STC5047-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5047-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02661-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 18 de enero de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida por Nancy \u00c1lvarez Osorio contra la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, la A.F.P. Protecci\u00f3n S.A. y la Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar S.A., tr\u00e1mite al que se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de la misma ciudad y a las partes e intervinientes del proceso ordinario laboral de radicado 201400790. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al m\u00ednimo vital, seguridad social, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito inicial, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.2. Con el fin de obtener dicho reconocimiento, instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral que fue negada el 23 de marzo de 2017 por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali. <\/p>\n
2.3. El 9 de febrero de 2018, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali revoc\u00f3 la sentencia del a quo y conden\u00f3 a la AFP Protecci\u00f3n S.A. al reconocimiento y pago de la prestaci\u00f3n reclamada a partir del 1 de junio de 2010, argumentando que, aunque la actora no reun\u00eda los requisitos establecidos en la Ley 860 de 2003, en atenci\u00f3n a la enfermedad que padec\u00eda y a la doctrina constitucional \u00abno se pod\u00eda dejar sin efecto las cotizaciones que la actora efectu\u00f3 con posterioridad a la fecha de estructuraci\u00f3n, es decir, mientras tuvo fuerzas para realizar sus actividades laborales\u00bb, por lo que \u00abse apart\u00f3 la Corporaci\u00f3n de la fecha de estructuraci\u00f3n fijada en el dictamen y con fundamento en el criterio jurisprudencial vertido por la Corte Constitucional [\u2026], se\u00f1al\u00f3 que las cotizaciones posteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n deb\u00edan ser objeto de validaci\u00f3n, y por eso deb\u00eda tomarse en cuenta como fecha, aquella en la que dej\u00f3 de tener capacidad para laborar, en este caso, mayo de 2010\u00bb. <\/p>\n
2.4. El 8 de septiembre de 2021, la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia CSJ SL4392-2021, cas\u00f3 integralmente la sentencia recurrida y neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.5. En criterio de la promotora, con la determinaci\u00f3n de la Sala de Descongesti\u00f3n convocada se \u00abconfigura el desconocimiento del precedente\u00bb, toda vez que para negar la prestaci\u00f3n reclamada limit\u00f3 \u00absustancialmente un derecho fundamental por la aplicaci\u00f3n estricta de la ley, aun cuando la Corte Constitucional ha establecido que se debe garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido constitucionalmente vinculante\u2026\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que se omiti\u00f3 la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, cuyas reglas fueron fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia SU442-2016, y que se valoraron err\u00f3neamente las pruebas allegadas, pues no fueron tenidas en cuenta las semanas cotizadas al sistema como trabajadora independiente en Stemtech Colombia S.A.S. entre los a\u00f1os 2008 y 2010. <\/p>\n
Finalmente, asever\u00f3 que no contaba \u00abcon una fuente aut\u00f3noma de ingresos, es soltera y depende econ\u00f3micamente de la ayuda de terceros\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales, que se revoque la sentencia CSJ SL4392-2021 proferida el 8 de septiembre de 2021 por la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y se confirme la decisi\u00f3n emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n accionada se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en su sentencia e indic\u00f3 que no vulner\u00f3 derecho alguno a la accionante, dado que su determinaci\u00f3n fue el resultado de la aplicaci\u00f3n normativa y jurisprudencial vigente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, raz\u00f3n por la que pidi\u00f3 negar el amparo. <\/p>\n
2. El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali se\u00f1al\u00f3 que, como ninguna de las pretensiones estaba enfocada en su contra, se absten\u00eda de emitir pronunciamiento al respecto. <\/p>\n
3. La A.F.P. Protecci\u00f3n S.A. y la Compa\u00f1\u00eda Seguros Bol\u00edvar S.A. solicitaron declarar la improcedencia de la salvaguarda impetrada, por ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos de la actora, pues las actuaciones se adelantaron conforme a todo procedimiento legal. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la tutela, al estimar que la decisi\u00f3n cuestionada \u00abno es el resultado de la arbitrariedad ni el capricho de la autoridad accionada, sino por el contrario se sustent\u00f3 en la jurisprudencia laboral aplicable al caso en concreto y fue emitida con plenas garant\u00edas para las partes\u00bb, resaltando que dicha determinaci\u00f3n no \u00abvulner\u00f3 ni puso en peligro ning\u00fan derecho fundamental de la accionante, no se tergivers\u00f3 el contenido del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 860 de 2003, modificatorio del art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993, y no (\u2026) desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial vigente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La parte actora reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial y destac\u00f3 que \u00abNo pod\u00eda darse por sentado que todos los aportes sufragados por la accionante se sufragaron con la ayuda de sus familiares, pues la realidad fue que la actora para el a\u00f1o 2008 \u2013 2010 vend\u00eda los productos asociados a STEMENHANCE y que en Colombia operaba como Stemtech Colombia S.AS y que operaba como multinivel, una venta independiente que no le generaba el ingreso suficiente para el pago de la cotizaci\u00f3n, y por eso se vali\u00f3 de la ayuda de sus familiares para efectuar los pagos completos de la cotizaci\u00f3n hasta donde le fue posible\u2026\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la accionante pretende que, por v\u00eda constitucional, se revoque la sentencia SL4392-2021 proferida el 8 de septiembre de 2021 por la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y se confirme la decisi\u00f3n emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano. <\/p>\n
3. Ciertamente, mediante providencia CSJ SL4392-2021, la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvi\u00f3 el asunto debatido e indic\u00f3 que no eran objeto de discusi\u00f3n los siguientes aspectos: i) que la se\u00f1ora Nancy \u00c1lvarez Osorio naci\u00f3 el 9 de septiembre de 1963 y ten\u00eda una p\u00e9rdida de capacidad laboral \u00abdel 69.11% por enfermedad de origen com\u00fan \u2018artritis reumatoide, artrosis bilateral y diabetes mellitus tipo 2 clase 3\u2019, con fecha de estructuraci\u00f3n, 14 de mayo de 2009\u00bb; ii) que solicit\u00f3 a la AFP Protecci\u00f3n S.A. el \u00abreconocimiento de la prestaci\u00f3n de invalidez, el 2 de marzo de 2010 y le fue negada el 4 de mayo de ese mismo a\u00f1o, por no tener reunidas las 50 semanas de cotizaci\u00f3n del art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003\u00bb y iii) que cotiz\u00f3 en \u00abel r\u00e9gimen de prima media como trabajadora dependiente desde el 18 de enero de 1989 al 31 diciembre de 2000, luego en el de ahorro individual \u2018entre el mes de mayo de 1995 y el mes de octubre de 2003\u2019 y en condici\u00f3n de trabajadora independiente, por los periodos de diciembre de 2008, febrero a diciembre de 2009 y enero a mayo de 2010\u00bb. <\/p>\n
En torno a los aspectos cuestionados se\u00f1al\u00f3 que el derecho a la pensi\u00f3n de invalidez deb\u00eda ser dirimido bajo la \u00e9gida de la normatividad vigente al momento de la estructuraci\u00f3n de la invalidez y, en esa medida, la disposici\u00f3n que deb\u00eda aplicarse en el caso concreto era el art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 1 de la Ley 860 de 2003, pues la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez fue el 14 de mayo de 2009. <\/p>\n
Seguidamente hizo referencia a las sentencias CSJ SL3275-2019, CSJ SL1002-2020, CSJ SL 4346-2020 y la CSJ SL2332-2021 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente y, con base en ellas, sostuvo que respecto de las enfermedades catalogadas como cr\u00f3nicas, cong\u00e9nitas o degenerativas, sin que se modifique la fecha de la estructuraci\u00f3n de la invalidez dictaminada, \u00abexiste la posibilidad de contabilizar semanas posteriores a la fecha estructuraci\u00f3n, siempre y cuando sean producto de la capacidad laboral productiva -\u2018capacidad residual\u2019- que le permita al afiliado desempe\u00f1ar una labor y, en esa medida, trabajar y cotizar\u00bb. <\/p>\n
En ese orden resalt\u00f3 lo expuesto en la sentencia CSJ SL1002-2020, en el sentido que, si bien se deb\u00eda procurar por la protecci\u00f3n de las personas con discapacidad derivada de padecimientos de salud cr\u00f3nicos, degenerativos o cong\u00e9nitos, era nesario hacer un exam\u00e9n minucioso de cada caso en particular, en aras de evitar un fraude al sistema pensional, circunstancia que impon\u00eda al operador judicial \u00abla revisi\u00f3n detallada y muy cuidadosa de las situaciones f\u00e1cticas acaecidas, de los aportes efectuados despu\u00e9s de la estructuraci\u00f3n del estado de invalidez, en los que se funda la reclamaci\u00f3n, es decir, que sean producto de una real y verdadera capacidad laboral residual del afiliado, y no con la \u00fanica finalidad de acreditar las semanas exigidas por la norma\u00bb. <\/p>\n
3.1. As\u00ed las cosas, al analizar el caso objeto de estudio, encontr\u00f3 que la se\u00f1ora \u00c1lvarez Osorio no acredit\u00f3 la densidad de 50 semanas de cotizaci\u00f3n al sistema en los tres a\u00f1os anteriores al 14 de mayo de 2009, fecha de estructuraci\u00f3n de su invalidez, pues solo demostr\u00f3 14.86; y, adem\u00e1s, destac\u00f3 que la sentencia atacada dej\u00f3 \u00abpor sentado que los aportes que se derivaron de su actividad laboral fueron hasta octubre de 2003, ya que los posteriores los realiz\u00f3 con la ayuda que le brindaron los familiares\u00bb, por lo que estim\u00f3 que los razonamientos del ad quem no se ajustaban al criterio de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente, referido en las anteriores sentencias y reiterado en la providencia CSJ SL3650-2021, en la cual se expuso: <\/p>\n
\u00abEn lo que respecta a la determinaci\u00f3n efectiva y probada data la que el afiliado perdi\u00f3 su capacidad laboral, esta Sala tiene establecido que se debe tener en cuenta que el padecimiento en esta clase de enfermedades ocasiona que la fuerza laboral se meng\u00fce con el tiempo y, por lo tanto, no obstante sus primeras se\u00f1ales de aparici\u00f3n de la enfermedad, la persona puede seguir trabajando hasta tanto el nivel de afectaci\u00f3n llegue a tal magnitud que le impide, de manera cierta, llevar a cabo una labor. <\/p>\n
De tal suerte que, a pesar de la aparici\u00f3n de ese tipo de enfermedades, en la pr\u00e1ctica, la persona puede tener capacidad de ejercer una actividad productiva que le permite garantizar la satisfacci\u00f3n de sus necesidades b\u00e1sicas. Por tanto, en estos casos, teniendo en cuenta que es el trabajo efectivo el que genera el derecho a cotizar, es necesario examinar por el juzgador si las cotizaciones realizadas despu\u00e9s de la estructuraci\u00f3n del siniestro fueron sufragadas en ejercicio de una real y probada capacidad laboral, y no que se hicieron con el \u00fanico prop\u00f3sito de defraudar al sistema de seguridad social\u00bb. <\/p>\n
3.2. En lo atinente al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, mencion\u00f3 la sentencia CSJ SL2358-2017 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente y afirm\u00f3 que, aunque el Tribunal estableci\u00f3 que la actora reun\u00eda 26 semanas de cotizaci\u00f3n en cualquier tiempo, lo cierto era que no cumpl\u00eda los dem\u00e1s presupuestos exigidos por la jurisdicci\u00f3n laboral para su aplicaci\u00f3n, toda vez que la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez no correspond\u00eda con el lapso definido para tales efectos, esto es, entre el 26 de diciembre de 2003 y el mismo d\u00eda y mes de 2006. <\/p>\n
3.3. Teniendo en cuenta lo anterior, concluy\u00f3 que el Tribunal incurri\u00f3 en los yerros interpretativos de las normas acusadas por la impugnante, por lo que los cargos propuestos prosperaban; en consecuencia, dict\u00f3 la sentencia de instancia y confirm\u00f3 la dictada por el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Cali, el 23 de marzo de 2017, que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, resaltando, entre otros, que \u00abde la historia laboral aportada al proceso (\u2026), se desprende que las cotizaciones realizadas por la accionante con posterioridad a octubre de 2003, fecha en que afirm\u00f3 dej\u00f3 de laborar como se corrobora con el libelo introductor, fueron por ayuda suministrada por familiares (\u2026). Es decir, no se derivaron de una efectiva prestaci\u00f3n del servicio producto de su actividad laboral, como lo predica la actual jurisprudencia de esta Sala (CSJ SL2332-2021 y CSJ SL3650-2021)\u00bb. <\/p>\n
4. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues, como se vio, fue proferida razonadamente, con base en la normatividad aplicable y soportada en la jurisprudencia relacionada de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en torno a los presupuestos necesarios para aplicar las excepciones aceptadas en ciertos casos frente a los aportes efectuados despu\u00e9s de la fecha de estructuraci\u00f3n del estado de invalidez, esto es, que aquellos correspondan directamente a una actividad laboral, lo cual no encontr\u00f3 acreditado en este caso, dado que para el efecto se indic\u00f3 que la actora cont\u00f3 con la ayuda de familiares, a lo cual se suma que tampoco se cumpli\u00f3 con el criterio temporal exigido por la jurisprudencia del \u00f3rgano de cierre para considerar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa; lo expuesto, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional, independientemente de que la tesis sea o no compartida. <\/p>\n
Por lo tanto, las razones con las que la parte accionante recrimina la actuaci\u00f3n judicial tienen como sustento un disentimiento particular frente a los argumentos que la Sala de Descongesti\u00f3n convocada tuvo en cuenta para resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. En ese orden, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. <\/p>\n
4.1. Al respecto, es pertinente poner de presente que en un asunto con alguna similitud, en el que tambi\u00e9n se reclamaba una pensi\u00f3n de invalidez y en el cual la Sala de Descongesti\u00f3n entonces accionada neg\u00f3 la prestaci\u00f3n pretendida, en raz\u00f3n a que la norma aplicable era la vigente al momento de la estructuraci\u00f3n de aquella -Ley 860 de 2003-, sin que fuera posible considerar, en virtud de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, el Acuerdo 049 de 1990, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil neg\u00f3 el amparo, pues, revisada la postura en torno al tema, consider\u00f3 que la providencia atacada se sustent\u00f3 razonadamente, \u00abadvirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural1\u00bb (STC16333-2021). <\/p>\n
4.2. As\u00ed, en punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01, reiterada en STC7495-2020 17 sep, Rad. 2020-00255-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada en STC7348-2020. 14 sep., Rad. 2020-00485-01). <\/p>\n
Aunado a ello, sobre la valoraci\u00f3n probatoria, la Corte tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, como se pretende, pues <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…)\u00bb (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00 reiterado en STC7213-2020 del 11 de septiembre del 2020). <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 En t\u00e9rminos similares, ver tambi\u00e9n STC13983-2021, STC14389-2021, STC14818-2021, STC15447-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC5047-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC5047-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02661-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 18 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-63009","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63009","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63009"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63009\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63009"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63009"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63009"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}