STC5003-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5003-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01996-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 6 de octubre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Ana Libia Dom\u00ednguez Villa le instaur\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n n\u00b0 2, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior y al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Descongesti\u00f3n, ambos del Distrito Judicial de Cali y a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2009-00682. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La querellante invoc\u00f3 los derechos al \u00abdebido proceso, igualdad, defensa, seguridad jur\u00eddica, m\u00ednimo vital, trabajo, seguridad social\u00bb, para que se ordenara a la Magistratura cuestionada, \u00abdejar sin efecto la sentencia proferida en sede de casaci\u00f3n n\u00ba SL3132 de 2021\u00bb. <\/p>\n
En sustento, asever\u00f3 que la Corporaci\u00f3n censurada cas\u00f3 la sentencia dictada el 12 de julio de 2021 por el Tribunal Superior de Cali en el juicio laboral que promovi\u00f3 en contra de la Comercializadora Arturo Calle S.A.S., que \u00abrevoc\u00f3 la determinaci\u00f3n emitida por el [a quo] (\u2026) y declar\u00f3 ineficaz el despido de Ana Libia (\u2026), disponiendo que el demandado debe reintegrar a la demandante a un cargo de igual o superior categor\u00eda al que ven\u00eda desempe\u00f1ando, y que garantice el equilibrio en su salud f\u00edsica, sin que se considere que existe soluci\u00f3n de continuidad\u00bb y, en su lugar, ratific\u00f3 la emitida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Descongesti\u00f3n de esa ciudad que absolvi\u00f3 a la demandada (SL3132-2021). <\/p>\n
En su criterio, tal resoluci\u00f3n \u00abdesconoci\u00f3 el precedente, y (\u2026) estudi\u00f3 otros puntos que no fueron objeto del cargo, para sustentar y, argumentar jur\u00eddicamente a su ama\u00f1o, interpretaciones que le permitieran casar la sentencia del ad quem, lo que ser\u00eda incurrir en conductas penales\u00bb, toda vez que la Sala confutada \u00abse desborda su competencia y trae a estudio (sin competencia y facultad para ello, porque no fue esgrimido en el cargo \u00fanico, ni citado en el mismo y ni en la sentencia de segunda instancia), el tema de la culpa del empleador establecida en el art\u00edculo 216 del CST, para poder llegar a la conclusi\u00f3n a la que arrim\u00f3 y as\u00ed poder derribar lo que argument\u00f3 el juez ad quem en su fallo, quien en detalle explic\u00f3, y esgrimi\u00f3 las razones por las cuales revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, con la sustentaci\u00f3n jurisprudencial respectiva\u00bb. <\/p>\n
Adver\u00f3 que, tambi\u00e9n desconoce lo prove\u00eddo en la SL208 de 2019, en la cual se dijo que \u00abal no existir justa causa para la terminaci\u00f3n del contrato cuando la trabajadora se encontraba en condici\u00f3n de discapacidad, el despido se presume discriminatorio y se torna ineficaz, seg\u00fan las voces del art 26 de la Ley 361 de 1997, bajo la luz del estudio y modulaci\u00f3n dados por la Corte Constitucional en Sentencia C-531-2000. Y de igual forma lo citado en la Sentencia CSJ SL 1360-2018 que va explicada y citada en la citada providencia\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 se opuso al auxilio y defendi\u00f3 la legalidad de su actuar, en tanto \u00abse concluy\u00f3 en el desacierto en que incurri\u00f3 el Tribunal en la errada ex\u00e9gesis que le imprimi\u00f3 al art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, pues activ\u00f3 la estabilidad reforzada por el hecho de que el empleador ten\u00eda conocimiento sobre el estado de salud de la demandante para la data del fenecimiento del v\u00ednculo laboral que la ataba con ella, sin que existiera certeza de limitaci\u00f3n o discapacidad relevante en la salud de la accionante para cuando feneci\u00f3 tal v\u00ednculo y menos a\u00fan presentaba una situaci\u00f3n grave en la misma que fuera notoria y evidente ni contaba con restricci\u00f3n m\u00e9dica para el desempe\u00f1o de sus labores con ocasi\u00f3n de la enfermedad profesional que se le dictamin\u00f3, por ende no le compet\u00eda obtener permiso administrativo para despedir, ni ten\u00eda resistencia legal que le impidiera prescindir de los servicios de aquella, por tanto, se descartaba de plano una decisi\u00f3n discriminatoria\u00bb. <\/p>\n
La Comercializadora Arturo Calle S.A.S. pidi\u00f3 negar el amparo y se\u00f1al\u00f3 que \u00abel fallo atacado se ajusta a la normatividad y a la l\u00ednea jurisprudencial de la Corte Suprema Sala Laboral\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
2.- Refut\u00f3 la precursora iterando los argumentos de la demanda superlativa. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada, muy pronto se anuncia que el resguardo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por ende, la convalidaci\u00f3n de lo resuelto en primera instancia, porque la directriz debatida no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
En efecto, los anhelos de la memorialista fueron descartados en el escenario natural por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, que quebr\u00f3 el fallo de segundo grado para en su lugar revalidar el de primera instancia. <\/p>\n
1.1.- Para arribar a dicha conclusi\u00f3n, liminarmente advirti\u00f3 que el problema jur\u00eddico sometido a discernimiento se centrar\u00eda en dilucidar, \u00absi err\u00f3 el ad quem al estimar que Ana Libia Dom\u00ednguez Villa es sujeto de la estabilidad laboral reforzada\u00bb. <\/p>\n
A partir de all\u00ed, esboz\u00f3 que no exist\u00eda discusi\u00f3n sobre los siguientes supuestos f\u00e1cticos: \u00abi) entre las partes antag\u00f3nicas de la litis se verific\u00f3 un nexo laboral, entre el 2 de junio de 2001 y el 3 de abril de 2009; ii) la demandante ejerci\u00f3 la labor de sastre; iii) se le dictamin\u00f3 una enfermedad de origen profesional, denominada \u2018s\u00edndrome t\u00fanel carpiano bilateral\u2019; iv) la demandada dio por terminado el nexo laboral que la ataba con la actora y, v) que el 21 de noviembre de 2013, la Junta de Calificaci\u00f3n Invalidez del Valle del Cauca le determin\u00f3 una PCL del 22.85 % con fecha de estructuraci\u00f3n 11 de diciembre de 2012\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, explic\u00f3 que, para otorgar el fuero por discapacidad en el campo laboral, \u00ab(\u2026) se debe estar ante una situaci\u00f3n objetiva, determinada en un grado de limitaci\u00f3n relevante, no inferior a un nivel moderado de discapacidad como tambi\u00e9n ha dejado en claro que no toda afectaci\u00f3n de salud es merecedora de la protecci\u00f3n foral o el simple hecho de encontrarse en incapacidad m\u00e9dica, sino que debe acreditarse la \u2018limitaci\u00f3n\u2019, f\u00edsica, ps\u00edquica o sensorial, con el car\u00e1cter de \u2018moderada\u2019\u00bb. <\/p>\n
Para ello, indic\u00f3 que la jurisprudencia de esa Colegiatura ha predicado que los destinatarios de la garant\u00eda especial a la estabilidad laboral reforzada, \u00ab(\u2026) son aquellos trabajadores que tienen una limitaci\u00f3n f\u00edsica, ps\u00edquica o sensorial con el car\u00e1cter, al menos, de moderada, esto es, cuya \u2018discapacidad comienza en el 15 % de p\u00e9rdida de capacidad laboral\u2019, pues no es suficiente por s\u00ed solo el quebrantamiento de su salud o el encontrarse en incapacidad m\u00e9dica\u00bb (sentencia CSJ SL5181-2019). <\/p>\n
Y que las providencias SL572-2021, SL711-2021 y SL1236-2021, han precisado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para conocer ese nivel de disminuci\u00f3n en el desempe\u00f1o laboral, por razones de salud, no basta que aparezca en la historia cl\u00ednica el soporte de las patolog\u00edas y secuelas que padece un trabajador, porque la situaci\u00f3n de discapacidad en que se encuentra el trabajador no depende de los hallazgos que est\u00e9n registrados en el historial m\u00e9dico, sino de la limitaci\u00f3n que ellos produzcan en el trabajador para desempe\u00f1ar una labor y, precisamente, esa limitaci\u00f3n no es posible establecerla sino a trav\u00e9s de una evaluaci\u00f3n de car\u00e1cter t\u00e9cnico, donde se valore el estado real del trabajador desde el punto de vista m\u00e9dico y ocupacional\u00bb (\u2026). <\/p>\n
\u00ab[Es decir,] que se trate de personas con discapacidad; que el hecho sea conocido por el empleador, y, que la ruptura contractual obedezca a esta situaci\u00f3n del trabajador (CSJ SL 5184-2020)\u00bb. <\/p>\n
Cavil\u00f3, entonces, que <\/p>\n
\u00ab[R]efulge evidente el desacierto del Juzgador colectivo en la interpretaci\u00f3n errada del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, al considerar que el amparo se activ\u00f3 por el hecho de que el empleador ten\u00eda conocimiento sobre el estado de salud de la demandante para la data de la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo, que lo ubicaba en el campo de la debilidad manifiesta, sin que existiera certeza de limitaci\u00f3n o discapacidad relevante en la salud de la accionante para cuando feneci\u00f3 tal v\u00ednculo y menos a\u00fan presentaba una situaci\u00f3n grave en su salud que fuera notoria y evidente ni contaba con restricci\u00f3n m\u00e9dica para el desempe\u00f1o de sus labores con ocasi\u00f3n de la enfermedad profesional que se le dictamin\u00f3, por ende no le compet\u00eda obtener permiso administrativo para despedir, ni ten\u00eda resistencia legal que le impidiera prescindir de los servicios de aquella, por tanto, se descarta de plano una decisi\u00f3n discriminatoria\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, adujo que los fundamentos de la directriz confutada \u00abson suficientes para confirmar la sentencia del Juez singular, quien concluy\u00f3 que en el presente asunto no se daban las condiciones necesarias para la existencia de la protecci\u00f3n foral reclamada bajo el amparo del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997\u00bb, en raz\u00f3n de que \u00abel dictamen expedido por la autoridad respectiva dio cuenta de una PCL de la actora con fecha de estructuraci\u00f3n posterior a la fecha de la terminaci\u00f3n del contrato\u00bb. <\/p>\n
1.2.- Sumado a lo anterior, refiri\u00f3 que, en atenci\u00f3n a lo expuesto en el inciso 2\u00b0, del art\u00edculo 287 del CGP, abordar\u00eda el t\u00f3pico de la indemnizaci\u00f3n plena de perjuicios reclamada por Ana Libia, dado que \u00abtal aspecto no fue [estudiado] por el Juez de primera instancia, a pesar de que en su decisi\u00f3n determin\u00f3 la absoluci\u00f3n de todos los pedimentos\u00bb y que obre ello fue insistente su apoderado en la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En tal virtud, expres\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[S]e tiene acreditado en el proceso que Ana Libia Dom\u00ednguez Villa se desempe\u00f1\u00f3 en el cargo de sastre para la empresa Arturo Calle Calle y que adquiri\u00f3 la enfermedad profesional denominada S\u00edndrome de T\u00fanel Carpiano Bilateral, as\u00ed se infiere, de la primera calificaci\u00f3n emitida por la EPS Comfenalco Valle del Cauca, datada 11 de julio de 2008, (f.\u00b083, del cuaderno n.\u00b0 1 del Juzgado) y confirmada en la segunda, expedida por la ARP Suratep, calendada 8 de agosto de 2008 (f.\u00b0 84, ib)\u00bb. <\/p>\n
Continu\u00f3, esgrimiendo que Dom\u00ednguez Villa se\u00f1al\u00f3 en la demanda que \u00abla enfermedad la adquiri\u00f3, por cuanto la empresa convocada no la dot\u00f3 de los elementos de seguridad y de las herramientas adecuadas a fin de prevenirla, haciendo \u00e9nfasis en el manejo de unas tijeras sin espuma que le permitiera amortiguar la presi\u00f3n (f.\u00b0 11, ib.)\u00bb. <\/p>\n
De manera que coligi\u00f3 que la demandante no cumpli\u00f3 la carga de demostrar en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, los supuestos de hecho sobre los cuales recae su pretensi\u00f3n, esto es, la culpa del empleador en la patolog\u00eda que padece, cuando las pruebas rese\u00f1adas acreditaron que: <\/p>\n
i)- La demandada contaba con un programa de salud ocupacional, en la que se implement\u00f3 las pausas activas, de la cual da fe los testigos Jos\u00e9 Hofer Sep\u00falveda; Mario G\u00f3mez Salazar y Jos\u00e9 Melfor Rodr\u00edguez Caicedo, las que como bien lo adujo este \u00faltimo declarante trabajador de la empresa y quien ejercer el cargo de sastre se efectuaban desde hace 10 a\u00f1os atr\u00e1s, as\u00ed como la entrega de formatos para realizarlas; <\/p>\n
iii)- Una de las visitas que realiz\u00f3 la ARP recomend\u00f3 el cambio de la silla por una ergon\u00f3micas, cuya entrega se realiz\u00f3 a la actora conforme se observa del acta de reuni\u00f3n CECPGH-0696-08 del 10 de octubre de 2008, as\u00ed como tambi\u00e9n se realiz\u00f3 el control de entrenamiento de la silla ergon\u00f3mica, 6 de octubre de 2008 y la capacitaci\u00f3n en prevenci\u00f3n en riesgo osteomuscular \u2013 uso silla ergon\u00f3mica realizada el 10 de marzo de 2009. <\/p>\n
iv)- De la evaluaci\u00f3n del puesto de trabajo de la actora, no se desprende que la ARP haya objetado el implemento de la tijera entregada a la demandante para el desempe\u00f1o su labor como factor determinante de su patolog\u00eda como as\u00ed lo afirm\u00f3 en su demanda, manifestaci\u00f3n que no encontr\u00f3 eco en el proceso, pues como bien lo adujo la testigo Carmen Emilia Foronda \u2018respecto de las tijeras se hizo una sugerencia que aclaro no la hizo la ARP, la hicimos nosotras, porque existen tijeras especiales para amortiguar el exceso de fuerza y del peso, digamos que son tijeras ortop\u00e9dicas por decir\u2019; y <\/p>\n
v)- De las versiones de Jos\u00e9 Jairo Castillo, Martha Cecilia Rojas Pito y Carmen Emilia Foronda, la mayor parte de su conocimiento deviene de comentarios que la propia accionante les hizo, am\u00e9n de que, el primero de los nombrados, labor\u00f3 hasta el 18 de marzo de 2008, en tanto que la tercera se encontraba en un almac\u00e9n diferente al que laboraba la promotora del juicio\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 de tales motivaciones, que <\/p>\n
\u00ab[L]a actora no cumpli\u00f3 con la carga de demostrar la culpa del empleador en la ocurrencia de la enfermedad profesional y, por ende, no resulta procedente la indemnizaci\u00f3n plena de perjuicios regulada por el art\u00edculo 216 del CST, y menos a\u00fan se le puede atribuir, responsabilidad alguna frente a la PCL del 22.85 %, determinada, el 21 de noviembre de 2013, por la Junta de Calificaci\u00f3n Invalidez del Valle del Cauca, con fecha de estructuraci\u00f3n 11 de diciembre de 2012, teniendo en cuenta el margen de tiempo transcurrido desde la fecha del fenecimiento del nexo laboral, 3 de abril de 2009, am\u00e9n de que conforme al recaudo probatorio el empleador atendi\u00f3 las recomendaciones de la ARL y estuvo pendiente de su estado de salud\u00bb. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca la sedicente, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera \u00abinstancia\u00bb con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias (STC9232-2018, reiterada en STC2544-2021 y STC1648-2022). <\/p>\n
3.- Corolario de lo discurrido, se impone mantener el prove\u00eddo refutado, destacando que para la Sala es procedente el respeto por \u00ablas decisiones judiciales\u00bb, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo que \u00abla tutela depend[a] de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo\u00bb (STC13808-2021, 14 oct.), circunstancia que no aflora en el presente asunto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil a los interesados y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC5003-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC5003-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01996-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 6 de octubre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62969","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62969","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62969"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62969\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62969"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62969"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62969"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}