STC4999-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4999-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01136-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Gustavo Rodr\u00edguez Pinz\u00f3n, como agente oficioso de Pedro Antonio Rodr\u00edguez Barrera, contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el asunto penal con radicado N\u00b0 110016000050201408873 y en la acci\u00f3n de revisi\u00f3n con N\u00b0 11001020400020210000200. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la calidad descrita, el accionante solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, libertad, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados a su agenciado en los tr\u00e1mites referidos. <\/p>\n
En apoyo de su queja, expres\u00f3 que acudi\u00f3 a este amparo en favor de su hijo Pedro Antonio Rodr\u00edguez Barrera, por cuanto \u00e9ste se halla privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Pitalito -Huila-, por lo cual no \u00abse encuentra en condiciones personales, ni f\u00edsicas, ni psicol\u00f3gicas para instaurar la acci\u00f3n de tutela a nombre propio\u00bb. <\/p>\n
Expuso que en el proceso penal iniciado en contra de su hijo por el delito de homicidio en la modalidad de tentativa, fue absuelto en primera instancia por el Juzgado Treinta y Dos Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, y apelada la decisi\u00f3n por el Ministerio P\u00fablico, Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad la revoc\u00f3 el 22 de enero de 2018 y lo conden\u00f3 a ciento cincuenta (150) meses de prisi\u00f3n, sin otorgarle la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena o la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
Que, el Tribunal valor\u00f3 irregularmente las pruebas, pues su hijo nunca estuvo en el lugar de los hechos y, menos, perteneci\u00f3 a la \u00aborganizaci\u00f3n criminal que operaba en la zona denominada \u2018Los Tierreros\u2019\u00bb, la que fue la responsable del mencionado punible. <\/p>\n
Tras asegurar que esta acci\u00f3n cumple con los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, el se\u00f1or Rodr\u00edguez Pinz\u00f3n expres\u00f3 que el Tribunal, en el fallo condenatorio, incurri\u00f3 \u00aben una valoraci\u00f3n arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba porque, sin raz\u00f3n valedera, dio por probada la intervenci\u00f3n dolosa de [su] hijo en la tentativa de homicidio cuando del an\u00e1lisis imparcial de los hechos y circunstancias no emerge clara y objetivamente su participaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Aunque el solicitante no formul\u00f3 petici\u00f3n concreta, se extrae que pretende la revocatoria de las decisiones emitidas por las autoridades censuradas. <\/p>\n
2. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el pasado 19 de abril se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que conoci\u00f3 de la audiencia concentrada para la realizaci\u00f3n de legalizaci\u00f3n de captura, formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n e imposici\u00f3n de medida de aseguramiento, adelantada respecto de Pedro Antonio Rodr\u00edguez Barrera, en el proceso penal cuestionado. <\/p>\n
2. La Procuradora Tercera Delegada para la Casaci\u00f3n Penal sostuvo que el amparo no proced\u00eda porque en el asunto censurado \u00abse respetaron todas las garant\u00edas y derechos del condenado, se llevaron a cabo frente a sus jueces naturales, con acompa\u00f1amiento legal constante y efectivo\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal relat\u00f3 los antecedentes del proceso penal y del recurso de revisi\u00f3n conocido por ella y advirti\u00f3 que no incurri\u00f3 en vulneraci\u00f3n alguna. <\/p>\n
4. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 asegur\u00f3 que la sentencia de 22 de enero de 2018, dictada en el proceso penal seguido al aqu\u00ed representado, \u00abse adopt\u00f3 en derecho, en un plazo razonable, est\u00e1 ejecutoriada y se presume acertada y legal\u00bb, providencia que no se recurri\u00f3 en casaci\u00f3n, lo cual demuestra el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
5. La Fiscal\u00eda Tercera Especializada de la Unidad de Vida adujo que en el proceso penal contra el agenciado cumpli\u00f3 con sus funciones, investigando los hechos y demostrando su teor\u00eda del caso, lo cual llev\u00f3 al fallo condenatorio emitido en el asunto. <\/p>\n
6. El Juzgado Diecisiete de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que envi\u00f3 el proceso penal censurado a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, para lo de su cargo. <\/p>\n
7. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
As\u00ed mismo, no puede olvidarse, que si bien el ordenamiento establece que la acci\u00f3n de tutela se trata de un procedimiento breve y sumario y por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible eludir el respeto a requisitos tales como, el de la legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 10\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, determina que aquella se podr\u00e1 ejercer por la \u00abpersona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb, y para facilitar la defensa de derechos ajenos, la misma norma estableci\u00f3 la agencia oficiosa cuando el titular de las garant\u00edas constitucionales no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, pero en tal caso, y para que opere esta figura, la solicitud deber\u00e1 reunir los siguientes elementos, (i) La manifestaci\u00f3n del agente oficioso en el sentido de actuar como tal (ii) La circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no est\u00e1 en condiciones f\u00edsicas o mentales para promover su propia defensa (iii) La existencia de la agencia no implica una relaci\u00f3n formal entre el agente y los agenciados titulares de los derechos.(\u2026) (CC T-531 de 2002; citada, entre otras, CSJ STC, 16 dic. 2015, rad. STC17395-2015) (\u2026)\u201d (subraya fuera del texto)\u00bb (CSJ, STC1719-2020). <\/p>\n
2. A la luz de lo expuesto, pronto se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n constitucional reclamada, pues Gustavo Rodr\u00edguez Pinz\u00f3n no est\u00e1 habilitado para acudir a esta acci\u00f3n como agente oficioso de Pedro Antonio Rodr\u00edguez Barrera, como quiera que no est\u00e1 demostrada la imposibilidad del representado para acudir directamente a este tr\u00e1mite. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la manifestaci\u00f3n del solicitante, relativa a que su hijo Pedro Antonio no puede promover esta acci\u00f3n en su nombre porque se halla privado de la libertad, no comprueba la incapacidad del agenciado para acudir a esta jurisdicci\u00f3n, ya que, de un lado, aqu\u00e9l en pasada oportunidad impuls\u00f3 de forma directa una acci\u00f3n de tutela contra el proceso penal aqu\u00ed denunciado, estando en iguales condiciones a las que ahora precisa el se\u00f1or Rodr\u00edguez Pinz\u00f3n, ver STP9870-2019, y, de otra parte, porque el sentenciado cuenta con el \u00abservicio de asistencia jur\u00eddica\u00bb1 en el establecimiento carcelario donde se encuentra. <\/p>\n
En torno a ese \u00faltimo aspecto, esta Sala, en un caso equiparable, advirti\u00f3: \u00abEl hecho de que Nelson Enrique Quintero Hern\u00e1ndez se encuentre privado de la libertad, no le impide acceder al servicio de justicia, pues aqu\u00e9l puede hacer uso de los canales virtuales habilitados por el Consejo Superior de la Judicatura, en cada uno los diferentes despachos judiciales del pa\u00eds, o por medio de la \u201casistencia jur\u00eddica\u201d implementada en los establecimientos de reclusi\u00f3n en disposici\u00f3n del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario (CSJ, STC3883-2020). <\/p>\n
Y m\u00e1s recientemente, la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, en otro asunto similar, se\u00f1al\u00f3: \u00ab[L]a Corte no encuentra que en el presente caso est\u00e9n dados los presupuestos que permitan justificar la configuraci\u00f3n de la figura de la agencia oficiosa de PEDRO PABLO HOYOS JIM\u00c9NEZ de cara al amparo del derecho fundamental al debido proceso de sus hijos, por las siguientes razones: <\/p>\n
i. (\u2026) en el escrito inicial no se explica, as\u00ed sea de manera somera, cu\u00e1les son las razones por las que Jorge Eduardo y Hern\u00e1n Dar\u00edo Hoyos Vargas no pueden concurrir de manera directa a solicitar el amparo de sus propios derechos fundamentales. <\/p>\n
ii. Al respecto, vale decir que el simple hecho de que ellos est\u00e9n privados de su libertad no implica que no puedan interponer de manera directa su propia acci\u00f3n de tutela, o que no puedan otorgar un poder para que un abogado lo haga en nombre de ellos. La evidencia de esta circunstancia est\u00e1 dada por el hecho de que, en la pr\u00e1ctica judicial habitual, es muy com\u00fan encontrar amparos elevados de manera directa por personas privadas de su libertad. <\/p>\n
iii. Del mismo modo, en el escrito inicial no se indic\u00f3 que los hijos del actor estuvieran en aislamiento, o sufrieran de alg\u00fan tipo de discapacidad que les impida acudir por sus propios medios a solicitar la garant\u00eda o protecci\u00f3n de sus propios derechos fundamentales. Si ello es as\u00ed, es evidente que ellos no se encuentran en incapacidad f\u00edsica o jur\u00eddica para elevar acciones de amparo y, en consecuencia, no se estructura el segundo requisito constitutivo de la figura de la agencia oficiosa. <\/p>\n
iv. Por lo dem\u00e1s, y como consecuencia de la anterior l\u00ednea argumentativa, es evidente que PEDRO PABLO HOYOS JIM\u00c9NEZ no tiene legitimidad en la causa por activa para interponer el presente mecanismo de amparo en procura de la protecci\u00f3n de unos derechos fundamentales ajenos. Lo anterior, m\u00e1xime cuando sus hijos son mayores de edad y tienen la autonom\u00eda de tomar sus propias decisiones en lo que concierne a la forma en la que ellos puedan demandar el respeto de sus derechos fundamentales\u00bb (CSJ, STP15321-2021). <\/p>\n
Finalmente, se destaca que el anterior criterio, tambi\u00e9n ha sido acogido por la Corte Constitucional, quien ha expresado: <\/p>\n
\u00ab[E]l [agenciado], a pesar de encontrarse privado de la libertad, no ha visto obstaculizado el ejercicio aut\u00f3nomo y directo de sus derechos, acudiendo a las acciones, recursos y solicitudes puestos a su alcance. Adem\u00e1s, no se aport\u00f3 medio de convicci\u00f3n alguno que permitiera establecer que en esta oportunidad se hallaba imposibilitado para acudir directamente ante el juez constitucional, como tampoco existe ratificaci\u00f3n de su parte respecto de la demanda de tutela interpuesta por su compa\u00f1era permanente\u00bb (Corte Constitucional, Sentencia T-406 de 2017). <\/p>\n
3. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR por improcedente la tutela promovida por Gustavo Rodr\u00edguez Pinz\u00f3n, como agente oficioso de Pedro Antonio Rodr\u00edguez Barrera, contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 154. Asistencia jur\u00eddica. \u201cLa Defensor\u00eda del Pueblo, de acuerdo con la Direcci\u00f3n del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fijar\u00e1 y controlar\u00e1 los defensores en cada establecimiento para la atenci\u00f3n jur\u00eddica de los internos insolventes. El Director del establecimiento respectivo informar\u00e1 peri\u00f3dicamente sobre el comportamiento de estos profesionales al Defensor del Pueblo, quien deber\u00e1 tomar las medidas del caso cuando dichos defensores incumplan sus deberes\u201d. <\/p>\n
\u201cLos directores de los establecimientos promover\u00e1n convenios con aquellas instituciones de educaci\u00f3n superior que, en el marco de su autonom\u00eda, hayan determinado que sus estudiantes del programa acad\u00e9mico de Derecho pueden cumplir con las pr\u00e1cticas correspondientes al consultorio jur\u00eddico, brindando asistencia jur\u00eddica a las personas privadas de la libertad que sean de escasos recursos\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed mismo, los directores de los establecimientos de reclusi\u00f3n podr\u00e1n vincular de forma ad hon\u00f3rem a los estudiantes que hayan culminado su plan de estudios del Programa Acad\u00e9mico de Derecho, y que deseen cumplir con el requisito de grado de la judicatura brindando asistencia jur\u00eddica o las personas se\u00f1aladas en el inciso anterior. En este caso, la duraci\u00f3n de la misma ser\u00e1 de seis meses y la certificaci\u00f3n de su cumplimiento ser\u00e1 expedida por los respectivos directores de los establecimientos de reclusi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
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