STC5030-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5030-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-10-000-2022-00068-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 23 de marzo de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la tutela que Carlos Mario Villa Orrego instaur\u00f3 en contra del Juzgado Trece de Familia de Oralidad de esa ciudad y la C\u00e1rcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Puerto Triunfo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista exigi\u00f3 la guarda de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abpetici\u00f3n\u00bb, para que se ordenara: (i) Al estrado querellado \u00abque en el menor tiempo posible notifique al establecimiento (\u2026) de Puerto Triunfo [los] alcances del requerimiento que obra en [su] cartilla biogr\u00e1fica a fin de que [l]e permita avanzar en [el] tratamiento penitenciario\u00bb; (ii) A la C\u00e1rcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Puerto Triunfo \u00abse sirva actualizar la base de datos (\u2026) y revisar [su] cartilla biogr\u00e1fica y si encuentra per\u00edodos de tiempo sin redimir, en[viar] la documentaci\u00f3n al Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad con el fin de poner al d\u00eda ese aspecto\u00bb; y, (iii) Compulsar copias a los organismos de control disciplinario \u00aba fin de que se investigue la actitud negligente de [los] funcionarios, de igual forma ante el Consejo Superior respecto a la actitud desplegada por el Juzgado Trece de Familia de Oralidad de Medell\u00edn\u00bb. <\/p>\n
Del pliego introductorio y sus anexos, se deduce que mediante Resoluci\u00f3n n\u00ba 81 de 28 de agosto de 2012, la Comisar\u00eda de Familia de San Crist\u00f3bal declar\u00f3 al gestor responsable por los hechos de reincidencia en violencia intrafamiliar contra su compa\u00f1era permanente Mar\u00eda Elena Garc\u00eda Mu\u00f1oz y, de conformidad con el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 294 de 1996, modificado por el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 575 de 2000, remiti\u00f3 las diligencias al Juzgado Trece de Familia de Oralidad de Medell\u00edn por los continuos incumplimientos de aquel a las medidas de protecci\u00f3n concedidas, quien el 18 de marzo de 2013 realiz\u00f3 la conversi\u00f3n de la sanci\u00f3n a treinta (30) d\u00edas de arresto (rad. 2-25448-12). <\/p>\n
El 2 de abril de ese a\u00f1o, el juzgado, a trav\u00e9s de \u201coficio n\u00ba 332\u201d, comunic\u00f3 tal decisi\u00f3n al Comandante de la Polic\u00eda Metropolitana del Valle de Aburr\u00e1 y el 15 de abril devolvi\u00f3 el infolio a la Comisar\u00eda de Familia de San Crist\u00f3bal. <\/p>\n
Sostuvo el actor que desde el 26 de noviembre de 2014 se encuentra privado de la libertad, es decir por m\u00e1s de 57 meses \u201cpurgando una pena de 200 meses de prisi\u00f3n principal\u201d y, aunque en \u201c10 oportunidades\u201d ha requerido a la \u201coficina jur\u00eddica-consejo de evaluaci\u00f3n y tratamiento\u201d lo ubique en \u201cfase de mediana seguridad toda vez que super[a] ampliamente la tercera parte de la pena (\u2026), se niega a dar tr\u00e1mite (\u2026) con el argumento de que t[iene] un requerimiento de un juzgado de familia (\u2026) p[or] una pena de 30 d\u00edas por violencia intrafamiliar\u201d. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, en raz\u00f3n a lo enunciado, pidi\u00f3 a dicha dependencia \u201c[le] brind[ara] informaci\u00f3n\u201d sobre ese asunto; sin embargo, \u201cse niega a dar tr\u00e1mite a [su] solicitud porque la radi[c\u00f3] a trav\u00e9s de un correo electr\u00f3nico que est\u00e1 destinado a los procesos internos [y, adem\u00e1s,] lo remit[i\u00f3] a la Comisar\u00eda de Familia de San Crist\u00f3bal donde fue la g\u00e9nesis de ese litigio\u201d y, por tanto, en su sentir, con la \u201crespuesta et\u00e9rea y fragmentaria, presum[e] que tal orden de captura para pagar 30 d\u00edas de prisi\u00f3n por violencia intrafamiliar o no existe o ya est\u00e1 prescrita[, pues, el] el requerimiento data de[l a\u00f1o] 2013\u201d. <\/p>\n
Indic\u00f3 que \u201cni el juzgado de familia aclara (\u2026), ni la oficina jur\u00eddica [le] permite avanzar en el tratamiento penitenciario, teniendo en cuenta que de existir tal condena de 30 d\u00edas desde el a\u00f1o 2013, \u00e9sta ya estar\u00eda en firme y no deber\u00eda aparecer en el sistema como otro requerimiento sino como una condena m\u00e1s\u201d; de manera que transgreden sus garant\u00edas superiores, por cuanto le han impedido \u201cobtener rendici\u00f3n de pena por las actividades de estudio, trabajo y ense\u00f1anza que se desarrollan d\u00eda a d\u00eda al interior del penal\u201d. <\/p>\n
2.- La Procuradur\u00eda 120 Judicial II para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia dijo que el \u201cdeber\u201d del Juzgado Trece de Familia era \u201cdar curso y tr\u00e1mite al derecho de petici\u00f3n\u201d que elev\u00f3 el quejoso \u201cy en caso de no ser quien deb[\u00eda] dar respuesta, deb[\u00eda] remitirlo al competente y dar oportuno aviso al peticionario, tr\u00e1mite este que brilla por su ausencia\u201d. <\/p>\n
La Comisar\u00eda de Familia de San Crist\u00f3bal se opuso al ruego porque el accionante no le ha \u201cpresentado derecho de petici\u00f3n\u201d alguno, ni en el paginario reposa dicha misiva. <\/p>\n
El Juzgado Trece de Familia de Oralidad de Medell\u00edn narr\u00f3 que desde el a\u00f1o 2013 devolvi\u00f3 el dossier criticado a la Comisar\u00eda de Familia de San Crist\u00f3bal, de acuerdo con el art\u00edculo 17 de la Ley 294 de 1996 y, por ende, \u201ccarece de competencia funcional para cualquier asunto relacionado con el presente tr\u00e1mite (ejecuci\u00f3n y cumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n) ya que la misma radica en la oficina de origen\u201d. Adicionalmente, asever\u00f3 que todas las \u201cpeticiones\u201d formuladas en la lid han sido \u201credirigidas a la oficina de origen, (\u2026) en particular la petici\u00f3n objeto de (\u2026) la presente acci\u00f3n constitucional\u201d, la que envi\u00f3 desde el 1\u00ba de febrero de 2022; as\u00ed las cosas, \u201cno ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental del accionante\u201d. <\/p>\n
Mar\u00eda Elena Garc\u00eda Mu\u00f1oz manifest\u00f3 no estar de acuerdo con que a Carlos Mario \u201cse le otorgue la libertad condicional (\u2026) debe de pagar la totalidad de la pena en el centro penitenciario asignado por los da\u00f1os generados\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo otorg\u00f3 la salvaguarda tras colegir que el Juzgado Trece de Familia de Oralidad de Medell\u00edn \u00abinfringi\u00f3 frontalmente los derechos fundamentales del proceso debido y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia (Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, art\u00edculos 29 y 229; C G P, art\u00edculos 2, 14 y 42) del penado Carlos Mario Villa Orrego, pues su explayada solicitud toca con un asunto de car\u00e1cter jurisdiccional, por medio del cual fue sancionado, con pena privativa de la libertad de arresto\u00bb. En consecuencia, le mand\u00f3, que \u00ab(\u2026) dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, (\u2026) proceda, mediante auto, a resolver la petici\u00f3n que le formul\u00f3, el 16 de diciembre de 2021, el se\u00f1or Carlos Mario Villa Orrego, y si estima que no es la competente, para hacerlo, dentro del mismo lapso, la enviar\u00e1 al competente, debiendo notificarlo oportunamente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- Recurri\u00f3 el Juzgado Trece de Familia de Oralidad de Medell\u00edn, aduciendo que devolvi\u00f3 el expediente confutado a la Comisar\u00eda de Familia de San Crist\u00f3bal desde el 18 de marzo de 2013 y, por tanto, la Secretar\u00eda \u00abredireccion\u00f3 por competencia la petici\u00f3n\u00bb de Villa Orrego, acorde con lo preceptuado en el art\u00edculo 111 del C\u00f3digo General del Proceso; con todo, precis\u00f3 que \u00abel derecho de petici\u00f3n es improcedente para poner en marcha el aparato judicial conforme lo establece la sentencia T-313 de 2013 de la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Del material suasorio allegado al plenario, muy pronto se advierte la viabilidad del socorro y consecuente ratificaci\u00f3n de lo opugnado, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
1.1.- Liminarmente, se destaca que el \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb consagrado en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica no se predica de \u00abactuaciones judiciales\u00bb, pues sometidas como se est\u00e1n a las formas propias de cada litigio, deben ser sorteadas acorde con esos puntuales par\u00e1metros y dentro de las oportunidades procesales previstas. <\/p>\n
Frente a ese t\u00f3pico, esta Corte ha predicado: <\/p>\n
\u00abLas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales\u2026 deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (STC7405-2020; STC15807-2021), negrilla fuera de texto. <\/p>\n
Con ese panorama, lo reclamado por el querellante el 16 de diciembre de 2021 al Juzgado Trece de Familia de Oralidad de Medell\u00edn, concierne a acciones propias del \u00abproceso de medida de protecci\u00f3n\u00bb que se sigue en su contra (rad. 2-25448-12), por lo que debe analizarse en el marco legal de ese procedimiento, sin que resulten aplicables las reglas contenidas en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Se afirma lo anterior, porque lo implorado por Villa Orrego se dirigi\u00f3, en s\u00edntesis, a obtener informaci\u00f3n acerca de la ejecuci\u00f3n y cumplimiento de la sanci\u00f3n que se le impuso por la continua desatenci\u00f3n de las \u00abmedidas de protecci\u00f3n\u00bb adoptadas por la Comisar\u00eda de Familia de San Crist\u00f3bal, con el fin de que el \u00abevaluador jur\u00eddico-consejo de evaluaci\u00f3n y tratamiento\u00bb de la C\u00e1rcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Puerto Triunfo avalara su traslado a la \u00abfase de mediana seguridad\u00bb y poder acceder a los beneficios administrativos que contempla la ley. As\u00ed lo dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) (i) Cuales son los detalles decreto Proceso, demandante, monto de la demanda y razones para ordenar la medida de aseguramiento. (ii) Toda vez que es un proceso de hace m\u00e1s de ocho a\u00f1os, podr\u00eda este estar afectado de prescripci\u00f3n?, (iii) Toda vez que me encuentro privado de mi libertad y soy persona de especial sujeci\u00f3n al estado, cual es la raz\u00f3n para no haber sido notificado del mismo y poder as\u00ed hacer uso de mi derecho a la defensa y contradicci\u00f3n? (\u2026)\u00bb <\/p>\n
De modo que, m\u00e1s all\u00e1 de que Carlos Mario lo haya suplicado por v\u00eda del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, se itera, lo rogado se orienta a emprender gestiones propias del pleito, en espec\u00edfico, la establecida en el art\u00edculo 17 de la Ley 294 de 1996 (modificado por el art\u00edculo 11 de la Ley 575 de 2000). <\/p>\n
1.2.- Ahora, si bien el Juzgado Trece de Familia de Oralidad de Medell\u00edn advirti\u00f3 su falta de competencia para tramitar dicho pedimento, en virtud de que \u00abEl funcionario que expidi\u00f3 la orden de protecci\u00f3n mantendr\u00e1 la competencia para la ejecuci\u00f3n y el cumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n\u00bb y, por consiguiente, al tenor del art\u00edculo 111 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con el 11 del Decreto 806 de 2020, el 1\u00ba de febrero hoga\u00f1o intent\u00f3 remitir la comunicaci\u00f3n a la Comisar\u00eda de Familia de San Crist\u00f3bal, dicha actuaci\u00f3n fue infructuosa porque el correo electr\u00f3nico oscar.restrepo@medell\u00edn.gov.co no pertenece a esa autoridad ni a ninguno de los empleados que laboran all\u00ed, seg\u00fan lo indic\u00f3 \u00e9sta al contestar la demanda supralegal (cdno. 15RespuestaComisaria; fls. 1 al 7); raz\u00f3n por la cual el destinatario no recibi\u00f3 el mensaje y no tuvo conocimiento del referido memorial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dado que el rito impartido por el despacho judicial no fue id\u00f3neo, quebrant\u00f3 los atributos b\u00e1sicos del auspiciante, puesto que le asist\u00eda el deber de velar por la r\u00e1pida soluci\u00f3n de la solicitud, adoptando \u00ablas medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del proceso\u00bb -numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 42 \u00eddem-. <\/p>\n
1.3.- Sin perjuicio de lo anotado, se precisa que, aunque la omisi\u00f3n denunciada fue conjurada, teniendo en cuenta que en prove\u00eddo de 25 de marzo de 2022 el Juzgado acusado orden\u00f3 el env\u00edo de la petitoria a la Comisar\u00eda de Familia de San Crist\u00f3bal y subsan\u00f3 la anomal\u00eda registrada con el e-mail as\u00ed: comisariasmedellin@medellin.gov.co, el fallo dictado en su contra debe convalidarse como se anunci\u00f3 ut supra, como quiera que dicho obrar obedeci\u00f3 al acatamiento de la orden de tutela de primera instancia, situaci\u00f3n que evidencia su obediencia y no la estructuraci\u00f3n de la \u00abcarencia actual de objeto\u00bb. <\/p>\n
En lo pertinente, esta Sala ha esbozado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Sin embargo, y pese a que tal situaci\u00f3n podr\u00eda entenderse como una carencia actual de objeto al haberse atendido el fin \u00faltimo de la tutela, \u00e9sta solo se da cuando en el intervalo comprendido entre la interposici\u00f3n del resguardo y el fallo se supera la amenaza o vulneraci\u00f3n del derecho cuya protecci\u00f3n se pretende. <\/p>\n
Por lo tanto, no es posible declarar que en este evento se presenta tal presupuesto, pues se reitera, la correcci\u00f3n o resarcimiento de la afectaci\u00f3n debi\u00f3 suceder antes de que se emitiera la decisi\u00f3n objeto de impugnaci\u00f3n, mas no con ocasi\u00f3n al cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas por el juez de primer grado. <\/p>\n
Tampoco puede hablarse de la configuraci\u00f3n de un hecho superado, pues la definici\u00f3n de fecha para la entrega obedeci\u00f3 al acatamiento de la sentencia del a quo, es decir la supuesta infracci\u00f3n a los derechos fundamentales ces\u00f3 \u00fanicamente en observancia de dicha providencia\u2026\u00bb (STC2325-2019, reiterada en STC2014-2021 y STC1268-2022). <\/p>\n
2.- En lo que concerniente con la aspiraci\u00f3n tendiente a que la C\u00e1rcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Puerto Triunfo \u00abse sirva actualizar la base de datos (\u2026) y revisar [su] cartilla biogr\u00e1fica y si encuentra per\u00edodos de tiempo sin redimir, en[viar] la documentaci\u00f3n al Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad con el fin de poner al d\u00eda ese aspecto\u00bb, se subraya que una vez la Comisar\u00eda recepcione la misiva de Villa Orrego proveniente del Juzgado Trece de Familia, iniciar\u00e1 el estudio correspondiente relacionado con la sanci\u00f3n y expedir\u00e1 la determinaci\u00f3n a que haya lugar; luego entonces, aquel -si as\u00ed lo estima- podr\u00e1 formular nuevamente, ante el \u00abevaluador jur\u00eddico-consejo de evaluaci\u00f3n y tratamiento\u00bb las peticiones respectivas, sin que se puedan soslayar las herramientas de defensa que al efecto concede la ley adjetiva. <\/p>\n
3.- Finalmente, la plegaria encaminada a compulsar copias \u00aba fin de que se investigue la actitud negligente de [los] funcionarios, de igual forma ante el Consejo Superior respecto a la actitud desplegada por el Juzgado Trece de Familia de Oralidad de Medell\u00edn\u00bb, escapa a la \u00f3rbita constitucional, siendo a Carlos Mario a quien incumbe formularlas directamente ante los organismos competentes, para que en el marco de sus funciones analicen y emprendan, de ser viables, los correspondientes labor\u00edos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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