STC5009-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5009-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2021-01990-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Fabi\u00e1n Alberto Montoya Calder\u00f3n frente a la sentencia de 5 de octubre de 20211, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior y el Juzgado Tercero penal del Circuito, ambos de Armenia, extensiva a la Fiscal\u00eda Veintiuno Seccional, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, autoridades, partes e intervinientes en la causa 63001-60-00-059-2014-01146-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante pidi\u00f3 se \u00abdecrete la nulidad de lo actuado a partir del momento en que el Juzgado Tercero Penal de Conocimiento de Armenia remite la actuaci\u00f3n con la recusaci\u00f3n al Tribunal (\u2026)\u00bb, y se ordene al juzgado remitir la actuaci\u00f3n al despacho que sigue en turno, para que se pronuncie. <\/p>\n
Del escrito inaugural se extrae que el accionante fue acusado por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y estafa agravada, actuaci\u00f3n que actualmente se halla en el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Armenia. Cont\u00f3 que el 14 de septiembre de 2021 present\u00f3 un memorial donde puso de presente que su anterior apoderado era el progenitor de la juez y la \u00abinvi[t\u00f3] a que se declare impedida\u00bb, porque en su sentir \u00abno hay apariencia de imparcialidad\u00bb. Narr\u00f3 que la funcionaria manifest\u00f3 que pese a ser hija del profesional del derecho no hab\u00eda motivo que la condujera a declararse impedida y remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n al Tribunal (20 sep. 2021), Colegiatura que declar\u00f3 infundada la \u00abcausal de recusaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Consider\u00f3 vulnerado su debido proceso en raz\u00f3n a que se desconoci\u00f3 el tr\u00e1mite del impedimento, comoquiera que lo adecuado hab\u00eda sido que el juzgado hubiera remitido el asunto al que le segu\u00eda en turno y no al superior, como finalmente ocurri\u00f3. <\/p>\n
2. Los funcionarios convocados defendieron la legalidad de su proceder. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 el amparo, porque \u00abal existir un escenario natural de discusi\u00f3n sobre el asunto sometido al conocimiento del juez constitucional (\u2026)\u00bb, no se cumpl\u00eda el presupuesto de subsidiariedad, ya que al estar en curso el proceso penal es all\u00ed donde se deben ventilar las inquietudes que por esta v\u00eda se propusieron. <\/p>\n
4. El libelista recurri\u00f3 fincado en argumentos similares a los inicialmente expuestos e insisti\u00f3 en que se debi\u00f3 enviar el asunto al juez que sigue en turno. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo constitucional invocado no est\u00e1 llamado a prosperar y por ende se anuncia la convalidaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n impugnada, comoquiera que es palpable que la residualidad aqu\u00ed exigida no ha sido satisfecha, por cuanto el asunto objeto de debate, esto es, si el Tribunal ten\u00eda o no \u00abcompetencia para decidir el impedimento\u00bb, que se tramit\u00f3 por la senda de la recusaci\u00f3n, seg\u00fan el inconforme \u00abpor un tr\u00e1mite diferente al establecido en la Ley (\u2026)\u00bb, debi\u00f3 ventilarse ante el funcionario competente mediante la solicitud de control de garant\u00edas, quien tiene la potestad de adoptar las medidas de restablecimiento frente a los derechos que halle comprometidos (CSJ STP15861-2018). <\/p>\n
Sobre el punto tiene asentado el \u00f3rgano l\u00edmite constitucional, <\/p>\n
(\u2026) la creaci\u00f3n del Juez de control de garant\u00edas o juez de la investigaci\u00f3n penal, responde al principio de necesidad efectiva de protecci\u00f3n judicial, en raz\u00f3n a que muchas de las medidas procesales que se adoptan en el curso de la investigaci\u00f3n penal entran en tensi\u00f3n con el principio de inviolabilidad de determinados derechos fundamentales, los cuales \u00fanicamente pueden ser afectados en sede jurisdiccional. <\/p>\n
Se trata de una clara vinculaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n a la garant\u00eda de los derechos fundamentales tanto del investigado como de la v\u00edctima, que fungen, as\u00ed como l\u00edmites de la investigaci\u00f3n. <\/p>\n
Una formulaci\u00f3n coherente con la estructura de un proceso penal de tendencia acusatoria, como el que configura la Ley 906 de 2004, exige que las discusiones relacionadas con la afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales del imputado, se resuelvan en el \u00e1mbito jurisdiccional. La salvaguarda de los derechos fundamentales del investigado es funci\u00f3n prioritaria adscrita al juez de control de garant\u00edas. As\u00ed, toda actuaci\u00f3n que involucre afectaci\u00f3n de derechos fundamentales demanda para su legalizaci\u00f3n o convalidaci\u00f3n2 el sometimiento a una valoraci\u00f3n judicial, con miras a garantizar el necesario equilibrio que debe existir entre la eficacia y funcionalidad de la administraci\u00f3n de justicia penal y los derechos fundamentales del investigado y de la v\u00edctima3. (C-591 de 2014). <\/p>\n
As\u00ed, en casos como el que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, por disposici\u00f3n expresa del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991 y por los raciocinios aqu\u00ed consignados, debe prevalecer el requisito de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela denominado subsidiariedad, de forma tal que la controversia descrita debe someterse a los mecanismos ordinarios con los cuales se resolver\u00eda lo que aqueja a Fabi\u00e1n Alberto Montoya Calder\u00f3n y ello torna en improcedente el ruego superlativo. <\/p>\n
De all\u00ed que la judicatura no pueda descender a constatar o desvirtuar las cr\u00edticas del gestor, porque <\/p>\n
(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada entre otras en STC8897-2017, 21 jun. 2017, rad. 00230-01, y STC10432-2017, 19 jul. 2017, rad. 00388-01, entre otras). (CSJ STC13376-2021, memorada en STC446-2022). <\/p>\n
En consecuencia, se respaldar\u00e1 el veredicto confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicio <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002Se precisa que, para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte el 24 de febrero de 2022, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 28 de marzo pasado. <\/p>\n
2\u0002 En casos excepcionales autorizados por la propia Constituci\u00f3n. Se parte del principio de la necesidad de autorizaci\u00f3n previa para la adopci\u00f3n de aquellas medidas que impliquen afectaci\u00f3n de derechos fundamentales, s\u00f3lo excepcionalmente las medidas pueden ser convalidadas en sede judicial, en los eventos en que as\u00ed lo autorice expresamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 Sentencia C- 979 de 2005. Fundamento Jur\u00eddico No. 36. <\/p>\n
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