STC5019-2022 <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5019-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2022-00096-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 11 de marzo de 2022, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la acci\u00f3n de tutela que Yuranis Marley Vergara D\u00edaz y la Inmobiliaria & Viajes Frison, formularon contra de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC – Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, tramite al que fueron citados Hernando Arag\u00f3n Gonz\u00e1lez y las partes e intervinientes en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor radicada bajo el n\u00b0 2020-39424. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Las accionantes invocaron la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso [acceso a la administraci\u00f3n de justicia] as\u00ed como el de petici\u00f3n, vulnerado en el tr\u00e1mite relacionado en precedencia. <\/p>\n
Manifestaron, en s\u00edntesis, que Hernando Arag\u00f3n Gonz\u00e1lez las demand\u00f3 en acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, y solicit\u00f3 la devoluci\u00f3n de un dinero que hab\u00eda pagado en exceso por la renta de una finca que -presuntamente- no cumpl\u00eda con las caracter\u00edsticas pactadas en el contrato de alquiler. <\/p>\n
Agregaron, que la demanda les fue notificada el 27 de febrero de 2020, y dentro del traslado respectivo contestaron dirigiendo su escrito al proceso radicado bajo el n\u00b0 \u00ab15-108495-000060000\u00bb. <\/p>\n
Explicaron, que el 5 de junio de 2020 se profiri\u00f3 sentencia estimatoria de las pretensiones del actor, fallo que, aseveraron, apenas conocieron hasta el 7 de julio subsiguiente, pues, por la pandemia ocasionada por el Covid-19 \u00ablas oficinas de abogados\u00bb y los \u00abjuzgados\u00bb solo abrieron el 1\u00b0 de julio posterior. <\/p>\n
Alegaron, que en esa providencia se dijo que no hab\u00edan respondido la demanda, por lo que revisaron lo actuado y advirtieron que hab\u00edan incurrido en un error, ya que dirigieron su contestaci\u00f3n a otro expediente, habida cuenta que el radicado correcto de su proceso era el 20-39424; sin embargo en el poder anexo escribieron los datos acertadamente, lo que indica que s\u00ed se pronunciaron en tiempo. <\/p>\n
Indicaron que el 14 de septiembre de 2020 solicitaron la revocatoria directa de la referida decisi\u00f3n, y que la contestaci\u00f3n de la demanda se remitiera al proceso que correspond\u00eda, no obstante, lo primero fue negado y, lo segundo, a\u00fan contin\u00faa sin respuesta. <\/p>\n
Expresaron igualmente, que el 13 de abril de 2021 demandaron la nulidad del tr\u00e1mite, que tambi\u00e9n se despach\u00f3 de manera desfavorable en auto de 13 de enero de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como consecuencia de lo anterior, solicitaron, ordenar a la SIC, dejar sin efectos la sentencia proferida en el proceso radicado con el n\u00b0 2020-39424, as\u00ed como la decisi\u00f3n que neg\u00f3 su solicitud de nulidad. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
La Superintendencia de Industria y Comercio, expuso que tiene funciones jurisdiccionales en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 116 de la Constitucional Nacional, y se\u00f1al\u00f3 que efectivamente las accionantes fueron demandadas en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor mencionada, la que dijo, tiene un tr\u00e1mite verbal sumario. <\/p>\n
Destac\u00f3 que es deber de las partes revisar de manera continua los estados del proceso, pues la entidad tiene canales virtuales dispuestos para el efecto, los que existen incluso desde antes de la pandemia, por ende, no se le puede endilgar responsabilidad ante el descuido de las mismas o de su apoderado, a quienes les corresponde realizar sus escritos y velar por su correcta radicaci\u00f3n. <\/p>\n
Sostuvo que, para el proceso 2020-39424 no se alleg\u00f3 contestaci\u00f3n de la demanda mencionada, motivo por el cual aplic\u00f3 el art\u00edculo 97 del C\u00f3digo General del Proceso, y profiri\u00f3 la sentencia n\u00b0 3987 del 5 de junio de 2020, en favor del demandante. <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn concedi\u00f3 parcialmente el amparo y le orden\u00f3 a la accionada resolver, dentro de la \u00f3rbita de su autonom\u00eda, el memorial presentado por las interesadas el 14 de septiembre de 2020. <\/p>\n
Para arribar a dicha determinaci\u00f3n, consider\u00f3 que, aunque el procedimiento llevado a cabo por el ente accionado, as\u00ed como la sentencia y el auto que neg\u00f3 la nulidad, no vulneraron ni el ordenamiento jur\u00eddico, ni los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de las accionantes, el referido escrito no ha sido objeto de pronunciamiento, lo cual afect\u00f3 el derecho de petici\u00f3n de las interesadas. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La presentaron las accionantes para insistir en sus pretensiones y destacar que la Superintendencia a\u00fan no ha dado respuesta integral a la petici\u00f3n de 14 de septiembre de 2020. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo judicial de car\u00e1cter excepcional breve y sumario, que permite la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de un particular -en casos excepcionales-. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Acorde con la invariable l\u00ednea jurisprudencial reiterada por esta Corporaci\u00f3n, el amparo constitucional no procede contra decisiones o actuaciones jurisdiccionales, a fin de darle prevalencia a los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, esto es, la autonom\u00eda e independencia de la administraci\u00f3n de justicia, as\u00ed como el derecho sustancial y el imperio de la Ley, entre otros. <\/p>\n
Sin embargo, en aquellos casos en los que el funcionario accionado ha incurrido en un proceder arbitrario, notoriamente contrario al derecho sustancial, claramente opuesto a la ley procesal o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, es posible activar el mecanismo de manera extraordinaria, previo el cumplimiento de sendos requisitos [generales y espec\u00edficos1] que demuestren la imperiosa necesidad de la intervenci\u00f3n del juez de la tutela, para restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Analizado con detenimiento el presente asunto, prontamente concluye la Sala, que, la acci\u00f3n cumple con las exigencias gen\u00e9ricas para su procedibilidad, as\u00ed como que la autoridad accionada incurri\u00f3 en un \u00abdefecto procedimental\u00bb por \u00abexceso ritual manifiesto\u00bb2, en la actuaci\u00f3n cuyo tr\u00e1mite actualmente dirige, por lo que se acceder\u00e1 a las peticiones elevadas por las inconformes. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En efecto, del examen realizado a las documentales aportadas con el expediente, se observa que las aqu\u00ed accionantes dieron contestaci\u00f3n a la demanda formulada en su contra, sin que el error de digitaci\u00f3n que cometieron al momento de presentar el escrito contentivo de sus manifestaciones frente al litigio tenga la entidad suficiente para echar por la borda sus derechos fundamentales al debido proceso, contradicci\u00f3n y defensa. <\/p>\n
M\u00edrese bien que, en cualquier caso, es evidente que las interesadas radicaron sus memoriales en las instalaciones de la Superintendencia accionada, lo cual implicaba que \u00e9sta deb\u00eda, a trav\u00e9s de sus funcionarios y subalternos, verificar, concretamente, para cu\u00e1l proceso en espec\u00edfico se encontraban direccionados los documentos, para luego remitirlos a la dependencia que correspondiera, lo que resultaba a todas luces sencillo, si se toma en cuenta que, a pesar del yerro que reconoci\u00f3 haber cometido la promotora del amparo, en el poder aportado por ella se lee claramente el radicado del proceso para el que estaba destinado, esto es, para el n\u00b0 \u00ab2020-39424\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Lo anterior le impon\u00eda a la Superintendencia accionada la obligaci\u00f3n de remitir los documentos a la delegatura que en realidad tramitaba el aludido expediente, para que estos surtieran los efectos jur\u00eddicos de rigor. <\/p>\n
Distinto ser\u00eda si -en caso hipot\u00e9tico- la parte interesada no hubiese aportado ning\u00fan dato para identificar el proceso -pero ese no es el caso-. <\/p>\n
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6. Debe tomarse en cuenta que, si bien es cierto, no existe una norma espec\u00edfica que regule situaciones como la relatada, el art\u00edculo 21 de la Ley 1755 de 20153 -por ejemplo- en lo que toca con peticiones presentadas ante oficinas o funcionarios no competentes, se\u00f1ala una obligaci\u00f3n para quien recibe la equivocada petici\u00f3n, de remitirla -dentro de un t\u00e9rmino perentorio- a la autoridad habilitada para resolverla. Norma que -por analog\u00eda- permite inferir, razonablemente, la conducta a seguir por las entidades y funcionarios o empleados p\u00fablicos que, como en este caso, reciben documentos provenientes de los administrados. <\/p>\n
<\/p>\n
7. De tal manera, surge evidente que la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC – Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, omiti\u00f3 sus deberes legales al no haber redirigido el escrito tantas veces mencionado a su verdadero destino, a pesar de contar con la informaci\u00f3n y las bases de datos suficientes para esclarecer el error humano cometido por las usuarias, lo que en \u00faltimas origin\u00f3 la emisi\u00f3n de una serie de decisiones judiciales que, sin tomar nota de lo anterior, vulneraron los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n fue invocada y, a estas alturas, se\u00f1alan su decaimiento. <\/p>\n
<\/p>\n
8. No debe perderse de vista que los funcionarios judiciales no pueden utilizar o concebir los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, de forma que, por esa v\u00eda, sus actuaciones resulten -como en este caso- en una denegaci\u00f3n de justicia que transgrede las prerrogativas que les asisten a los usuarios del aparato jurisdiccional. <\/p>\n
<\/p>\n
9. Consecuencia de lo anterior es que se modificar\u00e1 el fallo impugnado, para acceder, como ab initio se anunci\u00f3, a la pretensi\u00f3n principal de la tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
PRIMERO: MODIFICAR la parte resolutiva de la sentencia de 11 de marzo de 2022, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, la cual quedar\u00e1 de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la ciudadana Yuranis Marley Vergara D\u00edaz, quien act\u00faa en nombre propio y en favor de la persona jur\u00eddica denominada Inmobiliaria & Viajes Frison. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC – Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales que, dentro del t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, incorpore al referido expediente el memorial a trav\u00e9s del cual las actoras ejercieron su defensa dentro del prementado asunto jurisdiccional, y adopte las decisiones que considere procedentes, para reanudar la actuaci\u00f3n y finiquitar su tr\u00e1mite, a la luz de las normas que lo rigen. <\/p>\n
CUARTO: Notif\u00edquese esta decisi\u00f3n a los interesados por el medio expedito (art\u00edculo 30 decreto 2591 de 1.991), y si el presente fallo no fuere impugnado, rem\u00edtase el asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.\u00bb <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR por el medio m\u00e1s expedito esta sentencia y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Los muchos fallos de tutela proferidos con base en la Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional, entre otros, las Sentencias de 3 de marzo de 2011, Rad. 00329-00 de la CSJ y SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012 de la C.C. <\/p>\n
3\u0002 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petici\u00f3n y se sustituye un t\u00edtulo del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. <\/p>\n
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