STC5016-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5016-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02409-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013 UGPP- frente al fallo de 30 de noviembre de 20211, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por la recurrente contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, con vinculaci\u00f3n de las autoridades, partes e intervinientes en el juicio n\u00b0 1100131050072016-00080-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La convocante solicit\u00f3 dejar sin efecto la sentencia proferida por la Sala acusada (SL3317-2021, 26 jul.) y, en consecuencia, se le ordene confirmar la de segunda instancia emitida en el juicio referido. En sustento, adujo que Uldarico de Jes\u00fas Quiceno Giraldo present\u00f3 demanda en su contra con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n pactada en la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1998-1999 suscrita entre la Caja de Cr\u00e9dito Agrario, Industrial y Minero y Sintracreditario, junto con el pago de las mesadas dejadas de percibir y debidamente indexadas desde la fecha en la que cumpli\u00f3 55 a\u00f1os, pretensiones que no fueron de recibo por el Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 (29 sep. 2017). Narr\u00f3 que el demandante apel\u00f3 y el Tribunal confirm\u00f3 el veredicto (3 may. 2018). Agreg\u00f3 que el convocante formul\u00f3 el recurso extraordinario de Casaci\u00f3n; empero, la Corte decidi\u00f3 casar la sentencia del juez colegiado (SL3317-2021, 26 jul.), tras considerar que \u00aben estos casos la edad es un mero requisito de exigibilidad\u00bb. A juicio de la entidad gestora esta \u00faltima decisi\u00f3n \u00abgenera un grave perjuicio al Erario en raz\u00f3n al pago mes a mes y de forma vitalicia de dicha prestaci\u00f3n convencional y mesada 14 a las cuales no tiene derecho el se\u00f1or Quiceno (\u2026) en raz\u00f3n a que no cumpli\u00f3 con el requisito de los 55 a\u00f1os de edad\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito remiti\u00f3 el expediente digital. La Sala de Casaci\u00f3n accionada alleg\u00f3 la decisi\u00f3n proferida en el asunto cuestionado. Uldarico de Jes\u00fas Quiceno Giraldo deprec\u00f3 la improcedencia del amparo. <\/p>\n
3. El a quo desestim\u00f3 el ruego por carecer del presupuesto de subsidiariedad, por cuanto \u00abla entidad accionante a\u00fan tiene la posibilidad de instaurar el recurso de revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4.- La libelista se alz\u00f3 fincada en alegaciones semejantes a las planteadas en el escrito inaugural. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De entrada, advierte la Sala la inviabilidad del resguardo por no satisfacerse el presupuesto de subsidiariedad, habida cuenta que, para combatir los alcances del fallo dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral convocada de 26 de julio de 2021, la accionante tiene a su alcance el recurso de revisi\u00f3n establecido en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, que puede interponer para discutir circunstancias como las que pretende zanjar por este sendero residual. <\/p>\n
En efecto, el mencionado precepto contempla la posibilidad de acudir eficazmente a esa v\u00eda en pos de refutar eficazmente, entre otras, aquellas providencias en las que se comprometan \u00absumas peri\u00f3dicas a cargo del tesoro p\u00fablico o de fondos de naturaleza p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
Sobre el punto, dicho canon establece que <\/p>\n
(\u2026) [l]as providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p\u00fablico o a fondos de naturaleza p\u00fablica la obligaci\u00f3n de cubrir sumas peri\u00f3dicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podr\u00e1n ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, del Contralor General de la Rep\u00fablica o del Procurador General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
En ese mismo sentido, agrega que \u00ab[l]a revisi\u00f3n se tramitar\u00e1 por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo y podr\u00e1 solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo c\u00f3digo\u00bb y ser\u00e1 viable en cualquiera de los siguientes supuestos: \u00aba) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violaci\u00f3n al debido proceso\u00bb, y \u00abb) Cuando la cuant\u00eda del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convenci\u00f3n colectiva que le eran legalmente aplicables\u00bb. (Se resalta). <\/p>\n
En ese contexto, queda en evidencia que excepcionalmente los denominados \u00abactos de ejecuci\u00f3n o cumplimiento de sentencias judiciales\u00bb, incluidas las de la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Laboral, podr\u00e1n ser objeto de discusi\u00f3n a trav\u00e9s del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, que, en todo caso, deber\u00e1 ser impulsado dentro de los plazos que para tal efecto previ\u00f3 el legislador en la Ley 712 de 2001, por virtud de las causales establecidas en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
Bajo ese entendido, no procede la intromisi\u00f3n exhortada, pues, am\u00e9n de que la divergencia planteada no hizo parte del c\u00famulo de argumentos sobre los que se le dio atribuci\u00f3n a la Sala enjuiciada para resolver la casaci\u00f3n dirimida el 16 de julio de 2021, lo cierto es que los efectos de esta \u00faltima decisi\u00f3n s\u00ed pueden ser debatidos por la senda establecida en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 si lo que con ello se busca es defender el tesoro p\u00fablico, conforme lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de 2003, en la que se destac\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) [e]l art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 consagra una acci\u00f3n especial o sui g\u00e9nesis de revisi\u00f3n y ordena que se tramite por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo, esto es el procedimiento contencioso administrativo o laboral, o normas que los modifiquen y como quiera que se declar\u00f3 inexequible la expresi\u00f3n en cualquier tiempo, mientras el legislador establece un nuevo plazo, se tendr\u00e1 como tal el que el legislador contempla actualmente para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, seg\u00fan sea el \u00f3rgano competente en cada caso. <\/p>\n
Ahora, no sobra decir que dicho medio de control es id\u00f3neo y eficaz para confrontar los puntos que fueron aducidos por la quejosa a trav\u00e9s de este sendero residual, sin perder de vista que, conforme lo reliev\u00f3 la guardiana de la Constituci\u00f3n, dicho dispositivo debe ser ejercitado dentro del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 32 de la Ley 712 de 2001. <\/p>\n
Precisamente, en un caso que guarda cierta similitud con el de ahora, esta Sala sent\u00f3 que <\/p>\n
[n]o obstante, y en caso de aceptarse el reparo frente a la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, la regla 20 de la Ley 797 de 2003, consigna la posibilidad de intentarse la acci\u00f3n de revisi\u00f3n para controvertir providencias judiciales en las cuales se comprometan \u201csumas peri\u00f3dicas a cargo del tesoro p\u00fablico o de fondos de naturaleza p\u00fablica. (CSJ. STC16105-2015). <\/p>\n
Con todo, no sobra decir que la UGPP est\u00e1 habilitada para instaurar la acci\u00f3n revisor\u00eda especial, porque dicha atribuci\u00f3n se la asign\u00f3 el art\u00edculo 6 del Decreto 575 del 22 de marzo de 2013, seg\u00fan el cual, corresponde a esa entidad \u00abadelantar o asumir cuando haya lugar, las acciones previstas en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen\u00bb. <\/p>\n
Basten estos breves razonamientos para convalidar la decisi\u00f3n confutada por ser evidente que la libelista no satisfizo la subsidiariedad como requisito general de procedibilidad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ \u00c1LVARO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicio <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que, para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 28 de marzo pasado. <\/p>\n
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