STC4993-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4993-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01115-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Vidal Antonio Osorio Giraldo y Carlos Fernando Osorio Rojas contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Promiscuo de Familia de L\u00e9rida, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, defensa, \u00abacceso a la justicia y a la recta administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicitaron, entonces, \u00abdeclarar sin valor ni efecto todas las actuaciones que se han realizado por parte de[l] Juzgado [acusado]\u2026 y las providencias proferidas por el Tribunal [convocado]\u2026, dentro de la liquidaci\u00f3n patrimonial de la sentencia de uni\u00f3n marital de hecho de Blanca\u2026 Rodr\u00edguez Calder\u00f3n contra [ellos]\u2026\u00bb; y ordenar a dicho ad-quem proferir \u00abla decisi\u00f3n que en derecho corresponde\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio de sucesi\u00f3n del causante Luis Enrique Osorio Rojas, fallecido el 17 de noviembre de 2018 (al que despu\u00e9s se acumul\u00f3 el de su c\u00f3nyuge Mar\u00eda Neyla Galindo de Osorio, extinta el 11 de mayo de 2015), el 28 octubre de 2020 el Juzgado acusado reconoci\u00f3 como interesada, en su calidad de compa\u00f1era permanente sup\u00e9rstite, a Blanca Rodr\u00edguez Calder\u00f3n (teniendo en cuenta para ello las sentencias que, dictadas en primera y segunda instancia por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de la Dorada -20\/11\/2019- y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales -19\/08\/2020-, declararon \u00abla existencia de la sociedad patrimonial de hecho entre [ellos]\u2026[,] por el per\u00edodo comprendido entre el\u2026 12 de mayo de 2015 y el 17 de noviembre de 2018\u00bb, as\u00ed como su disoluci\u00f3n y estado de liquidaci\u00f3n, precisando que \u00e9sta, \u00abpor mandato legal\u00bb, deb\u00eda efectuarse en aquella causa mortuorio). Tal decisi\u00f3n cobr\u00f3 ejecutoria sin recurso alguno. <\/p>\n
2.2. De otro lado, el 14 de diciembre de 2021, en la continuaci\u00f3n de la audiencia de inventarios y aval\u00faos, el Juzgado convocado no accedi\u00f3 a la solicitud presentada por los accionantes respecto a la \u00absuspensi\u00f3n de los actos de partici\u00f3n, de la sucesi\u00f3n de\u2026 Osorio Rojas y\u2026 Galindo de Osorio, hasta tanto\u2026 se liquide la uni\u00f3n marital de hecho de Osorio Rojas\u2026 y Rodr\u00edguez Calder\u00f3n\u00bb. Determinaci\u00f3n que mantuvo all\u00ed y que el 23 de marzo de 2022 confirm\u00f3 el Tribunal encausado. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela los accionantes critican que, incurriendo en evidentes defectos sustantivo, procedimental absoluto y org\u00e1nico, sin haberse adelantado el tr\u00e1mite liquidatorio de la referida \u00absociedad patrimonial\u00bb, en los t\u00e9rminos que, en su sentir, previa demanda, lo impone el canon 523 del C\u00f3digo General del Proceso, el 28 de octubre de 2020 el a-quo atacado, erradamente, reconoci\u00f3 como interesada a Rodr\u00edguez Calder\u00f3n, a la que, luego, tambi\u00e9n irregularmente, permiti\u00f3 intervenir en la audiencia de inventarios y aval\u00faos, neg\u00e1ndoles, injustificadamente, su petici\u00f3n de suspensi\u00f3n de los actos partitivos, lo que termin\u00f3 confirmando el ad-quem. <\/p>\n
Destacaron que el Tribunal, a pesar de estar obligado a hacerlo, no efectu\u00f3 ninguna referencia frente a sus reparos espec\u00edficos en torno a que al permitir al juez de la sucesi\u00f3n surtir la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial se les impide controvertir, como lo contempla el aludido art\u00edculo 523, la demanda que para tal efecto deb\u00eda presentar Rodr\u00edguez Calder\u00f3n; que lo que cuestionaban, contrario a lo supuesto por la Corporaci\u00f3n atacada, precisamente es \u00abla falta de acci\u00f3n, \u2026de demanda de liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, es que\u2026 no ha habido acci\u00f3n liquidatoria ni en el Juzgado\u2026 de la Dorada ni en el\u2026 de L\u00e9rida\u00bb; y que aunque acorde con el precepto 6\u00ba de la Ley 54 de 1990 es viable \u00abefectuar en forma conjunta la liquidaci\u00f3n de la herencia, sociedad conyugal y sociedad patrimonial de la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb, para ello \u00abse debe respetar el procedimiento establecido en el [citado] art\u00edculo 523\u2026, es decir, que cuando la sentencia ordena la liquidaci\u00f3n, se debe efectuar en el mismo juzgado, o como en el presente caso se va llevar en otra autoridad violando el debido proceso, al menos se debe presentar la demanda y correrle traslado a las partes para que tengan la oportunidad de presentar las excepciones legales\u00bb. <\/p>\n
3. Esta Corte admiti\u00f3 la solicitud de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo de Familia de L\u00e9rida histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas y se\u00f1al\u00f3 que \u00abno ha amenazado o vulnerado derecho fundamental alguno a los accionantes\u00bb, quienes, \u00absi no estaban de acuerdo con el reconocimiento, como interesada dentro de [esa] sucesi\u00f3n, de\u2026 Rodr\u00edguez Calder\u00f3n, como compa\u00f1era permanente, se debi\u00f3 interponer los recursos de ley contra el auto de\u2026 28 de octubre de 2020, lo que no hicieron\u00bb. <\/p>\n
2. El abogado Sigifredo Sandoval Hern\u00e1ndez, \u00abcomo apoderado de\u2026 Blanca Nieves Rodr\u00edguez Calder\u00f3n\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la salvaguarda propuesta sin allegar el poder especial conferido por \u00e9sta para actuar en este tr\u00e1mite supralegal en su representaci\u00f3n, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
3. Por lo dem\u00e1s, al momento de someter a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en este asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna respecto a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, descendiendo al caso de autos, concluye la Corte que la solicitud de protecci\u00f3n est\u00e1 llamada al fracaso, con fundamento en las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
2.1. En cuanto al reclamo frente al prove\u00eddo de 28 de octubre de 2020 (mediante el cual el Juzgado reconoci\u00f3 como interesada, en su calidad de compa\u00f1era permanente sup\u00e9rstite, a Blanca Rodr\u00edguez Calder\u00f3n), el ruego constitucional es inviable porque carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que entre esa data y la de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (7 de abril de 2022), transcurrieron m\u00e1s de diecisiete (17) meses, super\u00e1ndose, por mucho, el lapso semestral que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n supralegal. <\/p>\n
En la materia, se ha sostenido que: <\/p>\n
…si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
2.2. De igual forma, la solicitud de resguardo tambi\u00e9n es improcedente frente a la memorada determinaci\u00f3n porque contra la misma los quejosos no formularon ning\u00fan recurso ante el juzgador natural, con lo cual abandonaran la posibilidad que ten\u00edan de agotar all\u00ed la discusi\u00f3n respectiva. <\/p>\n
De ah\u00ed que la salvaguarda no resulte viable porque el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites correspondientes, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de defensa previstos en el orden jur\u00eddico, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si los gestores del amparo \u00abdesperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
…es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
2.3. Finalmente, en cuanto al prove\u00eddo del pasado 23 de marzo (a trav\u00e9s del cual el ad-quem confirm\u00f3 el del a-quo que el 14 de diciembre de 2021 no accedi\u00f3 a la suspensi\u00f3n de los actos partitivos), la protecci\u00f3n rogada tampoco se abre paso, pero al advertir que el Tribunal acusado expres\u00f3 all\u00ed claramente las razones para proceder en la forma en que lo hizo, las cuales, lejos est\u00e1n de mostrarse arbitrarias. <\/p>\n
2.3.1. En efecto, de entrada, descart\u00f3 que pudiese ocuparse de un aparente error de las autoridades que conocieron del juicio de declaraci\u00f3n de existencia y disoluci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho, entre el difunto Luis Enrique Osorio Rojas y Blanca Rodr\u00edguez Calder\u00f3n, al disponer la remisi\u00f3n de ese tr\u00e1mite al Juzgado acusado para que, al interior de la sucesi\u00f3n a su cargo, se ocupara de agotar la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial derivada de aquella. Lo cual hizo en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u2026Delanteramente ha de precisarse que, sobre los reparos enfilados a cuestionar la legalidad de las decisiones proferidas por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de la Dorada \u2013 Caldas y el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Manizales no se realizar\u00e1 pronunciamiento alguno por parte de esta Corporaci\u00f3n Judicial, en tanto dicha controversia judicial debe surtirse en el interior del proceso identificado con la radicaci\u00f3n 2018-00504-00 que no en esta etapa procesal, siendo inadmisible suscitarse discusi\u00f3n distinta a la solicitud de suspensi\u00f3n de la partici\u00f3n y menos cuando se trata de presuntos conflictos de competencia para cuyo tr\u00e1mite el legislador ha dispuesto las herramientas procesales pertinentes. <\/p>\n
Seguidamente, tambi\u00e9n encontr\u00f3 adecuado el despacho adverso de la petici\u00f3n de suspensi\u00f3n de la distribuci\u00f3n, al no hallar acreditado ninguno de los taxativos supuestos legales para su procedencia. Lo que as\u00ed razon\u00f3: <\/p>\n
\u2026mem\u00f3rese lo previsto en el art\u00edculo 516 ib\u00eddem [se refiere al C\u00f3digo General del Proceso], as\u00ed: \u201cel juez decretar\u00e1 la suspensi\u00f3n de la partici\u00f3n por las razones y en las circunstancias se\u00f1aladas en los art\u00edculos 1387 y 1388 del C\u00f3digo Civil, siempre que se solicite antes de quedar ejecutoriada la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n o adjudicaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Sobre el particular, ha resaltado la doctrina que, en lo que respecta a las previsiones del art\u00edculo 1387 del compendio normativo civil, tales disputas \u201chan de ser ventiladas en proceso verbal, cuya decisi\u00f3n incide de manera definitiva en las adjudicaciones, bien para aumentarlas, disminuirlas o, a\u00fan suprimirlas definitivamente, consagr\u00e1ndose as\u00ed un caso de cuesti\u00f3n prejudicial del proceso de familia a proceso de familia por aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el art. 161, num. 1 que exige expresamente declaraci\u00f3n de parte, de ah\u00ed que no la puede decretar de oficio el juez\u201d1, por otra parte, \u201cdiferente es la situaci\u00f3n cuando la suspensi\u00f3n tiene origen en el art. 1388 del C.C., en virtud del cual si se discute sobre la propiedad de un bien que est\u00e9 involucrado como activo de la sucesi\u00f3n, no se suspender\u00e1 la partici\u00f3n ni se omitir\u00e1 la adjudicaci\u00f3n del referido bien. El inciso 2\u00b0 agrega: \u201csin embargo, cuando recayeren sobre una parte considerable de la masa partible, podr\u00e1 la partici\u00f3n suspenderse hasta que se decidan; si el juez a petici\u00f3n de los asignatarios a quienes corresponda m\u00e1s de la mitad de la masa partible, lo ordenare as\u00ed\u201d2. <\/p>\n
2.4. Emerge de la normativa rese\u00f1ada el acierto del a quo tras negar la solicitud de suspensi\u00f3n deprecada, pues no se evidencia el cumplimiento de las hip\u00f3tesis de que tratan los art\u00edculos 1387 y 1388 del C\u00f3digo Civil, en tanto el proceso en que tuvo g\u00e9nesis la solicitud de suspensi\u00f3n no cuestiona la calidad de los herederos interesados en la presente causa y menos a\u00fan se hizo referencia a conflictos sobre la propiedad de uno de los bienes de la sucesi\u00f3n, tal y como pasa a explicarse: <\/p>\n
2.4.1. En principio, v\u00e9ase que el motivo que origin\u00f3 la solicitud de suspensi\u00f3n de la partici\u00f3n es aqu\u00e9l que declar\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho entre Nieves Rodr\u00edguez Calder\u00f3n y Luis Enrique Osorio Rojas, orden\u00e1ndose realizar la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial acaecida, sin que medie evidencia en el plenario de que \u00e9ste (sic) segundo asunto se encuentre en curso ante alguna autoridad judicial y, contrario a ello, lo que pretende el recurrente es cuestionar las determinaciones emitidas por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de la Dorada dentro del proceso identificado con radicaci\u00f3n 2018-00504-00. <\/p>\n
3.4.2. (sic) Si bien resulta indiscutible que, mientras no obre claridad sobre la calidad de los llamados a suceder no es posible efectuar la partici\u00f3n de los bienes que hacen parte de la sucesi\u00f3n, en tanto dicha calidad incide directamente en las adjudicaciones a realizar en el pleito judicial, descendiendo en el caso examinado, la situaci\u00f3n de Nieves Rodr\u00edguez Calder\u00f3n es clara por cuanto fue reconocida como compa\u00f1era permanente del causante y, en consecuencia, puede acudir en este asunto en tal calidad ya que la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial a la que se ha hecho alusi\u00f3n puede ser ventilada en el presente proceso conforme lo previsto en el art\u00edculo 6 de la Ley 54 de 1990. <\/p>\n
2.4.3. A su turno, it\u00e9rese que no existe discusi\u00f3n sobre derechos de propiedad de los bienes de la sucesi\u00f3n doble e intestada de los causantes Luis Enrique Osorio Rojas y Neila Galindo de Osorio, pues obvi\u00f3 el solicitante relacionar los bienes cuyo dominio se discute y, distinto a ello, se evidencia que lo pretendido tiene intr\u00ednseca relaci\u00f3n con el asunto que ac\u00e1 se ventila, de ah\u00ed que no se advierta una raz\u00f3n que justifique la suspensi\u00f3n deprecada pues acceder a la misma ir\u00eda en contrav\u00eda del principio de celeridad que rige la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2.3.2. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Entonces, el reclamo de los peticionarios no halla recibo en esta sede excepcional, ya que, en rigor, lo que formularon es una diferencia de criterio acerca de los planteamientos jur\u00eddicos y f\u00e1cticos que sirvieron de soporte para el pronunciamiento antes rese\u00f1ado, de los cuales se extrae que el Tribunal concluy\u00f3, con suficiencia, que no era esa la oportunidad para plantear objeciones frente a lo decidido en el juicio de declaraci\u00f3n de existencia y disoluci\u00f3n de la uni\u00f3n marital que dispuso remitir la actuaci\u00f3n para que la respectiva liquidaci\u00f3n se efectuara ante el juez de la sucesi\u00f3n; que no se daba ninguno de los supuestos exclusivos del canon 516 del C\u00f3digo General del Proceso para la viabilidad de la suspensi\u00f3n de la partici\u00f3n (esto es, las situaciones contempladas en los preceptos 1387 y 1388 del C\u00f3digo Civil); y tampoco se acredit\u00f3 que ante otra autoridad se adelantara la liquidaci\u00f3n de la referida sociedad patrimonial, por lo que el fallador de la causa mortuoria ten\u00eda plena competencia para hacerlo de forma conjunta, sin que para tal prop\u00f3sito, contrario a lo considerado por los reclamantes, la ausencia de demanda para obtener aquella distribuci\u00f3n constituyera un obst\u00e1culo; en cuyo caso esa labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria por este juzgador constitucional, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho [el fallador ordinario] no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135-2016, 2 jun., rad. 2016-01050). <\/p>\n
3. Lo consignado impone despachar adversamente la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, declara improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 L\u00f3pez, H.F. (2017). C\u00f3digo General del Proceso. Parte General. Bogot\u00e1 D.C. DUPRE Editores. <\/p>\n
2\u0002 L\u00f3pez, H.F. (2017). C\u00f3digo General del Proceso. Parte General. Bogot\u00e1 D.C. DUPRE Editores. <\/p>\n
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STC4993-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC4993-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01115-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Vidal Antonio Osorio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62961","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62961","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62961"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62961\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62961"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62961"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62961"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}