STC4995-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4995-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 54518-22-08-000-2022-00006-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 14 de marzo de 2022 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, en la tutela que Luz Amparo Orduz Rodr\u00edguez instaur\u00f3 en contra de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Juzgado Noveno Civil Municipal de C\u00facuta, el Instituto Colombiano de Cr\u00e9dito Educativo y Estudios T\u00e9cnicos en el Exterior -ICETEX-, Experian Colombia S.A. -DATACR\u00c9DITO-, y CIFIN S.A.S. -TRANSUNI\u00d3N, extensiva a la Fiscal\u00eda Segunda Seccional de Pamplona y al Banco Caja Social, sucursal Cabecera del Llano \u2013 Bucaramanga. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La actora, en nombre propio, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al trabajo, m\u00ednimo vital, \u00abvida en condiciones dignas\u00bb y habeas data, para que se ordenara: i) A la Fiscal\u00eda, pronunciarse sobre la causa n\u00ba 2012-0277; ii) Al ICETEX, realizar las gestiones necesarias para eliminar cualquier calificaci\u00f3n como incumplida en el pago de sus acreencias; iii) Al Juzgado Noveno Civil Municipal de C\u00facuta levantar las medidas cautelares decretadas en su contra; iv) A la CIFIN y Experian, retirar datos positivos o negativos de los que sea titular; y, v) Al Banco Caja Social, devolver \u00abel valor del ahorro programado en [su] cuenta de ahorros (\u2026) ya que es un embargo abusivo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Respald\u00f3 sus pedimentos en los hechos que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
1.1. Tras acudir a distintas entidades financieras en busca de un cr\u00e9dito que le permita estabilizar su situaci\u00f3n econ\u00f3mica y laboral, \u00e9ste fue negado por aparecer como \u00abdeudora morosa\u00bb del Icetex, instituci\u00f3n en la que le aseguraron que su firma aparec\u00eda impresa en el espacio destinado para los codeudores en algunos pagar\u00e9s suscritos por otra persona que, aunque no tiene ning\u00fan v\u00ednculo con ella, utiliz\u00f3 su nombre y copia de su identificaci\u00f3n para adquirir obligaciones. <\/p>\n
1.2. Formul\u00f3 denuncia por falsedad de documento ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y, en desarrollo de aquella se determin\u00f3 que no exist\u00eda \u00abuniprocedencia manuscritural\u00bb entre las r\u00fabricas del t\u00edtulo valor y las de referencia tomadas directamente de ella, pero \u00abal d\u00eda de hoy ni siquiera ha realizado la imputaci\u00f3n del delito\u00bb, descuido que la ha perjudicado de manera contundente, en tanto, sus \u00abcuentas\u00bb fueron afectadas y aparece enlistada en las centrales de riesgo, producto de la \u00abrepetida suplantaci\u00f3n de identidad\u00bb de la que ha sido v\u00edctima. <\/p>\n
1.3. Afirm\u00f3 que ninguno de los entes involucrados atendi\u00f3 los requerimientos encaminados a \u00abarreglar la vida crediticia, el [r]establecimiento del derecho, [la cesaci\u00f3n de]\u00bb los efectos producidos por el delito, el desembargo de la cuenta de ahorro programado entre oras solicitudes\u00bb, y enfatiz\u00f3 en la inaplicaci\u00f3n por el estrado judicial cuestionado \u00ab[d]el decreto 564 de 1996 art\u00edculo 2, donde a\u00f1o a a\u00f1o la Superintendencia financiera fija los montos que son inembargables para las cuentas de ahorro\u00bb. <\/p>\n
2.- La CIFIN indic\u00f3 que no hay reporte negativo frente a la gestora de parte de las dem\u00e1s encartadas, ni pedimento radicado por ella relacionado con los hechos expuestos. En cuanto a las \u00abanotaciones de embargo\u00bb destac\u00f3 que advirti\u00f3 el de dos cuentas de ahorro individual inactivas, pero las mismas no son consideradas datos negativos a la luz del art\u00edculo 14, literal a) de la Ley 1266 de 2008. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda Segunda Seccional de Norte de Santander se\u00f1al\u00f3 que la carpeta correspondiente al caso \u00abdenunciado\u00bb por la suplicante estuvo a cargo de dicha dependencia hasta el 4 de diciembre de 2017, momento en el cual fue remitida a la Fiscal\u00eda 16 de la Unidad de Patrimonio Econ\u00f3mico y Fe P\u00fabica, en la que permaneci\u00f3 hasta el 27 de abril de 2021, data en la que se envi\u00f3 a la Fiscal\u00eda Primera Local de Puerto Santander donde actualmente se ubica. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda 1\u00aa Local de Puerto Santander adujo que all\u00ed cursa la \u00abdenuncia\u00bb presentada por Luz Amparo por el delito de falsedad de documento privado, asunto en el cual \u00abno ha establecido el autor de quien cometi\u00f3 dicho delito y as\u00ed mismo se sigue recolectando EMP y EV para llevar a cabo imputaci\u00f3n de cargos de conformidad con el art\u00edculo 286 del C.P.P.\u00bb. <\/p>\n
El Banco Caja Social anunci\u00f3 que no constituy\u00f3 dep\u00f3sito judicial a favor del proceso y, por tanto, no fueron \u00abafectados\u00bb los saldos de la promotora. Ello, por cuanto una de sus \u00abcuentas\u00bb goza del beneficio de \u00abinembargabilidad (\u2026) hasta tanto supere el monto establecido\u00bb; y, la otra, aunque fue \u00abafectada\u00bb, no dispone de recursos. <\/p>\n
Experian Colombia S.A. \u2013 Datacr\u00e9dito comunic\u00f3 que i) No existe dato negativo respecto de \u00abobligaciones adquiridas con el (\u2026) ICETEX\u00bb; ii) el \u00abembargo de una cuenta bancaria es un hecho objetivo que debe quedar registrado en la historia de cr\u00e9dito\u00bb; iii) \u00abDATACR\u00c9DITO no puede eliminar el registro del embargo que pesa sobre la cuenta bancaria del accionante pues se trata de un dato financiero objetivo y veraz\u00bb.; iv) \u00abno tiene injerencia en los tr\u00e1mites de las solicitudes presentadas por los titulares directamente ante las fuentes\u00bb, ni tampoco, en las resoluciones que estas \u00faltimas tomen en relaci\u00f3n con el otorgamiento de cr\u00e9ditos o servicios. <\/p>\n
El ICETEX manifest\u00f3 que la tutelante registra como \u00abdeudora solidaria\u00bb de un cr\u00e9dito y, \u00ab(\u2026) [a]l corte del 04 de marzo de 2022 la obligaci\u00f3n se encuentra cancelada en su totalidad, por lo que se autoriz\u00f3 la devoluci\u00f3n de las garant\u00edas [pagar\u00e9 y carta de instrucciones]\u00bb; no obstante, como present\u00f3 mora consecutiva, avis\u00f3 a las centrales de riesgo. Agreg\u00f3 que el 4 de marzo del a\u00f1o en curso respondi\u00f3 la petici\u00f3n a la que alude la precursora. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Pamplona concedi\u00f3 el amparo frente a la Fiscal\u00eda, a quien inst\u00f3 a \u00abdefinir la noticia criminal No.680016000160201202771 (\u2026)\u00bb en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de un (1) mes, contado desde la notificaci\u00f3n de la sentencia, habida cuenta que, pese a que la \u00abdenuncia\u00bb fue interpuesta desde abril de 2012, no se ha definido el caso, mora que deviene injustificada. <\/p>\n
Neg\u00f3 la guarda frente a los dem\u00e1s convocados, arguyendo que, aunque del pedimento que hizo la quejosa ante el ente acusador se desprende su conocimiento de la demanda ejecutiva desde febrero de 2017, no despleg\u00f3 actuaci\u00f3n alguna para combatir los hechos que por v\u00eda constitucional expone como violatorios de sus garant\u00edas, omisi\u00f3n que estim\u00f3 ajena al requisito de subsidiariedad caracter\u00edstico de esta senda. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n al Icetex declar\u00f3 carencia actual de objeto por haberse superado el hecho generador de la amenaza y, respecto de la Cif\u00edn y Datacr\u00e9dito predic\u00f3 la improcedencia de la queja por no existir ninguna anotaci\u00f3n de Orduz Rodr\u00edguez en sus bases de datos. <\/p>\n
2.- La libelista impugn\u00f3 el ordinal tercero del veredicto, porque, en su criterio, el juzgador de primer grado: <\/p>\n
i) Nada dijo sobre el desconocimiento del Juzgado Noveno Civil Municipal de C\u00facuta frente a los montos \u00abinembargables\u00bb en las cuentas de ahorro, concretamente, la del Banco Caja Social, destinada para un proyecto de vivienda digna para su familia; <\/p>\n
ii) Pas\u00f3 por alto que su inactividad en la lid si fue \u00abjustificada\u00bb, dado que \u00abno tuv[o] la suficiente capacidad de contratar una persona profesional del derecho que [l]e orientara (\u2026)\u00bb pues, seg\u00fan destac\u00f3, acudi\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo y no fue escuchada, as\u00ed como tampoco lo hizo el Banco Caja Social; <\/p>\n
iii) Se equivoc\u00f3 al afirmar que no existe perjuicio irremediable, dado que, es un hecho cierto el da\u00f1o que le ha causado a su vida crediticia, econ\u00f3mica, laboral y familiar, el fraude realizado con su nombre. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada al paginario, se advierte el fracaso del resguardo y, por ende, la convalidaci\u00f3n de la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
En efecto, se inobserv\u00f3, sin \u00abjustificaci\u00f3n\u00bb valida, el requisito temporal que impera en esta sui generis justicia, en la medida que, como lo advirti\u00f3 el a quo, entre la data en que adver\u00f3 Luz Amparo haberse enterado del \u00abembargo\u00bb de su \u00abcuenta de ahorro programado\u00bb (15 feb. 2017) y la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (28 feb. 2022), transcurrieron m\u00e1s de cinco (5) a\u00f1os; esto es, se super\u00f3 por mucho el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han apreciado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha expresado que <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (Se resalta, STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada entre muchas en STC4535-2020). <\/p>\n
Ahora, si bien es cierto, esta Sala en algunos casos ha superado la ausencia de tal \u00abpresupuesto\u00bb, flexibiliz\u00e1ndolo, tambi\u00e9n lo es, que ello tan solo acaece cuando la demora para activar este dispositivo se encuentra \u00abdebidamente justificada\u00bb. Al respecto en STC3949-2021, citando la SU-961\/99, T-743\/08 y T-033\/10 de la Corte Constitucional, esgrimi\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma, en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En el caso que se analiza, Orduz Rodr\u00edguez dijo que la tardanza en ejercer este remedio encuentra excusa en la falta de recursos para \u00abcontratar una persona profesional del derecho que [la] orientara\u00bb y en la desidia de la Defensor\u00eda del Pueblo y del Banco Caja Social para contestar su petici\u00f3n de ayuda; empero, tales argumentos no logran el prop\u00f3sito pretendido. <\/p>\n
Ello, porque como consta en el formato \u00fanico de noticia criminal adosado al escrito genitor, la misma accionante relat\u00f3 que tuvo la posibilidad de concurrir al consultorio jur\u00eddico de una universidad en busca de la asesor\u00eda legal que ahora echa de menos, as\u00ed como tambi\u00e9n, pudo arrimar al proceso penal los elementos probatorios que daban cuenta de la falsedad reprochada; tampoco existe certeza sobre la indiferencia del Ministerio P\u00fablico y del referido Banco ante la presunta colaboraci\u00f3n implorada, falencias que, por dem\u00e1s, ponen al descubierto su incuria. <\/p>\n
2.- Bajo ese entendido, ninguna menci\u00f3n a los l\u00edmites de \u00abinembargabilidad\u00bb deb\u00eda hacer fallador de primer grado ante la insatisfacci\u00f3n de una de las exigencias de procedibilidad del socorro, que por s\u00ed sola, descart\u00f3 la custodia deprecada, asunto que, en todo caso, fue esclarecido en el informe rendido por el \u00abbanco\u00bb, para exaltar que no pudo poner a disposici\u00f3n del juzgado los dineros de Luz Amparo, susceptibles de ser cautelados, por ser inferiores a los par\u00e1metros previstos en el art\u00edculo 9\u00ba de la Ley 1066 de 2006. <\/p>\n
3. En lo que ata\u00f1e a la \u00abinadvertencia del perjuicio irremediable\u00bb discutida en la impugnaci\u00f3n, basta apuntar que, tal inquietud no fue sometida a consideraci\u00f3n del a quo constitucional desde la \u00absolicitud de amparo\u00bb, ni a contradicci\u00f3n de los convocados, ya que se introdujo al predicar la inconformidad frente al prove\u00eddo de primera instancia, constituyendo as\u00ed una nueva alegaci\u00f3n, no susceptible de ser analizada en esta etapa, como quiera que, de proceder en tal sentido, se afectar\u00eda el derecho de defensa de quienes no tuvieron la oportunidad de combatirlo. <\/p>\n
Esta Sala, al punto, ha esbozado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]s cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corzo cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa\u2026\u00bb (STC175-2017, 19 en. 2017, rad. 2016-02054-01 y STC8838-2021, reiteradas en STC3157-2022, 17 mar., rad. 2021-02113). <\/p>\n
4.- De ese modo las cosas, ning\u00fan desatino mostr\u00f3 la providencia refutada y, por lo tanto, la misma ser\u00e1 refrendada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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