STC5013-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5013-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-00528-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida el 22 de marzo de 2022, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que H\u00e9ctor Javier Boh\u00f3rquez Vega promovi\u00f3 contra los Juzgados Quinto Civil del Circuito y Doce Civil Municipal, ambos de ejecuci\u00f3n de sentencias de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo con radicado N\u00b0 2007-001546-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su nombre, el solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abtutela judicial efectiva\u00bb, \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb y vivienda digna, presuntamente vulnerados por los Juzgados accionados, en el juicio mencionado. <\/p>\n
En compendio sostuvo que, en el proceso ejecutivo hipotecario promovido por el Banco Colpatria S.A. contra Humberto de Jes\u00fas Franco Osorio y Luz Mery Arag\u00f3n de Franco, le fue adjudicado en la diligencia de remate llevada a cabo por el Juzgado Doce Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 el 2 de diciembre de 2019, el inmueble objeto de la cautela identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 50C-1320533, por la suma de $147.250.000, almoneda que fue aprobada el 22 de enero de 2020. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, que en cumplimiento de las \u00f3rdenes emanadas de la anterior decisi\u00f3n, el 12 de junio de 2020 radic\u00f3 en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos el oficio respectivo, con el que se inscribi\u00f3 la adjudicaci\u00f3n del bien subastado en el correspondiente folio de matr\u00edcula anotaci\u00f3n N\u00b0 021, y fueron levantados todos los grav\u00e1menes que reca\u00edan sobre el citado predio. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00abintempestivamente\u00bb, en providencia de 16 de julio de 2021, el Juzgado Municipal declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado a partir del mandamiento de pago inclusive, por falta de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, en clara y deliberada contrav\u00eda de la normativa y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sentada en torno del sistema UPAC, mediante la bien conocida providencia SU 813 de 2007, entre otras, la cual se ha reiterado de manera abundante, que el decreto de nulidad en los diferentes procesos hipotecarios, qued\u00f3 supeditada a que no se hubiese registrado el auto aprobatorio del remate en la correspondiente Oficina de Registro. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que apel\u00f3 la determinaci\u00f3n, y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 la confirm\u00f3 el 3 de marzo de 2022, sin tener en cuenta el precedente jurisprudencial referido en antelaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 \u00abrevocar los prove\u00eddos dictados por el Juzgado 5\u00b0 Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 y el Juzgado 12 Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, de fecha tres (3) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) y diecis\u00e9is (16) de julio de dos mil veintiuno (2021) respectivamente, y en su lugar se contin\u00fae con el tr\u00e1mite respectivo\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El representante legal del Banco Scotiabank Colpatria S.A., luego de hacer un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso ejecutivo, refiri\u00f3 que la restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito se efectu\u00f3 en debida forma y que el Juzgado de instancia decret\u00f3 la nulidad cuando hab\u00eda precluido la oportunidad para hacerlo, dado que el control de legalidad exig\u00eda su pronunciamiento antes de la aprobaci\u00f3n del remate, conforme a lo anterior solicit\u00f3 declarar la procedencia de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
2. El Juzgado Doce Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que remiti\u00f3 el expediente al Juzgado Quinto Civil del Circuito, para que se resolviera el recurso de apelaci\u00f3n que fue formulado contra la providencia del 16 de julio de 2021, sin que el mismo fuese devuelto, raz\u00f3n por la que no puede emitir mayor pronunciamiento frente a los hechos y pretensiones. <\/p>\n
3. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, refiri\u00f3 que, en providencia de 3 de marzo de 2022, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo de decretar la nulidad, en tanto que, \u00abno se encontraron reunidos los presupuestos establecidos en la jurisprudencia nacional y en la Ley 546 de 1999 para establecer que el cr\u00e9dito ejecutado se encontraba debidamente reliquidado y restructurado\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, neg\u00f3 la protecci\u00f3n implorada, tras encontrar que las decisiones censuradas no luc\u00edan arbitrarias, bajo la siguiente consideraci\u00f3n, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) evidencia la Sala que las decisiones cuestionadas por el actor no vulneran sus garant\u00edas fundamentales pues, aunque en su queja se\u00f1al\u00f3 que las actuaciones del juicio ejecutivo devienen irregulares, lo cierto, es que no se observa un desafuero jur\u00eddico en la postura adoptada por los juzgados accionados, pues se itera, su motivaci\u00f3n no es producto de la subjetividad o el capricho; antes bien, encontr\u00f3 respaldo en las normas que gobiernan el asunto (Ley 546 de 1999) y la jurisprudencia aplicable al caso (SU813 de 2007, CSJ STC945-2016, CSJ STC3552-2016, entre otras), y como la pretensi\u00f3n del gestor del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a su particular disentimiento frente a las razones en que las autoridades accionadas se basaron para decretar y confirmar la nulidad de la actuaci\u00f3n por falta del requisito de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, al tratarse de un cr\u00e9dito pactado en UPAC\u2019s, dicha disconformidad, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que el Tribunal proh\u00edje o no la tesis que se reprocha, sin que tampoco se advierta una anomal\u00eda de tal entidad que permita abrirle paso a la petici\u00f3n de amparo, contingencia que impone concluir que lo criticado constituye una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales\u00bb <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con la decisi\u00f3n adoptada, el accionante la impugn\u00f3, argumentando el desconocimiento que \u00abla doctrina de la Corte Constitucional sentada al rededor del sistema UPAC, mediante la bien conocida providencia SU 813 de 2007, la cual se ha reiterado de manera abundante, se resolvi\u00f3 tutelar a un grupo significativo de personas su derecho al debido proceso en conexidad con el derecho a la vivienda digna. No obstante, el decreto de nulidad de los diferentes procesos hipotecario qued\u00f3 supeditado a que no se hubiese registrado el auto aprobatorio del remate en la correspondiente Oficina de Registro\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn el caso concreto de los procesos ejecutivos hipotecarios, existe un t\u00e9rmino razonable dentro del cual la persona afectada debe defender sus derechos para evitar una lesi\u00f3n posterior de los derechos fundamentales de terceros o de intereses constitucionalmente protegidos. En este sentido, la Corte encuentra que la tutela s\u00f3lo puede proceder si se interpone en cualquier momento desde la decisi\u00f3n judicial de no dar por terminado el proceso hasta el registro del auto aprobatorio del remate, es decir, hasta que se perfecciona la tradici\u00f3n del dominio del bien en cabeza de un tercero cuyos derechos no pueden ser desconocidos por el juez constitucional. En efecto, una vez realizado el registro, la persona ha perdido su oportunidad de alegar en tutela pues ya existe un derecho consolidado en cabeza de terceros de buena fe, que el juez constitucional no puede desconocer. En estos casos no sobra mencionar que la Constituci\u00f3n ordena proteger, con la misma fuerza, el derecho a la vivienda digna de quien ha perdido su casa por violaci\u00f3n del debido proceso y aquel derecho que adquiere el tercero de buena fe que compra un inmueble para tales efectos. Por eso se exige, para que la acci\u00f3n pueda proceder, que se interponga antes de que se consolide el derecho de terceros a una vivienda digna, a trav\u00e9s del registro p\u00fablico del auto que aprueba el remate del bien\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial <\/p>\n
No obstante, lo anterior, en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2. Estudiado el expediente digital que fue remitido a este tr\u00e1mite constitucional, encuentra la Sala los siguientes hechos relevantes para adoptar la determinaci\u00f3n: <\/p>\n
2.1. El Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria SA, hoy Scotiabank Colpatria SA, instaur\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario contra Humberto de Jesus Franco Osorio y Luz Mery Arag\u00f3n de Franco, que fue radicado bajo el n\u00famero 11001-40-03-111-2007-1546-00, en el que, el Juzgado Doce Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 en auto de 4 de octubre de 2019 fij\u00f3 el 2 de diciembre siguiente, como fecha para llevar a cabo la audiencia de remate del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 50C-1320533 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 \u2013 Zona Centro. <\/p>\n
En la fecha establecida el inmueble objeto de garant\u00eda hipotecaria fue adjudicado a H\u00e9ctor Javier Boh\u00f3rquez Vega, por un valor de ciento cuarenta y siete millones doscientos cincuenta mil pesos ($147.250.000), almoneda que fue aprobada el 22 de enero de 2020 por el Juzgado Doce Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1. <\/p>\n
El 12 de junio de 2020 en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos se inscribi\u00f3 la adjudicaci\u00f3n del bien subastado en el correspondiente folio de matr\u00edcula que corresponde a la anotaci\u00f3n N\u00b0 021. <\/p>\n
2.2 El 16 de julio de 2021, el Juzgado Doce Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, al resolver sobre la actualizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por el demandante, decret\u00f3 de manera oficiosa la nulidad de lo actuado en el juicio ejecutivo, ante la ausencia de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 42 de la ley 546 de 1999, esto es, la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito. [Derivado expediente digital. Archivo 04.Anexos.pdf. P\u00e1g. 16 a 39]. <\/p>\n
Inconforme con la anterior decisi\u00f3n, el adjudicatario del inmueble -ahora accionante-, interpuso recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiario, en los que adujo que al efectuarse la diligencia de remate el 2 de diciembre de 2019 le fueron adjudicados los bienes objeto de subasta por cumplir con los requisitos establecidos para tal fin y, que, al realizarse el control de legalidad no se advirti\u00f3 irregularidad alguna, ni tampoco se alegaron antes de la adjudicaci\u00f3n de los bienes, por lo que el 22 de enero de 2020 se aprob\u00f3 la diligencia de remate, que fue registrada el 12 de junio de 2020 como se observa en la anotaci\u00f3n No 21 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria, y solicit\u00f3 la revocatoria de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
El Juzgado Doce Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, en providencia de 16 de septiembre de 2021 mantuvo la determinaci\u00f3n y concedi\u00f3 en efecto suspensivo la alzada ante el superior. <\/p>\n
2.3 El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, en auto de 3 de marzo de 2022, confirm\u00f3 la nulidad decretada por el Juzgado Municipal, tras considerar que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) De lo expuesto, pronto se advierte el fracaso de la alzada, por cuanto esta juzgadora no evidenci\u00f3 ning\u00fan yerro que sea susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda, por el contrario, la decisi\u00f3n adoptada por la juez de primer grado se encuentra ajustada a derecho, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
Tal como se ha dicho, las entidades financieras tienen el deber ineludible de reliquidar y reestructurar los cr\u00e9ditos de vivienda pactados en UPASc vigentes al 31 de diciembre de 1999, como es el caso que nos ocupa, pues para aquella \u00e9poca todos los cr\u00e9ditos constituidos de esa forma quedaron con la posibilidad de replantear la forma de pago de acuerdo con las condiciones econ\u00f3micas de los propietarios que estaban en peligro de perder su vivienda. <\/p>\n
El incumplimiento de esa carga se insiste, constituye un obst\u00e1culo para el inicio o la continuaci\u00f3n de los procesos ejecutivos al formar parte de un t\u00edtulo ejecutivo complejo sin el cual se hace imposible obtener la orden de apremio (\u2026)\u00bb <\/p>\n
M\u00e1s adelante, refiri\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte, en complemento a los reproches del otro apelante, debe se\u00f1alarse que, tal como lo indic\u00f3 la juez de primera instancia, para la aplicaci\u00f3n de las reglas precedentes la Corte Constitucional no estableci\u00f3 ning\u00fan l\u00edmite temporal y no es relevante el hecho de que se haya proferido sentencia o, como en este caso, se haya aprobado el remate, ya que, en casos como el que nos ocupa, es obligaci\u00f3n del juez, a\u00fan de oficio, valorar en cualquier momento si se encuentran reunidos los requisitos del t\u00edtulo b\u00e1culo del recaudo, sobre todo, trat\u00e1ndose de cr\u00e9ditos convenidos en UPACs pues se trata de un derecho que le asiste al deudor y que el juez no puede pasar por alto. <\/p>\n
No en vano, en un caso similar la Corte Suprema de Justicia record\u00f3 que, \u201c[a] partir de las consideraciones expuestas, es innegable que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali incurri\u00f3 en un defecto sustantivo, b\u00e1sicamente porque aplic\u00f3 la ley 546 de 1999 de forma contrario a lo previsto por el legislador, pues no cabe duda que al haber sido otorgado el cr\u00e9dito antes de 1999, esto es, el 16 de noviembre de 1993, el actor tiene derecho a que su obligaci\u00f3n sea objeto de reestructuraci\u00f3n, sin importar la fecha de iniciaci\u00f3n del proceso o cuando se incurri\u00f3 en mora (\u2026) <\/p>\n
Resta se\u00f1alar que, el apelante hizo transcripci\u00f3n de un extracto de la sentencia SU-813 de 2007, que en su consideraci\u00f3n, hace referencia los derechos ya adquiridos por terceros de buena fe, en este caso, al haberse inscrito la aprobaci\u00f3n de la almoneda; sin embargo, de la lectura \u00edntegra de esa sentencia se puede advertir que dicho referente lo utiliza la m\u00e1xima Corporaci\u00f3n Constitucional al momento de estudiar el requisito de inmediatez propio de la acci\u00f3n de tutela, y no para determinar que, en casos como el que nos ocupa, no puede el juzgador de conocimiento realizar el control de legalidad y las adecuaciones pertinentes al juicio ante la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito ejecutado, por tratarse de aquellos constituidos en UPAC con anterioridad a la vigencia de la ley 546 de 1999\u00bb <\/p>\n
[Derivado expediente digital. Archivo 04.Anexos.pdf. P\u00e1gs. 32 a 38] <\/p>\n
3. Bajo el anterior contexto, se anticipa la procedencia del amparo propuesto, comoquiera que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, en el auto del 3 de marzo de 2022, no tuvo en cuenta la normativa aplicable, ni los precedentes jurisprudenciales tanto de la Corte Constitucional como los de la Corte Suprema de Justicia, conforme pasa a explicarse, <\/p>\n
<\/p>\n
1. Esta Corte ha sostenido, a partir de una renovada interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, que el requisito de reestructuraci\u00f3n all\u00ed consagrado es exigible frente a todo cr\u00e9dito de vivienda adquirido en UPAC con antelaci\u00f3n a la entrada en vigencia de la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
En los mismos t\u00e9rminos ha se\u00f1alado que el documento que recoge la reestructuraci\u00f3n, junto con el t\u00edtulo valor base de ejecuci\u00f3n (en UPAC), forma un \u00abt\u00edtulo complejo\u00bb, cuya ausencia impide seguir con el cobro compulsivo, sin que para ello resulte relevante verificar la fecha de iniciaci\u00f3n del proceso, si este corresponde a la primera ejecuci\u00f3n, o si se trata de un cr\u00e9dito al d\u00eda o en mora para el 31 de diciembre de 1999. <\/p>\n
Es as\u00ed como, la sentencia de tutela SU-813 de 4 de octubre de 2007, la Corte Constitucional precis\u00f3 que en la Ley de vivienda se incluyeron (\u2026) expresamente normas relativas al per\u00edodo de transici\u00f3n para el paso del antiguo sistema de financiaci\u00f3n en UPAC al nuevo sistema de UVR. Ciertamente, con esta normatividad, no s\u00f3lo se permite la adquisici\u00f3n de vivienda a nuevas personas, sino que, adem\u00e1s, se pretende que quienes vieron afectados su patrimonio por el inminente peligro de perder su vivienda adquirida bajo el antiguo sistema de financiaci\u00f3n -declarado inconstitucional-, pudieran conservarla\u00bb (CSJ STC3632-2017) <\/p>\n
A partir de tales nociones, esta Corte ha establecido que, <\/p>\n
\u00ab(…) el derecho a la reestructuraci\u00f3n es aplicable a los cr\u00e9ditos de vivienda adquiridos antes de la vigencia de la Ley 546 de 1999, con prescindencia de la existencia de una ejecuci\u00f3n anterior o de si la obligaci\u00f3n estaba al d\u00eda o en mora; (…) la misma es requisito sine qua non para iniciar y proseguir la demanda compulsiva; y (…) \u00e9sta es una obligaci\u00f3n tanto de las entidades financieras como de los cesionarios del respectivo cr\u00e9dito (…). <\/p>\n
Al respecto, (…) conviene recordar, que [es] deber de los jueces, incluido el de ejecuci\u00f3n, revisar si junto con el t\u00edtulo base de recaudo, la parte ejecutante ha adosado los soportes pertinentes para acreditar la tan nombrada reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, pues, como lo ha dicho esta Corte, esos documentos \u201cconforman un t\u00edtulo ejecutivo complejo y, por ende, la ausencia de alguno de estos no permite continuar con la ejecuci\u00f3n\u201d (CSJ STC2747-2015), sin que importe si la providencia que ordena seguir adelante con la ejecuci\u00f3n haya sido proferida con anterioridad a la expedici\u00f3n de la sentencia SU-813\/07, pues \u201clo cierto es que la exigencia de \u2018reestructuraci\u00f3n\u2019 estaba vigente desde 1999 con la expedici\u00f3n del art\u00edculo 42 de la Ley 546 el 23 de diciembre de ese a\u00f1o\u00bb (CSJ STC, 16 dic. 2015, rad. 2015-02294-00, reiterada en CSJ STC 4 feb. 2016, rad. 2015-00242-01) <\/p>\n
3.2 Igualmente esta Corte estableci\u00f3 reglas para la procedencia de acciones constitucionales con las que se busque conjurar la ausencia de reliquidaci\u00f3n de cr\u00e9ditos hipotecarios adquiridos en UPAC antes del 31 de diciembre de 1999. <\/p>\n
Sobre el particular la jurisprudencia de esta Sala desde la sentencia STC6968-2015 de 3 de junio ha decantado que: <\/p>\n
\u00ab2. Ahora bien, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y la subsidiariedad de dicho mecanismo. <\/p>\n
En relaci\u00f3n a los presupuestos en menci\u00f3n, cuando se trata de terminaci\u00f3n de procesos ejecutivos por cr\u00e9ditos de vivienda, se ha hecho \u00e9nfasis por parte de la jurisprudencia constitucional en que el Juez debe revisar para conceder la protecci\u00f3n que: (i) la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente y (ii) que se hayan ejercido los mecanismos de defensa con los que se cuenta dentro del proceso con una m\u00ednima diligencia. <\/p>\n
As\u00ed, que en sentencia de unificaci\u00f3n, se estableci\u00f3: <\/p>\n
Los jueces que est\u00e9n conociendo de acciones de tutela relativas a la terminaci\u00f3n de procesos ejecutivos que se refieran a cr\u00e9ditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deber\u00e1n seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificaci\u00f3n. Por lo tanto, a) deber\u00e1n conceder la acci\u00f3n de tutela cuando i) esta haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia m\u00ednima dentro del mismo. (Sentencia SU-813 de 2007, reiterada en Sentencia T-1240-08, citada en CSJ STC, 6 Mar 2014, Rad 00052-01). (Subrayado fuera del texto). <\/p>\n
3. En cuanto al primer presupuesto \u2013 el de la inmediatez -, esta Corporaci\u00f3n encuentra que el argumento central en el que ha soportado el alto Tribunal Constitucional, la tesis de que el punto l\u00edmite para la procedencia del amparo es el registro del remate o de la adjudicaci\u00f3n, es la necesidad de proteger los derechos e intereses de los terceros adquirentes de buena fe; as\u00ed lo ha sostenido esa Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab\u2026para determinar si el actor ha cumplido o no con el requisito de inmediatez, deben tenerse en cuenta, en cada caso concreto1, aspectos tales como: (i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad del accionante, como la absoluta incapacidad para ejercer la defensa de sus derechos; (ii) si la procedencia de la acci\u00f3n, luego de la inactividad injustificada, podr\u00eda causar la lesi\u00f3n de derechos fundamentales de terceros o de bienes constitucionalmente protegidos y, (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos de esos terceros de buena fe o de los bienes que la Constituci\u00f3n ordena proteger.2 <\/p>\n
En el caso concreto de los procesos ejecutivos hipotecarios, existe un t\u00e9rmino razonable dentro del cual la persona afectada debe defender sus derechos para evitar una lesi\u00f3n posterior de los derechos fundamentales de terceros o de intereses constitucionalmente protegidos. En este sentido, la Corte encuentra que la tutela s\u00f3lo puede proceder si se interpone en cualquier momento desde la decisi\u00f3n judicial de no dar por terminado el proceso hasta el registro del auto aprobatorio del remate, es decir, hasta que se perfecciona la tradici\u00f3n del dominio del bien en cabeza de un tercero cuyos derechos no pueden ser desconocidos por el juez constitucional. En efecto, una vez realizado el registro, la persona ha perdido su oportunidad de alegar en tutela pues ya existe un derecho consolidado en cabeza de terceros de buena fe, que el juez constitucional no puede desconocer. En estos casos no sobra mencionar que la Constituci\u00f3n ordena proteger, con la misma fuerza, el derecho a la vivienda digna de quien ha perdido su casa por violaci\u00f3n del debido proceso y aquel derecho que adquiere el tercero de buena fe que compra un inmueble para tales efectos. Por eso se exige, para que la acci\u00f3n pueda proceder, que se interponga antes de que se consolide el derecho de terceros a una vivienda digna, a trav\u00e9s del registro p\u00fablico del auto que aprueba el remate del bien. (Subraya para resaltar) (Sentencia SU 813 de 2007) <\/p>\n
4. En este asunto, la Sala estima que la parte accionante satisfizo el requisito que viene de comentarse, en la medida en que el derecho de dominio sobre el inmueble objeto de la garant\u00eda hipotecaria no ha sido transferido a un tercero y por lo tanto, no se ha configurado la prerrogativa a la vivienda digna ni de ninguna otra estirpe, a favor de una persona ajena al juicio ejecutivo. (\u2026)\u00bb. (Posici\u00f3n reiterada entre otras muchas sentencias en CSJSTC13317-2015, STC5248-2021, STC10187-2021, STC10546-2021, STC13756-2021, STC14456-2021, STC16755-2121 y, STC17513-2021). <\/p>\n
Igualmente en sentencia STC19546-2021, recapitul\u00f3 <\/p>\n
\u00abTodo esto para significar que la restructuraci\u00f3n de obligaciones con fines de adquisici\u00f3n de vivienda conferidas en las anotadas condiciones resulta indispensable para iniciar o continuar ejecuciones de cara a los derroteros que se han venido desarrollando con ocasi\u00f3n de la sentencia C-955 de 2000, tanto que la inobservancia de tal exigencia apareja la terminaci\u00f3n anormal del coercitivo o su imposibilidad de iniciarlo. <\/p>\n
As\u00ed lo ha dicho reiteradamente la doctrina de esta Sala en tanto que \u00abes deber de los jueces, incluidos los de ejecuci\u00f3n, revisar si junto con el t\u00edtulo base del recaudo la parte demandante ha acreditado la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, puesto que, como se ha remarcado insistentemente por esta Corporaci\u00f3n, esos documentos conforman \u00abun t\u00edtulo ejecutivo complejo\u00bb y, por ende, la ausencia de alguno de estos no permite continuar con la ejecuci\u00f3n\u00bb (CSJ STC5248-2021). <\/p>\n
Establecido lo anterior, ser\u00eda del caso acoger el planteamiento de los impulsores sino fuera porque ya se concret\u00f3 la adjudicaci\u00f3n en remate del inmueble hipotecado con folio n\u00famero 040-269643, seg\u00fan lo deja ver la anotaci\u00f3n n\u00famero 016 de dicho instrumento donde consta que el 17 de mayo de 2021 le fue transferido por subasta al Centro Diagn\u00f3stico Automotor Metropolitano del Caribe Retrocar S.E.S. (resalta fuera de texto) <\/p>\n
Bajo esa l\u00f3gica, a pesar de que el expediente escrutado no da cuenta de que el ejecutante ni sus cesionarios hayan acatado la carga de restructuraci\u00f3n de los cr\u00e9ditos en menci\u00f3n, se torna inviable conceder el auxilio constitucional por cuanto en este momento carece de todo sentido reprochar la ausencia de dicho requisito siendo que, de igual modo, no habr\u00eda manera de restablecer el derecho fundamental a la vivienda digna de los precursores debido a que el predio fue adjudicado a una sociedad distinta de los ejecutantes en el marco de un procedimiento coactivo adelantado por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla por causa de la mora en el pago del impuesto predial. <\/p>\n
Sobre el particular, recientemente se record\u00f3 que la prosperidad del amparo en ese tipo de contornos est\u00e1 supeditada, entre otros supuestos, a que \u00abla acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble hipotecado o, a\u00fan, con posterioridad, si el bien fue adjudicado\u00bb (STC5248-2021), criterio que ya hab\u00eda sido acu\u00f1ado por esta Colegiatura desde STC6968-2015. <\/p>\n
Luego, como en el sub lite el beneficiario de la almoneda result\u00f3 distinto del extremo ejecutante, sobresale que los obligados ya no estaban en oportunidad de reclamar por este sendero extraordinario la culminaci\u00f3n del proceso por falta de restructuraci\u00f3n, toda vez que la verificaci\u00f3n de la transferencia del dominio a favor del tercero de buena fe tuvo lugar, incluso antes de la solicitud que en tal medida elevaron ante el Juzgado accionado\u00bb. <\/p>\n
En reciente fallo STC2320-2022 record\u00f3, <\/p>\n
\u00abAhora bien, en lo que tiene que ver con lo aducido frente a la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito cobrado, debe destacarse que esta Corporaci\u00f3n estableci\u00f3 reglas para la procedencia de acciones constitucionales con las que se busque conjurar la ausencia de reliquidaci\u00f3n de cr\u00e9ditos hipotecarios adquiridos en UPAC antes del 31 de diciembre de 1999. Sobre el particular la Sala precis\u00f3: <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la reestructuraci\u00f3n de obligaciones hipotecarias prevista en la Ley 546 de 1999, trat\u00e1ndose de juicios ejecutivos en los que se pretenden cobrar cr\u00e9ditos otorgados, para la adquisici\u00f3n de vivienda, antes del 31 de diciembre de 1999, la Sala ha indicado que, para acceder al amparo solicitado, por v\u00eda constitucional, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: (i) que la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble hipotecado o, a\u00fan, con posterioridad, si el bien fue adjudicado a la parte ejecutante; (ii) que se haya actuado con una m\u00ednima diligencia dentro del asunto censurado, ejerci\u00e9ndose los mecanismos de defensa procedentes; y (iii) que directa o indirectamente se afecte el derecho a la vivienda digna, conforme a lo previsto en la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en la sentencia SU-813 de 2007 de la Corte Constitucional, a cuyo tenor: <\/p>\n
\u00abLos jueces que est\u00e9n conociendo de acciones de tutela relativas a la terminaci\u00f3n de procesos ejecutivos que se refieran a cr\u00e9ditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deber\u00e1n seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificaci\u00f3n. Por lo tanto, a) deber\u00e1n conceder la acci\u00f3n de tutela cuando i) \u00e9sta haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia m\u00ednima dentro del mismo; b) La acci\u00f3n de tutela se considerar\u00e1 improcedente cuando se hubiere interpuesto con posterioridad del registro del auto de aprobaci\u00f3n del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble\u00bb [T- 881\/13]. (STC5248-2021, 12 de mayo de 2021)\u00bb. (Se destaca) <\/p>\n
3.3. Habida cuenta de lo anterior, ante la constante y reiterada jurisprudencia sobre la tem\u00e1tica en comento, el apartamiento de tal postura por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, surge en este caso como una causal espec\u00edfica para la concesi\u00f3n del amparo solicitado por el se\u00f1or H\u00e9ctor Javier Boh\u00f3rquez Vega. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con este punto, la Sala en anterior oportunidad sentencia STC10187-2021, indic\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cuando sobre un determinado punto se ha estudiado y resuelto de manera id\u00e9ntica, si la autoridad accionada se aparta de esa soluci\u00f3n sin mediar suficiente y valedera justificaci\u00f3n, incursiona en el defecto de desconocimiento del precedente jurisprudencial, como derivaci\u00f3n del orden sustantivo o material. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que adem\u00e1s del precedente constitucional, se tiene sentado que el jurisprudencial que obliga al fallador es el de naturaleza vertical, frente al cual esta Sala ha sostenido que: \u00ablos jueces \u00abest\u00e1n perfectamente facultados para decidir de manera independiente y aut\u00f3noma, ya que acoger el precedente jurisprudencial o de cumplir con la carga de exponer los motivos por los cuales no se atiende, s\u00f3lo recae cuando aqu\u00e9l proviene de un superior jer\u00e1rquico, mas no como aqu\u00ed acontece con otros funcionarios situados en el mismo v\u00e9rtice o en grado inferior de la estructura de la administraci\u00f3n de justicia, evento en el cual lo \u00fanico exigible es que la providencia se encuentre debidamente motivada\u00bb (sentencias del 15 de noviembre y del 12 de diciembre de 2005, exp. T No. 01892-01 y 2279-01)\u00bb (CSJ STC, 11 oct. 2013, rad. 01713-01 citada entre otras en STC13307-2019, 1\u00b0 oct. 2019, rad. 03111-00). <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-330 de 2005, enfatiz\u00f3 que, \u00abprima facie, los funcionarios judiciales est\u00e1n vinculados por la obligaci\u00f3n de aplicar el precedente sentado por los \u00f3rganos encargados de unificar jurisprudencia. No obstante, si pretenden apartarse del mismo en ejercicio de la autonom\u00eda judicial, pesa sobre los mismos una carga de argumentaci\u00f3n m\u00e1s estricta. Es decir deben demostrar de manera adecuada y suficiente las razones por las cuales se apartan\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha sostenido que \u00abla importancia de seguir el precedente radica en dos razones, a saber: La primera, en la necesidad de garantizar el derecho a la igualdad y los principios de seguridad jur\u00eddica, cosa juzgada, buena fe, confianza leg\u00edtima y de racionabilidad, pues la actividad judicial se encuentra regida por estos principios constitucionales (\u2026). La segunda, en el car\u00e1cter vinculante de las decisiones judiciales (\u2026)\u00bb, y, \u00ab[e]n s\u00edntesis, el desconocimiento del precedente se configura cuando el funcionario judicial se aparta de las sentencias emitidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o los dictados por ellos mismos (precedente horizontal) al momento de resolver asuntos que presentan una situaci\u00f3n f\u00e1ctica similar a los decididos en aquellas providencias, sin exponer las razones jur\u00eddicas que justifique el cambio de jurisprudencia\u00bb (T-459\/17). <\/p>\n
Entonces, como acaba de verse, la autoridad judicial enjuiciada incurri\u00f3 en defectos de \u00edndole sustantivo, procedimental, y desconocimiento del precedente jurisprudencial, en la medida en que: (i) se rigi\u00f3 bajo un contenido normativo que est\u00e1 en discordancia con los presupuestos del caso; (ii) actu\u00f3 al margen del procedimiento en lo relacionado con la aplicaci\u00f3n de la Ley 546 de 1999; (iii) y, para motivar y resolver el asunto no tuvo en cuenta la jurisprudencia constitucional y de esta Corte que tratan sobre el tema\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se concluye que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, en el auto del 3 de marzo de 2022, err\u00f3 al confirmar la decisi\u00f3n del Juzgado Doce Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad de 16 de julio de 2021, que al resolver sobre la actualizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por el demandante, decret\u00f3 de manera oficiosa la nulidad de lo actuado en el juicio ejecutivo, a partir del auto de 4 de febrero de 2004 mediante el cual se libr\u00f3 mandamiento de pago en el proceso ejecutivo materia de estudio, ante la ausencia de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 42 de la ley 546 de 1999, esto es, la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, habida cuenta que, en el presente asunto ya se hab\u00eda concretado la adjudicaci\u00f3n en remate del inmueble hipotecado con folio n\u00famero n\u00b0 50C-1320533, seg\u00fan lo deja ver la anotaci\u00f3n n\u00famero 021 de dicho instrumento donde consta que el 2 de diciembre de 2019 le fue transferido por subasta a H\u00e9ctor Javier Boh\u00f3rquez Vega, aqu\u00ed accionante, seg\u00fan qued\u00f3 expuesto. <\/p>\n
5. En consecuencia, se impone, entonces, revocar el fallo constitucional de primera instancia y, en su lugar, conceder el amparo suplicado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y, en consecuencia, en su lugar: <\/p>\n
Primero: Concede el amparo del derecho al debido proceso del accionante H\u00e9ctor Javier Boh\u00f3rquez Vega. <\/p>\n
Segundo: Ordena al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la fecha en la cual le sea devuelto el expediente contentivo del asunto objeto de esta queja, deje sin efecto la providencia 3 de marzo de 2022, con la que confirm\u00f3 la proferida el 16 de julio de 2021 por el Juzgado Doce Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, y las actuaciones que dependan de \u00e9sta. <\/p>\n
Tercero: Cumplido lo anterior y, en un t\u00e9rmino no superior a 15 d\u00edas, el Juzgado del Circuito nombrado habr\u00e1 de dictar una nueva providencia en la que resuelva la apelaci\u00f3n interpuesta por la parte ejecutada contra la referida providencia de 16 de julio de 2021, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Cuarto: Ordena al Juzgado Doce Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, remitir de inmediato y en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente materia de la queja constitucional al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en los ordinales anteriores. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Quinto: Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, rem\u00edtaseles copia de esta providencia y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sentencia T-684 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y T-123 de 2007, M.P. \u00c1lvaro Tafur Galvis. <\/p>\n
2\u0002 Sentencia T-1086 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. \u201cEl desconocimiento del concepto de plazo razonable por parte del actor en sede de tutela, en atenci\u00f3n a los hechos relevantes de cada caso, implica a saber: i) que la inactividad del peticionario no se encuentre validamente justificada; ii) que se vulneren derechos de terceros o se desnaturalice el amparo solicitado; y iii) que se configure un nexo causal suficiente entre los dos requisitos anteriores.\u201d (Sentencia T-108 de 2006, M.P. Jaime Ara\u00fajo Renter\u00eda). <\/p>\n
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STC5013-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC5013-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-00528-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida el 22 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62978","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62978","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62978"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62978\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62978"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62978"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62978"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}