STC4991-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4991-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01087-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Dioselina Le\u00f3n Quintero instaur\u00f3 en contra de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, extensiva al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 20001 31 21 001 2018 00118 00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abigualdad\u00bb, \u00abvivienda\u00bb, \u00abm\u00ednimo vital\u00bb y \u00abpropiedad privada\u00bb para que ordenara dejar sin efectos el fallo emitido el 28 de agosto de 2020 y proferir uno nuevo analizando \u00abla buena simple y\/o buena fe exenta de culpa de manera flexible\u00bb. Subsidiariamente, pidi\u00f3 que se definieran las \u00abmedidas afirmativas\u00bb concedidas como \u00absegundo ocupante\u00bb, \u00aben el sentido de fijar con precisi\u00f3n lo relacionado con el tema del proyecto productivo que [le] fue reconocido. Atendiendo a que tanto mi esposo como yo, pertenecemos al grupo poblacional de la tercera edad [y] Vivimos de la renta de los locales comerciales que comprenden el inmueble restituido (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En sustento, adujo que el 28 de agosto de 2020 la Magistratura querellada, dispuso: <\/p>\n
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras en favor del haber herencial de los se\u00f1ores OLMAN CIANCI GALVIS (Q.E.P.D) y EDILMA AMAYA (Q.E.P.D) y en consecuencia se ordena en su favor la restituci\u00f3n del predio urbano ubicado en la Calle 6 N\u00b06-45 del Municipio de Pailitas – Departamento del Cesar (\u2026). <\/p>\n
QUINTO: DECLARAR NO PROBADA la buena fe exenta de culpa de la se\u00f1ora DIOSELINA LEON QUINTERO (\u2026). <\/p>\n
Indic\u00f3 que luego declar\u00f3 la nulidad de la notificaci\u00f3n de la sentencia que se le efectu\u00f3 (13 en. 2021), procediendo con la misma como correspond\u00eda (14 en.) y, finalmente, deneg\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n que present\u00f3 respecto del veredicto, \u00abquedando ejecutoriado\u00bb (13 ag. 2021). <\/p>\n
Acus\u00f3 a la Corporaci\u00f3n censurada de incurrir en v\u00eda de hecho porque: <\/p>\n
i) Desconoci\u00f3 los precedentes de la Corte Constitucional, contenidos en la \u00abC 330 de 2016, el auto 373 de seguimiento a la sentencia T 025 de 2004, y las sentencias de tutela 315 y 367 de 2016, y las m\u00e1s reciente T 306-2021) y [por] la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela\u00bb en relaci\u00f3n con la \u00abflexibilizaci\u00f3n [de la exigencia en la prueba del requisito] de la buena fe exenta de culpa frente a [opositores en calidad de segundos ocupantes que son] personas con vulnerabilidad y debilidad manifiesta [que no tuvieron relaci\u00f3n, ni tomaron provecho del despojo]\u00bb. <\/p>\n
ii) No tuvo en cuenta al analizar la buena fe exenta de culpa de cara a dichos \u00abprecedentes\u00bb, que se encuentra en estado de \u00abvulnerabilidad y debilidad manifiesta\u00bb, puesto que tiene 63 a\u00f1os de edad, fue desplazada por la violencia en 1998, es campesina v\u00edctima del conflicto armado, ama de casa, con un nivel de educaci\u00f3n bajo, padece \u00abdiabetes e hipertensi\u00f3n arterial\u00bb, pertenece al r\u00e9gimen subsidiado en salud y fue catalogada en el nivel B2 del Sisben (pobreza moderada). Adem\u00e1s, que el 80% de sus ingresos y el de su familia (sustento m\u00ednimo) proceden del bien a restituir, no particip\u00f3 \u00aben las amenazas, asesinatos y el desplazamiento padecido por los solicitantes y no [s]e aprovech[\u00f3] de su situaci\u00f3n para despojarl[os] del predio, pues toda la negociaci\u00f3n se realiz\u00f3 por medio de comisionista y familiar autorizados por parte de los titulares del predio, posterior a haber adelantado un tr\u00e1mite (\u2026) de sucesi\u00f3n de sus padres\u00bb. <\/p>\n
2.- La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en tanto no se le atribuye una acci\u00f3n u omisi\u00f3n que transgreda las garant\u00edas supralegales de la gestora. <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar pregon\u00f3 la inviabilidad del ruego, debido a que durante la etapa de instrucci\u00f3n garantiz\u00f3 el \u00abderecho al debido proceso y defensa\u00bb de los intervinientes, y una vez la agot\u00f3, remiti\u00f3 el expediente al Tribunal que dict\u00f3 sentencia el 28 de agosto de 2021. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La actora busca dejar sin efecto el veredicto expedido el 28 de agosto de 2020 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena en el proceso de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras n\u00b0 2018 00118, por \u00abdesconocimiento del precedente\u00bb; subsidiariamente, \u00abfijar con precisi\u00f3n el proyecto productivo\u00bb que le fue reconocido por ostentar la calidad de \u00absegundo ocupante\u00bb. <\/p>\n
2.- Esta Colegiatura ha instituido una cl\u00e1usula de oportunidad, que consiste, por regla general, en que la \u00abtutela\u00bb se ejerza en un periodo no mayor a los seis (6) meses despu\u00e9s de que se produjo la \u00abaparente trasgresi\u00f3n\u00bb, lo que tiene su fuente en el car\u00e1cter \u00abinmediato\u00bb de la guarda prevista en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y en la necesidad de que la misma no se convierta en un componente de inseguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
Sobre ello, ha expresado, que <\/p>\n
\u201c(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha indicado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo (\u2026) por falta de inmediatez, \u201cs\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u201d, adopt\u00e1ndose aqu\u00e9l en \u201cseis meses\u201d, a menos que exista causa justificativa para su elongaci\u00f3n\u2026\u201d (STC13613-2021). <\/p>\n
2.1.- De los elementos suasorios adosados al paginario, muy pronto se advierte que, en relaci\u00f3n con la sentencia del Tribunal de Cartagena que ampar\u00f3 el \u00abderecho a la restituci\u00f3n de tierras de los solicitantes\u00bb, declar\u00f3 no probada la buena fe exenta de culpa de la tutelante, le reconoci\u00f3 la calidad de segundo ocupante y, por tanto, mand\u00f3 que se le entregara un inmueble junto con un proyecto que pudiese desarrollar en el mismo (28 ag. 2020), cuya aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n fue denegada a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 13 de agosto de 2021, notificado en estado n\u00b0 113 del 26 del mismo mes y a\u00f1o, se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, la exigencia temporal que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, habida cuenta que entre la fecha de enteramiento de la \u00faltima providencia y la radicaci\u00f3n del libelo superlativo (4 abr. 2022), transcurrieron siete (7) meses y nueve (9) d\u00edas; es decir, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corporaci\u00f3n como la Constitucional han estimado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha esbozado que: <\/p>\n
\u00ab[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. Se resalta. (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo de la discusi\u00f3n instada, porque si la interesada se demor\u00f3 en interponer la petici\u00f3n supralegal, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a la Sala denunciada y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales implorados como soporte de la ayuda. <\/p>\n
2.2.- Ahora, si bien en algunos casos se ha superado la ausencia de tal exigencia, flexibiliz\u00e1ndola, ello solo sucede cuando la tardanza en activar este dispositivo se encuentra debidamente \u00abjustificada\u00bb. Al respecto en STC3949-2021 se precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis rese\u00f1adas, toda vez que la precursora no mencion\u00f3 alguna circunstancia v\u00e1lida para conjurar su desidia en acudir oportunamente a esta excepcional v\u00eda, pues tan s\u00f3lo se limit\u00f3 a afirmar en el l\u00edbelo introductor que desde el prove\u00eddo de 13 de agosto de 2021 \u00abha transcurrido poco m\u00e1s de 7 meses para acudir al juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
3.- Ergo, surge impr\u00f3spero el auxilio suplicado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instaurada por Dioselina Le\u00f3n Quintero contra de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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