se advirti\u00f3, han pasado m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os sin que los accionantes hayan logrado la efectiva materializaci\u00f3n de sus derechos. <\/p>\n
Se advierte, asimismo, que la convocatoria que reclam\u00f3 esa autoridad, en esta sede, respecto del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, le compete a ella disponerla de estimarlo necesario, al pronunciarse sobre la apertura del incidente de desacato, pues en este particular asunto, la lesi\u00f3n de las garant\u00edas se predic\u00f3 y prob\u00f3 en relaci\u00f3n con los entes que fueron llamados a estas diligencias. <\/p>\n
2.3 As\u00ed las cosas, siendo inaceptable la tardanza excesiva que han padecido los accionantes para lograr la satisfacci\u00f3n de sus derechos en los t\u00e9rminos contenidos en la sentencia de 29 de junio de 2018, surge imperiosa la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, a fin de evitar que contin\u00fae la vulneraci\u00f3n denunciada, agravada por la situaci\u00f3n particular de los actores, pues no s\u00f3lo son v\u00edctimas reconocidas del conflicto armado interno, con derecho a ser resarcidas, sino que se trata de personas con problemas graves de salud, seg\u00fan los soportes que adosaron, y que, en la actualidad, adem\u00e1s de no recibir ingresos econ\u00f3micos, no cuentan con una residencia propia. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, no puede desconocerse que el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 1448 de 2011, se\u00f1al\u00f3 como objeto de esa normativa, <\/p>\n
\u00abestablecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y econ\u00f3micas, individuales y colectivas, en beneficio de las v\u00edctimas (\u2026), dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n con garant\u00eda de no repetici\u00f3n, de modo que se reconozca su condici\u00f3n de v\u00edctimas y se dignifique a trav\u00e9s de la materializaci\u00f3n de sus derechos constitucionales (subraya fuera de texto). <\/p>\n
2.4 En consecuencia, se le impondr\u00e1 al Tribunal acusado pronunciarse sobre la apertura del tr\u00e1mite incidental propuesto por los solicitantes y a las dem\u00e1s entidades accionadas, adelantar todas las gestiones a su cargo en aras de materializar las \u00f3rdenes proferidas en el proceso censurado. <\/p>\n
3. En consecuencia, el amparo prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER la tutela promovida por Sim\u00f3n Ni\u00f1o Rinc\u00f3n y Zoila S\u00e1nchez Villalba. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR a la Magistrada Martha Patricia Campo Valero de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, o quien funja como tal, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, se pronuncie sobre la apertura del \u00abincidente de desacato\u00bb iniciado por los accionantes en el proceso censurado, teniendo en cuenta lo expuesto en esta decisi\u00f3n. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia de la misma. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a los directores de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y Abandonadas UAEGRTD -Territorial Cesar, Guajira- y del Grupo Cumplimiento de \u00d3rdenes Judiciales y Articulaci\u00f3n Institucional (COJAI) que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, adelanten las gestiones a su cargo en torno al cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal accionado el 29 de junio de 2018 y a la providencia de 14 de enero de 2022 y, en el mismo t\u00e9rmino, remitan a esa Corporaci\u00f3n el informe correspondiente sobre sus actuaciones. <\/p>\n
CUARTO: Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicio) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4990-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC4990-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01142-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la tutela formulada por Sim\u00f3n Ni\u00f1o Rinc\u00f3n y Zoila […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62958","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62958","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62958"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62958\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62958"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62958"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62958"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}