STC5010-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5010-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01169-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Geovanny Jes\u00fas S\u00e1nchez Mej\u00eda contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto de la misma especialidad, con radicado N\u00b0 20180000102. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, el solicitante pidi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital, trabajo, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abautonom\u00eda de la voluntad privada\u00bb, entre otros, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n accionada en el tr\u00e1mite referido. <\/p>\n
En apoyo de su queja, expres\u00f3 que \u00c9dgar, Josu\u00e9 y Marina P\u00e9rez Campo, junto con sus n\u00facleos familiares, promovieron proceso de restituci\u00f3n de tierras con el prop\u00f3sito de lograr la restituci\u00f3n de las \u00abparcelas \u2018Los Mangos\u2019, \u2018La Loma\u2019 y \u2018El Lim\u00f3n\u2019\u00bb respectivamente, las cuales aunque se identificaban cada una con una matr\u00edcula inmobiliaria diferente, fueron englobadas en uno s\u00f3lo predio llamado \u00abVilla J. Andrea\u00bb identificado con el folio N\u00b0 196-47259, ubicado en el corregimiento de San Jos\u00e9 de las Am\u00e9ricas del municipio de San Mart\u00edn -Cesar-. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que como figuraba en calidad de propietario de dicho predio, fue citado al asunto y formul\u00f3 la oposici\u00f3n correspondiente y, de igual modo, se present\u00f3 su esposa Lastenia Le\u00f3n Duarte, no obstante, las manifestaciones de \u00e9sta fueron rechazadas por extempor\u00e1neas. <\/p>\n
Explic\u00f3 que al oponerse, cuestion\u00f3 la calidad de v\u00edctimas de los demandantes, particularmente la de \u00c9dgar P\u00e9rez Campos, pues \u00e9ste hizo \u00abparte de [un] frente delincuencial\u00bb, seg\u00fan lo declararon algunos \u00abpostulados\u00bb en la \u00abjusticia transicional\u00bb; y, asimismo, comunic\u00f3 que adquiri\u00f3 el bien de buena fe, sin ser el \u00abart\u00edfice del desplazamiento forzado\u00bb aducido por los reclamantes; sin embargo, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta, en sentencia de 15 de diciembre de 2021, accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda, neg\u00f3 su oposici\u00f3n, as\u00ed como la compensaci\u00f3n solicitada y su reconocimiento como \u00absegundo ocupante\u00bb. <\/p>\n
Aclar\u00f3 que compr\u00f3 los terrenos, tras realizar una negociaci\u00f3n legal y pagar el precio acordado, adem\u00e1s, prob\u00f3 que no era integrante de ning\u00fan grupo armado y que tampoco efectu\u00f3 acci\u00f3n alguna para sacar a los demandantes de los terrenos que adquiri\u00f3, adem\u00e1s que, \u00e9l y su familia \u00abno tienen otros pedios, (\u2026) viven en el predio [en disputa] y (\u2026) depende[n] de [\u00e9ste] (\u2026) para la cr\u00eda de ganado de forma b\u00e1sica no industrializada como negocio principal\u00bb, por lo cual debieron ser tenidos como \u00absegundos ocupantes\u00bb, tal como ese Tribunal ha procedido en otros casos similares -2016-00038-01-, m\u00e1xime si \u00e9l y su esposa se encuentran enfermos y no cuentan con ingresos econ\u00f3micos adicionales. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 adem\u00e1s, que no estaba obligado a averiguar lo relativo en el sector, en cuanto a los hechos violentos, pues, en su criterio, \u00abcuando una persona pretende adquirir un bien, le corresponde cerciorarse de la condici\u00f3n jur\u00eddica de este \u00faltimo para establecer la historia y la cadena de t\u00edtulos y tradiciones, m\u00e1s no indagar sobre la historia o las condiciones personales de quien le transfiere el respectivo inmueble, m\u00e1xime cuando en muchas ocasiones la transferencia ocurre cuando el propio Estado no ha podido acreditar ni sancionar la realizaci\u00f3n de actividades il\u00edcitas\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, dada su situaci\u00f3n, debieron reconoc\u00e9rsele \u00abal menos (\u2026) las mejoras, teniendo en cuenta el valor de las inversiones efectuadas en los predios\u00bb, en cuanto a la siembra de pastos, construcciones e implementaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos y otros, pues cuando adquiri\u00f3 las parcelas estaban en completo abandono, sin embargo, el Tribunal neg\u00f3 tal petici\u00f3n, generando un \u00abenriquecimiento sin causa\u00bb para los solicitantes, situaci\u00f3n que se contrapone al criterio de esta Sala, expuesto en la sentencia SC1078-2018. <\/p>\n
Tras insistir in extenso en que prob\u00f3 su buena fe exenta de culpa en el asunto cuestionado, pues incluso ten\u00eda comunicaci\u00f3n con los demandantes y el padre de \u00e9stos sin que le informaran \u00abque la venta del predio ten\u00eda alguna observaci\u00f3n o comentario\u00bb, asever\u00f3 que al vendedor Esneider Bar\u00f3n Meneses, quien se convirti\u00f3 en \u00abun futuro estafador\u00bb, ni siquiera le hicieron un llamado de atenci\u00f3n y, con todo, nada probaba que \u00e9ste hubiese despojado ilegalmente a los demandantes sus terrenos. <\/p>\n
Estima que deb\u00eda darse aplicaci\u00f3n a la jurisprudencia constitucional aplicable a su caso (Sentencias T-306 de 2021, T-315 de 2016 y C-330 de 2016 de la Corte Constitucional y STC-3489-2021 de esta Sala) y destac\u00f3 que el Tribunal incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, al desconocer el m\u00e9rito probatorio de los testimonios rendidos en su favor. <\/p>\n
Pidi\u00f3, en concreto, ordenarle a la Corporaci\u00f3n accionada \u00abmorigerar el fallo proferido el d\u00eda 15 de diciembre del a\u00f1o 2021, con el fin de que se reconozca [su] buena fe exenta de culpa y, en su defecto, la buena [fe] simple y en consecuencia la calidad de segundos ocupantes, para que se [le] otorgue una compensaci\u00f3n y se [le] d\u00e9 un predio por equivalente que sea proporcional (\u2026) en igual o mejores condiciones al afectado por el fallo\u00bb. <\/p>\n
2. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el pasado 21 de abril se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado al Tribunal accionado para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el asunto de restituci\u00f3n de tierras con radicado N\u00b0 68081312140120180000102. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja relat\u00f3 los antecedentes del caso censurado y advirti\u00f3 que fue comisionado para adelantar la diligencia de entrega, la cual est\u00e1 programada para el 28 de abril de 2022. <\/p>\n
2. El Tribunal censurado se\u00f1al\u00f3 que en la decisi\u00f3n censurada no lesion\u00f3 las garant\u00edas del actor, pues \u00ablos planteamientos expuestos (\u2026) no fueron edificados sobre apreciaciones sesgadas ni subjetivas o voluntariosas y much\u00edsimo menos comportan manifestaciones carentes de cualquier soporte, sencillamente no hubo v\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. Precisado lo anterior, advierte la Sala que la censura del accionante, formulada frente a la sentencia de 15 de diciembre de 2021, mediante la cual la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta, accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n restitutoria de los solicitantes y no acogi\u00f3 la oposici\u00f3n del peticionario, negando, en consecuencia, la compensaci\u00f3n pedida y su reconocimiento como \u00absegundo ocupante\u00bb, fracasa al no hallarse irregularidad o desafuero alguno en dicho pronunciamiento. <\/p>\n
En efecto, revisado el fallo atacado, se constata que la Corporaci\u00f3n accionada adopt\u00f3 las determinaciones all\u00ed contenidas tras una apreciaci\u00f3n prudente y razonable del caudal probatorio all\u00ed adosado, as\u00ed como de la normativa y jurisprudencia aplicable. <\/p>\n
As\u00ed, observa la Corte, que tras relatar los antecedentes del asunto y referirse a la oposici\u00f3n del aqu\u00ed actor a trav\u00e9s de la cual cuestion\u00f3 la calidad de v\u00edctimas de los solicitantes y advirti\u00f3 haber comprado las parcelas materia del proceso con buena fe exenta de culpa, el Tribunal tuvo en cuenta las alegaciones de los involucrados y procedi\u00f3 a individualizar las fracciones de tierra reclamadas, las cuales hab\u00edan sido englobadas por el aqu\u00ed accionante en un solo predio, con matr\u00edcula N\u00b0 196-47259. <\/p>\n
Luego, anot\u00f3 que los demandantes acud\u00edan al asunto como titulares de dominio de las fracciones otrora a ellos transferidas por su progenitor, Jos\u00e9 Fel\u00edn P\u00e9rez Bustos y procedi\u00f3 a determinar si aqu\u00e9llos pod\u00edan ser calificados como v\u00edctimas del conflicto armado interno. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, luego de referir el contenido del \u00abDocumento de An\u00e1lisis de Contexto\u00bb, realizado por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, donde se consign\u00f3 que el municipio de San Mart\u00edn hab\u00eda sido epicentro de la estructura principal del paramilitarismo en el sur del Cesar -Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar-, adem\u00e1s de hallarse presencia de otros grupos armados de diversa ideolog\u00eda, indic\u00f3 que entre 1980 y 2016, seg\u00fan dicho contexto, existi\u00f3 un clima de violencia generalizado en ese sector, dada la disputa de dichas organizaciones por el control territorial y la intervenci\u00f3n de fuerzas armadas del Estado, argumentaci\u00f3n que reforz\u00f3 con las declaraciones rendidas por distintos habitantes de la zona, incluido el aqu\u00ed accionante, quien acept\u00f3 que los \u00abParamilitares\u00bb hicieron presencia haciendo reuniones obligando a los ganaderos y campesinos a asistir para el pago de \u00abcuotas\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la situaci\u00f3n particular de los demandantes \u00c9dgar, Josu\u00e9 y Marina P\u00e9rez Campo, cit\u00f3 sus declaraciones y otros elementos probatorios y de all\u00ed concluy\u00f3 que estaba probada su calidad de v\u00edctimas de acuerdo a la Ley 1448 de 2011, pues las parcelas reclamadas les hab\u00edan sido transferidas por su padre en el 2004 y tras ello, Franklin Var\u00f3n Larios, alias \u2018Cacha\u2019 reconocido paramilitar de la zona, comenz\u00f3 a hostigarlos hasta hacerlos abandonar el territorio, no obstante, les prometi\u00f3 el pago de alg\u00fan dinero por los predios y en el a\u00f1o 2010, luego de amenazarlos, los llev\u00f3 a firmar la escritura de venta respectiva en favor de su hijo Esneider Bar\u00f3n Meneses, quien ya contaba con m\u00e1s de 18 a\u00f1os de edad, sin embargo, como Franklin muri\u00f3 al d\u00eda siguiente de la escrituraci\u00f3n, los reclamantes no recibieron los valores prometidos y Bar\u00f3n Meneses tampoco asumi\u00f3 la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Indic\u00f3 el Tribunal que la situaci\u00f3n expuesta revelaba la calidad de v\u00edctimas de los peticionarios porque tuvieron que despojarse de sus predios de manera forzoda y con miedo por las amenazas y la situaci\u00f3n padecida en la zona, resalt\u00f3 adem\u00e1s, que la normativa aplicable preve\u00eda la presunci\u00f3n de buena fe de los hechos victimizantes, relacionados con el desplazamiento y declarados por las v\u00edctimas, y record\u00f3 que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que la condici\u00f3n de v\u00edctima no acontece por figurar en alg\u00fan registro p\u00fablico o denunciar las violencias padecidas, pues por m\u00faltiples razones las personas pueden guardar silencio durante a\u00f1os o no contar nunca sus padecimientos (SU-254de 2013, T-268 de 2003); adem\u00e1s, tampoco se impone que quienes son desplazados \u00ababandonen de una vez por todas y para siempre s\u00ed o s\u00ed, el municipio o regi\u00f3n en el que ocurrieron sus victimizaciones\u00bb (T-268 de 2003). <\/p>\n
En cuanto a las circunstancias de \u00c9dgar P\u00e9rez Campo, la autoridad acusada refiri\u00f3 las declaraciones obrantes sobre su trabajo como Inspector de Polic\u00eda del municipio y su supuesta colaboraci\u00f3n o permanencia con grupos \u00abparamilitares\u00bb, para concluir, de un lado, que el hecho de laborar intermitentemente en la zona no derru\u00eda su condici\u00f3n de v\u00edctima y, de otro, que <\/p>\n
\u00abal plenario nunca se arrim\u00f3 prueba que demostrase que en verdad \u00c9DGAR P\u00c9REZ CAMPO hubiere sido investigado, indagado, juzgado o condenado por esos supuestos motivos pues as\u00ed lo determin\u00f3 la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n (pertenencia esa que s\u00ed fue expresamente reconocida por FRANKLIN BAR\u00d3N, padre del aqu\u00ed comprador ESNEIDER, como adem\u00e1s aparece efectivamente acreditado). Por modo que toda alusi\u00f3n directa o indirecta con esos designios, debe desecharse de inmediato por ser abiertamente infundada am\u00e9n de injusta\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, tras definir que la medida de reparaci\u00f3n para las v\u00edctimas consistir\u00eda en la restituci\u00f3n material de los predios exigidos, atendiendo a las demandas de aqu\u00e9llas y a la inexistencia actual de \u00abproblemas de orden p\u00fablico\u00bb en la zona, la Corporaci\u00f3n accionada advirti\u00f3 la falta de pruebas frente a la aducida buena fe exenta de culpa que aleg\u00f3 Geovanny Jes\u00fas S\u00e1nchez Mej\u00eda y por lo cual no correspond\u00eda proceder a la compensaci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, destac\u00f3 que la normativa aplicable, dadas las presunciones establecidas en favor de las v\u00edctimas (art. 78, Ley 1448 de 2011), y la jurisprudencia constitucional, impon\u00edan que la buena fe aducida por los opositores, en casos como el presente, fuese calificada, as\u00ed, se\u00f1al\u00f3 que el interesado debe ser capaz de <\/p>\n
\u00abhacer creer, fundadamente, que fue vivamente escrupuloso al efecto de cerciorarse acerca de lo que por entonces acontec\u00eda respecto del inmueble y que, a pesar de semejante aplicaci\u00f3n, dedicaci\u00f3n y precauci\u00f3n, no pudo sin conocer, percibir o advertir alguna irregularidad que pudiere afectar la contrataci\u00f3n que se hiciere sobre \u00e9ste. O como lo explicase con suficiencia la H. Corte Constitucional, la buena fe aqu\u00ed exigida se \u201c(\u2026) acredita demostrando no solo la conciencia de haber actuado correctamente sino tambi\u00e9n la presencia de un comportamiento encaminado a verificar la regularidad de la situaci\u00f3n (C-820 de 2012)\u00bb. <\/p>\n
A la luz de lo anterior, advirti\u00f3 que, Geovanny de Jes\u00fas S\u00e1nchez nada prob\u00f3 sobre el particular, pues si bien no fue el causante de los hechos victimizantes denunciados, conoc\u00eda de la situaci\u00f3n en la zona y, pese a ello, se limit\u00f3 a se\u00f1alar que \u00ablas diligencias o averiguaciones previas que se efectuaron con el fin de comprar los inmuebles, a duras penas (\u2026) se contrajeron a convenir el negocio y nada m\u00e1s\u00bb, de donde pod\u00eda extraerse que ning\u00fan esfuerzo despleg\u00f3 para evitar la adquisici\u00f3n de un predio objeto de despojo, en los t\u00e9rminos de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que las solas palabras del opositor no pod\u00edan acreditar la buena fe cualificada que se exige, pues <\/p>\n
\u00abatendiendo que el bien se ubicaba en una dif\u00edcil regi\u00f3n que de anta\u00f1o notoriamente se conoc\u00eda que hab\u00eda sido tocada por diversos actores de la violencia, era apenas natural que comprendiere por igual la investigaci\u00f3n acerca de las situaciones que a ese mismo respecto quiz\u00e1s afectaron con anterioridad esas zonas, por ejemplo, la eventual injerencia de grupos armados. No fuera a ser que all\u00ed se hubieren sucedido delicados sucesos concernientes con perturbaciones al orden p\u00fablico que de alg\u00fan modo y otrora alcanzaren a incidir en la justa y legal transmisi\u00f3n de los derechos sobre el predio. Pero de ello no se arrim\u00f3 ni una sola prueba\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Indic\u00f3 que el accionante debi\u00f3 siquiera tener motivos de duda a la hora de adquirir los predios, pues quien figuraba como vendedor, Esneider Bar\u00f3n Meneses, era el hijo de Franklin Bar\u00f3n Larios, desmovilizado de un grupo paramilitar, y apenas ten\u00eda 20 a\u00f1os cuando compr\u00f3 los terrenos, sin quedar \u00abmuy en claro la manera en que logr\u00f3 los recursos para ello\u00bb y, en cambio, \u00abal decir de variados pobladores, se comentaba que los hermanos P\u00c9REZ CAMPO hab\u00edan sido desplazados de esos terrenos a\u00f1os atr\u00e1s por la intermediaci\u00f3n del citado miembro de las autodefensas\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 a lo anterior, que en los procesos de restituci\u00f3n de tierras alegar las inversiones y reparaciones hechas a los predios no evidenciaba la configuraci\u00f3n de la buena fe exenta de culpa, siendo improcedente, asimismo, efectuar un reconocimiento sobre las \u00abmejoras\u00bb que demand\u00f3 el solicitante, pues <\/p>\n
\u00abcomo convino resolverlo este Tribunal desde hace un buen tiempo y a\u00fan ahora se viene sosteniendo (Auto 096 de 3 de junio de 2021, proceso 20160008101 y en el mismo sentido, Auto 027 de 28 de julio de 2021, proceso 20160012401), tales se encuentran inescindiblemente ligadas con el derecho a las compensaciones a que hubiere lugar en tanto el opositor demostrase fehacientemente la buena fe exenta de culpa. Y como aqu\u00ed eso no sucedi\u00f3; puesto que no se prob\u00f3, por ah\u00ed mismo no cabe pronunciamiento a su favor frente a ellas\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, se refiri\u00f3 a la imposibilidad de reconocer al actor como \u00absegundo ocupante\u00bb, no s\u00f3lo porque el \u00abinforme de caracterizaci\u00f3n presentado\u00bb daba cuenta de aqu\u00e9l y su familia no eran v\u00edctimas del conflicto y tampoco \u00abestaban en situaci\u00f3n de pobreza multidimensional\u00bb, sino, adem\u00e1s, por cuanto <\/p>\n
\u00ablos predios aqu\u00ed pretendidos no son utilizados para vivienda suya ni de los suyos. Y aunque ciertamente se adujo que buena parte de sus ingresos proviene de la explotaci\u00f3n de aquellos terrenos, no es menos palmario que esos datos acerca de los montos que efectivamente se reciben o se producen o se generan por el aprovechamiento del inmueble ac\u00e1 pretendido, se lograron merced a sus propios dichos (del opositor) de los cuales, ya se dijo, no son de suyo suficientes para encontrar en ellos la requerida prueba sobre el particular salvo que hubiere otros elementos que le sirvieren de respaldo. Y aqu\u00ed no los hay. Adem\u00e1s, que en cualquier caso es de rigor atender que los inmuebles son aplicados enteramente a la labor de ganader\u00eda por lo que en sana l\u00f3gica y a la postre, la restituci\u00f3n no generar\u00eda mayores inconvenientes para efecto de continuar con esa gesti\u00f3n productiva desde que tal la puede seguir desarrollando en otros fundos. <\/p>\n
En todo caso, igual debe verse que esa calidad no se determina apelando a simplemente tener en consideraci\u00f3n los \u201cvalores\u201d que va a dejar de percibir o c\u00f3mo se disminuye su patrimonio por la p\u00e9rdida de los predios cuanto que verificando si merced a esa situaci\u00f3n, queda o no en condiciones lastimosas de pobreza o vulnerabilidad al punto que pueda afirmarse que a partir de esa soluci\u00f3n, se afectan gravemente sus derechos al \u201cm\u00ednimo vital\u201d o la \u201cvivienda digna\u201d; cosas estas que, con todo y la certeza de que de veras seguramente la restituci\u00f3n implicar\u00e1 en su caso una mengua considerable en sus bienes e ingresos, no conllevan sin embargo al extremo de llegar a esas otras consecuencias desventajosas de las que se hizo menci\u00f3n que son las que en realidad justifican la intervenci\u00f3n judicial en aras de soslayarlas\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, advirti\u00f3 que la restituci\u00f3n de los predios no implicar\u00eda para el opositor y su familia su desprotecci\u00f3n, al no ser los \u00fanicos bienes a su nombre, adem\u00e1s se prob\u00f3 que contaba otros ingresos econ\u00f3micos, lo cual evidenciaba que no era una persona vulnerable y tampoco un \u00abocupante secundario\u00bb con derecho a medidas de atenci\u00f3n. <\/p>\n
2.1 Como se advirti\u00f3 al inicio, no se halla arbitrariedad en la decisi\u00f3n de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta, toda vez que defini\u00f3 el caso puesto bajo su conocimiento con suficiencia, valorando razonablemente los elementos probatorios y explicando, en detalle, el porqu\u00e9 no pod\u00edan acogerse las alegaciones del accionante. <\/p>\n
Se resalta que la condici\u00f3n de v\u00edctimas de los all\u00ed demandantes se tuvo por confirmada, ante la evidencia del caudal probatorio, el cual no controvirti\u00f3 el aqu\u00ed solicitante, adem\u00e1s, si ning\u00fan elemento de convicci\u00f3n alleg\u00f3 para probar las necesarias averiguaciones que debi\u00f3 realizar antes de adquirir los predios ubicados en una zona que, como \u00e9l acept\u00f3, permaneci\u00f3 en conflicto ante la presencia de grupos paramilitares y otras estructuras ilegales, no pod\u00eda pretender que se tuviese por acreditada su buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
Esta Corte, en asuntos similares, ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab[A]hora, el precepto 98 de [la Ley 1448 de 2011] establece que en la sentencia se conceder\u00e1 la compensaci\u00f3n a terceros opositores que prueben la buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
\u201cFrente a la aludida buena fe, esta Sala en sede de casaci\u00f3n, aduj\u00f3: \u201c(\u2026) una cosa es la buena fe exenta de culpa o cualificada o creadora de derechos (\u2026) y otra bien distinta la buena fe simple o buena fe posesoria definida por el art\u00edculo 768 del C.C. como \u201cla conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios leg\u00edtimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio (…)\u00bb, que a diferencia de la anterior no necesita probarse sino que se presume legalmente, tal como lo dispone el art\u00edculo 769 ib\u00eddem, y que es la requerida por el art\u00edculo 964 de la misma obra para que el poseedor vencido restituya \u00fanicamente los frutos percibidos o que pudieron percibirse despu\u00e9s de la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb (STC. 4 de febrero de 2014, exp. 00078-00, reiterada en STC14153-2015 y en STC598-2022) <\/p>\n
De igual modo, nada evidencia desafuero en el hecho de no reconocerle al accionante y a su familia la calidad de \u00absegundos ocupantes\u00bb, pues, en verdad, las pruebas all\u00ed allegadas -tampoco derruidas por el solicitante-, dieron cuenta que contaba con m\u00e1s bienes inmuebles destinados a la ganader\u00eda, no habitaba en el predio pretendido, no revelaba la calidad de v\u00edctima y tampoco se encontraba en una situaci\u00f3n tal de \u00abpobreza multidimensional\u00bb <\/p>\n
Asimismo, se resalta que el Tribunal accionado, de ning\u00fan modo, desconoci\u00f3 la jurisprudencia citada por el accionante en su escrito de tutela (Sentencias T-306 de 2021, T-315 de 2016 y C-330 de 2016 de la Corte Constitucional y STC-3489-2021 de esta Sala), pues, de un lado esa Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 el caso con apoyo en las pruebas recibidas, de las cuales no pod\u00eda extraerse la viabilidad de su oposici\u00f3n y, de otro, verificadas tales providencias, no se observan circunstancias id\u00e9nticas a las del actor o aspectos que impusieran la modificaci\u00f3n de las conclusiones del Tribunal. <\/p>\n
Finalmente, sobre las mejoras reclamadas por el peticionario, debe decirse que no resulta irrazonable lo considerado por la autoridad accionada, en cuanto a la imposibilidad de reconocerlas en procesos como el denunciado, pues, en verdad, si la buena fe cualificada no fue demostrada no proced\u00eda compensaci\u00f3n alguna, adem\u00e1s, en este punto, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (CSJ STC825-2020, reiterada en STC2260-2022, entre otras). <\/p>\n
3. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Geovanny Jes\u00fas S\u00e1nchez Mej\u00eda contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Juridicial de C\u00facuta. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC5010-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC5010-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01169-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Geovanny Jes\u00fas S\u00e1nchez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62975","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62975","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62975"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62975\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62975"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62975"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62975"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}