STC5002-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5002-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-02139-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Cl\u00edmaco Antonio Mart\u00ednez M\u00e9ndez frente al fallo proferido el 28 de octubre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00e9l contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00ablibre acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a una tutela judicial efectiva, por vulneraci\u00f3n directa al principio fundamental de publicidad de las actuaciones procesales\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada, al no acceder a su petici\u00f3n de invalidez y rechazar los recursos que propuso frente a tal determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00ab[d]ejar sin efecto la providencia de 09\/06\/2021, emanada de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso, los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el juicio ordinario laboral que el actor le inco\u00f3 a Almac\u00e9n BC SAS (pretendiendo se declarara que entre ellos existi\u00f3 un contrato laboral a t\u00e9rmino indefinido que dicha sociedad, como empleadora, termin\u00f3 unilateralmente y sin justa causa, por lo cual deb\u00eda reconocerle, en lo medular, los salarios dejados de pagar, las respectivas prestaciones sociales, as\u00ed como la indemnizaci\u00f3n correspondiente), surtidas las etapas de rigor, el 4 de abril de 2019 el Juzgado Civil del Circuito de Lorica dict\u00f3 sentencia adversa a las pretensiones, decisi\u00f3n que el 29 de mayo siguiente confirm\u00f3 la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda, ante lo cual el accionante interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n.. <\/p>\n
2.2. El 5 de febrero de 2020 la autoridad acusada admiti\u00f3 esa censura y dispuso correr el t\u00e9rmino para la presentaci\u00f3n de la demanda respectiva; descontado tal lapso entre el 12 de febrero y el 10 de marzo siguientes, durante el cual las partes guardaron silencio, el 17 de junio de ese a\u00f1o se declar\u00f3 desierto el recurso, por falta de sustentaci\u00f3n; el 3 de marzo de 2021 no se accedi\u00f3 a la solicitud de nulidad que por indebida notificaci\u00f3n plante\u00f3 el quejoso frente al prove\u00eddo que admiti\u00f3 tal mecanismo y le dio traslado para motivarlo; y el 9 de junio siguiente se rechazaron la apelaci\u00f3n -por improcedente- y la reposici\u00f3n -por extempor\u00e1nea- interpuestas contra el anterior auto. <\/p>\n
2.3. En la demanda de tutela del ep\u00edgrafe, en concreto, expuso el accionante que irregularmente se le cercen\u00f3 la posibilidad de sustentar su censura extraordinaria, siendo evidente que su petici\u00f3n de invalidez debi\u00f3 prosperar porque se le imposibilit\u00f3 conocer oportunamente el contenido del auto de 5 de febrero de 2020, comoquiera que sus escasos recursos econ\u00f3micos dificultaron que \u00e9l o su apoderada judicial pudiesen trasladarse a la Corte Suprema de Justicia para notificarse del mismo y, para entonces, no hab\u00eda forma diferente de enterarse de las actuaciones all\u00ed surtidas; sumado a que, por un lado, las pocas veces que lograron establecer comunicaci\u00f3n con el estrado que ten\u00eda a su cargo el asunto se limitaron a indicarles, err\u00e1ticamente, que \u00abel recurso se encontraba en el despacho y que estaba pendiente para su radicaci\u00f3n y posterior admisi\u00f3n\u00bb, y de otra parte, que desde el 16 de marzo de 2020 fueron suspendidos los t\u00e9rminos judiciales, por la pandemia por la Covid-19, sin tenerse noticia certera respecto a la reactivaci\u00f3n de los mismos, resultando sorprendidos cuando, por v\u00eda telef\u00f3nica y s\u00f3lo hasta el 22 de octubre de ese a\u00f1o, se les inform\u00f3 de la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n del recurso extraordinario, por su falta de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, cuestion\u00f3 que para el enteramiento de las dem\u00e1s decisiones emitidas en sede de casaci\u00f3n, se desconoci\u00f3 lo dispuesto al respecto por el canon 9 del Decreto 806 de 2020, en tanto que aqu\u00e9llas no fueron insertadas en los estados virtuales fijados para su publicidad, lo que tambi\u00e9n implic\u00f3 que, contrario a lo resuelto, s\u00ed fueran oportunos sus recursos de apelaci\u00f3n y reposici\u00f3n, o el que resultara procedente, frente al prove\u00eddo de 3 de marzo de 2021, siendo evidente el error de la Colegiatura encausada al no atenderlos de fondo. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte deprec\u00f3 \u00abnegar el resguardo implorado, en tanto no se presenta la vulneraci\u00f3n alegada por el accionante\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n al concluir, en lo medular, que las determinaciones criticadas a la sede judicial accionada eran contentivas de un criterio razonable, al ser evidente que sus decisiones \u00abfueron debidamente notificadas y publicitadas en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor insistiendo en sus planteamientos iniciales y destacando que el juzgador supralegal de primer grado \u00abno realiz[\u00f3] un debido control constitucional sobre los verdaderos aspectos sustanciales que impidieron materialmente conocer el auto fechado 5\/02\/2020[,] \u2026que admiti\u00f3 el recurso extraordinario y corri\u00f3 traslado para presentar demanda de casaci\u00f3n, sino que su labor la finc[\u00f3] en aspectos meramente formales y procedimentales[,] abandonando por completo el estudio y prevalencia del derecho sustancial, el que debe en todo caso prevalecer\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Vistas esas premisas y atendidas las normas que gobiernan esta herramienta supralegal, de entrada advierte la Sala que la petici\u00f3n de amparo no ten\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad, por lo cual la decisi\u00f3n impugnada ser\u00e1 confirmada, pero por las razones que aqu\u00ed se pasa a exponer. <\/p>\n
3. En primer lugar, porque no luce arbitrario el contenido del prove\u00eddo de 3 de marzo de 2021, comoquiera que all\u00ed se hizo un an\u00e1lisis razonado del caso concreto, exteriorizando con suficiencia los motivos para despachar adversamente la petici\u00f3n de invalidez que el reclamante propuso frente a la notificaci\u00f3n del auto de 5 de febrero de 2020 (mediante el cual se admiti\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y se dio traslado para presentar la respectiva demanda). <\/p>\n
3.1. En efecto, el juzgador acusado, tras citar el contenido del numeral 8\u00ba del canon 133 del C\u00f3digo General del Proceso, destac\u00f3 que el censor invoc\u00f3 tal causal de invalidez aduciendo que \u00abno pudo conocer del tr\u00e1mite del proceso, concretamente, la notificaci\u00f3n del auto que admiti\u00f3 y le corri\u00f3 traslado del recurso para su sustentaci\u00f3n, al no contar con la informaci\u00f3n que le pudieran suministrar telef\u00f3nicamente la Secretaria de [esa] Sala o en su defecto el Despacho, aunado a que no se le proporcion\u00f3 el CUI (c\u00f3digo \u00fanico de identificaci\u00f3n) para su consulta\u00bb. <\/p>\n
Y para desechar tales alegaciones, con suficiencia, consign\u00f3: <\/p>\n
Examinado el tr\u00e1mite impartido al recurso de casaci\u00f3n, se verifica que, mediante auto del 5 de febrero de 2020, notificado por estado n.\u00b0 011 del d\u00eda siguiente, se admiti\u00f3 y corri\u00f3 traslado a la parte recurrente, cumpli\u00e9ndose a cabalidad el paso a paso previsto para su publicidad, sin que para dicha data se vieran afectados los t\u00e9rminos judiciales por la situaci\u00f3n particular del Covid-19. <\/p>\n
As\u00ed, no resulta de recibo lo planteado por el peticionario, al argumentar la indebida notificaci\u00f3n, pues como se comprueba en el Sistema de Gesti\u00f3n Siglo XXI, todas las actuaciones fueron debidamente notificadas\u2026 <\/p>\n
A lo cual a\u00f1adi\u00f3, de cara al planteamiento del inconforme respecto a la supuesta imposibilidad de ubicaci\u00f3n del expediente por la aparente falta de suministro del n\u00famero de radicado interno asignado en esta Corporaci\u00f3n, que bastaba se\u00f1alar que \u00abexisten maneras seguras para conocer el estado de los procesos judiciales, inclusive, pod\u00eda el interesado no solo a trav\u00e9s del C\u00f3digo \u00danico de Identificaci\u00f3n acceder a la informaci\u00f3n que buscaba, pues a partir del n\u00famero de c\u00e9dula y nombre del recurrente o tambi\u00e9n, con datos de la parte opositora, pod\u00eda tener pleno conocimiento de las actuaciones surtidas\u00bb. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que esa decisi\u00f3n no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la manera como el despacho accionado, con apoyo en el estudio detenido de la actuaci\u00f3n fustigada y las reglas aplicables al caso concreto, determin\u00f3 que no se configur\u00f3 \u00abirregularidad alguna que d\u00e9 lugar a la nulidad alegada dentro de la actuaci\u00f3n procesal surtida\u00bb, en tanto que su auto de 5 de febrero de 2020 fue debida y oportunamente notificado a las partes e intervinientes mediante anotaci\u00f3n en estado, como lo impon\u00eda la normatividad vigente para entonces, esto es, antes de las medidas especiales adoptadas con ocasi\u00f3n de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19, supuesto suficiente para derruir todas las alegaciones del quejoso, especialmente las edificadas en supuestos, no acreditados, suministros de informaci\u00f3n verbal err\u00f3nea por parte de empleados de la sede judicial atacada. <\/p>\n
En este orden de ideas, esas inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez de tutela] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al juzgador natural] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Al respecto tambi\u00e9n se ha sostenido de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (se destac\u00f3 – CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Finalmente, en lo tocante con las restantes alegaciones del actor, referentes a que i) tambi\u00e9n se incurri\u00f3 en deficiencias en la notificaci\u00f3n del auto emitido el 3 de marzo de 2021, lo que implicaba que sus censuras frente al mismo fueron oportunas y, por ende, estaba obligado el juzgador a dar curso a la que resultara procedente; y ii) en todo caso, su petici\u00f3n de invalidez debi\u00f3 prosperar, permiti\u00e9ndosele sustentar su recurso extraordinario; teniendo claro lo concluido en precedencia, la salvaguarda tambi\u00e9n se torna inviable, dada su intrascendencia constitucional, porque lo cierto es que, independientemente de la discusi\u00f3n en torno a la procedencia o tempestividad de los remedios propuestos frente a esa decisi\u00f3n del 3 de marzo, \u00e9sta estaba llamada a ser ratificada, aunado a que el t\u00e9rmino para formular la demanda de casaci\u00f3n corri\u00f3 entre el 12 de febrero y el 10 de marzo de 2020, esto es, feneci\u00f3 con antelaci\u00f3n a la adopci\u00f3n de las medidas especiales derivadas de la pandemia por la Covid-19, de donde, contrario a lo aducido por el quejoso, en modo alguno, el enteramiento del auto que dispuso correr el traslado o su descuento se vieron afectados por esa situaci\u00f3n excepcional o por las reglas del Decreto 806 de 2020, y por tanto, en cualquier caso, su recurso de casaci\u00f3n debi\u00f3 declararse desierto por la ausencia de sustentaci\u00f3n, esto es, por su propia incuria. <\/p>\n
5. Lo dicho, que no precisamente lo concluido por el a-quo constitucional, impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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