STC5036-2022<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5036-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00136-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 1 de febrero de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3, por improcedente, la acci\u00f3n constitucional promovida por Yudi Marcela Gonz\u00e1lez Gonz\u00e1lez contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado 37 Laboral del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito inicial, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La accionante afirm\u00f3 que instaur\u00f3 proceso de acoso laboral contra el Banco Colpatria – Multibanca Colpatria S.A. y los se\u00f1ores Edgar Augusto G\u00f3mez Paipa, Jos\u00e9 Manuel Mosquera Gonz\u00e1lez, Jorge Hern\u00e1n Borrero Vargas y Astrid Natalia Acosta Amaya, asunto que est\u00e1 siendo conocido y tramitado en el Juzgado 37 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.2. Luego de enunciar las que consider\u00f3 irregularidades cometidas por el Juzgado 37 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 en dicho tr\u00e1mite, dijo que \u00abEST\u00c1 TUTELA SE CENTRAR\u00c1 S\u00d3LO EN LA DILIGENCIA DE CONCILIACI\u00d3N\u00bb. <\/p>\n
En punto a la decisi\u00f3n del 4 de junio de 2021, mediante la cual el Juzgado 37 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la nulidad propuesta por el apoderado de la demandante y ratific\u00f3 la competencia para conocer del asunto, afirm\u00f3 que \u00abresolvi\u00f3 mi control de legalidad como una nulidad y en audiencia indic\u00f3 que como supuestamente (\u2026) no alegue en la audiencia del 7 de septiembre de 2021 lo referente a la conciliaci\u00f3n, dicha actuaci\u00f3n hab\u00eda quedado saneada\u00bb, por lo que consider\u00f3 que el Despacho incurri\u00f3 en un defecto sustancial, pues desat\u00f3 \u00abun control de legalidad reglado en el art\u00edculo 132 del CGP, como una nulidad de la que habla el art\u00edculo 133 del CGP que adem\u00e1s deben ser taxativas\u00bb. Tambi\u00e9n se incurri\u00f3, en criterio de la accionante, en un defecto procedimental, al indicar que \u00abel no realizar una etapa procesal que jur\u00eddicamente est\u00e1 establecida es saneable, cuando esto es una violaci\u00f3n al debido proceso y conforme al art\u00edculo 230 Superior, el Juez tiene que agotar las etapas procesales entre ellas la conciliaci\u00f3n\u00bb, aunado a que \u00abcontinuaba indicando que el acta de la audiencia del 7 de septiembre de 2021 no ten\u00eda validez\u00bb. <\/p>\n
2.3. Frente a dicho pronunciamiento, interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, pero el Juzgado, \u00aben una decisi\u00f3n caprichosa decidi\u00f3 no revocar\u00bb. <\/p>\n
2.4. Por su parte, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en providencia del 13 de julio de 2021, decidi\u00f3 \u00abCONFIRMAR las decisiones objeto del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, sobre lo cual la actora aleg\u00f3 que \u00abcontin\u00faa con el error y resuelve un CONTROL DE LEGALIDAD como una nulidad\u00bb. Asimismo, resalt\u00f3 \u00abla falta de t\u00e9cnica jur\u00eddica de los MAGISTRADOS del TRIBUNAL [\u2026], que hacen suposiciones como por ejemplo que a la parte demandante le correspond\u00eda PROPONER FORMULAS DE CONCILIACI\u00d3N antes de que el JUEZ decidiera caprichosamente no agotar dicha etapa\u00bb. <\/p>\n
2.5. Expuso que el 5 de octubre de 2021, radic\u00f3 una acci\u00f3n de tutela ante la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, en la cual \u00absolicitaba que conforme a la Sentencia T-334 DE 2020, se decretara la perdida de competencia del JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOT\u00c1 CARLOS ANDRES OLAYA OSORIO y por lo tanto se reformara lo referente al art\u00edculo 121 del CGP en las decisiones del 4 de Junio de 2021 y del 13 de Julio de 2021\u00bb, pero, mediante fallo que le fue notificado el 3 de noviembre de 2021, la citada Sala de Casaci\u00f3n \u00abno resuelve nada referente al objeto de la tutela es decir al art\u00edculo 121 del CGP, sino al contrario lo que hace es hacer un recuento del prove\u00eddo del 13 de Julio de 2021 del TRIBUNAL\u00bb e indica que \u00abes v\u00e1lido porque s\u00ed\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que dicha determinaci\u00f3n no realiz\u00f3 \u00abun an\u00e1lisis m\u00ednimo de las normas procesales y las decisiones ARBITRARIAS del TRIBUNAL\u00bb y que, aunque en esa tutela nada se dijo \u00abfrente al an\u00e1lisis de la concilici\u00f3n (sic)\u00bb que en esta acci\u00f3n se censura, \u00abla CORTE SUPREMA DE JUSTICIA valid\u00f3 que se le exigiera a un abogado cumplir el papel de Juez y director del proceso, frente al incumplimiento del JUEZ de realizar la audiencia obligatoria de conciliaci\u00f3n (\u2026) [y] hasta el d\u00eda de hoy no existe ning\u00fan fundamento valido para que nunca se hubiera agotado la etapa de conciliaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3, de manera principal, que: \u00ab1) SE DECLARE que existe una violaci\u00f3n al acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, al debido proceso, al derecho de defensa y a la obligatoriedad de los jueces de promover f\u00f3rmulas de conciliaci\u00f3n por que el se\u00f1or CARLOS ANDR\u00c9S OLAYA OSORIO se abstuvo de dar legal apertura a la etapa obligatoria de conciliaci\u00f3n de la que habla el art\u00edculo 77 del CPT y de la SS. 2) Que por la falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 77 del CPT y de la SS, se incurri\u00f3 en un defecto sustantivo y en un defecto procedimental, porque se dej\u00f3 de realizar una etapa procesal que es obligatoria y se desconoci\u00f3 el art\u00edculo 77 del CPT y de la SS. 3) Que como consecuencia de lo anterior se declare la NULIDAD de todo el procedimiento y se deje sin valor ni efecto el proceso desde el 07 de septiembre de 2021 inclusive. 4) Que se deje sin valor ni efecto los apartes del PROVEIDO DEL 4 DE JUNIO DE 2021 Y 13 DE JULIO DE 2022 (sic) que hacen referencia a la conciliaci\u00f3n. 5) Se ORDENE a la SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA con el fin de evitar un perjuicio irremediable que deje sin valor ni efecto la providencia del 20 de octubre de 2021 notificada el 03 de noviembre de 2021, al considerar que lo \u00fanico que se atac\u00f3 en dicha tutela fue lo referente al art\u00edculo 121 del CGP que dicho \u00f3rgano no analiz\u00f3 y al contrario referencio una supuesta legalidad de la conciliaci\u00f3n, cuando nunca se mencion\u00f3 al menos en el escrito tutelar. 6) Como consecuencia de lo anterior se ORDENE que el fallo de la acci\u00f3n de tutela de la SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA sea referente al objeto de la tutela y no a otras falencias que sin ni siquiera analizar dan por ciertos\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, manifest\u00f3 que, al ser la figura del control de legalidad diferente a la figura de la nulidad, solicitaba, de manera subsidiaria, que: \u00ab1) Se ordene que se deje sin valor ni efecto las providencias del 4 de Junio de 2021 y 13 de Junio (sic) de 2021 al tener un vicio evidente y es que se est\u00e1 resolviendo una solicitud de control de legalidad, como una nulidad (\u2026) cuando conforme al art\u00edculo 78 del CPT la conciliaci\u00f3n es obligatoria. 2) Como consecuencia de lo anterior se ordene se ordene resolver el CONTROL DE LEGALIDAD del 18 de mayo de 2021, como un control de legalidad y NO como una nulidad\u00bb. <\/p>\n
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II. RESPUESTAS DE LA ACCIONADA <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia remiti\u00f3 copia de las providencias proferidas en el tr\u00e1mite de acci\u00f3n de tutela instaurado por la aqu\u00ed accionante en contra de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado 37 Laboral del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
2. Quien dijo obrar como apoderada del Banco Colpatria – Multibanca Colpatria S.A. y los se\u00f1ores Edgar Augusto G\u00f3mez Paipa, Jos\u00e9 Manuel Mosquera Gonz\u00e1lez, Jorge Hern\u00e1n Borrero Vargas y Astrid Natalia Acosta Amaya pidi\u00f3 \u00abno solo rechazar o decidir desfavorablemente las pretensiones, sino que adem\u00e1s imponga las sanciones (\u2026) que el ordenamiento jur\u00eddico Colombiano ha contemplado frente a las personas que act\u00faan con temeridad\u00bb, pues se han presentado varias acciones de tutela con el mismo objeto. Manifest\u00f3 que en el relato de los hechos \u00abse hace un sin n\u00famero de apreciaciones subjetivas carentes de sustento f\u00e1ctico, jur\u00eddico y probatorio, las cuales no se acompasan a la realidad\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, refiri\u00f3 que no se cumpl\u00eda con el presupuesto de la subsidiariedad, por cuanto \u00abla v\u00eda constitucional no es la id\u00f3nea (\u2026) m\u00e1xime cuando el legislador ha dispuesto otros medios o acciones para dirimir este tipo de controversias\u00bb en el proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
1. El a quo constitucional neg\u00f3, por improcedente, la salvaguarda impetrada. Respecto de la sentencia de tutela de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral cuestionada consider\u00f3 que no se evidenciaba una situaci\u00f3n de fraude, que la impugnaci\u00f3n de ese fallo estaba en tr\u00e1mite, que dicho recurso no pod\u00eda reemplazarse a trav\u00e9s de otra tutela y que no proced\u00eda la acci\u00f3n constitucional contra una decisi\u00f3n de igual naturaleza, toda vez que, para el efecto, la accionante contaba con el mecanismo de revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
Igualmente, frente a los cuestionamientos relacionados con las providencias del 4 de junio y 13 de julio de 2021, indic\u00f3 que no era posible la intervenci\u00f3n del juez constitucional sobre un proceso que a\u00fan se encontraba en curso, m\u00e1xime que no \u00absurgen motivos para determinar que la promotora del resguardo podr\u00eda padecer un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, resalt\u00f3 que la actora y su representante hab\u00edan acudido a este mecanismo constitucional, al menos, en tres oportunidades, con el mismo fin de atacar las determinaciones de instancia referidas, \u00absegmentando los ataques en las varias tutelas promovidas, pero con el prop\u00f3sito \u00faltimo e id\u00e9ntico de que las decisiones sean dejadas sin efectos\u00bb, por lo que los conmin\u00f3 para que \u00aben el futuro se abstengan de incurrir en actuaciones que les pueden significar la imposici\u00f3n de sanciones por el inicio de acciones constitucionales similares\u00bb. <\/p>\n
2. Posteriormente, mediante providencia del 28 de febrero de 2021, se adicion\u00f3 la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, en el sentido de \u00abRECHAZAR por improcedente la recusaci\u00f3n formulada por YUDI MARCELA GONZ\u00c1LEZ GONZ\u00c1LEZ y RECONOCER la calidad de agente oficioso a YEISON ANDR\u00c9S GONZ\u00c1LEZ GONZ\u00c1LEZ, en el presente tr\u00e1mite\u00bb, en raz\u00f3n a las condiciones m\u00e9dicas de la tutelante, acreditadas por su agenciado. <\/p>\n
3. Por autos del 1\u00ba y 8 de marzo del a\u00f1o en curso, la Hom\u00f3loga Penal rechaz\u00f3 el control de legalidad y neg\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n formulados por el agente oficioso de la promotora. <\/p>\n
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IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. La present\u00f3 Yeison Andr\u00e9s Gonz\u00e1lez Gonz\u00e1lez, obrando como agente oficioso de Yudi Marcela Gonz\u00e1lez Gonz\u00e1lez, quien reiter\u00f3 lo dicho en el escrito inicial e indic\u00f3 que el fallo del a quo constitucional se fech\u00f3 el 1 de febrero de 2022, pero fue proferido el 23 de febrero siguiente, que no se analizaron las ilegalidades de la decisi\u00f3n de tutela de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y que no es viable sostener que \u00e9sta no procede \u00absin haber surtido la revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
En lo atinente a las inconformidades frente a \u00ablas providencias del 4 de junio y del 13 de agosto (sic) de 2021\u00bb, el impugnante sostuvo que \u00abNO EXISTI\u00d3 NUNG\u00daN TIPO DE PRONUNCIAMIENTO O REVISI\u00d3N\u00bb, pues \u00abno se hace al menos menci\u00f3n a una sola de las causales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales\u00bb, que no se debe acreditar el perjuicio irremediable cuando se atacan decisiones judiciales y que s\u00ed hab\u00edan agotado todos los medios de defensa en el respectivo juicio. <\/p>\n
Por otra parte, se\u00f1al\u00f3 que \u00abno existe ning\u00fan pronunciamiento t\u00e9cnico, jur\u00eddico, norma, planteamiento, sub regla entre otros que me proh\u00edba atacar en m\u00faltiples tutelas diferentes puntos de un mismo pronunciamiento\u00bb y que, aunque todas tengan similitudes por ser el mismo proceso, lo cierto era que \u00ablas pretensiones siempre fueron diferentes y si la ley no me lo proh\u00edbe seguir\u00e9 radicando todas las acciones de tutelas que sean necesarias\u00bb, por lo que consider\u00f3 que el requerimiento efectuado para que se abstuviera de presentar nuevas tutelas \u00abno s\u00f3lo es ilegal, sino que es il\u00edcito\u00bb. <\/p>\n
2. Posteriormente, mediante nuevo escrito complement\u00f3 su impugnaci\u00f3n, para enunciar que \u00abes evidente que para el 1 de febrero de 2022 no exist\u00eda fallo alguno\u00bb. A su vez, respecto de la decisi\u00f3n del 28 de febrero de 2022 que complement\u00f3 el fallo del 1\u00b0 de febrero de 2022, indic\u00f3 que \u00abla adici\u00f3n de la Sentencia de tutela evidentemente est\u00e1 en contra de la Ley, pues es el art\u00edculo 86 Constitucional el que indica que ninguna autoridad puede proferir decisi\u00f3n despu\u00e9s de los 10 d\u00edas, incluso suponiendo que la decisi\u00f3n fue el 1 de febrero de 2022 fue en el d\u00eda 11 y que se realiza una adici\u00f3n y mes y 11 d\u00edas despu\u00e9s de unos escritos que se debieron resolver incluso antes de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
1. En el sub examine, la parte actora manifest\u00f3 que centraba su cuestionamiento en las providencias emitidas el 4 de junio y 13 de julio de 2021, por el Juzgado 37 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 y la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, respectivamente, en tanto \u00abdefinieron lo de conciliaci\u00f3n\u00bb, as\u00ed como en la sentencia de tutela proferida por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n el 20 de octubre de 2021. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con lo anterior, advierte la Sala que el amparo no se abre paso, por cuanto la gestora, previamente, concurri\u00f3 a esta jurisdicci\u00f3n, con el fin de atacar las mismas decisiones. <\/p>\n
2.1. En efecto, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, mediante sentencia CSJ STL14573-2021 del 20 de octubre de 2021, resolvi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela de radicado 2021-01431 interpuesta por la aqu\u00ed accionante contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado 37 Laboral del Circuito de la misma ciudad, con el fin de cuestionar los prove\u00eddos del 4 de junio y del 13 de julio de 2021, que negaron su solicitud de nulidad por p\u00e9rdida de competencia. <\/p>\n
En criterio de la actora, \u00abel Tribunal encausado lesion\u00f3 sus garant\u00edas superiores, toda vez que en el asunto en controversia s\u00ed se configur\u00f3 la nulidad que consagra el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, dado que no se ha proferido sentencia en el t\u00e9rmino previsto en esta norma\u00bb; por ello pidi\u00f3 que \u00abse declare la p\u00e9rdida de competencia del Juez Treinta y Siete Laboral del Circuito de Bogot\u00e1\u00bb1. <\/p>\n
En dicha oportunidad, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral estudi\u00f3 lo definido por el Tribunal en el auto del 13 de julio de 2021, destacando, entre otros, los siguientes argumentos del prove\u00eddo atacado: <\/p>\n
\u00abEl Tribunal explic\u00f3 que, en materia de acoso laboral, la intenci\u00f3n del legislador se contrajo a que su estudio en sede judicial se rigiera por lo dispuesto en la Ley 1010 de 2006 y, en subsidio, por lo regulado en el C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; y que a su vez, el art\u00edculo 145 ibidem, prev\u00e9 que la analog\u00eda \u00fanicamente es posible en tanto no existan disposiciones especiales en el procedimiento laboral. <\/p>\n
Bajo tal panorama, indic\u00f3 que la norma procesal del trabajo no estatuye la p\u00e9rdida de competencia, de modo, que tampoco pueden aplicarse, por analog\u00eda, los efectos del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que contrario a lo que aleg\u00f3 la impugnante, las irregularidades procesales que plante\u00f3 en la alzada, carec\u00edan de incidencia sobre la nulidad bajo estudio. Al respecto, explic\u00f3 que: (i) el supuesto error en la interpretaci\u00f3n dada por el a quo al art\u00edculo 74 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, fue un aspecto que la recurrente no argument\u00f3 con suficiencia en el recurso vertical; (ii) las imprecisiones plasmadas en el acta de audiencia de 7 de septiembre de 2020, son inanes, dado el car\u00e1cter informativo del tal documento; (iii) el argumento del juez de primer grado seg\u00fan el cual, no era posible agotar la conciliaci\u00f3n por lo especial del procedimiento, fue atacado por la proponente de manera inoportuna; (\u2026) las llamadas a los tel\u00e9fonos celulares privados de los empleados del juzgado no son un mecanismo para obtener impulsos procesales; (v) el hecho que las solicitudes que present\u00f3 la demandante se resolvieran por el juzgado primigenio de manera concentrada, no es impropio, sino la materializaci\u00f3n de los principios de econom\u00eda procesal y celeridad…\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Seguidamente, \u00abluego de analizar la decisi\u00f3n censurada\u00bb, concluy\u00f3 que la tutela no ten\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad, porque el Colegiado acusado \u00abno incurri\u00f3 en los errores que la proponente le endilg\u00f3 en el escrito inaugural, dado que analiz\u00f3 de manera adecuada los preceptos procesales aplicables al asunto en controversia y la fundament\u00f3 con argumentos razonables que no se pueden considerar contrarios al ordenamiento jur\u00eddico o lesivos de garant\u00edas de orden superior\u00bb. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, la actora promovi\u00f3 la tutela 2022-00150, contra las Salas de Casaci\u00f3n Laboral y Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta y Siete Laboral del Circuito de la misma ciudad, en la cual expuso algunos de los hechos y argumentaciones referidos en esta tutela y pidi\u00f3, en s\u00edntesis, que \u00abse ordenara: (i) A la Sala de Casaci\u00f3n Laboral \u2018indi[car] con argumentos t\u00e9cnicos y jur\u00eddicos cu\u00e1l es la raz\u00f3n para declarar legal toda la providencia del 13 de julio de 2021 (\u2026) sin un solo an\u00e1lisis\u2019 en la sentencia expedida el 20 de octubre de 2021 (STL14573) en el amparo n\u00ba 64666; (ii) A las dem\u00e1s autoridades querelladas dejar sin efectos las providencias emitidas el 4 de junio y 13 de julio de 2021 y, en su lugar, \u2018se tengan en cuenta las pruebas presentadas el 7 de septiembre de 2020 (\u2026) del presunto fraude procesal, del ocultamiento de la verdad y de la presunta manipulaci\u00f3n probatoria (\u2026)\u2019\u00bb. <\/p>\n
En dicho amparo precis\u00f3 que \u00abel 14 de enero hoga\u00f1o interpuso otra \u2018acci\u00f3n de tutela\u2019 (rad. 121635) en la que cuestion\u00f3 los prove\u00eddos dictados el 4 de junio y 13 de julio de 2021, pero \u00fanicamente \u2018los apartes referentes a la conciliaci\u00f3n\u2019 y, la presente salvaguarda, es para censurar \u2018en su integridad\u2019 tales pronunciamientos, \u2018menos los apartes referentes a los art\u00edculos 121 del C.G.P. y 77 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo\u2019\u00bb2. <\/p>\n
Al resolver el asunto en sede de impugnaci\u00f3n, mediante sentencia STC2674-2022, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia, en cuanto neg\u00f3 el amparo, dado que: <\/p>\n
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i. Era improcedente cuestionar la sentencia de tutela STL14573-2021, a trav\u00e9s de otra acci\u00f3n constitucional de igual naturaleza. Lo anterior, sumado a que, de un lado, no se advert\u00edan \u00abhechos constitutivos de fraude, como tampoco obran pruebas encaminadas a acreditarlo, \u00fanico evento capaz de viabilizar el mecanismo excepcional\u00bb y, de otro, que aquella decisi\u00f3n hab\u00eda sido impugnada, sin que se hubiera resuelto la segunda instancia; adem\u00e1s, que \u00aben caso de serle desfavorable lo resuelto en esa sede, como es la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional y de no ser seleccionado el dossier, puede hacer uso de la facultad de \u2018insistencia\u2019, lo que cierra la posibilidad de profundizar por este medio una determinaci\u00f3n tomada por otro juez \u2018constitucional\u2019\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. En lo atinente a las decisiones del 4 de junio y del 13 de julio de 2021, adoptadas por el Juzgado 37 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 y la Sala Laboral del Tribunal Superior de la citada ciudad, tras analizar lo resuelto en \u00faltima instancia, se concluy\u00f3 que \u00abning\u00fan desatino se advirti\u00f3 en la determinaci\u00f3n refutada, puesto que es el producto de un pormenorizado examen de los hechos; y al margen de que la Sala o la suplicante compartan o no tales reflexiones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, ya que obedecen a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis, avalada por el contexto particular que revelaba el infolio\u00bb. <\/p>\n
2.3. Al respecto, es pertinente indicar que el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra que, \u00abCuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que promoviere la presentaci\u00f3n de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, ser\u00e1 sancionado con la suspensi\u00f3n de la tarjeta profesional al menos por dos a\u00f1os. En caso de reincidencia, se le cancelar\u00e1 su tarjeta profesional, sin perjuicio de las dem\u00e1s sanciones a que haya lugar\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con esta tem\u00e1tica, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u2018nuevo\u2019 derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche\u00bb (Se subraya) (CSJ STC 24 feb. 2006, Rad. 0171-00, reiterada en STC2103-2016, 25 feb. Rad. 00294-00 y STC2713-2020, 12 de marzo Rad. 2020-00038-01). <\/p>\n
Entonces, es claro que la intenci\u00f3n del legislador no fue auspiciar el uso desmedido de este selecto instrumento, sino reprochar severamente cualquier actitud que se dirija en tal sentido, pues quien as\u00ed proceda no ver\u00e1 triunfar sus pretensiones, de manera que no es posible volver a analizar el asunto, dado que ya ha sido objeto de decisi\u00f3n, previamente, en sede constitucional. <\/p>\n
Y, si bien entre una y otra tutela la actora modifica los argumentos y, al parecer, intenta fraccionar las determinaciones adoptadas, se observa que el fin perseguido ha sido el mismo, esto es, dejar sin efectos las decisiones del 4 de junio de 2021 y del 13 de julio de 2021, as\u00ed como la sentencia de tutela de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral proferida el 20 de octubre de 2021. <\/p>\n
Al respecto, ha dicho la Sala que, \u00abaunque se pretenda reabrir el debate con algunos argumentos o hechos nuevos y modificando la pretensi\u00f3n, no es posible volver a analizar el asunto, dado que ya fue objeto de reciente decisi\u00f3n en sede constitucional, por lo que se impone estarse a lo all\u00ed resuelto\u00bb (STC1943-2022, expediente 2021-02771-01). <\/p>\n
Igualmente, como lo ha establecido la jurisprudencia, el juez constitucional est\u00e1 dotado de amplias facultades, por lo que cuando decide un asunto no est\u00e1 limitado a los argumentos de las partes y, por tanto, al validar una actuaci\u00f3n y estimar que no se vulneraron derechos o que la acci\u00f3n era improcedente, no es viable formular ni resolver nuevos amparos que en \u00faltimas tienen el mismo objeto, pues ello har\u00eda interminable el debate constitucional, atentar\u00eda contra la autonom\u00eda e independencia de los jueces y afectar\u00eda el principio de la seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
Ese sentido, esta Sala, al resolver un asunto similar, estableci\u00f3 la inviabilidad de la tutela, con base en los siguientes argumentos: <\/p>\n
\u00ab4.2. En ese orden, lo relativo al cr\u00e9dito controvertido en esta oportunidad ya fue conocido por esta Sala en sede de tutela y, por tanto, fue objeto de decisi\u00f3n constitucional, instancia en la que el juez del amparo est\u00e1 dotado de ampl\u00edsimas facultades para resolver los asuntos, de forma que, independientemente del resultado obtenido y de sus efectos en los procesos asociados, ello impide analizar nuevamente en esta sede lo relacionado con el cr\u00e9dito en menci\u00f3n, pues previamente se surti\u00f3 un debate constitucional. <\/p>\n
4.3. Sobre el particular, es pertinente resaltar, adicionalmente, la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela para atacar sentencias o actuaciones surtidas en diligencias de la misma naturaleza, puesto que, permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una causa de igual categor\u00eda, adem\u00e1s de hacer interminable el tr\u00e1mite, atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales\u00bb (STC12991-2021, expediente 2021-00475-01, se subraya). <\/p>\n
2.4. En ese orden de ideas, la acci\u00f3n de tutela impetrada carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, m\u00e1xime que la sentencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, en la que se estudiaron, entre otros, los argumentos relativos a la conciliaci\u00f3n en el proceso ordinario censurado, hab\u00eda sido impugnada y a\u00fan est\u00e1 sujeta al tr\u00e1mite de eventual revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, todo lo cual torna improcedente la salvaguarda invocada. <\/p>\n
2.5. A su vez, como se indic\u00f3, la normativa aplicable contempla la imposibilidad de promover distintas acciones de tutela contra una autoridad con el mismo fin e, incluso, contempla sanciones por las actuaciones temerarias, por lo que la s\u00faplica efectuada por el a quo constitucional, para que la parte actora se abstenga a futuro de incurrir en ese tipo de actuaciones, no vulnera sus derechos, no constituye una negaci\u00f3n de acceso a la administraci\u00f3n de justicia ni una sanci\u00f3n en su contra, pues se trata de una prevenci\u00f3n, para que no se haga un uso disfuncional de este mecanismo excepcional. <\/p>\n
3. Finalmente, en lo relativo a las presuntas irregularidades acaecidas en el tr\u00e1mite de la tutela surtida ante la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte de radicado 2021-01431, se reitera que, para reprochar dichas actuaciones y, en general, las relativas a este tipo de acciones, las partes cuentan con la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional y la solicitud de insistencia. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, sobre las alegaciones del impugnante, en torno a las presuntas inconsistencias en la fecha de la sentencia de primera instancia y la petici\u00f3n de p\u00e9rdida de competencia, se observa que la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, por auto ATP296-2022 del 1 de marzo de 2022, resolvi\u00f3 sobre lo pertinente, indicando que \u00abel \u2018control de legalidad\u2019 propuesto por YEISON ANDR\u00c9S GONZ\u00c1LEZ GONZ\u00c1LEZ es improcedente y, por tanto,<\/p>\n
habr\u00e1 de rechazarse (\u2026)\u00bb y aclarando lo siguiente: <\/p>\n
\u00abCon todo, por \u00faltimo, la Corte advierte necesario<\/p>\n
destacar que, con ocasi\u00f3n de la emergencia sanitaria<\/p>\n
decretada por el Gobierno Nacional por la pandemia del virus<\/p>\n
COVID-19, la implementaci\u00f3n del uso de tecnolog\u00edas en la<\/p>\n
administraci\u00f3n de justicia para la atenci\u00f3n de los asuntos y<\/p>\n
la modalidad de teletrabajo de los servidores han generado<\/p>\n
varios traumatismos en los tr\u00e1mites respectivos y que la<\/p>\n
informaci\u00f3n sobre el estado de los procesos no fluya de<\/p>\n
manera permanente y actualizada, a nivel incluso de los<\/p>\n
propios empleados de un despacho, m\u00e1xime cuando, como sucede en la din\u00e1mica propia de una Corporaci\u00f3n como esta,<\/p>\n
bajo la situaci\u00f3n excepcional anotada, las decisiones son<\/p>\n
emitidas por Salas constituidas por tres Magistrados en<\/p>\n
sesiones virtuales, donde el contenido de aqu\u00e9llas no es de<\/p>\n
conocimiento inmediato de los servidores adscritos a los<\/p>\n
aludidos despachos, lo que no significa, bajo ninguna<\/p>\n
circunstancia, para el caso concreto, que la providencia<\/p>\n
cuestionada por el ciudadano no haya sido dictada en la<\/p>\n
fecha establecida en ella\u00bb. <\/p>\n
De manera que lo peticionado fue objeto de pronunciamiento por parte del a quo constitucional, sin que se vislumbre vulneraci\u00f3n de los derechos de la parte accionante. <\/p>\n
4. Acorde con lo discurrido, el fallo objeto de reproche ser\u00e1 confirmado, en tanto neg\u00f3 el amparo, pero por razones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Tomado de los antecedentes del fallo CSJ STL14573-2021 <\/p>\n
2\u0002 Tomado de los antecedentes del fallo CSJ STC2674-2022. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC5036-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC5036-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00136-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 1 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62999","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62999","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62999"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62999\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62999"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62999"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62999"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}